El miércoles 12 de marzo, fuerzas de la policía federal y municipal rodearon y atacaron a miles de jubilados, trabajadores e hinchas de fútbol que protestaban en la Plaza Congreso de Buenos Aires. La represión, ordenada por el gobierno del presidente Javier Milei, fue uno de los actos más brutales de represión estatal desde diciembre de 2001, cuando masivas marchas y protestas obreras obligaron al presidente Fernando de la Rúa a renunciar y huir de la Casa Rosada en helicóptero, en medio de una crisis financiera que dejó a 3.000.000 de personas sin empleo y provocó miles de quiebras.

La protesta del miércoles fue una de una serie de manifestaciones semanales recurrentes de jubilados que exigen el fin de los recortes en las pensiones de la seguridad social, la restitución de beneficios médicos para jubilados y protección contra la inflación. Los jubilados han sufrido un brutal deterioro en sus condiciones de vida como resultado de las políticas de austeridad del gobierno de extrema derecha de Milei. Cada semana, las protestas han crecido en tamaño; esta semana, los jubilados fueron acompañados por trabajadores del transporte de Buenos Aires.

Todas las pruebas apuntan a una provocación del gobierno de Milei con el objetivo de justificar una escalada en los ataques contra la libertad de expresión y otros derechos democráticos.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, envió más de 1.000 policías, una hora y media antes del inicio de la manifestación a las 17:00 horas, con órdenes de dispersar a quienes ya habían llegado y evitar que otros ingresaran a la plaza. El resultado fue una feroz batalla que se prolongó hasta la madrugada. La policía disparó varios miles de balas de goma y lanzó decenas de granadas de gas lacrimógeno. También utilizaron armas de gas pimienta y camiones hidrantes.

Imágenes transmitidas por el Canal 5 de Buenos Aires mostraron a un policía infiltrado colocando un arma de fuego en medio de la plaza. Manifestantes también documentaron en las redes sociales cómo la policía abandonó un patrullero con las puertas abiertas, en un intento fallido de provocar vandalismo.

La brutal represión contra los jubilados, apoyados por sectores sindicales e hinchas de fútbol de varios clubes, dejó un saldo de 672 heridos y 114 detenidos. Los arrestados fueron liberados varias horas después, pero aún enfrentan cargos.

Entre los heridos de gravedad se encuentra Beatriz Blanco, una jubilada de 87 años que fue golpeada con un bastón policial. Un video muestra a Blanco cayendo al suelo, mientras el policía que la hirió desaparece entre la multitud uniforme. Una niña de 14 años sufrió quemaduras por efecto de los gases lacrimógenos.

El fotógrafo de prensa Pablo Grillo sufrió graves heridas tras ser impactado en la cabeza con una granada de gas lacrimógeno. Permanece en estado crítico luego de una cirugía craneal. Un video se volvió viral mostrando a Grillo arrodillado mientras tomaba fotos de los manifestantes cuando es alcanzado por el proyectil. Las imágenes muestran claramente a un oficial apuntando y disparando contra Grillo.

A medida que la protesta continuaba, muchos manifestantes revivieron el cántico del 2001: “¡Que se vayan todos!”, exigiendo la renuncia de Milei, de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y de todo el establishment político.

Alejandra Bartoliche, vicepresidenta de la Asociación de Reporteros Gráficos de Argentina ( aRGra ), denunció que no es la primera vez desde la asunción de Milei que la prensa es blanco de la represión. “Necesitamos libertad de prensa, como lo establece la Constitución; porque esto no se trata solo de Pablo. Desde hace un año y medio venimos pidiéndole a las fuerzas de seguridad que no nos apunten, que no nos sigan hiriendo”.

Bartoliche recordó que el proyectil utilizado contra Grillo fue prohibido en 2010, tras el asesinato del profesor de química Carlos Fuentealba, durante una manifestación docente en la provincia de Neuquén en 2007. Fuentealba fue asesinado con un disparo en la nuca mientras estaba sentado en el asiento trasero de un automóvil, impactado por una granada de gas que rompió la ventana trasera y le causó la muerte.

Bullrich derogó la prohibición en 2024, junto con otros límites al uso de la represión contra manifestaciones callejeras y piquetes, restableciendo de facto la “Doctrina de Seguridad” utilizada en América Latina durante la Guerra Fría. Esta doctrina permitió el uso de “todos los medios necesarios” para defender los intereses del Estado capitalista y reprimir la oposición de izquierda. La Doctrina de Seguridad contemplaba el uso de armas letales contra protestas y huelgas. Bullrich ahora la llama cínicamente la “doctrina del buen policía”.

El jueves, al otro lado del Río de la Plata en Montevideo, Uruguay, cientos de periodistas protestaron contra la agresión a Grillo, solidarizándose con los jubilados y exigiendo la destitución de Milei.

Ese mismo día en Buenos Aires, decenas de fotógrafos de prensa realizaron una sesión de fotos frente a la Casa Rosada para repudiar la represión policial y el ataque a Grillo, exigiendo la renuncia de Patricia Bullrich.

Ante la convocatoria de manifestaciones aún más masivas para el miércoles 19 de marzo, que se espera incluyan gremios que no participaron el 12 de marzo, como los empleados públicos, así como sectores del peronismo y de la izquierda, el gobierno de Milei se está preparando con mayor represión. Entre las medidas figuran el levantamiento de cercos de seguridad alrededor del Congreso y de la Casa Rosada. Tanto Milei como Bullrich han prometido que el gobierno responderá con “mano dura” y que no “retrocederá” en las medidas represivas utilizadas el 12 de marzo, incluyendo el uso de “armas menos letales” que pueden mutilar o asesinar trabajadores.

El viernes pasado, en una Exposición Agrícola ( ExpoAgro ), con Bullrich a su lado, Milei dejó en claro su postura al insultar a los jubilados que han perdido sus beneficios médicos, su alimentación y cuyo poder adquisitivo se deteriora día tras día:

En materia de seguridad, la gente tiene que pagar por lo que hace; los buenos son los de azul [la policía] y los hijos de puta que se tapan la cara, dañan autos, queman autos y amenazan a toda la gente porque no quieren perder sus privilegios abusivos; esos son los malos.

El presidente fascista, que está implicado en el escándalo de criptomonedas $Libre, ha designado jueces corruptos en la Corte Suprema, impuesto un acuerdo con el FMI por decreto de necesidad y urgencia, y avanza rápidamente en la construcción de un régimen dictatorial basado en el Estado policial. Los constantes elogios a Milei por parte de Donald Trump, otros jefes de Estado y oligarcas de todo el mundo dejan en claro que esto forma parte de un proceso internacional impulsado por la crisis del capitalismo global, el aumento extremo de la desigualdad social y la intensificación de la lucha de clases.

( Artículo publicado originalmente en inglés el 18 de marzo de 2025)