“Amiga, yo creo que lo más importante es tratar de nosotros mantener la cabeza fría, no seguir calentándonos, porque lo que viene es muy, muy, muy grave. Adelantaron el toque de queda porque se supo que la estrategia es romper toda la cadena de abastecimiento, de alimentos, incluso en algunas zonas el agua, las farmacias, intentaron quemar un hospital e intentaron tomarse el aeropuerto, o sea, estamos absolutamente sobrepasados, es como una invasión extranjera, alienígena, no sé cómo se dice, y no tenemos las herramientas para combatirlas. Por favor, mantengamos nosotros la calma, llamemos a la gente de buena voluntad, aprovechen de racionar la comida, y vamos a tener que disminuir nuestros privilegios y compartir con los demás”.

En esta conversación filtrada del 21 de octubre de 2019, Cecilia Morel, la primera dama y esposa del hombre más rico de Chile, el presidente Sebastián Piñera, da cuenta del miedo imperante que se apoderó de la clase dirigente con el masivo estallido social que comenzó ese mes. Uno tiene la impresión de que ella sintió que su momento de María Antonieta había llegado, que los días de privilegio obsceno de los Piñera y su clase estaban contados.

Las movilizaciones formaron parte de una erupción de la lucha de clases global, ilustrando que el enemigo de las masas trabajadoras es una misma élite capitalista financiera y empresarial. Desde Chile hasta el Líbano, pasando por Iraq, Argentina, Bolivia y Ecuador, en toda Europa, Asia y Estados Unidos, millones y millones de personas han salido a las calles en los últimos dos años contra la muerte gratuita causada por la respuesta criminal del capitalismo a una pandemia mortal, así como contra años de desigualdad social, pobreza, la amenaza del fascismo y la dictadura y la creciente violencia del Estado policial.

A pesar de la inmensidad y el potencial de las protestas, manifestaciones y huelgas que sacudieron a Chile en 2019, la clase obrera ha sido incapaz en este momento de plantear una alternativa revolucionaria al capitalismo. Esto se debe fundamentalmente a la dominación política de la izquierda nacionalista, comenzando por el Partido Comunista (PCCh), la coalición pseudoizquierdista Frente Amplio, el Partido Socialista y sus innumerables tendencias y organizaciones satélites.

En medio de la mayor crisis del dominio burgués desde el período revolucionario de 1968-73 y el creciente peligro de la dictadura policial, la "izquierda" chilena -a través de su control del aparato sindical, el dominio de las organizaciones sociales y comunitarias y los puestos en los gobiernos municipales y regionales y el Congreso nacional- desempeñó un papel decisivo en la salvación del capitalismo.

Al igual que en los años 70, la tarea de dirigir esta campaña recayó en los estalinistas chilenos. Habiendo roto con el marxismo revolucionario muy temprano en su existencia, el PCCh se ha mantenido apegado a la teoría estalinista del "Frente Popular" de entreguerras y a la teoría menchevique de las "dos etapas", que avanzaba una vía nacional y parlamentaria y la formación de coaliciones con la burguesía nativa.

Parte de esta ideología es su promoción del excepcionalismo nacional, que afirma que Chile tiene tradiciones democráticas y se adhiere a las normas constitucionales. Esta teoría engañosa se utilizó a lo largo del siglo XX para negar la necesidad de que la clase obrera emprendiera una lucha revolucionaria socialista e internacionalista contra el capitalismo. La función principal del PCCh ha sido sembrar ilusiones en la democracia parlamentaria.

Esta camisa de fuerza política resultó decisiva para permitir que el debilitado régimen de Piñera se mantuviera en el poder, se recalificara y sentara las bases para un gobierno dictatorial.

Cómo la pseudoizquierda salvó a Piñera

En noviembre de 2019, la "izquierda" chilena aceptó el llamado de Piñera a conversaciones de "unidad nacional". El significado de la unidad nacional quedó claro durante la pandemia cuando el Congreso aprobó las políticas proempresariales. El aparato sindical aplicó estas políticas, obligando a los sectores orientados a la exportación a volver a trabajar, ayudando a imponer recortes salariales, acordando el despido de cientos de miles de trabajadores y negándose a convocar cualquier acción industrial contra la pobreza, el hambre, la inseguridad y los desahucios que afectan a la clase obrera.

En medio de los disturbios por hambre, las huelgas salvajes y las protestas contra los continuos asesinatos, torturas y mutilaciones de la policía, la izquierda parlamentaria canalizó la ira popular en llamamientos inútiles para reformar los prácticamente autónomos y militarizados Carabineros. Unos pocos casos simbólicos de derechos humanos a los que se les permitió proceder a través de los tribunales fueron explotados cínicamente por la pseudoizquierda para sembrar ilusiones en las instituciones del Estado burgués.

También iniciaron procedimientos parlamentarios contra el director de la policía, el ministro del Interior, el ministro de Salud e incluso Piñera, sabiendo perfectamente que los partidos de derecha y centro en el Congreso anularían estas acciones.

La operación política más significativa orquestada por la pseudoizquierda fue la campaña de referéndum de un año de duración para derogar la constitución autoritaria de 1980 y promover las ilusiones en la elección este abril de una Asamblea Constituyente, cuya función será redactar una nueva constitución.

A diferencia de todas las demás maquinaciones, este esfuerzo gigantesco ha resultado temporalmente eficaz desde el punto de vista de cegar a la clase obrera de los preparativos que se están haciendo para la dictadura.

El día del referéndum, el pasado 25 de octubre, Piñera dijo: "Hasta ahora, la Constitución nos ha dividido. A partir de hoy, todos debemos colaborar para que la nueva Constitución sea un símbolo de unidad y estabilidad."

De un modo u otro, toda la seudoizquierda se hizo eco de esta cínica mentira. "Hoy celebramos un gran triunfo del pueblo soberano... y un nuevo ciclo histórico y democrático para nuestro país", dijo el senador del Frente Amplio Juan Ignacio Latorre. "Se requiere unidad, unidad social y política, grandes alianzas para las transformaciones que vienen para el Chile del futuro".

La constitución de Pinochet de 1980

Sin duda, la Constitución de Augusto Pinochet de 1980 fue un instrumento autoritario dirigido contra la clase obrera. El principal autor de la constitución del dictador fue Jaime Guzmán, fundador de la fascistoide UDI, que se inspiró en el jurista alemán nazi Carl Schmitt y en el clericalismo reaccionario español.

Son conocidas algunas de las filosofías económicas neoliberales y políticamente autoritarias de Guzmán codificadas en la Constitución. Consagraba la concepción del Estado subsidiario, que suponía subordinar al mercado todas las áreas sociales: educación, sanidad, seguridad social, servicios públicos y agua, y proscribía cualquier intento de nacionalización. Las modificaciones de los artículos relativos a los partidos políticos, el ejército, el sistema electoral, la minería y la reforma constitucional requerían una aprobación por mayoría de dos tercios.

Menos conocida es la adopción por parte de Guzmán de la teoría del Estado de Excepción que Schmitt desarrolló para dotar de un ropaje cuasi legal a la dictadura de Adolf Hitler. La teoría esencialmente otorgaba al dictador poderes extraordinarios--dándole poderes ejecutivos, así como legislativos y poseyendo la máxima autoridad legal--en un período de excepción o emergencia. Tanto la separación de poderes como el estado de derecho quedaron subsumidos en el mandato del Führer.

En Chile esto sirvió para proporcionar inmunidad legal post factum a los innumerables crímenes cometidos durante la contrarrevolución contra la clase obrera políticamente radicalizada, la juventud estudiantil y la oposición política. La junta fascista-militar orquestó un genocidio político, un intento de "extirpación" como lo llamó Pinochet. Durante el gobierno militar, especialmente en sus primeros cinco años, los tribunales declararon repetidamente inadmisibles los casos de derechos humanos, rechazando miles de denuncias y recursos de habeas corpus y negándose sistemáticamente a investigar los crímenes de Estado.

Los artículos 40 y 41 de la Constitución de 1980 se refieren al Estado de Sitio, uno de los cuatro "Estados de Excepción Constitucional". El artículo 40 establece que en caso de guerra interna o conmoción interior, el presidente puede declarar el estado de sitio en todo o parte del territorio. El Congreso tiene un plazo de 10 días para aceptar o rechazar el decreto, y el silencio es el consentimiento. Sólo por una mayoría de dos tercios puede el Congreso poner fin al estado de sitio.

El artículo 41 trata de la suspensión de derechos. Establece que el presidente puede

trasladar a las personas de un punto a otro del territorio nacional, arrestarlas en sus propias casas o en lugares que no sean cárceles ni otros que estén destinados a la detención o prisión de reos comunes, y expulsarlas del territorio nacional. Podrá, además, restringir la libertad de locomoción y prohibir a determinadas personas la entrada y salida del territorio. Asimismo, podrá suspender o restringir el ejercicio del derecho de reunión y la libertad de información y de opinión, restringir el ejercicio de los derechos de asociación y de sindicación e imponer censura a la correspondencia y a las comunicaciones.

El artículo continúa diciendo que en lo que respecta a los tribunales

El recurso de protección no procederá en los estados de excepción respecto de los actos de autoridad adoptados con sujeción a la Constitución y a la ley que afecten a los derechos y garantías constitucionales que, en conformidad a las normas que rigen dichos estados, han podido suspenderse o restringirse. En los casos de los incisos anteriores, los tribunales de justicia no podrán, en caso alguno, entrar a calificar los fundamentos de hecho de las medidas que haya adoptado la autoridad en el ejercicio de sus facultades.

Los gobiernos de centroizquierda que han gobernado durante 24 de los últimos 30 años, desde el retorno al régimen civil en 1990, han mantenido estas disposiciones, aunque de forma modificada. Hay que entender claramente la razón para que los trabajadores y la juventud no caigan en la trampa mortal de creer que la reforma de la carta garantizará los derechos democráticos y sociales o cambiará las relaciones de clase. Nada más lejos de la realidad.

Bajo el capitalismo, el propósito de la Constitución es, ante todo, mantener y proteger la santidad de la propiedad privada de los medios de producción. La propiedad privada está consagrada incluso en los documentos revolucionarios de las constituciones francesa y estadounidense que están impregnados del espíritu de la Ilustración. Las constituciones del siglo XVIII y los principios que articulan fueron la causa y el efecto de una lucha revolucionaria nacional entre el feudalismo y las fuerzas de la reacción contra la gran masa de la nación, dirigida políticamente por la burguesía revolucionaria de entonces.

Pero con el mayor desarrollo de las fuerzas productivas surgieron agudos e irreconciliables antagonismos entre las dos clases principales dentro del orden económico capitalista internacional: el capital y el trabajo.

La rápida expansión del proletariado en Chile tuvo lugar junto con el explosivo desarrollo del capitalismo auspiciado por las incursiones del imperialismo en América Latina a finales del siglo XIX y en el XX. El capitalismo británico y estadounidense dominó la tecnología, los suministros, los ferrocarriles, el transporte marítimo y las finanzas asociadas a su control casi total de las minas de nitrato y cobre de Chile.

En ningún momento hubo un sector de la clase capitalista chilena que buscara aglutinar a la nación en una revolución burguesa antiimperialista. Esta clase, formada por los terratenientes más ricos y que simultáneamente constituía entre un tercio y la mitad del parlamento, vivía felizmente de las rentas de la exportación minera y nunca dudó en ahogar en sangre las luchas revolucionarias en beneficio de los barones mineros.

La lucha contra la dominación y la superexplotación imperialista y por la defensa de los derechos democráticos y civiles y por las conquistas sociales quedó exclusivamente en manos del proletariado y en oposición a la sangrienta, despiadada y venal burguesía chilena totalmente subordinada a sus amos imperialistas.

Lo que le ha faltado a la clase obrera en su historia es una dirección capaz de transformar una lucha de clases insurgente en la lucha por la conquista del poder.

Fuera de una breve ventana con la fundación de la sección chilena de la Internacional Comunista en 1922, el cuadro joven, no probado e inexperto del PCCh cayó bajo la influencia del giro a la derecha que acompañó el ascenso de la burocracia estalinista en la Unión Soviética. Pronto fue cooptado por el Estado y participó en la redacción de la constitución de 1925, mientras el país, en medio de una profunda crisis económica provocada por el colapso de las exportaciones de salitre y el declive de los intereses imperialistas británicos, se encontraba en medio de explosivas luchas obreras y una revuelta militar.

Los preparativos para la dictadura

Cuando Piñera decretó por primera vez en los 30 años de gobierno civil el estado de excepción y sacó a las fuerzas armadas a las calles, esto conmocionó al país y atrajo la atención internacional. La violencia policial sin precedentes se tradujo en un número incalculable de muertos y miles de heridos y mutilados, las denuncias de simulacros de ejecución, violaciones, torturas y cámaras de tortura, de fuertes palizas con resultado de muerte y de desapariciones forzadas.

Sin embargo, esto fue sólo el componente más visible de la "guerra" de Piñera contra "un enemigo poderoso e implacable".

En el último año y medio, con el respaldo tácito y explícito del Congreso, el gobierno ultraderechista ha aprobado más de una docena de leyes que refuerzan el Estado, renovando las leyes antiterroristas, utilizando a los militares para imponer el orden, otorgando inmunidad legal a las fuerzas represivas, erigiendo fuerzas de inteligencia y vigilancia multiinstitucionales y multinacionales, y criminalizando la protesta social, apuntando a los refugiados, las comunidades indígenas y los jóvenes. Todas estas medidas están empezando a tomar forma y se están aplicando en la actualidad.

Por primera vez desde la dictadura militar, el país se mantiene en estado de emergencia permanente con decenas de miles de fuerzas de defensa nacional que controlan los retenes en las 16 regiones. La medida fue sancionada por el Congreso en marzo pasado para contener la propagación de la pandemia. En realidad, se ha utilizado para vigilar y controlar a la población.

También se ha desplegado el Ejército para proteger las infraestructuras críticas, y la Infantería, armada con los últimos equipos militares, se ha desplegado para reforzar a la policía de Carabineros en el control y la vigilancia de las fronteras.

Y el pasado mes de febrero, el parlamento aprobó el envío de personal militar y una enorme batería de vehículos blindados para reforzar a las Fuerzas Especiales de Carabineros en el sur. Ostensiblemente destinadas a contrarrestar una ola de violencia y actos de terrorismo, que el gobierno y los medios corporativos han acusado sin pruebas a la población indígena mapuche de incitar, las fuerzas armadas proporcionarán inteligencia y realizarán operaciones policiales en las regiones de La Araucanía, Biobío y Los Ríos.

La burguesía ha utilizado la convención constitucional como un señuelo deliberado para otorgarse tiempo y prepararse para el inevitable estallido social que vendrá como consecuencia del criminal mal manejo de la pandemia y el crecimiento sin precedentes del desempleo, la pobreza y la desigualdad social.

Este es el significado del uso cada vez más indiscriminado de las fuerzas armadas, y debe gritar peligro. El camino hacia la dictadura es real y está muy avanzado.

La única alternativa progresista reside en la movilización política de la clase obrera y la juventud en la lucha por un gobierno obrero basado en un programa socialista revolucionario. Esto significa romper con toda la falsa izquierda y desarrollar un movimiento político independiente de la clase obrera.

Los trabajadores chilenos deben dirigirse a sus hermanos de clase internacionales que son sus verdaderos aliados, adoptando un programa de revolución socialista mundial y construyendo una sección del Comité Internacional de la Cuarta Internacional, el partido fundado por León Trotsky.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 21 de marzo de 2021)