En un discurso de estilo electoral de una hora ante sus propios nombrados y asesores en el Departamento de Justicia, el presidente Donald Trump amenazó con encarcelar a sus oponentes políticos en el Partido Demócrata y declaró que las críticas hacia él en la televisión y en los medios corporativos deberían ser “ilegales”.

Al igual que en sus dos anteriores discursos importantes desde que asumió el cargo —su toma de posesión el 20 de enero y su intervención ante una sesión conjunta del Congreso el 4 de marzo— Trump combinó autoelogios, mentiras incesantes y aparentes momentos de confusión mental, dando la impresión general de un tirano senil despotricando contra sus enemigos, mientras se atribuía una popularidad sin rival.

Si se juzgara a la clase dominante estadounidense por sus dos últimos presidentes —Trump, seguido por Biden, seguido de nuevo por Trump— se podría concluir que la oligarquía financiera ha rascado el fondo del barril en la selección de su personal dirigente. La corrupción compite con la decrepitud y la más absoluta ignorancia. Estos son los individuos a quienes la clase dominante ha confiado la gestión de sus asuntos políticos tanto globales como internos, incluido el proverbial dedo sobre el botón nuclear.

Las declaraciones de Trump fueron en gran medida recicladas de sus dos discursos anteriores, en particular el presentado ante el Congreso, y no necesitan ser examinadas en detalle, ya que el WSWS ya lo ha hecho aquí y aquí. Pero Trump rompió nuevo terreno dando un discurso de este tipo en la sede del Departamento de Justicia, que nunca visitó durante su primer mandato debido a su frustración por la renuencia de los dos procuradores generales que nombró, Jeff Sessions y William Barr, a actuar como instrumentos directos de la Casa Blanca en la persecución de sus oponentes políticos.

No hay tal renuencia por parte de quienes ha elegido para dirigir el Departamento de Justicia en su segundo mandato. Se trata casi enteramente de sus propios abogados personales en los incontables casos legales que ha enfrentado, desde sus dos juicios políticos hasta su instigación del ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021 y numerosos episodios de corrupción financiera.

La procuradora general Pam Bondi fue una de las representantes de Trump en su primer juicio político, mientras que sus principales adjuntos, Todd Blanche y Emil Bove, fueron sus abogados en su juicio federal por el ataque del 6 de enero, en el caso de Georgia sobre sus intentos de robar los votos electorales de ese estado en 2020, y en la falsificación de registros comerciales en Nueva York para encubrir un pago a la actriz porno Stormy Daniels.

Trump rindió homenaje a los tres, así como a Kash Patel, ahora director del FBI y director interino de la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego. Patel ocupó un puesto clave en el Pentágono el 6 de enero de 2021, cuando durante tres horas los militares bloquearon el envío de tropas de la Guardia Nacional para defender el Capitolio contra la turba de partidarios armados de Trump que lo atacaba.

El propio Trump, de 78 años —el hombre de mayor edad en asumir la presidencia— pareció sufrir un episodio significativo de confusión durante su discurso, cuando se jactó de haber despedido a James Comey como director del FBI antes de nombrar a Patel. Parecía haber olvidado que despidió a Comey en 2017, durante el primer año de su primer mandato, lo que desató una gran crisis política. Luego nombró a Christopher Wray para reemplazarlo, y Wray ocupó el cargo durante más de siete años, renunciando solo días antes de que Trump asumiera su segundo mandato, el 20 de enero de 2025.

Como siempre con Trump, acusó a sus oponentes políticos de todos los métodos criminales y antidemocráticos en los que él mismo está involucrado, afirmando que “un grupo corrupto de oportunistas y radicales” había “usado los vastos poderes de nuestras agencias de inteligencia y fuerzas del orden para tratar de frustrar la voluntad del pueblo estadounidense”.

Trump se jactó: “Y por eso, el primer día firmé una orden ejecutiva prohibiendo toda censura gubernamental y ordenando la destitución de cada burócrata que conspiró para atacar la libertad de expresión y muchos otros valores en Estados Unidos”. Tuvo el descaro de hacer esta afirmación al final de una semana en la que la Casa Blanca intentó censurar y reprimir toda oposición política al genocidio israelí respaldado por Estados Unidos en Gaza, incluyendo la detención del estudiante de posgrado de Columbia Mahmoud Khalil y el intento de deportarlo.

Continuó: “Estas son personas malas, realmente malas. Intentaron convertir a Estados Unidos en un país comunista y del tercer mundo corrupto”. Esta fue la primera de varias referencias a “comunistas” y “marxistas”, mientras Trump daba continuo eco al temor hacia la clase trabajadora y el socialismo que es la pesadilla de la oligarquía financiera.

Quizá la adición más notable a su letanía de amenazas fue su afirmación de que los medios de comunicación habían sido culpables de “un abuso tremendo” contra la jueza Aileen Cannon —la jueza designada por Trump que desestimó el caso federal en su contra por remover documentos clasificados de la Casa Blanca tras dejar el cargo— y por criticar a los jueces de la Corte Suprema por su fallo a favor de la inmunidad presidencial ante el enjuiciamiento, emitido en julio pasado.

Trump afirmó: “Es realmente una interferencia, en mi opinión. Y debería ser ilegal, y probablemente lo es en alguna forma”.

Prosiguió: “Creo que CNN y [MSNBC], que literalmente escriben un 97,6 por ciento de cosas malas sobre mí, son brazos políticos del Partido Demócrata, y en mi opinión, son realmente corruptos e ilegales. Lo que hacen es ilegal. … Tiene que ser ilegal. Está influenciando a los jueces y realmente está cambiando la ley y simplemente no puede ser legal. No creo que sea legal y lo hacen en total coordinación entre ellos”.

Luego repitió sus mentiras, ya ampliamente desacreditadas, de que las elecciones de 2020 estuvieron amañadas, mientras agregaba la demanda —altamente significativa considerando dónde estaba hablando— de que “las personas que nos hicieron esto deberían ir a la cárcel. Deberían ir a la cárcel”.

Las repetidas ovaciones que recibió Trump demuestran que los matones políticos y fascistas que ha instalado en el FBI y el Departamento de Justicia representan una amenaza directa a los derechos democráticos de la clase trabajadora y la juventud.

El Partido Demócrata no hará nada para frenar estos ataques, como lo demostraron los senadores demócratas ese mismo día al votar a favor de una resolución presupuestaria de seis meses que otorga a Trump todo lo que quería para sus ataques contra los programas sociales y los trabajadores federales. La defensa de los derechos democráticos requiere la intervención política independiente de la clase trabajadora.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 17 de marzo de 2025)