Los mayores sindicatos españoles, Comisiones Obreras (CCOO), afiliado a Podemos, y la Unión General del Trabajo (UGT), afiliada al Partido Socialista Obrero Español (PSOE), han desconvocado la huelga de cuatro meses en la planta San Cibrao de Alcoa en la región de Galicia en el noroeste de España. Habiendo aislado la huelga, los sindicatos han pasado a desconvocarla, coincidiendo con un recrudecimiento internacional de las luchas contra recortes salariales, destrucción de empleo y la política de la "inmunidad colectiva" de la clase gobernante.

La huelga de San Cibrao se oponía a la decisión de Alcoa, el tercer mayor productor de aluminio del mundo, con sede en Pittsburgh, EEUU, de cerrar su fundición y despedir a todos sus 530 trabajadores. Otros 1.500 empleos indirectos se vieron afectados. Desde 2008, Alcoa ha cerrado o vendido 18 plantas de aluminio en el mundo, cuatro en los últimos meses, incluyendo en La Coruña y Avilés en España e Intalco en los Estados Unidos.

Es parte de una ofensiva internacional contra los trabajadores del aluminio según las grandes corporaciones reestructuran sus operaciones para maximizar las ganancias. A nivel mundial, la industria se ve asolada por un exceso de oferta, ya que la demanda china se ha desacelerado en los últimos años, y especialmente ahora, con los efectos económicos de la pandemia de COVID-19.

Alcoa llegó a España durante la ola de privatizaciones de los '90. Adquirió varias plantas de la compañía estatal del aluminio a precios muy bajos, prometiendo invertir €400 millones. Lo cual nunca sucedió. En vez de ello, a lo largo de las décadas siguientes, vendió plantas a fondos de inversión y despidió a miles de trabajadores, al tiempo que encajaba más de €1,5 mil millones en ganancias.

Las plantas de Alcoa, que consumen mucha electricidad, también se beneficiaron de subvenciones estatales de electricidad. La empresa logró ahorrarse cerca de mil millones de euros. Una situación ridícula se da ahora en la que Alcoa, una empresa transnacional, pagó una media de cuatro céntimos de euro por kwh, mientras que sus trabajadores pagaban 23 céntimos por la misma electricidad en sus casas.

En 2019, Alcoa vendió sus dos plantas en Avilés y La Coruña a Parter Capital Group, un fondo de cobertura suizo. El gobierno del PSOE y Podemos promocionó esto como el acuerdo del siglo. La ministra de industria Reyes Maroto declaró: "Este es un día de esperanza. España necesita industria, y esperamos que este anuncio sirva no solo para mantener empleos en las dos plantas, sino también para crear nuevos empleos".

Apenas poco más de un mes más tarde, en septiembre, Parter Capital Group se lo vendió a Grupo Industrial Riesgo —pero no antes de que Alcoa paralizara las células electrolíticas, deteniendo así la producción de aluminio primario.

En mayo, en el pico de las muertes por la pandemia en la primavera de 2020 y en medio del confinamiento nacional, la empresa anunció el cierre de su planta de San Cibrao. Los sindicatos reaccionaron con su táctica ya muy ensayada de desgastar a los trabajadores con protestas y huelgas aisladas.

Los sindicatos ayudaron criminalmente a la compañía a impedir una acción unida entre todos los trabajadores de las tres plantas de Alcoa en la misma región. En cambio, cada planta lanzó paros y protestas en fechas distintas. CCOO y UGT también se aseguraron de que no surgiera ninguna lucha combinada con los miles de trabajadores de Nissan que están en huelga contra la decisión del fabricante de coches japonés de cerrar su planta de Barcelona, atacando a 25.000 trabajos directos e indirectos.

Los sindicatos decían que un "frente unido" de los gobiernos regional y central, sindicatos y trabajadores "presionaría" a Alcoa. La misma táctica usaron en la lucha de Nissan para desgastar la oposición obrera a los cierres de fábricas.

En la planta San Cibrao de Alcoa, el dirigente sindical de CCOO José Antonio Zan le pidió al gobierno del PSOE y Podemos que "sea valiente" y "se apodere de la planta". Zan dijo que el gobierno podría "intervenir en la compañía y mantener parte de las acciones". Le pidió que "empezara a legislar" para asumir el control de la planta, dada "la falta de respeto por parte de la compañía. ... Es vergonzoso cómo se comporta Alcoa".

Los sindicatos promocionaron conversaciones entre el gobierno regional y el gobierno nacional del PSOE y Podemos para inundar a Alcoa con nuevas subvenciones. CCOO y UGT, trabajando efectivamente para la patronal, hasta presentaron un borrador de propuesta sobre subvencionar a Alcoa, dándole más recortes de impuestos y exoneraciones.

En octubre, Alcoa anunció despidos masivos. En medio de la ira de las masas, los sindicatos convocaron un paro indefinido y la ocupación de la planta, que fue apoyada ampliamente por la plantilla. Durante cuatro meses, no solo se paró la producción —bloqueando más de 50.000 toneladas métricas de envíos de metal— sino que los trabajadores impidieron un intento por parte de Alcoa de retirar maquinaria u otro equipo manufacturero. La huelga mostró la fuerza de la clase trabajadora.

Se planteó directamente la necesidad de una movilización más general, unida e internacional en España y Europa.

En cambio, los sindicatos intervinieron para promover ilusiones en que una decisión judicial de diciembre, que dictaminaba que el proceso de despido colectivo quedaba "sin efecto legal", era una victoria. El diario online pseudoizquierdista Izquierda Diario lo aclamó como "la primera victoria de los trabajadores de Alcoa". Sin embargo, no impidió los despidos.

La tarea que los trabajadores tenían ante sí era unir su lucha con la de otros sectores de la clase trabajadora. En diciembre y enero, surgieron huelgas de masas y paros en la sanidad, el transporte, la agricultura y sectores industriales de España, mientras el desempleo subía hasta el 16 por ciento de la población, unos 3,7 millones de trabajadores.

Estas luchas son parte de un recrudecimiento global de la lucha de clases, enormemente intensificada por el COVID-19, según la clase gobernante se aprovecha de la pandemia para recortar salarios y prestaciones e imponer condiciones laborales mortalmente inseguras.

Los sindicatos rápidamente decidieron desconvocar la huelga el 22 de enero. CCOO, UGT y el sindicato nacionalista gallego CIG (Confederación Intersindical Galega) alcanzó un acuerdo a espaldas de los trabajadores con Alcoa, para que la compañía venda la planta al gobierno español, el cual la revendería luego a otra empresa privada. Sin embargo, hasta esta posibilidad es poco probable. Como dijeron los sindicatos, el asunto principal era mantener la "paz social". Pero eso no quería decir mantener los empleos y los salarios.

El delegado de CCOO, Zan, dijo que "ha sido firmado el acuerdo de lograr la paz social exigido por la multinacional, ahora todo está en manos de Alcoa y la SEPI [Sociedad Española de Participaciones Industriales, la agencia que gestiona las empresas estatales], que tienen que negociar llegar a un acuerdo. ¿Cómo podría ser de otra manera?".

Zan esperaba que la planta fuera vendida a Liberty House, parte del conglomerado británico GFG Alliance. Sin embargo, tuvo que admitir que no conoce ninguno de los detalles de "la operación", aunque decía que "SEPI, Liberty o quienquiera que compre la compañía tiene que asegurar el futuro mediante inversiones y modernizar la fábrica".

Esto es un fraude. La experiencia internacional y el propio acuerdo previo de Alcoa en 2019 con la empresa suiza Parter Capital Group muestra que los trabajadores no pueden depositar ninguna esperanza en tales operaciones. En cada caso implican pérdida de empleo y ataques masivos a los salarios y las condiciones de los trabajadores. Los derechos básicos ganados a lo largo de generaciones de lucha, incluyendo la jornada de ocho horas e igual salario por igual trabajo, quedan eliminados en defensa de la "competitividad".

Hay que aprender las lecciones. La única salida para luchar contra empresas transnacionales, que actúan en todo el mundo para mudar la producción para mejorar sus ganancias a costa de los trabajadores, es romper con la camisa de fuerza nacionalista impuesta por los sindicatos y su perspectiva de la competitividad "nacional" y apoyar los rescates capitalistas. Esto requiere la construcción de comités de base internacionales de acción independientes de los sindicatos nacionalistas y procapitalistas.

(Publicado originalmente en inglés el 19 de febrero de 2021)