Por lo menos nueve trabajadores inmigrantes murieron la semana pasada intentando llegar a las Islas Canarias, un territorio español en frente de la costa occidental de Marruecos. Las muertes ocurrieron al hundirse un cayuco que llevaba entre 30 y 40 inmigrantes principalmente marroquíes tras chocar contra unas rocas cerca de la orilla norte de la isla de Lanzarote.

Aunque hasta el momento se han encontrado los cadáveres de nueve varones jóvenes veinteañeros y treintañeros, muchos de los 28 sobrevivientes que viajaban a bordo de la balsa indicaron que cinco mujeres y tres niños también venían con ellos, y no han sido localizados aún.

Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), que depende de Naciones Unidas, más de 500 personas han muerto hasta ahora este año en la ruta migratoria africana occidental hacia las Islas Canarias, y la mayoría de las muertes ocurrieron en octubre y noviembre. La cifra de muertos ya es mucho más del doble de la de 2019, cuando la OIM registró 210 en el cruce de este mar. Estas cifras son una estimación mínima, enfatizó la OIM, y se teme que la cifra real de muertos sea mucho mayor.

Las muertes más recientes se producen cuando el gobierno español está intensificando sus ataques a los refugiados que buscan hacer la travesía hacia Europa, anunciando a finales de noviembre que construirían campos de internamiento en las islas para mantener a los inmigrantes a espera de ser deportados. El gobierno del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Podemos se ha negado a permitir que los miles de personas desesperadas atrapadas en el archipiélago sean trasladadas a la península, diciendo que hacerlo sería un "factor de atracción".

Hablando en una rueda de prensa en la isla de Tenerife a finales de noviembre, el ministro de transporte José Luis Ábalos reafirmó que los inmigrantes no serán trasladados a la península, declarando cínicamente que los campos de internamiento en bases militares a lo largo de las islas están pensados para brindar condiciones humanitarias "lo más decorosas posibles" hasta que se pueda deportar a los refugiados a sus países de origen.

Si se envía a los inmigrantes a la península, dijo Ábalos, "no dejamos de ser la puerta de entrada a Europa. ... [N]o podemos dar un mensaje de que estas cosas son posibles...".

España ha apelado a la Unión Europea (UE) para que intervenga en la crisis en las Islas Canarias, y la ministra de exteriores Arancha González Laya exigió la firma de un "acuerdo europeo de migraciones".

"La migración necesita un enfoque europeo", dijo Laya. "No basta con que España, Italia, Malta o Grecia hagamos bien nuestro trabajo". Dicho de otra manera, la ministra española de exteriores está exigiendo que la UE comparta de manera más equitativa la carga de encarcelar, deportar o dejar que refugiados desesperados se ahoguen cruzando el océano.

A finales de noviembre, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, del PSOE, envió al ministro del interior Fernando Grande-Marlaska y a la ministra de exteriores Laya al África occidental para negociar acuerdos con gobiernos de la región para impedir que los refugiados crucen a las Islas Canarias, y para la rápida deportación de los que lleguen al archipiélago.

España ya ha llegado a un acuerdo con Senegal, que la ministra de exteriores Laya y su homólogo senegalés Aïssata Tall Sall anunciaron el 22 de noviembre, que prevé la deportación a sus países de origen de todos los inmigrantes senegaleses que están "ilegalmente" en España.

España también reforzará su presencia de seguridad en Senegal, incrementando la cantidad de guardias civiles y policías nacionales en ese país del África occidental, supuestamente para combatir operaciones de tráfico de personas, como parte de una ofensiva conjunta con las autoridades senegalesas. El acuerdo les permitirá a España y Senegal "luchar conjuntamente contra la inmigración irregular, la [inmigración] clandestina", dijo Laya, "que está en manos de redes criminales". Laya hizo hincapié en los planes de España para deportaciones masivas, declarando: "Quien utilice las vías ilegales tendrá que volver a su país...".

El ministro del interior Grande-Marlaska también viajó a Marruecos con la esperanza de obtener un acuerdo comparable, supuestamente exigiendo que el país norteafricano reforzara su costa atlántica y trabajara junto a España para implementar la repatriación forzosa de inmigrantes marroquíes.

Según elDiario.es, las autoridades de las Islas Canarias han estado entregando órdenes de expulsión sumarias a inmigrantes a días de llegar al puerto Arguineguín en Gran Canaria, violando flagrantemente su derecho a solicitar asilo. Los inmigrantes, que no tuvieron acceso a abogados, a pesar de tener el derecho a asistencia legal por 72 horas desde su llegada, han recibido notificaciones de deportación firmadas por la Subdelegación del Gobierno en Las Palmas, la capital regional de la isla de Gran Canaria.

Según Judith Sunderland, vicedirectora interina para Europa y Asia Central de la ONG Human Rights Watch, quien visitara Arguineguín a principios de noviembre, ninguno de los inmigrantes que entrevistó había hablado con ningún abogado ni se les habían explicado las órdenes de expulsión en un idioma que ellos entendieran antes de hacer que las firmaran.

Hablando para Canarias Ahora, Sunderland dijo: "Todos me dijeron que no habían entendido que el papel que les daban era una orden de devolución. Los que entendieron algo me dijeron que la Policía les explicó que con ese papel eran fichados y el papel servía para identificarlos si eran parados por la Policía".

Estas políticas brutales están siendo llevadas a cabo con la plena colaboración del partido "populista de izquierdas" Podemos, el cual, a pesar de críticas de palabra al trato a los refugiados y declaraciones de apoyo al traslado de inmigrantes a la península, se ha negado a oponerse a estas medidas.

Hablando el jueves pasado ante el comité conjunto para la Coordinación y Monitorización de la Estrategia Española, el dirigente de Podemos y vicepresidente segundo del gobierno español, Pablo Iglesias, declaró que aunque supuestamente no estaba de acuerdo con la negativa del PSOE de trasladar inmigrantes a la península, su partido tenía que "asumir" que su condición minoritaria en el gobierno no les permite actuar.

"No voy a seguir en esta lógica, porque creo que estoy siendo claro", dijo Iglesias. "En política, por desgracia, lo que más cuenta no es tener razón ni buenas ideas, sino la fuerza suficiente".

Hay una enorme hostilidad popular a la persecución de inmigrantes y refugiados. Son precisamente esas "fuerzas" las que Iglesias quiere contener y suprimir. La negativa de Podemos a realizar cualquier lucha seria en defensa de los inmigrantes le ha regalado la iniciativa política a la ultraderecha, que está exigiendo una represión aún más brutal a los inmigrantes.

La semana pasada, el portavoz nacional del partido ultraderechista Vox, Jorge Buxadé, se mandó una diatriba fascista contra los refugiados en una conferencia de prensa, declarando que España era víctima de una "auténtica invasión migratoria" y exigió que intervinieran las fuerzas armadas.

"Ante la invasión, el Estado debe defenderse con todos los medios", dijo Buxadé. El gobierno tiene que hacer uso de "todos los medios a su alcance", exigió el portavoz de Vox, incluyendo "la intervención de las Fuerzas Armadas y el bloque naval de las Islas Canarias".

La pasividad de Podemos pone de manifiesto que no se puede librar ninguna lucha seria contra las politicas contra los refugiados de la clase gobernante apelando a facciones del establishment político capitalista. La clase trabajadora tiene que defender incondicionalmente el derecho de los trabajadores de todo el mundo a vivir y trabajar en el país que quieran, con plenos derechos de ciudadanía y en seguridad. Esto puede lograrse solo oponiéndose a todos los partidos europeos reaccionarios de la pseudoizquierda, que han colaborado plenamente con las brutales políticas antiinmigratorias de toda la Unión Europea, como parte de una lucha por el socialismo.

(Publicado originalmente en inglés el 30 de noviembre de 2020)