Mientras la guerra en Ucrania entra en su cuarto mes, el parlamento ucraniano está a punto de promulgar una revisión importante del código laboral del país que severamente reducirá los derechos de los obreros.

El parlamento ucraniano está amenazando poner a los obreros de vuelta a la época zarista por abrogar las protecciones laborales mínimas que existen y dar a las compañías la habilidad de despedir a trabajadores e imponer condiciones laborales inferiores.

Según los términos del Proyecto 5371, trabajadores en compañías que emplean a 250 trabajadores o menos serían removidos de la protección de leyes laborales existentes, puestos bajo contratos individuales con la gerencia y sometidos al despido sin explicación. Los cambios afectarían a aproximadamente 70 por ciento de los obreros en el país.

Defensores de la legislación la justifican bajo el estandarte de “dessovietización”, es decir, la eliminación de las protecciones residuales que quedan desde los días de la URSS. El código laboral existente se estableció en 1971 cuando Ucrania formaba parte de la Unión Soviética, que todavía era un estado obrero a pesar de su degeneración burocrática extrema bajo el estalinismo. Los oligarcas ucranianos, los que, como sus contrapartes en Rusia, tienen su origen en la privatización de la propiedad estatal después de la liquidación estalinista de la URSS en 1991, están determinados a prescindir de las menores protecciones para obreros.

El estado precario de derechos obreros en Ucrania expone más la falsedad de las pretensiones democráticas empleadas por Estados Unidos y las otras potencias de la OTAN para justificar la guerra indirecta que están realizando contra Rusia en Ucrania. A través de la expansión hasta el este incesante de la OTAN y el armamento masivo de Ucrania, EUA y las potencias imperialistas de Europa provocaron a Putin a la invasión reaccionaria, que ha creado a millones de refugiados y devastado áreas amplias de un país que era el más pobre en Europa antes de la guerra.

En marzo, poco tiempo después de que Rusia inició su invasión, el parlamento ucraniano aprobó un orden de “suspensión de empleo” bajo el estado actual de la ley marcial, en que los obreros técnicamente no son despedidos, pero no trabajan y no reciben remuneración. También permitía que compañías suspendiesen los acuerdos de negociación colectiva. Se prohibieron las huelgas, y se puede prohibir una manifestación en las calles sin un fallo de los tribunales.

Según el decreto de ley marcial, se puede aumentar la jornada estándar a 60 horas por semana en vez de 40 horas y la aumentó a 50 horas por semana para categorías especiales de empleados para quienes se puede aplicar horas laborales reducidas. El “fin de semana” puede ser cortado a 24 horas fuera del trabajo.

Además, el número de categorías de obreros prohibidos de trabajar por la noche fue reducido, y la lista de empleados que pueden involucrarse en el trabajo pesado, trabajo extra, etc., fue expandida.

Entre los empleadores que han “suspendido” acuerdos de negociación colectiva hay Nova Poshta (Nuevo Puesto), una compañía de correo privada, y el gigante siderúrgico global ArcelorMittal. En Nova Poshta, la dirección ha cancelado 30 provisiones del acuerdo de negociación colectiva que afecta a 11.500 trabajadores. Los cambios involucraban las condiciones laborales y beneficios sociales, tales como la provisión de uniformes, equipos de seguridad y la jornada. Unos 1.500 obreros fueron “suspendidos” de su empleo, es decir, fueron despedidos.

Temprano durante mayo, el Sindicato de Metalúrgicos y Mineros contactó a la dirección de la planta de ArcelorMittal en Kryvyi Rih para quejarse de que la compañía había suspendido partes del acuerdo de negociación colectiva, incluida la provisión de beneficios de bienestar social para obreros.

Los cambios propuestos para el código laboral de Ucrania se introdujeron inicialmente en abril de 2021 –es decir, 10 meses antes de que se iniciara la guerra– pero se detuvo en el parlamento. Sin embargo, funcionarios ucranianos han usado la guerra para seguir con el Proyecto 5371. El 12 de mayo, 246 votaron en favor de la legislación, y así abrieron el camino para su promulgación. Todavía podría ser vetado teóricamente por el presidente Zelensky.

La legislación originalmente fue propuesta por Halyna Tretyakova, jefa de la comisión parlamentaria sobre la política social, y varios miembros del partido Siervos del Pueblo gobernante, el mismo partido que Zelensky.

Según openDemocracy (democracia abierta), “El proyecto fue desarrollado por una oenegé ucraniana, la Oficina de Soluciones y Resultados Simples, que fue establecida por expresidente georgiano Mikheil Saakashvili, junto con asociaciones de empleadores ucranianas y un programa de USAID [las siglas en inglés de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional]”.

Los que exigen un veto de Zelensky argumentan que la legislación sería una violación de los estándares europeos sobre la labor y las convenciones de la Organización de Labor Internacional (OLI) y por eso podría retrasar la integración de Ucrania con la Unión Europea.

Un experto citado por openDemocracy dijo, “Esto representa un retroceso al siglo XIX. Por introducir la ley civil en las relaciones laborales, podemos abrir la caja de Pandora”.

En noviembre de 2021, openDemocracy había reportado que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Gran Bretaña había avisado al Ministerio de la Economía de Ucrania sobre cómo podría aprobar por fuerza cambios contra los obreros para la ley laboral. Dijo, “Un plan de comunicación de 2021 preparado por una consultoría del desarrollo internacional y marcado con el logotipo de la embajada británica en Kiev recomienda que el ministerio ucraniano deba ‘estresar’ que la liberalización de leyes laborales tendrá “buenos resultados” para obreros ucranianos”.

Una declaración por el Sindicato Europeo de Servicio Público sobre Proyecto 5371 comentó en el empujo por Ucrania para “dessovietizar” la ley laboral. “Pero modernizar la legislación por proponer la abrogación de las Recomendaciones y Convenciones de la OLI, violar los artículos de la Carta Social Europea y los Acuerdos de Asociación con la UE, parece más como si los autores del proyecto prefirieran la época zarista”.

Hasta mayo, no había habido apoyo parlamentario suficiente para avanzar el proyecto, pero eso cambió cuando votos en favor fueron proveídos por el partido político Confianza, así como exmiembros del partido prorruso, Plataforma de Oposición/Por la Vida. El último había sido expulsado por el parlamento el mes pasado con una amenaza de quitar los mandatos de sus representantes parlamentarios, quizás para intimidarlos a votar en favor de la legislación. El parlamento se prepara para una segunda lectura del proyecto bajo un procedimiento acelerado.

En un post en el blog Cross Border Talks (charlas transfronterizas), autora Małgorzata Kulbaczewska-Figat nota que incluso bajo el código laboral existente, las condiciones para obreros en Ucrania eran atroces.

“Antes de la invasión rusa, millones de obreros ucranianos migraron a países de la UE (y no solo éstos), pues sabían bien que incluso los más pobres de ésos –Bulgaria y Rumania– ofrecían sueldos significantemente mejores al obrero promedio que en su tierra natal.

“Sueldos bajos virtualmente ahogan nuestra economía”, continuó. “Además, unos 20-30 por ciento de obreros ucranianos tienen su trabajo ‘extraoficialmente’.

“Incluso trabajar en una empresa estatal, en un sector crítico de la economía, no garantiza un salario estable, que permite una vida decente”.

Mineros, por ejemplo, enfrentaban retrasos en el pago de sueldos. “Los mineros se organizaban regularmente para acciones de protesta espontáneas, incluido el movimiento más desesperado–una protesta secreta. Otra acción de protesta secreta enorme tomó lugar en 2020 en Kryvyi Rih, el centro de la minería de hierro de importancia transnacional. Un grupo de obreros de KZRK, una planta que solía ser estatal que consta de cuatro minas de hierro y más fábricas asociadas, pasaron más de un mes dentro de las minas, para exigir un aumento salarial”.

Ella citó a un experto sobre la ley laboral que advirtió que las grandes compañías pueden “dividirse artificialmente en empresas más pequeñas de 250 personas para que la flexibilidad máxima pueda ser usada incluso por los empleadores más grandes y fuertes”.

El hecho de que la guerra en Ucrania se usa para imponer un aumento brutal de la explotación de la clase obrera ya empobrecida en el país es otra indicación más del carácter reaccionario del conflicto. Obreros en Ucrania, así como sus hermanos obreros en Rusia y los países de la OTAN, no tienen nada que ganar de esta guerra, que contiene las semillas de una conflagración mundial. Obreros en todas las tierras tienen que unirse en oposición a la guerra en Ucrania, que fue instigado por el imperialismo estadounidense y sus aliados como una parte de su impulso por la hegemonía mundial.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 7 de junio de 2022)