El 12 de marzo, la jueza federal de Washington D.C. Beryl Howell bloqueó temporalmente la orden ejecutiva de Donald Trump del 6 de marzo que apuntaba contra Perkins Coie LLP, el trigésimo quinto bufete de abogados más grande de EE.UU., con sanciones que amenazan su existencia. “El impacto potencial adverso no puede ser subestimado”, declaró Howell desde el estrado, agregando que la orden ejecutiva “arroja un daño paralizante de proporciones gélidas sobre toda la profesión legal”.

“Nuestro sistema de justicia se basa en la creencia fundamental de que la justicia funciona mejor cuando todas las partes tienen defensores fervientes”, explicó Howell. “Esa promesa fundamental se extiende a todas las partes, incluso aquellas con ideas, creencias o causas impopulares o que desagradan al presidente Trump”.

Howell concluyó: “Estoy segura de que muchos en la profesión observan con horror lo que está atravesando Perkins Coie”. Describió sentir “pequeños escalofríos recorriendo mi espalda” antes de firmar la orden temporal que bloquea la vigencia de la orden ejecutiva.

Menos de 48 horas después de la reprimenda de la jueza Howell, Trump emitió una orden ejecutiva similar contra Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP, el cuadragésimo cuarto bufete de abogados más grande del país. Insinuando que vendrán más órdenes, Trump declaró: “Durante años, los bufetes de abogados globales han desempeñado un papel desproporcionado en socavar el proceso judicial y en la destrucción de los principios fundamentales de Estados Unidos” a través de “actividades que hacen que nuestras comunidades sean menos seguras, aumenten la carga sobre los negocios locales, limiten las libertades constitucionales y degraden la calidad de las elecciones estadounidenses”.

Ambos megabufetes sirven a la clase dominante y están alineados con elementos de los dos partidos burgueses. No obstante, las órdenes ejecutivas ponen en peligro el derecho fundamental de las personas a contar con abogados que los representen sin temor a represalias del gobierno. Las exigencias de lealtad de Trump recuerdan a la Liga Nacional Socialista de Juristas Alemanes, que obligó a los abogados a prestar juramento de fidelidad a Hitler o perder su derecho a ejercer.

Perkins Coie incurrió en la ira de Trump al representar a Hillary Clinton durante su campaña presidencial de 2016, lo que incluyó la polémica “dossier Steele” sobre supuestos vínculos entre Trump y la inteligencia rusa. El bufete también representó a litigantes que se opusieron con éxito a Trump en múltiples demandas para anular su derrota en las elecciones de 2020, y se alineó con el Comité Nacional Demócrata en litigios sobre acceso a las urnas y supresión de votantes en las elecciones de 2016, 2020 y 2024.

Además de los asuntos electorales respaldados por “donantes activistas, incluido George Soros”, la orden ejecutiva cita como justificación “demandas contra la Administración Trump, incluida una diseñada para reducir la preparación militar”, en referencia a la representación de Perkins Coie a militares en servicio activo que impugnaron la orden ejecutiva de Trump que prohibía el servicio de personas transgénero en las fuerzas armadas.

Estos casos representan solo una fracción de la práctica orientada a los negocios de Perkins Coie. Con sede original en Seattle desde hace más de 110 años, Perkins Coie mantiene 21 oficinas con 1.200 abogados en EE.UU., Europa y Asia. Sus ingresos anuales superan los $1.200 millones, generando una ganancia de $1.600.000 por socio de capital.

Paul Weiss es un poco más pequeño pero significativamente más rentable. Fundado en Nueva York hace 150 años, sus 1.009 abogados operan en 10 oficinas, cinco fuera de EE.UU., generando ingresos de $2.500 millones el año pasado, con una ganancia de $7.500.000 por socio de capital.

En su orden ejecutiva del viernes, Trump citó a “un socio de Paul Weiss” que demandó a “individuos acusados de haber participado en los eventos que ocurrieron en o cerca del Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021”, así como al “abogado antiético Mark Pomerantz, quien previamente dejó Paul Weiss para unirse a la fiscalía de Manhattan con el único propósito de fabricar un caso contra mí”.

Después de que el fiscal del distrito Alvin Bragg se negara a presentar cargos penales, Pomerantz publicó People vs. Donald Trump: an Inside Account, donde comparó a Trump con el jefe de la mafia John Gotti.

Ambos bufetes están profundamente involucrados en el lucrativo sector tecnológico y atienden a corporaciones e individuos adinerados que interactúan constantemente con agencias federales como la Oficina de Patentes, el Departamento de Defensa, la Comisión de Bolsa y Valores, el Departamento de Salud y Servicios Humanos, el Departamento de Trabajo, la Oficina de Protección al Consumidor y la Agencia de Protección Ambiental.

La primera orden ejecutiva de Trump tachó a los 1.200 abogados de Perkins Coie de “deshonestos” y “peligrosos”, aunque Trump nominó a dos de ellos para jueces federales durante su primer mandato como presidente. Ordenó a los funcionarios federales “abstenerse de contratar empleados de Perkins Coie” a menos que cuenten con una exención que certifique que “dicha contratación no amenazará la seguridad nacional de Estados Unidos”.

También prohíbe el acceso de los 2.500 empleados a edificios federales e impide a las agencias federales tratar con los abogados del bufete. Por ejemplo, un fiscal federal se negó a reunirse con un abogado de Perkins Coie que representaba a un acusado en un caso penal de delitos financieros.

Lo más perjudicial es que ambas órdenes ejecutivas ordenan a las agencias federales “tomar medidas apropiadas para rescindir cualquier contrato, en la máxima medida permitida por la ley aplicable”. Subrayando que los clientes sufrirán consecuencias a menos que se aparten del fuego cruzado y recurran a bufetes de abogados aprobados por él, los “Informes de Hechos” adjuntos de Trump afirman: “Para garantizar que los dólares de los contribuyentes no vayan a contratistas cuyos ingresos financian demandas partidistas contra Estados Unidos, el Gobierno Federal prohibirá la financiación de contratistas que utilicen los servicios de Perkins Coie o Paul Weiss”.

Esto constituye un ataque directo a la santidad de la relación abogado-cliente, pilar central de toda la estructura del derecho burgués.

Las órdenes de represalia de Trump implementan su amenaza publicada el pasado septiembre en Truth Social: “CUANDO GANE, aquellas personas que HICIERON TRAMPA serán procesadas con todo el peso de la ley. Tengan en cuenta que esta exposición legal se extiende a los abogados”.

“Al igual que la recopilación y publicación de listas de enemigos en la era de McCarthy”, argumentaron en sus escritos los abogados de Perkins Coie antes de la audiencia del 12 de marzo, “la orden ejecutiva recuerda un tipo de censura de lo más vil y no puede reconciliarse con la primera enmienda”, que garantiza la libertad de expresión y asociación política.

Los abogados de Perkins Coie agregaron que “si el Congreso hubiera promulgado una legislación similar a la orden ejecutiva de Trump”, esta habría constituido una ley de proscripción similar a aquellas utilizadas por el parlamento británico antes de la Revolución Americana para etiquetar a los críticos del gobierno como desleales e imponer castigos, incluida la confiscación de bienes, basados únicamente en su estatus y sin el debido proceso.

El artículo 1 de la Constitución de EE.UU. prohíbe explícitamente las leyes de proscripción porque solo el poder judicial debe determinar la culpabilidad. “De la misma manera, la Constitución impide que el presidente castigue a los bufetes de abogados de sus adversarios políticos con un simple trazo de la pluma”, escribieron los abogados.

Por otra parte, “la orden no es sólo un asalto a la empresa y sus clientes, es un asalto imprudente al sistema de justicia penal y el estado de derecho”, continuaron los abogados de Perkins Coie, citando Gideon v. Wainwright, el caso histórico de 1963 de la Corte Suprema que hace cumplir el derecho a la asistencia letrada enumerado en la Sexta Enmienda de la Constitución.

Trump estuvo representado en la vista judicial del miércoles por Chad Mizelle, jefe de gabinete de la fiscal general Pam Bondi, uno de los abogados de más alto rango del Departamento de Justicia. Mizelle dejó de lado la Primera Enmienda, la separación de poderes, las garantías procesales y el derecho a un abogado, argumentando que no se puede confiar a Perkins Coie los secretos de la nación y que Trump tiene el poder ilimitado, como jefe del Ejecutivo, de bloquear el acceso a los contratos gubernamentales a su antojo.

La jueza Howell ha establecido un calendario acelerado que exige la presentación de escritos en abril y la adopción de una decisión más definitiva. Paul Weiss aún no ha respondido a la segunda orden.

En una acción relacionada, Trump revocó las autorizaciones de seguridad de los abogados del bufete Covington & Burling que representaron a Jack Smith, el fiscal especial que presentó dos acusaciones federales contra Trump.

Ni el Comité Nacional Demócrata ni ningún demócrata prominente han salido en defensa de Perkins Coie o Paul Weiss para denunciar el ataque fascista de Trump contra el sistema legal.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 17 de marzo de 2025)