El martes, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos estableció el 3 de abril como el último día en que el gigante petrolero Chevron podrá operar en Venezuela, incluso con fines de mantenimiento. También se eliminarán las licencias para otras corporaciones extranjeras de energía.

La revocación de las licencias petroleras es una provocación brutal en medio de las crecientes tensiones militares con la vecina Guyana y los Estados Unidos.

El presidente Donald Trump ordenó al Departamento del Tesoro que eliminara todas las “licencias específicas” la semana pasada. Trump, quien intentó anular las elecciones estadounidenses en 2020 y está firmando decretos ejecutivos ilegales a diario, dijo que Venezuela no ha cumplido con los estándares democráticos y no ha respondido de manera eficiente a la deportación de migrantes de los Estados Unidos.

Las licencias proporcionaban una exención a varias empresas norteamericanas, europeas e indias de las sanciones estadounidenses sobre el petróleo y el gas venezolanos que se impusieron inicialmente bajo la primera Administración de Trump.

Su revocación pone fin a un salvavidas financiero para Venezuela, con consecuencias inmediatas y catastróficas. Chevron produce 242.000 barriles por día, mientras que la española Repsol, la francesa Maurel et Prom y la italiana Eni producen 83.000 bpd adicionales, según las últimas cifras disponibles. En total, estas empresas representan alrededor del 30 por ciento de la producción petrolera venezolana.

La dependencia venezolana de Chevron para diluyentes importados para vender su petróleo crudo pesado, la experiencia técnica y recursos para mantenimiento y operación tendrá un impacto mucho más amplio. El sector aún no se había recuperado después de años de deterioro de la infraestructura y reducción de la capacidad debido a las sanciones, la mala gestión y la corrupción.

Si bien se espera que intervengan empresas privadas chinas e iraníes, y Caracas se ha centrado en apelar a India para que coopere en materia de energía, China y Rusia en general se han retirado de las operaciones con petróleo venezolano para evitar nuevas sanciones de Estados Unidos.

Históricamente, la producción del crudo ha sido la principal fuente de ingresos para que el Gobierno venezolano pague los salarios, servicios vitales e importaciones, incluido de alimentos, medicinas e insumos necesarios para la producción y el mantenimiento de distintas industrias.

La decisión es solo el último caso en el que el Gobierno de Trump responde a las concesiones hechas por otros Gobiernos pidiendo más. Sigue a los acuerdos alcanzados a principios de febrero entre el presidente venezolano, Nicolás Maduro, y el enviado especial de Trump, Richard Grenell, que incluyeron la liberación de seis prisioneros estadounidenses y la reanudación de los vuelos de deportación a Venezuela.

Sin embargo, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha insistido en que ninguna de estas negociaciones conducirá al reconocimiento de Maduro y ha dejado en claro las intenciones en curso de derrocar al Gobierno venezolano. Washington ha seguido reconociendo al candidato de la oposición respaldado por Estados Unidos, Edmundo González Urrutia, como presidente electo después de las elecciones del pasado julio, que tanto González como Maduro afirmaron haber ganado.

Junto con las amenazas de “recuperar” el Canal de Panamá, controlar Groenlandia, invadir México y convertir a Canadá en el estado número 51 de Estados Unidos, la Administración de Trump busca afirmar su dominio sobre el hemisferio occidental y convertir a sus países, particularmente aquellos con recursos naturales estratégicos como las reservas de petróleo de Venezuela, en semicolonias.

El cálculo detrás de estas devastadoras sanciones fue intentar alentar a sectores de la camarilla gobernante militar y capitalista venezolana a derrocar a Maduro y establecer un Estado títere de Estados Unidos; sin embargo, incluso después de que la economía se redujera a menos de una quinta parte de su tamaño anterior y casi 8 millones de personas, aproximadamente un tercio de la población, abandonara el país, esta estrategia no ha logrado expulsar a Maduro.

Esto se debe a la impopularidad de las fuerzas de extrema derecha patrocinadas por Estados Unidos, que son conocidas por exigir mayores sanciones estadounidenses e incluso una invasión, y no como resultado de políticas populares de Maduro. Por el contrario, el Gobierno “bolivariano” ha presidido una terapia de shock económico para colocar todo el peso de la crisis sobre los hombros de la clase trabajadora al tiempo que proporciona recortes de impuestos y otros incentivos al capital extranjero. Un experimento fortuito de dolarización parcial para superar la depreciación de la moneda ha hecho que la economía sea mucho más vulnerable.

Dado el fracaso de los intentos de golpe anteriores, Trump, Rubio y varios otros altos funcionarios han respaldado previamente la posibilidad de una incursión militar en Venezuela para derrocar a Maduro. Sin embargo, esto podría resultar en niveles de destrucción, muerte y costo económico similares a las guerras lideradas por Estados Unidos en Oriente Próximo.

La reciente decisión de Donald Trump de revocar las licencias que permitieron a Chevron exportar petróleo venezolano está estrechamente relacionada con el aumento de las tensiones con la vecina Guyana.

El presidente de Guyana, Irfaan Ali, notificó el sábado al Gobierno de Trump y a otros aliados internacionales que un buque naval venezolano armado había entrado en aguas en disputa que albergan un importante depósito de petróleo en alta mar controlado por un consorcio liderado por Exxon.

El ejército guyanés, que opera en estrecha colaboración con el Pentágono, desplegó aviones y buques, mientras que el Departamento de Estado de los Estados Unidos advirtió en X: “Una mayor provocación tendrá consecuencias para el régimen de Maduro”.

La vicepresidenta y ministra de Petróleo de Venezuela, Delcy Rodríguez, denunció a Ali por decir “mentiras descaradas” que indican que las actividades navales tuvieron lugar en “aguas internacionales en disputa”. El territorio diputado del “Guyana Essequiba”, agregó, “es de los venezolanos y las venezolanas y demás nadie y la vamos a defender con la vida, que ni se atrevan, aquí hay una Fuerza Armada Nacional Bolivariana, una unión cívico-militar-policial de frente para la defensa de nuestro país”.

La ostentación nacionalista y el militarismo son signos de un régimen acorralado. No se puede descartar el peligro de que Caracas tome la decisión reaccionaria de trasladarse al territorio en disputa y morder el anzuelo arrojado por Washington, similar a la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022.

Rodríguez calificó la revocación de licencias de Trump como “dañina e inexplicable”. Pero la intensificación de los esfuerzos para instalar un régimen títere no solo es explicable, sino la única expectativa razonable del imperialismo estadounidense y su líder Trump, cuya inspiración es el régimen de Hitler.

La camarilla gobernante venezolana en torno a Maduro ha dejado claro que, en última instancia, depende y está subordinada al imperialismo estadounidense y es incapaz de movilizar una defensa genuina contra las amenazas de subyugación neocolonial. Estas amenazas, que involucran devastación económica y potencialmente militar, solo se pueden enfrentar a través de la movilización independiente de la clase trabajadora en Venezuela, en una lucha unida con los trabajadores de los Estados Unidos y en toda la región sobre la base de un programa socialista.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 8 de marzo de 2024)