La semana pasada, el Tribunal Constitucional (TC) de España dictaminó que el segundo estado de alarma impuesto en España de octubre de 2020 a mayo de este año era inconstitucional. La denuncia del estado de alarma fue presentada por el partido de extrema derecha Vox.

Los jueces de TC dictaminaron por seis votos contra cuatro que el segundo estado de alarma, que extendió una medida implementada por primera vez en marzo del año pasado, representaba un socavamiento injustificable de las funciones del parlamento y entregó poderes indebidos a los gobiernos regionales autonómicos.

El caso legal de Vox pretende ser una señal de que la élite gobernante española no tolerará más restricciones sanitarias necesarias, sin importar cuán grave sea la evolución de la pandemia. Es una expresión jurídica de las políticas homicidas de infección masiva llevadas a cabo por los gobiernos capitalistas en toda Europa y el mundo, cualquiera que sea su coloración política nominal.

El fallo, redactado por el juez de derecha Antonio Narváez, declaró que el estado de alarma privó al Congreso español de sus poderes de decisión y supervisión al permitir que las autoridades regionales adoptaran medidas preaprobadas contra el coronavirus en sus propios territorios, sin la opinión directa del parlamento nacional y el gobierno.

'La prórroga [del estado de alarma] fue autorizada cuando las medidas limitativas de derechos incluidos en la solicitud [del Gobierno] no iban a ser aplicadas inmediatamente por el Gobierno, pues se supeditaba su puesta en práctica a lo que los presidentes de las Comunidades Autónomas,', señala el fallo. Por lo tanto, “autorización se dio sin saber qué medidas se iban a aplicar para combatir la pandemia '.

Se trata de la tercera sentencia del Tribunal Constitucional a favor de Vox. Emitió una sentencia en julio según la cual el primer estado de alarma en España (impuesto de marzo a junio de 2020) era inconstitucional, ya que las restricciones implementadas en virtud de esta medida supuestamente excedían su competencia legal. En octubre, también dictaminó que una suspensión temporal del Congreso de España en los primeros días de la pandemia en la primavera de 2020 violaba los derechos de los congresistas.

La coalición gobernante del Partido Socialista (PSOE) y el partido 'populista de izquierda' Podemos ha agachado la cabeza ante la decisión reaccionaria del Tribunal, haciendo algunas declaraciones meramente retóricas de oposición. “El Gobierno respeta, el Gobierno acata, pero el Gobierno no comparte la resolución del Tribunal Constitucional', declaró la ministra de Justicia del PSOE, Pilar Llop. El Ejecutivo 'discrepa respetuosamente' con el fallo, continuó.

Esta es solo la última de una serie de capitulaciones cobardes del Gobierno del PSOE y Podemos ante Vox, que cada vez más toma las decisiones dentro de la élite gobernante. El gobierno supuestamente 'de izquierda' ha adoptado las políticas de Vox en temas que van desde sus demandas para poner fin a todas las restricciones del coronavirus hasta su brutal agitación contra los migrantes empobrecidos que huyen a España. Su respuesta a la sentencia del Tribunal Constitucional ilustra su indiferencia ante los peligros que plantean la COVID-19 y la extrema derecha.

El fallo del Tribunal se produce cuando el Gobierno del PSOE-Podemos continúa minimizando el impacto de la pandemia, tratando de obligar a la población española a 'vivir con el virus'. La semana pasada, Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), y uno de los asesores clave del gobierno durante la pandemia, continuó descartando el 'pequeño aumento' de casos de COVID-19 en todo el país como poco importante.

Intentando ocultar sus demandas de abandono de las medidas de mitigación detrás de las llamadas a la cautela, Simón dijo en una rueda de prensa en Santander: 'tenemos que ser prudentes, hay que ir paso a paso. Se pueden ir relajando las medidas, probablemente mucho más deprisa de lo que hace unos meses podíamos pensar, pero hay que valorar el impacto de cada una de las relajaciones que se hacen [énfasis añadido].”

Simón predijo que pronto sería posible imponer medidas mucho menos restrictivas. Las tasas de infección “nos hace reflexionar que es el momento adecuado para establecer posibles nuevas medidas que permitan una vida más normal comparado con lo que teníamos previamente”.

Ahora que la mayoría de las personas mayores en España están vacunadas, continuó Simón, “podemos aceptar cierto número de casos en personas más jóvenes, donde hay un impacto sanitario mucho menor.”

El pasado martes, en una jornada organizada por el sindicato UGT, Simón volvió a insistir, sin ninguna oposición de los burócratas sindicales que tenía delante, en que los jóvenes no se ven gravemente afectados por el virus. Al justificar por qué los menores de 12 años no necesitan vacunarse, dijo que existen 'serias dudas' de si necesitan vacunarse porque los niños 'les afecta muy poco la enfermedad', y dijo que los efectos secundarios pueden ser peores.

Esta declaración criminal va más allá de la mera complacencia, sino que habla de la política activa seguida por la clase dominante de tratar de alcanzar la inmunidad mediante la infección masiva de niños y jóvenes.

Las declaraciones de Simón personifican el impulso de todo el establishment gobernante español para 'normalizar' el COVID-19 y relajar las restricciones sanitarias que son críticas para limitar la propagación del virus. Ha atacado los confinamientos impuestos al comienzo de la pandemia como una reacción exagerada, comparándolos con 'matar moscas a cañonazos'.

Hace casi un año, en noviembre pasado, cuando los contagios alcanzaron sus cifras más altas desde la primavera, Simón compareció en una rueda de prensa del Ministerio de Sanidad para insistir en que no se aplicaría ningún confinamiento, a pesar de que este podría salvar decenas de miles de vidas.

“Ahora mismo lo que tenemos en España no es confinamiento (domiciliario) y probablemente no llegue a ser necesario,” declaró. “Si se hace un confinamiento real, completo y todas las personas no salen de su domicilio absolutamente para nada, con alrededor de 15 días tendríamos esto controlado, podría ser un mes. Pero eso es imposible”.

Desde entonces, al menos 52.000 personas más han muerto de COVID-19, lo que eleva el total de muertes en España a casi 88.000 según los recuentos oficiales, y más de 100.000 según los cálculos de exceso de muertes. Esta cifra masiva de muertos es responsabilidad del Gobierno PSOE-Podemos por su negativa criminal a seguir una estrategia científica para eliminar el coronavirus.

Las infecciones diarias por COVID-19 en España ascienden actualmente a unas 2.000, mientras que aproximadamente 30 personas mueren a causa del virus cada día. Sin embargo, las infecciones están aumentando nuevamente a medida que las tasas de incidencia y los ingresos hospitalarios y de unidades de cuidados intensivos (UCI) también comienzan a aumentar lentamente.

La tasa de incidencia ha crecido desde su punto más bajo de 40 por cada 100.000 personas a mediados de octubre a poco menos de 50 esta semana. Una tasa del 50 por cada 100.000 es el umbral tras el que el Gobierno considera que España está en 'riesgo medio' por el virus. El número de nuevas hospitalizaciones semanales debido al virus está creciendo lentamente de nuevo, llegando a 703 la semana pasada.

Mientras tanto, el llamado sublinaje 'delta plus' de la variante delta del virus, AY .4.2, detectado por primera vez en el Reino Unido hace varios meses, también ha comenzado a propagarse en España. Se han detectado cuatro casos confirmados de 'delta plus' en la región de Madrid, con otros 35 posibles casos en observación en todo el país, hasta la semana pasada. Se estima que el sublinaje AY.4.2 es de 10 a 15 por ciento más transmisible que la cepa delta original.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 5 de noviembre de 2021)