En los primeros nueve días de febrero de 2021, la fuerza policial paramilitar de Carabineros de Chile fue responsable de la muerte de tres jóvenes de la clase obrera. Aunque la institución es conocida por su brutalidad, las tres muertes marcan una intensificación de la guerra de clases contra la juventud y la clase obrera iniciada por el gobierno ultraderechista del presidente Sebastián Piñera y apoyada por la "izquierda" parlamentaria.

El 9 de febrero, Chile se vio convulsionado por la noticia de que dos agentes de Carabineros, Andrés Navarro Pulgar e Ilton Zambrano Marín, fueron sorprendidos agrediendo y luego desechando el cadáver de un boliviano de 23 años, Jaime Veizaga Sánchez. Veizaga apenas estaba vivo cuando los policías, desde un vehículo de control, lo arrojaron frente al Servicio Médico Legal de la ciudad minera de Calama. Murió antes de que los paramédicos llegaran al lugar.

Los dos policías fueron detenidos tras ser acusados de homicidio y apremio ilegítimo. El preinforme de la autopsia no determinó la causa exacta de la muerte de Jaime Veizaga, por lo que el fiscal Raúl Marabolí se limitó a indicar que "a pesar que personal de carabineros se percataron de las lesiones de la cabeza de la víctima, quienes lo dejaron abandonado en el sector, encontrándose éste en mal estado de salud, debido a que ni siquiera se podía poner de pie, se pueden enmarcar estos actos dentro de los tratos crueles e inhumanos o degrantes, sumado al deplorable estado físico de la víctima y donde que no le brindaron auxilios adecuados a ésta".

La autopsia preliminar mostró "causas indeterminadas, asociadas a un shock sistémico y una patología infecciosa, no se puede descartar que con una atención médica oportuna, hubiera sobrevivido la víctima".

En base a estas primeras conclusiones, el 13 de febrero el Tribunal de Garantía (que en el sistema judicial chileno examina la legalidad de la privación de libertad) ordenó la libertad de los dos policías y su arresto domiciliario nocturno y nacional durante los 200 días establecidos para la investigación del caso.

La cancillería boliviana ha pedido a Chile que agilice la investigación sobre la muerte de Veizaga y ha exigido acciones concretas para repatriar los restos del joven.

Jaime Veizaga Sánchez es la tercera persona que cae víctima de la violencia policial en cinco días. Anteriormente, el 5 de febrero, Francisco Martínez, un artista callejero de 27 años, fue asesinado a tiros por el sargento Juan González Iturriaga por un altercado derivado de un control preventivo de identificación. El suceso ocurrió a plena luz del día, en una vía pública muy transitada y a la vista de decenas de testigos en Panguipulli, una ciudad lacustre de la Araucanía, la región más pobre de Chile.

Martínez —tío de Anthony Araya, el joven que fue empujado desde un puente por Carabineros durante las manifestaciones contra la violencia policial en Santiago en octubre anterior— recibió cinco disparos antes de caer al suelo en medio de una concurrida intersección. Mientras la multitud descendía al lugar de los hechos coreando "¡Asesinos! Asesinos!", los policías se marcharon dejando al moribundo abandonado en la calle, para luego reaparecer en masa y reprimir violentamente la protesta.

Si bien el sargento González fue detenido y puesto bajo arresto domiciliario, la Corte de Apelaciones de Valdivia ha dejado posteriormente en libertad al policía, colocándolo bajo una orden de arresto nacional para que se presente quincenalmente durante los próximos cuatro meses mientras se lleva a cabo la investigación.

Luego, en la noche del 7 de febrero, Camilo Miyaki, de 27 años, fue encontrado ahorcado en una celda de la comisaría de la comuna de Pedro Aguirre Cerda, una comisaría conocida por su papel en haber torturado y abusado sexualmente de al menos dos personas detenidas durante las masivas manifestaciones juveniles y de la clase obrera de finales de 2019.

Miyaki y su novia habían sido detenidos esa mañana por no llevar el salvoconducto COVID-19. Ella fue liberada durante el día. El joven, sin embargo, fue sacado de su celda original y colocado en otra que "tenía un punto ciego, que no permitía ver lo que le pasaba al detenido". Rompiendo el protocolo, también le dieron una frazada. La policía afirmó posteriormente que se había suicidado, afirmación que su familia negó enérgicamente. Hay una investigación en curso.

Estos y otros crímenes policiales recientes revelan la intensificación de una agenda policial-estatal tras la revuelta social que sacudió a Chile a finales de 2019 después de que la desobediencia civil estudiantil desencadenada por una subida de las tarifas del transporte público se transformara casi de la noche a la mañana en protestas masivas. Un movimiento de masas surgió contra décadas de extrema desigualdad social, violencia policial y en oposición a una élite política profundamente odiada que surgió en la transición de la dictadura militar al gobierno civil.

En los últimos dos años, y en medio de la creciente crisis económica agravada por la pandemia mundial, la clase obrera ha soportado el coste con sus vidas y sus medios de subsistencia. La causa principal de la muerte de decenas de miles de personas a causa del COVID-19 no es la enfermedad por sí sola, sino la pobreza multigeneracional, la insuficiencia y el hacinamiento de las viviendas y las comunas densamente pobladas, la falta de servicios públicos y de agua potable, y los hospitales públicos infradotados y sin recursos. Las víctimas provienen mayoritariamente de la clase obrera.

Durante estos dos años, los trabajadores y los jóvenes que se enfrentan a despidos masivos, subidas de precios, aumento del endeudamiento, desalojos y falta de vivienda han salido una y otra vez, a pesar de la pandemia, a protestar por el asalto a sus derechos sociales y democráticos, sólo para ser recibidos con represión. El gobierno de Piñera ha utilizado medidas de estado policial y cuasidictatoriales y ha desplegado las fuerzas armadas en las calles de Chile por primera vez en décadas, matando o desapareciendo a decenas de manifestantes, causando graves heridas y mutilaciones a cientos e infligiendo abusos de los derechos humanos a miles.

El eje de la capacidad del gobierno para aplicar estas medidas ha sido la oposición parlamentaria, que, si bien ha criticado públicamente a Piñera, ha hecho aprobar sus principales políticas y ha entrado en una agenda de unidad nacional con el objetivo de redirigir el creciente sentimiento anticapitalista hacia los parámetros seguros de la política parlamentaria.

En respuesta al estallido de la pandemia del COVID-19, la primera medida importante de Piñera fue decretar el estado de excepción y el toque de queda, que sigue vigente hasta hoy. Con la aprobación explícita del Congreso, el estado de excepción permitió a Piñera poner a los jefes de la Defensa Nacional a cargo de las respectivas 16 regiones del país. También fue aprobado por el Congreso el uso de las fuerzas armadas para la defensa de la "infraestructura crítica", sin tener que declarar el estado de emergencia.

El aumento del gasto presupuestario de Piñera en las fuerzas del orden y la profundización de la militarización de Carabineros y la PDI en los últimos dos años —equipándolos con vehículos blindados de grado militar, chalecos antibalas, armas y sofisticados dispositivos de vigilancia— también fue aprobado por el Congreso.

Hasta hace poco, la manifestación más significativa de la campaña de unidad nacional era el referéndum convocado a favor de una nueva constitución que sustituyera a la carta impuesta mediante un plebiscito amañado en 1980 bajo la odiada dictadura militar del general Augusto Pinochet. La operación de un año de duración llevada a cabo por la clase política de "izquierda" del país, el aparato sindical y los grupos de pseudoizquierda para disipar una situación revolucionaria en medio del peligro real de un régimen autoritario y una dictadura, tuvo un éxito momentáneo.

Los últimos asesinatos policiales amenazan con reavivar las luchas generalizadas que estallaron en 2019 y resurgieron en 2020. Ese es el sentido de los comentarios del diputado René Saffirio, ex demócrata cristiano y veterano operador político que se remonta a la década de 1970.

Tras la muerte de Francisco Martínez, Saffirio dijo: "[Una] circunstancia tan dolorosa como esta puede generar un estado de convulsión política mayor, que perfectamente podría poner en riesgo nuestro proceso constituyente".

Recordó que toda la clase política fue sorprendida por el hirviente movimiento de masas que estalló en 2019 y advirtió que no pueden volver a colocarse en la misma posición: "Ahora sí lo vimos, en consecuencia, tenemos que actuar con prontitud, con celeridad, con responsabilidad y con mucha seriedad".

Los llamamientos a reformar o refundar los Carabineros hay que situarlos en este contexto. Se trata de una campaña fraudulenta con los mismos fines que la Convención Constitucional. El Partido Comunista estalinista (PCCh), el Frente Amplio y el Partido Socialista son cómplices de esta promoción del excepcionalismo nacional respecto a las supuestas "tradiciones democráticas" de Chile. Mientras la naturaleza contrarrevolucionaria y antiobrera del Estado capitalista queda de nuevo expuesta a la vista de todos, estas fuerzas políticas intentan colectivamente engañar a las masas con esta quimera centenaria y, de ese modo, realizan su servicio específico al capitalismo.

"Exigimos la total refundación de la institución de Carabineros que resulta cada vez más deslegitimada a propósito de los casos de corrupción que la involucran y de su accionar policial autonomizado, sin ningún control civil. La única posibilidad de avanzar en una democracia sana para nuestro país, requiere de esta refundación y no de reformas menores, incapaces de modificar la fuerza policial represiva que conocemos", declaró el PCCh en un comunicado del que se hizo eco el resto de la "izquierda" parlamentaria.

Para avanzar, los trabajadores y la juventud chilena deben primero revisar y rechazar las antiguas concepciones políticas e ideológicas promovidas por la falsa izquierda y los falsos partidos socialistas, que han permitido que el capitalismo chileno se mantenga en el poder a pesar de las numerosas y valientes batallas por el socialismo emprendidas por la clase obrera. La lucha por esclarecer estas y otras cuestiones críticas es decisiva para preparar una dirección revolucionaria internacionalista en la clase obrera. Esto requiere la construcción de una sección chilena del Comité Internacional de la Cuarta Internacional, el partido de la revolución socialista mundial.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 16 de febrero de 2021)