Han estallado varias protestas en las últimas semanas en los centros de internamiento de inmigrantes en las Islas Canarias, España. Los inmigrantes están protestando contra las condiciones de vida deplorables y la mala comida de los campos, y contra la falta de tratamiento médico en medio de la pandemia de COVID-19 que se intensifica.

Incluyen en sus demandas que se les permita viajar al territorio europeo español, donde muchos inmigrantes tienen parientes. También se oponen al racismo violento con el que se han confrontado a manos de matones ultraderechistas en el archipiélago.

A principios de abril, muchos inmigrantes se manifestaron en el centro de internamiento de Santa Cruz de Tenerife, una antigua cárcel. Muchos son musulmanes, pero no se dispuso nada para observar el mes de ayuno del Ramadán, que empezó esta semana.

Inmigrantes detenidos en el centro de internamiento de El Matorral en Fuerteventura en una antigua escuela en Las Palmas, en Gran Canaria, y en el campo Las Raíces en Tenerife, también participaron en numerosas huelgas de hambre a lo largo de los dos últimos meses.

El martes pasado, una considerable protesta estalló en el campo de concentración Las Raíces, el más grande de los seis campos de las islas. Las Raíces, un sitio forestal cedido al Ministerio del Interior por el Ministerio de Defensa, actualmente acoge a entre 1.200 y 1.400 inmigrantes.

Ha estado habiendo mucha tensión en Las Raíces desde que lo empezaran a utilizar en febrero. Según la organización caritativa Asamblea de Apoyo a Migrantes de Tenerife (AAMT), "Mucha gente lleva algún tiempo protestando, en huelgas de hambre, etc.".

La AAMT continuaba: "Ayer [el martes pasado], tenía que haber una reunión con alguien a cargo del Accem [la organización contratada por el Estado español para gestionar los campos], pero no la hubo. Como resultado, hubo protestas y la situación se puso bastante tensa". Se informó también de que estallaron enfrentamientos entre inmigrantes de diferentes grupos étnicos, incluso marroquíes y africanos subsaharianos, según Accem.

La responsabilidad por el estallido de las tensiones en las Islas Canarias recae principalmente en el gobierno del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Podemos, que ha encarcelado a miles de inmigrantes en condiciones miserables en campamentos de tiendas, esperando ser deportados. Se han negado categóricamente a dejar que los inmigrantes viajen a la península, afirmando que el hacerlo tendría un "efecto llamado" para más inmigración.

Al explicar las causas más generales de las protestas, la AAMT declaró: "La principal exigencia es que se les deje seguir su ruta migratoria. La mayoría lleva más de cuatro meses en las Islas Canarias y muchos tienen familiares en Madrid o Barcelona. ... Hay gente que, con su poco dinero, se compró un billete [de avión] y cuando llegó al aeropuerto la policía la retuvo y no la dejó entrar".

AAMT también apuntó la falta de educación para los jóvenes y describió la deplorable situación sanitaria en los campos, que da las condiciones perfectas para criar el coronavirus. "Muchos menores no están siendo escolarizados, y la atención médica es terrible, con niños enfermos que necesitan atención inmediata, mujeres embarazadas adoloridas y pacientes mal atendidos".

La policía española reaccionó violentamente a las protestas de Las Raíces, disparándoles balas de goma y de fogueo a los inmigrantes, según vídeos publicados en línea por AAMT. También puede ser vista la policía atacando a inmigrantes con porras y escudos antidisturbios. Los inmigrantes les tiraron palos y piedras como respuesta.

Isora Mesa, una representante de AAMT, dijo, "Entre 20 y 25 personas tuvieron que ser llevadas a un hospital con costillas y brazos rotos, [y] lesiones en la cabeza por las balas de goma". Según la Delegación del Gobierno local, tres inmigrantes resultaron heridos de gravedad, y otros siete tuvieron que ser hospitalizados.

La organización también publicó un vídeo de un rastro de sangre en unas escaleras que llevan a la enfermería del campo, que Accem luego explicó que era de un joven subsahariano con "una fractura en la pierna con el hueso expuesto".

Ocho inmigrantes fueron detenidos por la policía después del conflicto. El miércoles pasado, a cinco de ellos —todos de origen marroquí— les dieron condenas de prisión por su papel en las protestas. El presidente de la comunidad, Ángel Víctor Torres, del PSOE, respondió a los altercados con una feroz campaña antiinmigración de ley y orden, prometiendo que el gobierno regional deportaría inmediatamente a los inmigrantes implicados en los enfrentamientos.

"Ante las situaciones de emergencia, tenemos que imponer el orden", declaró amenazante.

Respondiendo a las críticas hipócritas del mes pasado del expresidente comunitario Fernando Clavijo de que los refugiados están siendo alojados en campamentos de tiendas insalubres, el gobierno del PSOE y Podemos defendió sus políticas antiinmigración. "Por supuesto, hay tiendas", dijo alegremente el ministro de Inclusión, Seguridad Social e Inmigración, José Luis Escrivá, del PSOE, "como en cualquier centro de refugiados del mundo.

"Sería un desperdicio de dinero público erigir grandes instalaciones para soluciones temporales", continuó el ministro. Los campos son "el mejor" alojamiento "posible" y de "los más altos estándares", añadió.

Informaciones de que España ha estado sometiendo a los niños inmigrantes a exámenes "médicos" invasivos para determinar su edad exponen los "altos estándares" de la atención a la que pueden aspirar los inmigrantes del gobierno del PSOE y Podemos. Se ha obligado a los niños a desnudarse completamente y sufrir un examen de genitales para determinar si tienen menos de 18 años de edad o no.

Otros niños inmigrantes han sido sometidos a exámenes de huesos o a exámenes ortopantomográficos, también llamados radiografías panorámicas. Los primeros implican rayos X a las muñecas, manos y dedos de los niños, mientras que los últimos son un examen radiográfico que da información detallada sobre la estructura de la mandíbula y los dientes.

Los países receptores tienen la obligación legal de darles a los niños inmigrantes alguna atención limitada, incluyendo techo y escolarización. Para evitar esto, el Estado español está intensificando los esfuerzos por declarar adultos a los inmigrantes jóvenes que llegan al país, por lo tanto evadiendo cualquier responsabilidad por el bienestar de esos inmigrantes.

El Comité de la ONU para los Derechos de la Infancia ha denunciado a España por el uso del método bárbaro y humillante de los exámenes genitales, diciendo que "viola la dignidad [de los niños], su privacidad y su integridad corporal y debería prohibirse".

La declaración del Comité de la ONU fue hecha como parte de un dictamen sobre el caso de una joven inmigrante conocida como Arcange. Llegó a España en 2017 a sus 16 años de edad, huyendo del abuso sexual por parte de su padre y de los intentos de obligarla a casarse con un señor mayor en su país natal, Camerún. Aunque los funcionarios de inmigración al principio no tenían duda de que era menor, después sometieron a Arcange a numerosas investigaciones degradantes, incluso a desnudarse completamente para un examen genital forzoso.

Los exámenes fueron llevados a cabo sin que la niña tuviera ningún tipo de asesoramiento legal y sin que le explicaran el procedimiento en un idioma que ella entendiera. Luego dijeron falsamente que tenía 18 años de edad o más y la abandonaron en las calles a buscarse la vida.

Esta es la decimocuarta vez que la ONU condena al gobierno español por violar los derechos de los niños inmigrantes sometiéndolos a desnudarse forzosamente y a exámenes genitales.

Representantes del gobierno del PSOE y Podemos respondieron a la declaración de la ONU con indignación fingida. Un portavoz del Ministerio de Derechos Sociales, gestionado por Podemos, dijo al sitio web elDiario.es: "La condena de la ONU a España por el caso de Arcange demuestra la necesidad de enmendar sustancialmente el procedimiento de determinar la edad de los niños y adolescentes que llegan solos a nuestro país. Es esencial evitar llevar a cabo tests innecesarios, especialmente los que impliquen desnudar a menores".

Las críticas de los ministros del PSOE y Podemos son totalmente cínicas. El gobierno de coalición ha impuesto políticas antirrefugiados de tipo fascista indistinguibles de las de la ultraderecha. Las tareas de defender a los inmigrantes y a los solicitantes de asilo recae en la clase trabajadora, como parte de una lucha contra las políticas reaccionarias de toda la Unión Europea y por el socialismo.

(Publicado originalmente en inglés el 14 de abril de 2021)