El viernes, el presidente Donald Trump y el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) implementaron una nueva ronda de ataques contra los trabajadores del gobierno de EE.UU. bajo el pretexto de continuar con “la reducción de la burocracia federal”.

En una orden ejecutiva publicada junto con un informe explicativo, la Casa Blanca anunció la eliminación de las operaciones de siete oficinas federales históricas “que el presidente ha determinado como innecesarias”. Los cierres afectarán los empleos de cientos de empleados federales.

Las siete oficinas son: el Servicio Federal de Mediación y Conciliación (FMCS), la Agencia de los Estados Unidos para Medios Globales (USAGM), el Centro Internacional para Académicos Woodrow Wilson en la Institución Smithsonian, el Instituto de Servicios de Museos y Bibliotecas (IMLS), el Consejo Interagencial sobre la Indigencia de EE.UU. (USICH), el Fondo de Instituciones Financieras para el Desarrollo Comunitario (CDFI Fund) y la Agencia de Desarrollo Empresarial para Minorías (MBDA).

En la acción presidencial, Trump y el asesor del DOGE, Elon Musk, afirman que la eliminación solo afectará “los componentes y funciones no estatutarios” de estas entidades gubernamentales “en la mayor medida posible dentro de la ley aplicable”.

La nueva ronda de ataques contra los trabajadores federales avanza rápidamente, con las organizaciones teniendo solo siete días para confirmar “el cumplimiento total de esta orden y explicar qué componentes o funciones de la entidad gubernamental, si las hubiera, son requeridas por ley y en qué medida”.

Además, la orden establece que “el director de la Oficina de Gestión y Presupuesto o el jefe de cualquier departamento o agencia ejecutiva encargada de revisar solicitudes de subvenciones por parte de estas entidades deberá… rechazar solicitudes de financiamiento para dichas entidades gubernamentales en la medida en que sean incompatibles con esta orden”.

Por ejemplo, el sábado comenzaron a circular informes en los medios de que Crystal G. Thomas, directora de recursos humanos de la USAGM, que supervisa Voice of America (VOA), la mayor emisora internacional de EE.UU., junto con otras agencias de noticias financiadas por el gobierno como Radio Free Europe y Radio Free Asia, informó a todos los empleados de tiempo completo—1.300 personas—que habían sido puestos en licencia administrativa.

Un informe de CBS News afirmó:

La notificación fue enviada a todos los “empleados de tiempo completo de VOA”, incluidos reporteros y altos directivos, pero no a empleados bajo contrato, cuyos contratos expiran en junio, según una fuente de VOA que habló con CBS News.

El informe de CBS News continuó:

Sin embargo, una segunda fuente dijo más tarde a CBS News que los contratistas de servicios personales de VOA, quienes también trabajan a tiempo completo, recibieron el mismo correo administrativo que los empleados federales. A partir del sábado, ningún empleado podía acceder a la sede de VOA en Washington, D.C. Todos los trabajadores independientes y colaboradores de VOA en todo el mundo, así como aquellos con contratos o asignaciones mensuales, debían dejar de trabajar porque ya no había manera de pagarles, agregó la fuente.

“Algunos empleados de VOA caminaban hacia sus estudios cuando recibieron la notificación y les dijeron: ‘No, vayan a casa’”.

Michael Abramowitz, director de Voice of America, declaró: “Esta mañana supe que prácticamente toda la plantilla de Voice of America—más de 1.300 periodistas, productores y personal de apoyo—fue puesta en licencia administrativa. Yo también”.

El propósito político e ideológico de eliminar estas siete agencias es evidentemente claro. El cierre de estas entidades se alinea con el ultranacionalismo de Trump, sus ataques contra los derechos democráticos, el empleo, los programas sociales y los niveles de vida de la clase trabajadora, así como su defensa de la riqueza de la oligarquía y su preparación para la guerra.

En el caso de la USAGM, la existencia de agencias de noticias con cierto grado de independencia de la Casa Blanca —aunque hayan operado como vehículos de propaganda imperialista desde 1942— es vista como un obstáculo para la agenda fascista y “America First” de Trump.

La revisión del origen, propósito, presupuestos y número de empleos en las otras seis entidades ilustra el ataque político motivado por Trump y Musk, así como la deriva del sistema político estadounidense hacia la derecha durante las últimas cinco décadas:

Servicio Federal de Mediación y Conciliación (FMCS)

El Servicio Federal de Mediación y Conciliación (FMCS) se creó el 23 de junio de 1947 como agencia independiente del gobierno de EE.UU. en virtud de la Ley Taft-Hartley de Relaciones entre el Trabajo y la Administración. Sus principales objetivos han sido promover la cooperación entre los trabajadores y la patronal y evitar las huelgas para garantizar que los beneficios capitalistas continúen sin interrupciones.

El presupuesto del FMCS para el año fiscal 2023 fue de 53,7 millones de dólares y la oficina emplea a 218 personas, incluidos 155 mediadores del FMCS a tiempo completo que están destinados en 64 oficinas repartidas por todo EE.UU.

Centro Internacional Woodrow Wilson

El Wilson Center fue creado por una ley del Congreso el 24 de octubre de 1968 (Ley Pública 90-637). Se creó en memoria del presidente demócrata Woodrow Wilson, 28º presidente de EE.UU. entre 1913 y 1921. El centro forma parte de la Smithsonian Institution, pero funciona de forma independiente bajo su propio consejo de administración.

Según el sitio web del centro, es “apartidista” y su objetivo es “ayudar a los responsables políticos y a las partes interesadas a dar sentido a los acontecimientos mundiales. Lleva a cabo investigaciones, análisis y estudios para satisfacer las necesidades del imperialismo estadounidense.

Para el ejercicio fiscal 2024, el presupuesto del Wilson Center asciende a 16,1 millones de dólares, asignados mediante créditos federales. Con esta financiación se sufragan los salarios y prestaciones de unos 57 empleados a tiempo completo, los programas de becas y los gastos operativos. El centro también depende de fuentes de financiación privadas como subvenciones, dotaciones y donaciones para complementar su presupuesto federal.

Instituto de Servicios de Museos y Bibliotecas (IMLS)

El Instituto de Servicios de Museos y Bibliotecas (IMLS) es una agencia federal independiente creada en 1996. Es la principal fuente de apoyo federal a las bibliotecas y museos del país. El IMLS se creó para consolidar los programas federales de bibliotecas y museos, con el objetivo de fortalecer las instituciones mediante el apoyo y el desarrollo de políticas.

En el sitio web del IMLS se afirma que la misión de la agencia es garantizar que «las personas y las comunidades tengan acceso a museos y bibliotecas para aprender de la información fiable, las ideas y las historias que contienen sobre nuestro diverso patrimonio natural y cultural, e inspirarse en ellas.»

El presupuesto del IMLS para el año fiscal 2024 es de 266,7 millones de dólares. Para el año fiscal 2025, el Senado propuso asignar 214,1 millones de dólares a los servicios bibliotecarios. En 2023, el IMLS tenía 70 empleados a tiempo completo. En 2022, votaron a favor de sindicarse, uniéndose a la Federación Americana de Empleados Gubernamentales (AFGE).

Consejo Interagencial sobre la Indigencia (USICH)

El Consejo Interinstitucional de EE.UU. para los Sin Techo (USICH) se creó el 22 de julio de 1987 en virtud de la Ley Stewart B. McKinney de Asistencia a los Sin Techo (PL 100-77). Stewart McKinney fue un representante republicano de Connecticut que ocupó el cargo entre 1971 y 1987. En un principio, la organización se denominaba Consejo Interinstitucional para las Personas sin Hogar y en 2002 pasó a llamarse USICH, cambio que se convirtió en ley en 2004.

En el sitio web de la USICH se indica que el propósito de la agencia es «coordinar la respuesta federal a la falta de vivienda y crear una asociación nacional a todos los niveles de gobierno y con el sector privado para reducir y acabar con la falta de vivienda en la nación, al tiempo que se maximiza la eficacia del gobierno federal para contribuir al fin de la falta de vivienda».

Para el ejercicio fiscal 2025, USICH ha solicitado un presupuesto de 4,3 millones de dólares. Esto supone un aumento con respecto a su presupuesto anterior de 3,6 millones de dólares. USICH contaba con 18 empleados a tiempo completo en el presupuesto solicitado para 2025.

Fondo de Instituciones Financieras para el Desarrollo Comunitario (CDFI Fund)

El Fondo de Instituciones Financieras de Desarrollo Comunitario (Fondo CDFI) se creó el 24 de septiembre de 1994, cuando el entonces presidente Bill Clinton firmó la Ley Riegle de Desarrollo Comunitario y Mejora de la Regulación. La legislación recibió apoyo bipartidista en el Congreso y fue el resultado de los esfuerzos de ambos partidos y de activistas comunitarios por ampliar la banca y la financiarización a las comunidades «desatendidas» de Estados Unidos.

El Fondo CDFI formó parte de la destrucción de los programas de bienestar social bajo Clinton y del cambio de la financiación directa del gobierno en las comunidades urbanas y rurales empobrecidas a una red nacional de los llamados «prestamistas de desarrollo comunitario», inversores y otros parásitos financieros.

En el año fiscal 2025, el Comité de Asignaciones del Senado recomendó una asignación de 354 millones de dólares para el Fondo CDFI, lo que representa un aumento de 30 millones de dólares, o del 9,3%, con respecto al año fiscal anterior. Esta propuesta de presupuesto incluye asignaciones específicas para diversos programas, como el Programa de Asistencia a las CDFI Nativas.

El número exacto de empleados del Fondo CDFI no está disponible públicamente.

Agencia de Desarrollo Empresarial para Minorías (MBDA)

La Agencia para el Desarrollo de Empresas de Minorías (MBDA) fue creada el 5 de marzo de 1969 por el entonces Presidente Richard Nixon mediante la Orden Ejecutiva 11458. Originalmente denominada Oficina de Empresas de Minorías, pasó a llamarse MBDA en 1979.

La agencia se creó como un componente de la promoción por parte de Nixon del “capitalismo negro” en respuesta a las rebeliones urbanas que estallaron en las principales ciudades estadounidenses a mediados de la década de 1960, como Los Ángeles, Detroit y Newark. En 2021, se convirtió en una agencia federal permanente a través de la Ley de Inversión en Infraestructuras y Empleo.

Según su sitio web, la misión de la MBDA es “promover el crecimiento y la competitividad global de las Empresas de Minorías (MBE) para liberar todo el potencial económico del país”.

Para el ejercicio fiscal 2024, el presupuesto de la MBDA asciende a 110 millones de dólares, destinados a oficinas regionales, centros empresariales e iniciativas como el Programa de Centros Empresariales Rurales. A partir de 2025, la agencia empleó a aproximadamente 254 personas, que trabajan en una red de centros de negocios MBDA y 'asociaciones estratégicas'.

En acontecimientos relacionados, el New York Times informó el viernes de que Elon Musk había incorporado a la Administración de la Seguridad Social a uno de sus socios comerciales de mayor confianza y más antiguos, el inversor de capital privado Antonio Gracias. Según documentos revisados por el Times, nueve miembros del DOGE, incluido Gracias, han llegado a la Administración de la Seguridad Social en los últimos días.

Aunque no se conoce el papel específico de Gracias, el informe del Times dice: 'La implicación de un aliado tan cercano con la Administración de la Seguridad Social sugiere que el Sr. Musk ha hecho de la revisión de la agencia una prioridad; en las últimas semanas, el multimillonario tecnológico ha hablado regularmente sobre el supuesto fraude dentro del sistema'. Esto sigue al reciente comentario de Musk de que el sistema de Seguridad Social es 'el mayor esquema Ponzi de todos los tiempos.»

Otros dos asociados de Musk relacionados con Gracias y su grupo de inversión Valor Equity Partners, Jon Koval, vicepresidente, y Payton Rehling, ingeniero de datos, también han sido asignados a la Administración de la Seguridad Social, informó el Times .

El Times también dijo que Gracias declaró durante un podcast reciente, 'que él y su equipo en Valor habían estado escudriñando las auditorías de la Administración de la Seguridad Social y que se había alarmado por el tamaño de sus llamados fondos fiduciarios, cuentas del gobierno creadas para asegurarse de que los estadounidenses reciban sus beneficios completos'. El Sr. Gracias dijo que creía que esto demostraba que había ‘debilidades materiales’ en el sistema”.

El sábado, la emisora KFOR de Oklahoma informó de que al jubilado James McCaffrey se le habían suspendido repentinamente y sin previo aviso las prestaciones de la Seguridad Social. McCaffrey, de 66 años, que nació en una base del ejército estadounidense en el extranjero, hijo de un soldado estadounidense en servicio activo, dijo que debido a los recientes comentarios del líder del DOGE, Musk, le preocupa que le hayan recortado las prestaciones por haber nacido en el extranjero.

McCaffrey se dio cuenta de que no se había tramitado su pago de Medicare y, cuando llamó para informarse, le dijeron que le habían suspendido la Seguridad Social. En este caso, el funcionario con el que habló pudo restablecer sus prestaciones.

También el sábado, el Seattle Times publicó un reportaje sobre Ned Johnson, de 82 años, que había sido declarado muerto por la Administración de la Seguridad Social. Johnson se enteró cuando le enviaron una carta a su mujer, Pam, en la que le decían que su marido había fallecido y que el reciente pago de 5.201 dólares emitido por la Administración de la Seguridad Social se estaba deduciendo de su cuenta bancaria porque a Ned le habían pagado el dinero 'después de su fallecimiento'.

Esto es solo un anticipo de las terminaciones, errores y desastres que golpearán al público estadounidense a medida que la operación de demolición montada por Trump, Musk y DOGE surta efecto y destripe los servicios vitales de los que masas de personas dependen cada día para su supervivencia.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 16 de marzo de 2025)