El domingo, Javier Milei se convirtió en el primer presidente argentino en marcar el aniversario del golpe militar del 24 de marzo de 1976 reivindicando el régimen de terror fascista que le siguió y negando sus sangrientos crímenes.

A primera hora de la mañana, Milei publicó un vídeo de estilo documental que justifica el golpe militar respaldado por Estados Unidos y la dictadura como medios necesarios para librar una “guerra” contra “monstruos”. También se niegan las cifras de asesinados y “desaparecidos” bajo el régimen militar y, tras 12 minutos, termina con llamamientos a “enterrar” esta historia y dejar el pasado atrás.

La vicepresidenta Victoria Villarruel, quien hizo carrera defendiendo a militares condenados, es hija de un alto oficial militar y visitó en repetidas ocasiones al dictador Jorge Rafael Videla en prisión, publicó otro vídeo en el que pedía “Verdad, Justicia y Reparación para las víctimas del terrorismo”. Además, argumenta que los partidarios de las guerrillas izquierdistas en la década de 1970 aún deben ser castigados.

A pesar de que el registro histórico las desmienten completamente, los medios de comunicación corporativos han empezado a adaptarse, dando diferentes medidas de credibilidad a las afirmaciones del Gobierno de que la Junta militar actuó estrictamente o incluso principalmente contra las guerrillas izquierdistas, o que meramente cometió “excesos” en sus operaciones, y que la estimación ampliamente aceptada de 30.000 víctimas asesinadas y desaparecidas por la Junta es “exagerada”.

El 24 de marzo de 1976, los militares detuvieron a la presidenta Isabel Martínez de Perón y la sacaron de la Casa Rosada en helicóptero. Tras la muerte natural del general Juan Domingo Perón 21 meses antes, había heredado un Gobierno en crisis, que ya había empezado a imponer brutales recortes sociales, ataques a los niveles vida en medio de una inflación del 335 por ciento y una represión masiva, que incluyó cientos de asesinatos de izquierdistas a manos de la Triple A, un escuadrón de la muerte peronista.

Los militares argentinos habían iniciado operaciones coordinadas con las dictaduras militares de Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Brasil “contra elementos subversivos” desde “principios de 1974”, según la CIA, que supervisaba esta colaboración transfronteriza en lo que se conoció como la Operación Cóndor. Las reuniones más importantes se celebraron en esta época en la base de Campo de Mayo, en Buenos Aires, según The Condor Years, de John Dinges, durante el Gobierno peronista.

Inmediatamente después del golpe, con planes meticulosamente preparados de antemano, tropas y tanques emprendieron contra las sedes de los sindicatos y los partidos de izquierda, así como centros de trabajo, e iniciaron detenciones masivas de militantes conocidos. A continuación, el teniente general Jorge Rafael Videla, en calidad de comandante en jefe, prestó juramento en el cuartel general del Ejército y estableció una Junta de gobierno con los comandantes de la Armada y la Fuerza Aérea.

La represión de los pocos centenares de guerrilleros del país –jóvenes e intelectuales políticamente descarriados que llevaron a cabo ataques aislados y nunca supusieron una amenaza importante para el poder estatal— fue aprovechada para justificar el aplastamiento de toda oposición de la clase trabajadora al empobrecimiento masivo exigido por el capital financiero global.

El Gobierno estadounidense del presidente Gerald Ford, que estuvo en comunicación activa con los golpistas durante al menos un mes antes del 24 de marzo, reconoció a la Junta el mismo día y tenía preparado un paquete de ayuda económica y militar. El Departamento de Estado de Henry Kissinger, como indican los documentos oficiales, anticipaba “un Gobierno militar de larga duración y de una severidad sin precedentes”.

La dictadura militar permanecería en el poder hasta diciembre de 1983, y presidiría una orgía de detenciones y tortura de más de 100.000 trabajadores, jóvenes e intelectuales. Los trabajadores militantes, incluso los que simplemente habían participado en huelgas antes del golpe, fueron sistemáticamente secuestrados, torturados y arrojados desde aviones al océano Atlántico. Entre los asesinados se encontraban decenas de trabajadores de las automotrices Mercedes Benz y Ford en Buenos Aires.

Ya en 1978, según un memorando desclasificado por EE.UU. de la Dirección de Inteligencia Nacional de Pinochet (DINA) en Chile, el Batallón 601 argentino había “computado 22.000 entre muertos y desaparecidos” desde 1975. En una entrevista de junio de 2002, Manuel Contreras, jefe de la DINA, que coordinaba estrechamente sus actividades con los militares argentinos y la CIA, estimó que los militares argentinos habían matado a 30.000 personas durante su guerra sucia.

Un informe del Departamento de Estado de marzo de 1978 calculaba, hasta ese momento, entre 12.000 y 17.000 “desaparecidos”. La categoría principal incluía a entre 3.750 y 5.000 trabajadores de base y activistas sindicales, y en segundo lugar a 3.000 familiares de trabajadores.

Como aparece en un cable desclasificado, un asesor explicó a Kissinger que una de las semejanzas de la Junta argentina con la Alemania nazi era que “para recuperarse económicamente, deben romper el poder de las estructuras tradicionales, y especialmente del movimiento obrero...”. Hoy se hacen los mismos cálculos.

El domingo, en respuesta a las provocadoras falsificaciones de Milei, cientos de miles de trabajadores y jóvenes salieron a las calles para conmemorar a las víctimas y protestar contra el Gobierno, incluyendo a unas 400.000 personas que llenaron la Plaza de Mayo en Buenos Aires. La participación fue mucho mayor que en años anteriores.

Este año, el 24 de marzo se caracterizó por un cambio drástico de la situación objetiva en Argentina y el mundo, partiendo del estallido de una guerra mundial y la promoción agresiva por parte de las élites gobernantes de apologistas de dictaduras fascistas en América Latina, Europa y el sudeste asiático.

Las concentraciones del domingo tuvieron lugar en medio de una ola de huelgas y protestas contra los ataques de Milei al empleo, los salarios, las pensiones y el gasto social. En los últimos días, estas luchas se han centrado en los planes de Milei de despedir hasta 70.000 empleados estatales.

Hasta ahora, la burocracia sindical dirigida por los peronistas ha conseguido mantener las huelgas divididas y limitadas, firmando acuerdos traicioneros que aceptan despidos y aumentos salariales muy por debajo de la inflación, que el mes pasado alcanzó el 276 por ciento anual.

El 60 por ciento de los argentinos, incluido el 70 por ciento de los niños, viven ahora en la pobreza.

A pesar de la explosiva crisis social y política, los discursos y comentarios de los organizadores, los dirigentes sindicales y la pseudoizquierda se destacan por su complacencia ante la amenaza de un retorno a formas fascistas de gobierno. Más allá de las consignas trilladas y vacías sobre “justicia” y “memoria”, no hubo ningún intento de extraer las lecciones históricas del golpe de 1976.

En cambio, tanto los peronistas como sus apologistas en el llamado Frente de Izquierda y Trabajadores-Unidad (FIT-U) aprovecharon la ocasión para continuar sus esfuerzos por canalizar la ira social de las masas detrás de apelaciones e ilusiones en las instituciones capitalistas, incluyendo los partidos peronistas en el Congreso, los tribunales y el propio Gobierno de Milei.

Durante los años previos a 1976, estas mismas fuerzas utilizaron métodos similares para desarmar políticamente a la clase obrera, bloqueando una lucha independiente por el poder y allanando el camino para que tuviera éxito el golpe fascista-militar.

Más allá de las declaraciones de Milei y Villarruel, los acontecimientos que precedieron al aniversario demuestran el afán de la burguesía por reprimir cualquier crítica al historial de los militares.

Pretende socavar la conciencia democrática y la oposición popular a los militares, que están profundamente arraigadas, para restaurar su papel en la política nacional y en las operaciones represivas, movilizar a las capas más reaccionarias de la sociedad contra la clase trabajadora y preparar el retorno a formas dictatoriales de gobierno. Hay un elemento de desesperación y temeridad en estos esfuerzos.

El 20 de marzo, el director de la CIA, William Burns, llegó a Buenos Aires para reunirse con la cúpula del aparato de inteligencia y seguridad. La fecha fue extremadamente provocadora y, dado el protagonismo de la CIA en la consolidación del poder de la dictadura, la visita deja claro que el imperialismo estadounidense planea utilizar el mismo nivel de violencia genocida contra cualquier oposición a sus intereses.

Además, el imperialismo estadounidense considera claramente a Argentina y a la región en general un frente clave en los planes de recolonización del mundo, al ser una fuente importante de gas natural, petróleo, litio y otros minerales clave, además de ser uno de los principales productores agrícolas y fuentes de agua dulce del mundo.

En los días transcurridos entre esta visita y los hechos del domingo, el ministro de Defensa, Luis Petri, envió a funcionarios a reunirse con exoficiales de la dictadura detenidos en la cárcel militar de Campo de Mayo. Además, se fotografió con activistas y esposas de los detenidos que exigen su liberación.

Luego, Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, afirmó que los militares y policías condenados están “injustamente encarcelados”.

Estas provocaciones y los rumores en los medios de comunicación sobre posibles indultos llevaron a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a emitir el 24 de marzo una declaración conjunta en la que pedían a los “Estados a no otorgar perdones, indultos humanitarios o beneficios” a los condenados por graves violaciones de los derechos humanos. Alejandro Slokar, juez federal argentino, también hizo una declaración en la que advertía de que cualquier indulto, amnistía o conmutación violaría las leyes nacionales e internacionales vigentes.

El 21 de marzo, Petri y Bullrich dieron una conferencia de prensa para anunciar un proyecto de ley en el Congreso para levantar la prohibición instituida después de la dictadura a que los militares “intervengan y realicen operaciones de seguridad interior”. El anuncio se produjo luego del envío de tropas a la ciudad de Rosario como “apoyo logístico” para combatir ostensiblemente a narcotraficantes.

Por último, también el 21 de marzo, la organización H.I.J.O.S., red nacional de hijos e hijas de víctimas asesinadas bajo el régimen militar, denunció un ataque fascista contra una de sus miembros. Más adelante en la semana, la víctima, Sabrina Bölke, quien también es trabajadora estatal, reveló que el 5 de marzo dos atacantes armados la sometieron a torturas, abuso sexual y amenazas de muerte.

Los atacantes pintaron “VLLC” en la pared de su habitación, el acrónimo español del lema de Milei “Viva la Libertad, Carajo”. Después robaron documentos pertenecientes a H.I.J.O.S.

Se trata del atentado más importante perpetrado por redes fascistas desde el intento de asesinato de la expresidenta peronista Cristina Fernández de Kirchner en 2022 por un miembro de un grupo fascista, Revolución Federal, que incluye a fanáticos “libertarios” pro-Milei.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 26 de marzo de 2024)