El lunes por la noche, el gobierno del presidente fascistizante Javier Milei en Argentina anunció un nuevo Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), eludiendo ilegalmente al Congreso para imponer un nuevo programa de préstamo del FMI, que exigirá recortes aún mayores a los programas sociales. Aunque el documento no proporciona detalles, el banco suizo UBS señala un paquete de 20.000 millones de dólares, la mayor parte de los cuales se utilizará para pagar deudas existentes.

El decreto es solo el último de una serie de acciones destinadas a consolidar un régimen autoritario contra la clase trabajadora argentina, con el apoyo de Wall Street y el FMI, y la colaboración del aparato sindical. 

El 27 de febrero, el presidente Milei nombró por decreto a dos jueces de la Corte Suprema durante el receso legislativo, eludiendo al Senado antes de su reconvocación el 1 de marzo. El presidente decretó que estos nombramientos se realizarían “por omisión” del Poder Legislativo.

Ambos jueces de derecha, Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, habían sido rechazados por el Senado cuando fueron presentados en 2024. Lijo, en particular, había sido acusado repetidamente de corrupción e incompetencia judicial. García-Mansilla es un opositor derechista del aborto y los derechos reproductivos. 

Mientras que García-Mansilla fue rápidamente juramentado por la Corte Suprema el 27 de febrero, el tribunal condicionó la juramentación de Lijo a que renunciara a su cargo de juez federal. 

El gobierno de Milei esperaba que ambos jueces fueran juramentados antes del 1 de marzo, día de apertura del período legislativo de 2025. Solo García-Mansilla podría unirse a los otros tres jueces, quienes han invitado informalmente a Lijo a sumarse a ellos. Según un informe del diario madrileño El País, Milei confía en que Lijo será juramentado pronto, a pesar de que la legislatura ya no está en receso.

La aprobación ejecutiva de un paquete del FMI y el nombramiento de los dos jueces, ambos intentos autoritarios de concentración de poder, tuvieron lugar en el contexto de la “crisis cripto”, que ha levantado acusaciones de corrupción masiva contra Milei y su hermana Karina, quien actúa como su jefa de gabinete y principal asesora.

El viernes 14 de febrero, menos de dos semanas antes del decreto de nombramiento de los jueces, Milei publicó en sus cuentas de X, Instagram y Facebook declaraciones promoviendo una nueva criptomoneda, $Libra, insistiendo en que invertir en ella fortalecería la economía argentina y se convertiría en un camino a la prosperidad para las empresas del país. Las publicaciones incluían la dirección del contrato en la cadena de bloques para que los compradores accedieran a la criptomoneda $Libra, la cual aún no figuraba en las principales plataformas de intercambio. 

El precio de $Libra se disparó rápidamente, pero colapsó unas horas después, cuando sus fundadores vendieron sus participaciones. A la medianoche del día siguiente, Milei eliminó sus publicaciones. Desde entonces, no ha logrado disipar la sospecha de que, de hecho, participó en una estafa piramidal que enriqueció a un puñado de inversores, en lo que en la industria se conoce como un “rug pull” (tirón de alfombra), mientras que el resto perdió unos 250 millones de dólares. Hay una investigación en curso. El presidente denunció a quienes exigían una investigación, llamándolos “ratas sucias de la casta política”, y acusándolos de aprovecharse del incidente para “hacer daño”.

Un reciente artículo del diario Buenos Aires Herald en inglés señaló:

Según informes de La Nación y la publicación especializada en monedas digitales CoinDesk, el cocreador de $Libra y director ejecutivo de Kelsier Ventures, Hayden Davis, se jactó de que tenía “en el bolsillo” al presidente argentino porque estaba enviando dinero a su hermana. “Yo controlo a ese n****,” escribió Davis en mensajes revisados por ambos medios. “Le mando $$ a su hermana y él firma lo que le digo y hace lo que quiero”.

En estas condiciones, la administración de Milei necesita jueces serviles. Se cree que ambos jueces designados son totalmente leales a Milei y, con toda probabilidad, votarían para exonerarlo de cualquier implicación en el escándalo cripto.

El 1 de marzo, en un discurso de apertura del período legislativo de 2025, Milei no mencionó el escándalo cripto mientras atacaba al Senado por su inacción en los nombramientos y lo acusaba de politizar los tribunales. Hipócritamente, declaró: “La justicia no puede funcionar correctamente en nuestro país sin un poder judicial independiente y eficaz… La justicia no funcionará correctamente hasta que los políticos decidan no politizar el nombramiento de jueces, fiscales y defensores públicos. En esta línea, pretendemos presentar candidatos para todas las vacantes en el poder judicial federal, que suman el 40% de los magistrados de la justicia federal”.

Además de nombrar jueces de derecha, Milei propuso juicios rápidos contra “criminales”, la reducción de la edad mínima para juzgar a menores como adultos y la flexibilización de las leyes laborales que actualmente protegen los derechos de los trabajadores.

Las declaraciones de Milei sobre la justicia se dieron hacia el final de un discurso desordenado de una hora en un recinto legislativo que estaba más de la mitad vacío, boicoteado por la mayoría de sus opositores políticos. 

Ese mismo día, mientras la caravana presidencial llegaba al Congreso en Buenos Aires, escoltada por un gran contingente militar, se escuchaban los sonidos de cacerolazos de manifestantes indignados. 

En su discurso, Milei hizo afirmaciones completamente falsas sobre la reducción de la pobreza, la baja de la inflación y la mejora de las condiciones laborales para lo que él llamó la “población vulnerable” de Argentina. 

El presidente argentino aseguró que sus políticas habían generado un aumento del 4,8% en el Producto Bruto Interno real. Llamó “ajustes expansivos” a sus políticas de recorte presupuestario, sosteniendo que evitaban una recesión al afectar principalmente el gasto estatal y no al sector privado, otorgando total libertad al capital privado. 

La realidad es completamente opuesta para los 45.000 trabajadores del sector público que han perdido su empleo, para las muchas pequeñas empresas que han cerrado, para los pueblos originarios falsamente acusados de provocar incendios forestales, para los que dependían de los comedores comunitarios y para los docentes y estudiantes de universidades públicas.

En conversaciones con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, el burócrata sindical Gerardo Martínez, de la Confederación General del Trabajo (CGT), afirmó que el 78% de las medidas de austeridad de Milei habían recaído sobre la clase trabajadora y pidió que el FMI intercediera en su favor, declarando que “el equilibrio fiscal” de ahora en adelante debía lograrse en un contexto de “diálogo social y derechos laborales.”

Las palabras de Martínez son un acto de hipocresía, ya que la CGT ha bloqueado sistemáticamente las exigencias de huelga general por parte de sus afiliados y ha pactado con la administración de Milei.

Wall Street festeja las oportunidades de lucro proporcionadas por las políticas de Milei. Menos de una semana después del colapso de la criptomoneda $Libra, Wall Street celebró dos días de reuniones llamadas “Día de Argentina”, organizadas por el Bank of America en Nueva York, con la participación de firmas de inversión, financieros y políticos. Estas reuniones elogiaron las medidas de austeridad de Milei y recomendaron la compra de instrumentos financieros argentinos. La crisis cripto ni siquiera fue mencionada.

Milei, en alianza con el FMI y Wall Street, puede continuar su guerra contra los derechos sociales y democráticos de la clase trabajadora, incluso a pesar de su participación en el escándalo cripto, gracias a la complicidad del aparato sindical peronista y los políticos, junto con sus apologistas en la pseudoizquierda.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 11 de marzo de 2025)