El gobierno del Partido Socialista de España (PSOE) y Podemos anunció ayer que está movilizando a más de 23.000 policías para enfrentar a unos 75.000 camioneros en huelga. Los camioneros están llevando a cabo un paro nacional indefinido desde el lunes, protestando por el aumento de los precios del combustible en medio del impulso bélico que, a causa de la guerra de Ucrania, la OTAN ha iniciado contra Rusia y sus exportaciones de energía.

Ayer, la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, dejó de mentir diciendo que el paro no estaba teniendo mayor impacto y anunció una movilización policial masiva. Dijo que el Ministerio del Interior había pedido a todas las delegaciones del gobierno en España que reforzarán todos los dispositivos policiales encargados de 'organizar y asegurar convoyes de transportistas de bienes de primera necesidad'.

Denunciando histéricamente a los camioneros en huelga en los piquetes como criminales violentos, dijo: “No podemos permitir que sometan al país a una lucha de brazos que no vamos a tolerar, estamos trabajando con el Ministerio del Interior para movilizar a más de 15.000 agentes para reprimir estas actuaciones violentas que no representan al sector. Somos sensibles pero no vamos a ceder a este chantaje, sabotaje y boicot'.

El despliegue policial elaborado por el gobierno del PSOE y Podemos suma más de 23.500 agentes, entre ellos 7.122 policías nacionales y 16.476 del cuerpo militar de la guardia civil. También se movilizarán fuerzas policiales autonómicas como la Ertzaintza vasca, los Mossos d'Esquadra catalanes y la Policía Foral de Navarra.

Es fundamental movilizar políticamente a los trabajadores en toda España y a nivel internacional para defender a los camioneros contra el ataque policial que está preparando este gobierno de coalición que une a pseudoizquierdistas y socialdemócratas. El despliegue de un número sin precedentes de policías es una amenaza desesperada contra esta huelga, que ha tenido un enorme impacto en toda España. Se produce dos días después de que una policía secreta disparara a un camionero en huelga en un piquete cerca de Madrid.

La huelga fue convocada por la Plataforma para la Defensa del Transporte de Mercancías por Carretera, que representa el 85 por ciento de las pequeñas empresas de transporte y a los conductores autónomos. Están protestando por el aumento de los precios del combustible y las malas condiciones de trabajo después de décadas de explotación desenfrenada. Aunque los números no están claros, se estima que entre 25.000 y 85.000 camioneros se están uniendo a la huelga, aunque el gobierno afirma de forma absurda que solo 1.000 están involucrados. Esto significaría que han movilizado a un policía por cada tres huelguistas.

El paro, consistente en piquetes, múltiples bloqueos de rutas y caravanas de camiones a marcha lenta, principalmente en las principales ciudades y puertos del país, así como en zonas industriales y comerciales, comienza a afectar severamente al abastecimiento de productos agrícolas e industriales en los mercados nacional e internacional.

CEOE y CEPYME, las grandes patronales españolas que representan a las grandes y pequeñas empresas respectivamente, dijeron que la huelga estaba 'causando graves daños a la cadena de suministro en la industria, las empresas y el sector alimentario'. La Federación Nacional de Industrias Lácteas de España, FeNIL, anunció que algunos de sus miembros tenían que detener la producción. Mercamadrid, el mayor mercado mayorista y centro de distribución de productos español, recibió ayer la mitad del volumen de frutas y hortalizas en un día normal.

Las fábricas están cerrando debido a la falta de componentes. La multinacional siderúrgica ArcelorMittal detuvo la producción en Asturias. La fábrica de Ford en Almussafes (Valencia) ha tenido que parar la fabricación de vehículos. Azucarera, la única fábrica de azúcar que opera durante todo el año en España, ha detenido la producción de su planta en Jerez de la Frontera.

La lucha estalló como una rebelión contra las burocracias sindicales y las grandes patronales del transporte organizadas en el Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC). La CNTC, la única organización de transportistas reconocida por el Estado, se ha opuesto a la huelga en todo momento. El ataque ahora se está convirtiendo en un choque abierto con el gobierno español del PSOE y Podemos, respaldado por la alianza militar de la OTAN y los bancos.

Esto desenmascara completamente al Gobierno PSOE-Podemos. Ya ha demostrado su hostilidad visceral hacia los trabajadores, imponiendo austeridad social, recortando las medidas sanitarias contra el COVID-19, incitando al militarismo y al odio antirruso, e implementando políticas violentas contra los migrantes.

El tamaño de la fuerza policial movilizada por Podemos y el PSOE no tiene precedentes históricos. Madrid movilizó a unos 12.000 policías y guardias civiles para reprimir el referéndum de independencia catalán de 2017, hiriendo a más de 1.000 personas mientras los votantes respondían a las palizas policiales en los colegios electorales a través de una masiva desobediencia civil. Antes de eso, 18.000 soldados y policías fueron enviados en octubre de 1934 para aplastar la revuelta armada de los mineros en Asturias, dos años antes del estallido de la Guerra Civil Española.

Continuando con la tradición estalinista de calumniar a todos sus oponentes como fascistas, el Gobierno del PSOE y Podemos está atacando a los camioneros como un movimiento de extrema derecha, aunque la Plataforma que lidera la huelga ha negado cualquier vínculo con la extrema derecha y el partido neofascista Vox.

Después de una reunión con los sindicatos y miembros de la CNTC, Raquel Sánchez dijo que se negaba a reunirse con los huelguistas, declarando: “un boicot alentado desde esas posiciones violentas, de odio, de la extrema derecha, de la ultraderecha. Nada tiene que ver con el derecho a huelga”.

Destacados miembros de Podemos como la vicepresidenta del Gobierno Yolanda Díaz, los ministros Ione Belarra, Alberto Garzón e Irene Montero, y el exlíder de Podemos Pablo Iglesias no han dicho nada sobre el paro. Este silencio ensordecedor sobre la huelga, que equivale a un cheque en blanco a la policía antidisturbios, es compartido por los diversos satélites pseudoizquierdistas de Podemos. La morenista Corriente Revolucionaria de Trabajadores (CRT) no ha escrito literalmente nada sobre ella en su publicación web, Izquierda Diario.

Sin embargo, la respuesta de Podemos iba a llegar a través de su sindicato hermano, la estalinista Comisiones Obreras (CCOO), que está atacando la huelga. 'No hay huelga', dijo el líder de CCOO, Unai Sordo, denunciando a los huelguistas por permitir que los camioneros autónomos y los propietarios de pequeñas empresas de camiones se unan a la misma. Sordo agregó: “son los mismos que no quieren pagar a sus conductores un salario, sino por kilometraje”.

La socialdemócrata Unión General de Trabajadores (UGT) apeló descaradamente a la policía para reprimir a los huelguistas de la misma manera que reprimen a los propios miembros de UGT. Burócratas de UGT dijeron a El Periódico de España que la actuación policial debería ser más intensa, 'igual que la que ejercen contra nosotros en nuestras protestas'.

A continuación, denunciaron a los conductores autónomos que hacen huelga por no aportar cuotas sindicales a la burocracia de UGT, declarando: 'lo que deberían hacer es pedir a las compañías para las que trabajan que les metan en plantilla, porque tendrían que ser asalariados. Entonces podrían hacer una huelga legal'.

Esta es otra mentira. UGT y CCOO están decididos a evitar que la huelga de camioneros se extienda a las grandes empresas de transporte y a otras capas de trabajadores. Hace dos días, suspendieron una huelga de transporte de mercancías de 3.000 camioneros asalariados en la provincia de Cádiz, alegando cínicamente que los empleadores estaban cerca de un acuerdo.

Estos eventos confirman las advertencias de la WSWS. El impulso de la OTAN hacia la guerra mundial con Rusia por la cuestión de Ucrania implica la preparación de una guerra contra la clase obrera en el propio país, con ataques draconianos sobre los niveles de vida de los trabajadores a través de la inflación de precios. Como escribió el WSWS el viernes pasado:

Las consecuencias sociales de esta imprudente campaña son los preparativos para un enfrentamiento entre la clase obrera y la clase capitalista en cada país, en el que la ira de las masas se cruzará con la creciente radicalización que ya está en marcha como consecuencia de la pandemia... La respuesta de los Gobiernos capitalistas que afirman estar “defendiendo la libertad” en Ucrania implicará inevitablemente un mayor uso de la represión estatal, incluyendo órdenes judiciales, legislación antihuelga, decretos ejecutivos y otras medidas para suprimir la oposición de la clase trabajadora en casa.

Para defender su potente lucha, los camioneros requieren el apoyo de toda la clase obrera, movilizada independientemente de las burocracias sindicales y los partidos pseudoizquierdistas pequeñoburgueses. Esto también implica oponerse a los ataques de la OTAN contra Rusia. La alternativa es la construcción de la Alianza Internacional Obrera de Comités de Base, movilizada en una lucha socialista contra la explotación, la respuesta homicida de la élite gobernante a la pandemia de COVID-19 y la dirección de la OTAN hacia la guerra.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 17 de marzo de 2022)