En todo el mundo, está en marcha una ola global de huelgas y protestas sociales, desde las huelgas nacionales de ferroviarios y estibadores en Europa a las protestas masivas en Sri Lanka, Albania y otros países contra la inflación desenfrenada. Independientemente de la causa inmediata de cada lucha, todas giran en torno a la demanda de que los recursos de la sociedad dejen de fluir hacia las ganancias de los ricos y sean asignados a satisfacer las necesidades humanas.

Pero no hay otro país en el mundo como EE.UU. donde es tan evidente la brecha entre el nivel tecnológico e industrial, que permite la erradicación de las necesidades, y la miseria social existente. La clase gobernante en el país capitalista más poderoso del mundo ha recortado los salarios y niveles de vida de los trabajadores por décadas. A lo largo de un poco más de dos años desde que inició la pandemia, ha logrado sumir el país en una total disfuncionalidad. Ahora está arrojado el peso de esta crisis sobre las espaldas de la clase trabajadora.

La representación de tremenda pobreza y los mataderos industriales en la novela periodística La Jungla de Upton Sinclair sobre la industria cárnica de Chicago a inicios del siglo veinte parece hoy una descripción franca de la vida cotidiana estadounidense en el siglo veintiuno. El libro, cuya publicación provocó un escándalo en la década de 1900, ha perdido su efecto de sorpresa.

Los accidentes industriales mortales ocurren a diario. La semana pasada, un estibador e inmigrante nicaragüense Uriel “Popeye” Matamoros murió aplastado en el puerto de Newark cuando el equipo que operaba le cayó encima. Según sus compañeros, la gerencia los obligó a seguir trabajando alrededor del lugar del accidente sin siquiera haberlo limpiado completamente. “Olía horrible”, le comentó un trabajador al WSWS.

Ese mismo día, un trabajador murió en un almacén de Amazon en Cartaret, Nueva Jersey durante el Prime Day de promociones de la empresa, cuando el ritmo de las órdenes supone una enorme sobrecarga para los trabajadores. Más temprano este año, Steven Dierkes falleció en una fundición de Caterpillar en Illinois, cuando cayó en un crisol llenó de metal fundido.

Las olas de calor cada vez más frecuentes e intensas, un producto del calentamiento global provocado por el hombre, también matan a los trabajadores. Hace dos semanas, Esteban Chavez, un conductor de UPS, murió de un golpe de calor en su ruta por temperaturas de 38 grados. Los camiones de entregas de UPS no tienen aire acondicionado. Al mismo tiempo, los trabajadores de la fábrica de autopartes de Ventra en Evart, Míchigan, se están desmayando en la línea y siendo ingresados al hospital por las temperaturas extremas. Esto se produce cuando una ola de calor histórica azota Europa, matando a miles.

Por terrible que sea, palidece en comparación con el número de víctimas del coronavirus, que ha matado a más de un millón de personas en Estados Unidos. Se sabe desde hace tiempo que las fábricas, otros grandes centros de trabajo y las escuelas son los principales focos de brotes del COVID, y sin embargo los Gobiernos federales y locales los han mantenido abiertos deliberadamente durante prácticamente toda la pandemia en nombre de la “economía”.

Además, a pesar de las afirmaciones autocomplacientes de los medios de comunicación, la pandemia sigue haciendo estragos. En la planta de Evart, los trabajadores informan de que hay un brote en marcha. Sin embargo, no se conoce el verdadero número de víctimas del COVID entre los trabajadores debido al encubrimiento sistemático de los brotes en las plantas. A menudo, los trabajadores solo se enteran de los casos a través de sus compañeros de trabajo y mediante conversaciones.

Mientras las grandes empresas improvisan desesperadamente para mantener en funcionamiento las cadenas de suministro y la producción, los trabajadores estadounidenses se ven sometidos a regímenes de horarios arbitrarios y punitivos, en los que la jornada de ocho horas y la semana laboral de 40 horas son un recuerdo lejano. Los trabajadores del sector automotriz oscilan, a menudo sin previo aviso, entre semanas laborales de 70 y 80 horas y paros prolongados. En los muelles de la costa oeste, miles de trabajadores “casuales” –en realidad, jornaleros— hacen cola en las salas de contratación cada mañana para tener la remota posibilidad de conseguir trabajo para el día.

Las condiciones son aún peores en la industria ferroviaria, donde las semanas de 100 horas no son infrecuentes. Los trabajadores están de guardia las 24 horas del día, lo que les deja sin tiempo para sus familias ni incluso para programar una cita con el médico. Una trabajadora dijo al WSWS que tiene tan poco tiempo de descanso que tiene que tomar pastillas para dormir para maximizar su descanso, y luego otra serie de pastillas para despertarse por la mañana.

Además de todo esto, los trabajadores se ven presionados por una inflación galopante, que el mes pasado superó el 9 por ciento por primera vez en décadas. El aumento de los salarios nominales, que ha provocado escalofríos en Wall Street, no es en realidad suficiente para mantener el ritmo. Los salarios ajustados a la inflación han caído en el último año entre un 4 y un 5 por ciento.

Mientras tanto, la oligarquía empresarial del país está ganando dinero a un nivel nunca visto. A través de la infusión bipartidista de billones de dólares en efectivo, Washington se ha encargado de que Wall Street haya sido “recompensado” por la pandemia, mientras millones de personas se enfrentan a la indigencia.

Incluso la industria ferroviaria, que está al borde del colapso total, ha estado ganando decenas de miles de millones de dólares. Este segmento crítico de la infraestructura del país se utiliza como poco más que una alcancía para los fondos de inversión de Wall Street y multimillonarios como Warren Buffett y Bill Gates. En 2019, según el grupo de investigación Comparisun, fue la industria más rentable del país, con un impresionante margen de ganancias del 50,93 por ciento, más de cinco veces el promedio nacional.

No es de extrañar, pues, que la clase trabajadora estadounidense esté furiosa. Se escucha cada vez más que las cosas no pueden seguir así y deben cambiar de modo fundamental. Esto se refleja de la forma más evidente en la creciente militancia de los trabajadores y el apoyo cada vez mayor a hacer huelgas. A principios de este mes, los ferroviarios votaron por un 99,5 por ciento a favor de autorizar una huelga nacional.

En una época anterior, antes de que la mayoría de los estadounidenses nacieran y cuando el país era todavía una potencia industrial en ascenso, la élite gobernante era capaz de hacer concesiones a los trabajadores en un intento de disipar ese descontento. Ya no. Toda la política interna de la Administración de Biden, de una manera u otra, está dirigida a reprimir la lucha de clases y a empeorar aún más las condiciones sociales.

La Reserva Federal, con el apoyo de Biden, está subiendo los tipos de interés para evitar una “espiral inflacionaria de precios y salarios”, es decir, que los aumentos salariales sigan el ritmo de la inflación. Siguiendo el modelo de políticas monetarias similares de finales de los 70 y principios de los 80, que iniciaron la era de la desindustrialización, están preparados para desencadenar una recesión subiendo los tipos de interés, lo que aumenta el desempleo a niveles masivos como arma contra una clase trabajadora inquieta.

La Casa Blanca de Biden también está interviniendo directamente para bloquear huelgas e impedir el surgimiento de un movimiento de masas de la clase obrera. El viernes pasado, mientras se dirigía a reunirse con el autócrata de Arabia Saudita, Biden firmó una orden ejecutiva nombrando una Junta Presidencial de Emergencia (PEB, por sus siglas en inglés) en la industria ferroviaria, bloqueando una huelga que los trabajadores habían autorizado casi por unanimidad. Esto sigue a su participación estrecha y sin precedentes en las conversaciones sobre los contratos en los muelles de la costa oeste, así como a una intervención similar a principios de este año en las refinerías estadounidenses. Biden colaboró con el sindicato United Steelworkers para evitar una huelga nacional en las refinerías e imponer un contrato que el presidente del sindicato presumía que “ no fue inflacionista ”.

Biden sigue una política conocida desde hace décadas como corporativismo, la unión del Estado, las empresas y los sindicatos contra la clase trabajadora. Los sindicatos, controlados por una burocracia atada por mil hilos a la patronal, han acogido con entusiasmo esta política. La Internacional

El sindicato International Longshore and Warehouse Union (ILWU) ha mantenido a los estibadores trabajando sin contrato, ni siquiera una prórroga formal, durante casi tres semanas. El mes pasado emitió una extraordinaria declaración conjunta con los operadores portuarios en la que afirmaba que no tenía ninguna intención de hacer huelga. Los sindicatos ferroviarios, por su parte, llevaban meses pidiendo abiertamente a Biden que nombrara una PEB, pidiendo la intervención del Gobierno para ilegalizar una huelga de sus propios miembros.

Pero como dijo León Trotsky, las leyes de la historia son más poderosas que la burocracia. El intento de sofocar burocráticamente la lucha de clases no solo fracasará, sino que desacreditará a todos los implicados y fomentará el desarrollo de una rebelión de las bases contra toda la conspiración corporativista, incluyendo las empresas, los sindicatos, el Gobierno y ambos partidos procapitalistas.

Hay muchos indicios de que ese movimiento está empezando a desarrollarse. El abrumador rechazo de los trabajadores a los contratos proempresariales se está convirtiendo cada vez más en un rasgo habitual de la vida pública. Recientemente, los trabajadores de la tienda de comestibles Kroger inundaron la página de Facebook del sindicato local con comentarios de oposición tras la “aprobación” de un contrato indigno, lo que llevó al sindicato UFCW a borrar su página por completo. Sin embargo, la cuestión fundamental es la organización y la dirección de este movimiento. La multiplicación de los comités de base en los últimos dos años, formados en oposición a la traición de la burocracia sindical, señala el camino a seguir.

También se ha tomado una iniciativa crítica en la campaña para presidente del sindicato United Auto Workers (UAW) por parte de Will Lehman, un trabajador de Mack Trucks. La campaña de Lehman, basada en la abolición, no la reforma, de la burocracia laboral y el establecimiento del control de las bases, es la expresión más consciente del conflicto que se está gestando entre los trabajadores y la cúpula de los sindicatos propatronales.

Los trabajadores están lidiando con las cuestiones de la organización y estructura básica de la sociedad. ¿Quién debe controlar la riqueza de la sociedad, la clase dominante capitalista o los trabajadores?

Los dos últimos años han demostrado que ni un solo problema social tiene solución si persiste afán de lucro. De hecho, todos los problemas sociales modernos tienen su origen en el afán de lucro. Pero la lucha contra la explotación capitalista requiere la lucha de la clase obrera por la reconstrucción socialista de la sociedad y la abolición de la propiedad privada de los recursos sociales.

(Publicado originalmente en inglés el 19 de julio de 2022)