Las direcciones de las grandes empresas junto al gobierno del Partido Socialista (PSOE) y Podemos tratan de aislar y reprimir las huelgas masivas que cada semana estallan en España, confiando para ello en los sindicatos Comisiones Obreras (CCOO), vinculado a Podemos, y en la socialdemócrata Unión General de Trabajadores (UGT). Los sindicatos ya no están sirviendo como organizaciones de trabajadores en ningún sentido significativo y, en cambio, se están mostrando como burocracias al servicio de la administración y el estado capitalista.

En Cantabria, 20.000 trabajadores del metal están en huelga indefinida desde el 2 de junio contra el bloqueo patronal del convenio colectivo y un acuerdo salarial por debajo de la inflación. La huelga cuenta con el apoyo del 95% de la plantilla. La patronal Pymetal ofreció a los trabajadores metalúrgicos un aumento salarial del 2% en 2021, el 2% en 2022 y el 2,25% en 2023, con una cláusula de revisión en 2024. La inflación ya se ubicó en el 6 por ciento en 2021 y llegó al 8.7 por ciento en mayo de este año. Los sindicatos exigen un aumento retroactivo del 6,5 por ciento para 2021 y aumentos correspondientes a la inflación oficial más el uno por ciento este año hasta 2024, junto con pequeños aumentos en el tiempo de vacaciones y en las retribuciones por discapacidad. Sin embargo, Pymetal descartó esto de plano, calificándolo de 'rotundamente inasequible'.

Los sindicatos UGT, CCOO y USO, que autorizaron la huelga, han dejado claro que no están a favor de las convocatorias de paros. A pesar del abrumador voto de los trabajadores a favor de la huelga, han afirmado que los trabajadores 'no quieren llegar a tales extremos'. Después de proponer aumentos salariales por debajo de la inflación en otras industrias, lo que equivale a un recorte salarial real, el hecho de que ahora estén pidiendo aumentos salariales en paridad con la inflación deja claro que están maniobrando frente al gran enfado que crece entre los trabajadores.

Tratando de desgastar a los trabajadores, insisten de forma absurda en que la única forma de avanzar son las conversaciones con Pymetal. En su declaración de ayer se quejaban de que “si la patronal se empeña en seguir alargando el paro, no sólo se estará afectando a las 1.500 empresas, sino que también se pone en aprietos a las grandes industrias de la región que, en parte, dependen de los servicios que les hacen las firmas afectadas por la huelga” Hasta ahora se han sentado 10 veces para hablar, y las últimas negociaciones se rompieron el domingo pasado.

Ayer convocaron a los trabajadores a una asamblea supuestamente informativa para discutir las siguientes acciones.

Los sindicatos se han negado hasta ahora a convocar acciones conjuntas con los trabajadores del metal en el vecino País Vasco, donde las negociaciones por el nuevo convenio entre los sindicatos y la Federación Vizcaína de Empresas del Metal están bloqueadas, tras proponer los empresarios una subida salarial de solo el 2,75 por ciento. El convenio colectivo afecta a 50.000 trabajadores de esta provincia vasca.

Los sindicatos CCOO y UGT, junto con los sindicatos ligados al nacionalismo vasco ELA y LAB, han anunciado tres días de huelga, concretamente los días 23 y 30 de junio y el 1 de julio, esperando que para entonces la huelga del metal en Cantabria haya sido vendida.

En Galicia, 16.000 trabajadores del metal han estado en huelga en las últimas semanas por aumentos salariales. CCOO y UGT han convocado huelgas para los días 8-9 y 28-30 de junio, de nuevo con el objetivo de evitar cualquier acción unitaria con sus miembros del mismo sector en las regiones vecinas del País Vasco y Cantabria.

En Correos, los trabajadores postales llevaron a cabo una huelga de tres días, del 1 al 3 de junio, convocada por CCOO y UGT. La huelga fue seguida cada día por más del 75 por ciento de la plantilla, a pesar de la desconfianza de los trabajadores hacia estos sindicatos. El paro además prácticamente paralizó las rutas de transporte a los principales centros de distribución. El éxito de la huelga pone de relieve la tremenda insatisfacción entre los trabajadores postales con sus salarios y condiciones de trabajo y su oposición a la privatización de la empresa.

Correos es actualmente una empresa estatal. Originalmente, su tarea principal era administrar el servicio público postal, repartiendo cartas junto con certificados y notificaciones oficiales. Pero a medida que el envío de cartas ha disminuido en los últimos años con el auge de Internet y las redes sociales, la administración de Correos y los sucesivos gobiernos españoles han tenido el objetivo de que la compañía genere ganancias como cualquier otra empresa privada.

Para este fin, Correos está desplazando cada vez más su actividad hacia la paquetería, buscando sacar provecho del auge del comercio electrónico, para que empresas como Amazon puedan ofrecer tarifas de entrega muy baratas a sus clientes. Este modelo depende de la disponibilidad de muchos trabajadores mal pagados y fuertemente explotados.

Un Correos privatizado también podría ofrecer también su vasta infraestructura pública (locales, vehículos, centros de distribución, etc.) para tratar de ofrecer tarifas competitivas a estas empresas.

La privatización de Correos lleva décadas en marcha. Desde 2001, el personal ha disminuido de 62.000 a 47.000 trabajadores, con un aumento significativo de la carga de trabajo y la explotación laboral. Además, si bien a principios de siglo la base de la plantilla estaba conformada por funcionarios que ingresaban a través de oposiciones y tenían más garantías laborales y salariales, estas oposiciones se terminaron ya en 1998.

Ahora la mayor parte de la plantilla está compuesta por trabajadores que no tienen la protección laboral que ofrece el estatus de funcionario público. Una cuarta parte de la misma son trabajadores temporales a tiempo parcial. Según los sindicatos, el plan de la compañía es recortar otros 8.000 empleos y alcanzar casi los 20.000 trabajadores temporales (el 40 por ciento de la plantilla total) antes de 2025. Sus salarios, congelados durante años, promedian poco más de 1000 euros al mes.

Si CCOO y UGT han convocado una huelga ahora, no es para defender a los trabajadores de Correos, sino porque les aterroriza la creciente oposición que surge desde abajo y buscan mantenerla bajo control convocando huelgas para soltar vapor. Después de intentar brevemente proyectar la falsa imagen de que están luchando por los salarios, los sindicatos ahora han regresado rápidamente a la mesa de negociaciones con la empresa.

Correos ha dejado claro que la privatización continuará, afirmando que en la empresa pública se 'hace necesario un proceso de transformación del modelo de negocio que en ningún caso supone un debilitamiento del servicio, ni cierre de oficinas, ni ningún proceso de despidos'.

Los sindicatos se han negado de nuevo a extender la lucha, apelando en su lugar al gobierno PSOE-Podemos para que intervenga, el mismo gobierno que ha mostrado repetidamente su disposición a aplastar las huelgas. En la huelga del año pasado de 22.000 trabajadores del metal en Cádiz, el gobierno envió policías antidisturbios y vehículos blindados. Contra la huelga de camioneros del mes de abril, el gobierno lanzó una brutal represión, arrestando y multando a cientos de huelguistas y desplegando a más de 23.000 policías, el mayor despliegue histórico contra una huelga en España.

Aun así, los sindicatos insisten en que la huelga ha 'enviado un claro mensaje al Gobierno: no puede desentenderse del servicio postal público, ni avalar con su silencio el desmantelamiento de Correos y la pésima gestión de su presidente, Juan Manuel Serrano.' Lo cierto es que sucesivos gobiernos, incluidos los del PSOE, han presidido el desmantelamiento de Correos, con la complicidad de los sindicatos.

El resto de los sindicatos minoritarios de la empresa, como CGT y el Sindicato Libre, han hecho críticas retóricas a los sindicatos mayoritarios, pero no ofrecen ninguna alternativa a los trabajadores. No han organizado ninguna protesta importante contra la privatización, el deterioro de las condiciones de trabajo o la congelación salarial.

Estas luchas subrayan que para llevar adelante la lucha de clases e imponer las demandas de los trabajadores, estos necesitan sus propias organizaciones, independientes de los sindicatos. Estos son comités de base construidos por los propios trabajadores, y listos para luchar contra partidos burgueses abiertamente de derechas, pero también pseudoizquierdistas como Podemos. La lucha contra la inflación y los ataques sociales que realizan los gobiernos nacionales y los mercados financieros internacionales requiere coordinar y unificar tales luchas en la Alianza Internacional Obrera de Comités de Base.

(Publicado originalmente en inglés el 14 de junio de 2022)