El último mes del año fue testigo de huelgas masivas y paros en los sectores sanitario, el transporte, agrícola e industrial de España. En enero está surgiendo más resistencia de la clase trabajadora, ya que el desempleo aumentó al 16 por ciento de la población, alrededor de 3,7 millones de trabajadores.

Estas luchas son parte de un aumento global de la lucha de clases que comenzó en 2018, cuando los trabajadores de todo el planeta comenzaron a rebelarse contra los niveles obscenos de desigualdad social después de décadas de represión por parte de los sindicatos, los socialdemócratas y las fuerzas de la pseudoizquierda. La pandemia de COVID-19 ha intensificado enormemente las luchas, ya que la clase dominante aprovecha la pandemia para recortar salarios y prestaciones e imponer condiciones de trabajo terriblemente inseguras.

Diciembre comenzó con el final de una huelga de 57 días de los trabajadores portuarios en el puerto de Bilbao, uno de los puertos más grandes de España. Los 300 estibadores denunciaron los "incumplimientos continuos" de los días de descanso, la falta de personal y las condiciones de la maquinaria, y se opusieron a la propuesta de recortes salariales para los trabajadores de mayor antigüedad y sistema de dos niveles.

Los sindicatos han hecho cumplir la orden de reincorporación al trabajo para participar en un proceso de mediación. Esta paz, sin embargo, es solo temporal. La última reunión de mediación está programada para el 13 de enero. Los trabajadores portuarios continúan luchando contra las consecuencias de la traición de 2017 cuando los sindicatos acordaron recortes salariales del 10 por ciento y enormes pérdidas de empleos en forma de planes de jubilación anticipada.

En la región noroeste de Galicia, continúa una huelga de dos meses de 600 trabajadores metalúrgicos en Alcoa. Alcoa anunció su decisión de reducir las 228.000 toneladas métricas de capacidad anual de la fundición y proceder con el despido colectivo de trabajadores en su planta de aluminio. Mientras los tribunales han derogado la medida, los trabajadores de Alcoa continúan en huelga, conscientes de que el principal objetivo de la empresa es cerrar la planta o venderla a Liberty House, otra empresa metalúrgica que no se ha comprometido a asegurar los empleos y salarios actuales. En Asturias, 1.300 trabajadores siderúrgicos de Daorje convocaron paros laborales de dos horas durante una semana por repetidos incumplimientos de la empresa. Daorje reaccionó implementando un cierre patronal. Los sindicatos declararon cínicamente que el cierre patronal es ilegal porque impedía que los trabajadores que quisieran trabajar contra la huelga liderada por el sindicato lo hicieran.

En la misma región, los mineros de oro de OroValle realizaron paros durante las primeras 48 horas del año, al inicio de cada turno. Los mineros protestan por el incumplimiento del convenio colectivo. Se esperan más huelgas en enero.

En Canarias, cerca de mil trabajadores postales de Correos, de propiedad pública, se declararon en huelga a finales de diciembre contra los recortes de empleo y el desmantelamiento de este servicio público. En los últimos meses, los trabajadores postales de otras regiones como Murcia, Almería, Gijón, Guadalajara o Madrid también se han declarado en huelga por despidos y excesiva sobrecarga de trabajo, provocada por el aumento de la demanda por la pandemia.

La política de inmunidad colectiva del gobierno está provocando una ira masiva entre los trabajadores. El abarrotamiento en los centros de trabajo y la falta de medidas preventivas han provocado 9.300 infecciones por COVID-19 o posibles contagios de un total de 55.000 empleados según los sindicatos. El gobierno del PSOE y Podemos, que gestiona Correos, se niega a revelar el grado de los contagios entre el personal.

En la sureña región de Andalucía, 1.400 trabajadores de Radio y Televisión Pública de Andalucía (RTVA) se declararon en huelga a finales de diciembre contra los recortes presupuestarios de 14 millones de euros anunciados por el gobierno regional controlado por el conservador Partido Popular (PP). Los recortes fueron una demanda del partido fascista Vox, que lleva mucho tiempo apuntando a los canales de radio y televisión regionales por promover las "identidades regionales" en lugar del nacionalismo y el chovinismo españoles.

La agricultura es otro epicentro de creciente ira. En Valencia, 50.000 trabajadores de los almacenes de manipulación y envasado de cítricos fueron convocados a la huelga entre el 14 y el 20 de diciembre. La huelga se suspendió en el último minuto, tras alcanzar un nuevo acuerdo que incluía concesiones menores. La lucha amenaza con estallar nuevamente este año.

En la provincia de Jaén, centro de producción de aceite de oliva en España, se está discutiendo una huelga contra la negativa de los empresarios a firmar un convenio colectivo con un aumento del 3 por ciento. Este convenio, que debería haberse suscrito hace más de un año, afecta a unos 4.500 trabajadores de más de 350 fábricas de aceite en la provincia, y a otros 4.000 trabajadores de forma indirecta.

En el transporte, las principales ciudades se enfrentan a una huelga. En Ourense, los conductores de autobuses urbanos han sido convocados a paros diarios en enero por recortes salariales de hasta 200 euros mensuales. En Zaragoza, los trabajadores del tranvía van a la huelga para exigir un aumento de salario, mejores condiciones y más formación. En Barcelona, los trabajadores de Transports Metropolitanos de Barcelona (TMB), el principal operador del transporte público de la ciudad, se declaran en huelga el próximo 11 de enero, coincidiendo con la vuelta al colegio. Están protestando contra el nuevo sistema de contratación que prolonga indefinidamente la precariedad de los trabajadores temporales.

En señal de lo que está por venir, mil personas se manifestaron en la ciudad industrial de Getafe, al sur de Madrid, en solidaridad con las huelgas de los trabajadores de la empresa fabricante de maquinaria agrícola John Deere Ibérica, tras anunciar el despido de 11 trabajadores sin justificación.

Los últimos meses también han sido testigos de la continuación de las protestas y huelgas en el sector de la salud que surgieron por primera vez en la primavera contra la política de inmunidad colectiva de la Unión Europea (UE), que ha provocado más de 70.000 muertes y más de 1,8 millones de infecciones solo en España, lo que pone presión masiva sobre el sector de la salud, que carece de recursos.

La creciente militancia de la clase obrera se enfrenta a los esfuerzos conscientes de la burocracia sindical para reprimir, aislar y desmoralizar las luchas de los trabajadores. En lugar de intentar unificarlas, los principales sindicatos, CCOO y UGT, y sus numerosas escisiones y sindicatos "alternativos", están saboteando activamente una lucha unificada para apoyar al gobierno del PSOE y Podemos en su impulso hacia la austeridad y transferencia de riqueza a los superricos.

Durante el año pasado, han desempeñado un papel clave en la política de inmunidad colectiva de la UE. Los sindicatos han reforzado el trabajo no esencial y la vuelta al cole para permitir que las empresas continúen extrayendo plusvalía. Mientras tanto, se han unido a la comisión de rescate de 140.000 millones de euros como asesores clave para entregar los fondos de la UE a bancos y empresas.

Tal es su papel reaccionario como fuerza auxiliar del Estado que el líder de Podemos y vicepresidente del gobierno Pablo Iglesias llamó a los sindicatos a asumir su papel de desafiar el descontento con llamamientos a protestas y huelgas impotentes.

En una conferencia organizada por su Consejo Ciudadano, máximo órgano del partido "populista de izquierda", Iglesias dijo que "a algunos no les gusta la palabra conflicto", sin embargo, "el conflicto político es el motor de la democracia". Iglesias pidió "la presión de los movimientos sociales, los sindicatos de trabajadores y arrendatarios, las organizaciones de jubilados, las plataformas en defensa de los servicios públicos... son absolutamente imprescindibles para lograr el progreso social". Iglesias concluyó con una apelación a los sindicatos: "es fundamental que los sindicatos y los movimientos sociales hagan su trabajo para que nosotros podamos hacer el nuestro".

Iglesias les está señalando a CCOO y UGT que alivien tensiones, sobre todo después de que el gobierno del PSOE y Podemos anunciara que se prepara para recortar las pensiones y elevar la edad de jubilación a los 67 años y ha anunciado que congelará el salario mínimo este año.

El discurso de Iglesias recuerda a las acciones de su partido hermano en Grecia, Syriza, cuando apoyó un paro de 24 horas contra sus propias políticas de austeridad en 2015. Syriza llamó a los trabajadores a salir "contra las políticas neoliberales y el chantaje de centros financieros y políticos de dentro y fuera de Grecia". En los siguientes cuatro años, Syriza implementó los recortes de gastos y reformas laborales y de pensiones más brutales de la historia de Grecia.

Mientras Iglesias exige a los sindicatos acciones hueras, el PSOE y Podemos están intentando reprimir cualquier lucha que estalle fuera del control de los sindicatos. El Ministerio del Interior ha aprobado recientemente nuevos lineamientos para el Centro Permanente de Información y Coordinación (CEPIC) que establecen el seguimiento policial de "Alteraciones del orden público y seguridad ciudadana, que tengan cierta gravedad o alarma social" como "manifestaciones / concentraciones, huelgas, paros laborales u ocupaciones de fábricas, así como su evolución en tiempo real, si así se solicita".

Cualquier acción eficaz contra la escalada de la pandemia del COVID-19 y la austeridad requiere una rebelión política contra los sindicatos, el gobierno del PSOE-Podemos y la Unión Europea, en España e internacionalmente.

(Publicado originalmente en inglés el 3 de enero de 2021)