Una coalición de organizaciones de derechos humanos ha presentado un escrito ante la Corte Penal Internacional en el que se acusa al actual presidente de Chile, Sebastián Piñera, junto con autoridades civiles, militares y policiales anteriores y actuales, de crímenes de lesa humanidad. El caso, derivado de la despiadada represión ejercida por el gobierno de Piñera contra las protestas masivas de 2019, se ha presentado en medio de la salvaje represión policial contra las revueltas populares en Colombia por parte del gobierno de extrema derecha del presidente Iván Duque.
El exjuez español Baltasar Garzón, la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CHDH), la Asociación Americana de Juristas (AAJ) y el Centro di Ricerca de Elaborazione per la Democrazia (CRED), enviaron la semana pasada el escrito a la fiscal jefe de la CPI, Fatou Bensouda. La siguiente etapa es que la fiscal Bensouda determine si el caso entra dentro de la jurisdicción de la CPI, si hay motivos para mantener que hubo crímenes contra la humanidad y la admisibilidad del recurso, un proceso que lleva años según los propios abogados participantes.
En su escrito de 141 páginas, los demandantes solicitan que la CPI inicie una "formule acusación y requiera el inicio de un juicio (contra) el presidente de la República de Chile y demás autoridades civiles, políticas y policiales" por los ataques "generalizados y sistemáticos" contra una población civil "ocurridos simultáneamente en todo el territorio nacional de la República de Chile, desde el 6 de octubre de 2019 y hasta el día de hoy, los cuales consideramos constitutivos de Crímenes de Lesa Humanidad".
Los imputados son el presidente ultraderechista Sebastián Piñera, junto a los ex ministros del Interior y actuales Andrés Chadwick, Gonzalo Blumel, Víctor Pérez y Rodrigo Delgado, el ex subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, actual subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, los exministros de Defensa, Alberto Espina, y Mario Desbordes, el ex general director de Carabineros, la policía militarizada de Chile, Mario Rozas y el actual general director, Ricardo Yáñez, así como el intendente de la Región Metropolitana, Felipe Guevara.
El documento explica que el gobierno de Piñera siguió desde el principio una política de represión estatal "enfrentar las reivindicaciones de los derechos de la población como si fuera una declaración de guerra interna, suspendiendo las garantías constitucionales y desplegando al ejército en las calles, preparando así el terreno a la comisión de los peores crímenes de Estado".
Las brutales acciones policiales no fueron aisladas ni independientes unas de otras, sino que formaron parte de un plan dirigido a realizar un ataque organizado, masivo, extenso y sistemático contra la población civil, con el objetivo de reprimir las manifestaciones de disidencia, contener las demandas sociales y ejercer la intimidación política.
El gobierno continuó con esta política a pesar de haber sido actualizado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, organismo autónomo del Estado; el Ministerio Público, órgano fiscal autónomo que interviene en el sistema judicial chileno; y la Dirección de Estudios de la Corte Suprema (todos ellos obligados a informar al gobierno de los abusos de derechos humanos cometidos por agentes del Estado).
Haciendo caso omiso de los informes y recomendaciones presentados por organizaciones de derechos humanos estatales, nacionales e internacionales, que tabularon las violaciones contra miles de manifestantes, periodistas, reporteros y fotógrafos, personal de derechos humanos y brigadas de salud, el gobierno negó en un primer momento que su brazo represivo cometiera algún delito, admitiendo sólo posibles "excesos" individuales, y hasta la fecha ha alentado las acciones de Carabineros y del alto mando.
El recurso a la corte internacional también está impulsado por la ausencia de igualdad ante la ley. Miles de causas por atroces abusos a los derechos humanos cometidos de manera "generalizada y sistemática" por agentes del Estado desde 2019 han languidecido durante meses o han sido cerradas sumariamente.
Del total de 8.581 causas abiertas inicialmente por violaciones de derechos humanos ocurridas durante la revuelta social, 2.013 fueron reagrupadas con otros procedimientos, quedando 6.568 causas activas. En el último año y medio, 3.050 (el 46 por ciento del total) de ellos se han cerrado sin formalizar, y la mayoría de ellos prácticamente sin avances. De los 1.496 casos relacionados con niños y adolescentes, 420 fueron reagrupados, quedando 1.076 casos activos. En el último año y medio, la Fiscalía ha cerrado 541 casos.
El documento señala:
que los hechos ilícitos mencionados, previstos y sancionados por el artículo 7º del Estatuto de Roma, ratificado por el Estado Chileno el 29 de junio del año 2009, son fraudulentamente calificados e investigados en Chile como delitos comunes, con el deliberado propósito en primer lugar, de sustraerlos de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional y en segundo lugar, para preparar las condiciones que permitirían favorecer su posterior impunidad con la eventual aplicación de las reglas de la prescripción, o mediante la aplicación de posibles indultos, amnistías o leyes de punto final. Además, los organismos del Estado encargados de investigar y juzgar, como lo son el Ministerio Público y el Poder Judicial, han tenido una demora injustificada en la sustanciación de estos procesos y sus actuaciones no revisten la necesaria independencia e imparcialidad y el debido respeto por el principio de Igualdad ante la Ley. Todo ello hace procedente y necesario el ejercicio de la jurisdicción complementaria de la Corte Penal Internacional.
El informe dirige la atención al "Ministerio Público y a los Tribunales de Justicia" y "ponen en duda la voluntad y capacidad del sistema de justicia chileno de investigar y sancionar las violaciones masivas y sistemáticas de los derechos humanos cometidos por la fuerza pública". Señala el trato asimétrico que dan a muchos manifestantes que fueron encarcelados por la supuesta comisión de delitos graves, pero que "en muchos casos han sido posteriormente absueltos al no haber pruebas suficientes o incluso acreditarse que las acusaciones estaban fundadas en falsas pruebas".
El escrito también se refiere a casos concretos de intimidación sufrida por fiscales (por ejemplo, Ximena Chong) a manos de la policía de Carabineros por seguir causas en su contra y a la sanción de jueces (por ejemplo, Daniel Urrutia) por parte del Poder Judicial por modificar las medidas de prisión preventiva.
"Los tribunales chilenos han fallado en su deber de administrar justicia", concluyó Carlos Margotta, presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, en entrevista con el sitio de noticias de investigación CIPER. Garzón agregó que la denuncia ante la CPI "busca evidenciar la impunidad que se vive en Chile y exige una investigación internacional independiente y que cuando llegue obligará a la justicia chilena a (otorgar justicia)".
Aunque sin duda existe un amplio apoyo a la persecución penal de Piñera y sus subordinados, es necesario llamar la atención sobre las organizaciones políticas implicadas y sus motivaciones políticas. Al frente de la operación está el antimarxista y contrarrevolucionario Partido Comunista de Chile (PC) y la pseudoizquierda parlamentaria, cuya función política central es subordinar a la clase trabajadora al Estado capitalista sembrando la ilusión de que el ejecutivo, el congreso, el poder judicial y su brazo represivo pueden ser reformados o refundados sobre principios democráticos. Este mito ha sido su argumento central durante décadas, antes y después del golpe de Estado de 1973.
Esta es también la perspectiva política de Garzón, que es miembro fundador del frente pseudoizquierda-estalinista español Actúa. Formado en 2017 como una escisión de Izquierda Unida, se promociona como "la izquierda que no se siente representada ni por los gestos mínimos del PSOE y su pacto con el PP, ni por el maximalismo retórico de Podemos".
Garzón, exjuez de instrucción de la Audiencia Nacional, saltó a la fama internacional en 1998, cuando intentó que el exdictador chileno, el general Augusto Pinochet, que estaba de visita en Gran Bretaña, fuera extraditado a España para enfrentarse a los cargos de tortura y asesinato de ciudadanos españoles a manos de su régimen. El intento se frustró en marzo de 2000 cuando el Ministerio de Asuntos Exteriores británico consideró que Pinochet estaba demasiado enfermo para ser juzgado. Pinochet murió en Chile seis años más tarde mientras permanecía inmerso en un proceso judicial.
El intento de Garzón de procesar a Pinochet suscitó una profunda preocupación en las élites gobernantes británicas, estadounidenses, españolas y chilenas por razones opuestas.
Un juicio en España bien podría haber planteado muchas cuestiones históricas incómodas y largamente reprimidas. La transición a un gobierno civil en Chile en 1990 proporcionó una amnistía a Pinochet y a sus compañeros criminales militares, similar a la concedida en la España postfranquista, donde se diseñó un cambio político que dejó intacto el antiguo aparato represivo.
Lo que es más significativo, el sangriento derrocamiento del gobierno de la Unidad Popular del presidente chileno Salvador Allende contó con un fuerte respaldo de Washington, que continuó apoyándolo mientras se ejecutaba sumariamente a miles de personas y se torturaba y desaparecía forzosamente a muchos miles más. La jurisdicción universal, que socava el principio de inmunidad soberana, que las potencias imperialistas utilizaron para juzgar a los criminales de guerra de la antigua Yugoslavia, podría ser igualmente amenazada contra una serie de autoridades estadounidenses, británicas y españolas por los crímenes cometidos en Chile, los Balcanes, Afganistán, Iraq y otros lugares.
De hecho, las gestiones para suspender a Garzón de la Audiencia Nacional se iniciaron tras su intento de abrir una investigación sobre el programa de tortura sistemática en Guantánamo en 2009, así como su investigación sobre los crímenes contra la humanidad cometidos durante la dictadura fascista del general Francisco Franco. En 2012 fue condenado por mala conducta por las escuchas ilegales durante la investigación del caso de corrupción Gürtel e inhabilitado para el cargo de juez durante 11 años.
La decisión de llevar al Estado chileno bajo el mandato de Piñera a la CPI tomó forma en el Foro Latinoamericano de Derechos Humanos celebrado a principios de 2020 en el que Garzón fue ponente invitado. Garzón se puso en contacto con los organizadores del foro, los parlamentarios de pseudoizquierda Alejandro Navarro (Progresista), Adriana Muñoz (Partido Por la Democracia) y Juan Ignacio Latorre (Revolución Democrática), todos ellos miembros de la Comisión de Derechos Humanos del Senado. El abogado Carlos Margotta, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Chile y alineado con el PC estalinista chileno, se mostró de acuerdo con la idea de acudir a la Corte Penal Internacional en marzo de 2020.
En el 22º aniversario de la detención de Pinochet, el año pasado, Garzón amplió sus motivaciones para perseguir a Piñera: "Temo por lo que pueda ocurrir en el primer aniversario del estallido social y el posterior plebiscito, temo por el accionar de la policía, que sigue a cargo de quienes han apoyado abiertamente a sus subalternos y hacen una defensa de las manzanas podridas sin darse cuenta que al hacerlo están pudriendo a toda una institución... Pero hasta el propio presidente Piñera reconoce que Carabineros de Chile debe sufrir cambios profundos. Entonces pregunto, ¿qué está esperando, señor Piñera? ¿Cuántas muertes más, cuántas violaciones más, cuántas torturas más deben ocurrir para emprender esta profunda transformación?"
Como demuestran los acontecimientos en Colombia, Brasil y en toda América Latina, las clases dominantes capitalistas de la región y sus aliados políticos en Washington no están dispuestos a seguir una política de reforma del aparato represivo. Por el contrario, se apoyan cada vez más en él mientras preparan medidas de estado policial contra la creciente marea de lucha dentro de la clase obrera.
(Artículo publicado originalmente en inglés el 7 de mayo de 2021)