El sábado, el Gobierno de Trump invocó formalmente la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, una importante aceleración de la construcción de una dictadura de Estado policial. La Casa Blanca procedió de inmediato a deportar a cientos de inmigrantes, desafiando una orden judicial pausando cualquier acción.

La Ley de Enemigos Extranjeros, aprobada en 1798 por el presidente John Adams como parte de las Leyes de Extranjería y Sedición, otorga al presidente un poder sin control para detener o deportar a nacionales de Estados enemigos sin el debido proceso. Se ha utilizado solo tres veces: durante la Guerra de 1812, la Primera Guerra Mundial y, lo que es más notorio, la Segunda Guerra Mundial para justificar el internamiento masivo de inmigrantes japoneses y japoneses-estadounidenses.

En todos los casos anteriores, el acto fue invocado durante una guerra formalmente declarada. Trump, sin embargo, lo está utilizando para justificar una “guerra” totalmente ficticia contra pandillas presuntamente vinculadas al Gobierno venezolano. Su orden ejecutiva califica al Tren de Aragua (TdA) como una “organización terrorista extranjera”, supuestamente en connivencia con el presidente Nicolás Maduro para perpetrar “una invasión e incursión depredadora” en los Estados Unidos.

Cualquier persona acusada de ser miembro del TdA es declarada inelegible para protecciones legales bajo las leyes de inmigración existentes. La determinación de la afiliación se realiza únicamente sobre la base de afirmaciones del presidente. Es decir, afirma el derecho de Trump a arrestar y deportar a cualquier no ciudadano, sin proceso judicial.

Quizás incluso más significativo que la orden en sí es el desafío de Trump a una orden judicial que bloquea las deportaciones, emitida pocas horas después de la publicación de la orden. El juez federal James Boasberg dictaminó que Estados Unidos no está en guerra con Venezuela y ordenó que los aviones que transportaban a cientos de pasajeros encadenados y atados regresaran.

El Gobierno de Trump ignoró esta orden, aterrizando los aviones en El Salvador, cuyo presidente fascistizante Nayib Bukele ha ofrecido abrir el notorio sistema penitenciario salvadoreño y los campos de trabajo forzado tanto a inmigrantes como a ciudadanos estadounidenses.

Según Axios, la decisión de no devolver los aviones fue tomada por el subjefe de gabinete fascista de Trump, Stephen Miller, junto con la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, con la absurda justificación de que los aviones ya estaban en el espacio aéreo internacional, por lo que el fallo del juez no aplicaba.

La Casa Blanca ha apelado el fallo de Boasberg, y la fiscala general Pam Bondi acusó efectivamente al juez de traición, alegando que había colocado a “terroristas por encima de la seguridad de los estadounidenses”. Incluso si los tribunales finalmente fallan en contra de Trump, su Gobierno no tiene intención de cumplir con las directivas judiciales.

La Administración de Trump está siguiendo un plan claro para imponer una dictadura, siguiendo el modelo del régimen fascista de Hitler. Trump y su círculo íntimo de simpatizantes fascistas están demoliendo sistemáticamente las restricciones legales y constitucionales, y cada violación prepara el escenario para afirmaciones aún más descaradas de poder absoluto.

Los acontecimientos del fin de semana siguieron al secuestro ilegal del estudiante de la Universidad de Columbia Mahmoud Khalil, un residente permanente legal, que fue secuestrado de su casa y transportado a una prisión de inmigración en Luisiana únicamente por protestar contra el genocidio en Gaza.

La represión del Gobierno de Trump no se detendrá con los inmigrantes ni los titulares de residencias permanentes ( green card ). En esencia, estas acciones están impulsadas por la expectativa de una resistencia masiva de la clase trabajadora a los despidos masivos, los recortes profundos en los programas sociales y la purga de los empleados del Gobierno. El Gobierno está sentando las bases legales e institucionales para la derogación total de los derechos democráticos y la supresión violenta de toda oposición.

La invocación de Trump de la Ley de Enemigos Extranjeros está vinculada a las órdenes ejecutivas que firmó el Día de la Inauguración. Estas mismas órdenes amenazaban con invocar la Ley de Insurrección. La ley, históricamente utilizada para aplastar huelgas y disturbios sociales, permitiría a Trump movilizar tropas en servicio activo y a la Guardia Nacional contra manifestantes, huelguistas y opositores políticos, incluidos ciudadanos estadounidenses.

Trump está actuando con la confianza de que no encontrará una resistencia seria dentro del establishment político. De hecho, a fines de la semana pasada, los demócratas del Senado aseguraron la aprobación de un proyecto de ley de gastos para financiar completamente al Gobierno durante los próximos seis meses.

Como escribió el World Socialist Web Site, esto equivalía a una “Ley Habilitante”. Al aprobar el proyecto de ley, los demócratas sabían exactamente lo que estaban haciendo: darle a Trump un cheque en blanco para que tomara las medidas que ahora está tomando. No son un partido de oposición sino colaboradores y conspiradores.

El líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, siguiendo sus justificaciones mentirosas para respaldar el proyecto de ley de gastos de Trump, dio una extensa entrevista con el New York Times el domingo, en la que respaldó la captura de Khalil y calificó las protestas contra el genocidio como antisemitas. “Si [Khalil] violó la ley”, dijo Schumer, “debería ser deportado”. Qué fraude. Khalil ni siquiera ha sido acusado de un delito. Su detención se ha justificado únicamente sobre la base de que sus opiniones políticas son contrarias a los intereses del imperialismo estadounidense.

En este contexto, la demanda presentada el sábado por el estudiante de la Universidad de Cornell Momodou Taal, junto con el profesor Mũkoma Wa Ngũgĩ y el estudiante Sriram Parasurama, es muy significativa. Taal, un estudiante de posgrado británico-gambiano, fue objeto de un intento de deportación durante los últimos meses de la Administración de Biden por su participación en las protestas contra el genocidio de Gaza. Ahora, bajo Trump, las mismas medidas represivas se han ampliado enormemente.

La demanda, presentada por el abogado Eric Lee y el Comité Árabe-Americano contra la Discriminación, argumenta que dos de las órdenes ejecutivas de Trump dirigidas contra la libertad de expresión son ilegales e inconstitucionales. Haciendo referencia a la captura de Khalil y otros, la demanda declara: “Solo en una dictadura puede el líder encarcelar y desterrar a los opositores políticos por criticar al Gobierno”.

El Partido Socialista por la Igualdad respalda esta demanda. Sin embargo, nadie debe tener la ilusión de que los tribunales proporcionarán una solución a la crisis de la democracia. El sistema judicial es un componente del Estado capitalista, y está cada vez más repleto de jueces de derecha. Y Trump ha dejado claro que desafiará las decisiones desfavorables.

La dictadura política está inseparablemente ligada a la dictadura económica de la oligarquía financiera. La Administración de Trump es un régimen de la oligarquía, que gobierna con abierto desprecio por la Constitución mientras libra una guerra contra el seguro de salud Medicaid, los cupones de alimentos, el seguro social, la educación pública y otros programas sociales vitales. Trump está preparando recortar 10.000 empleos de trabajadores de correos, acelerar el despido masivo de trabajadores federales y aumentar agresivamente de la explotación para pagar la guerra y el rescate de los ricos.

Este ataque no comenzó con Trump, lo está llevando a un nuevo nivel, pero ha sido preparado durante décadas por ambos partidos de Wall Street. Además, es un fenómeno global, ya que los Gobiernos capitalistas de todo el mundo recurren al autoritarismo para reprimir la oposición a sus políticas de austeridad y guerra.

La clase obrera debe responder con la resistencia de las masas. El Partido Socialista por la Igualdad pide la formación de comités de base, independientes del aparato sindical propatronal, en los lugares de trabajo y barrios para movilizar a los trabajadores y jóvenes contra la dictadura de Trump, la complicidad del Partido Demócrata y el asalto corporativo a los niveles de vida.

La acción industrial debe estar animada por una perspectiva y un programa socialistas. La lucha contra la dictadura no puede separarse de la lucha contra el sistema capitalista que la ha producido. La clase obrera debe emprender la lucha por la expropiación de la oligarquía financiera, el desmantelamiento de la máquina de guerra imperialista y el establecimiento de un Gobierno obrero que coloque el poder político y económico en sus propias manos.

Es decir, la lucha contra la dictadura solo puede desarrollarse como una lucha por el socialismo, en Estados Unidos y en todo el mundo.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 16 de marzo de 2024)