Los trabajadores de Airbus, el mayor fabricante de aviones del mundo, están librando una lucha contra la decisión de la compañía de cerrar una de sus fábricas españolas y utilizar un Expediente de regularización de empleo (ERE) para destruir 600 puestos de trabajo en todo el país.

Los sindicatos CCOO, cercanos al partido de pseudoizquierda Podemos, y UGT, próximo al Partido Socialista (PSOE), están interviniendo para desmovilizar a los trabajadores y facilitar nuevos ataques.

En las últimas semanas, la empresa había transmitido informalmente a los sindicatos y a diferentes órganos de gobierno su decisión de cerrar una de sus plantas en Puerto Real, ubicada en el área metropolitana de la ciudad andaluza de Cádiz. La decisión de cerrar la planta finalmente no se tomó en una reunión realizada el 21 de abril entre Airbus y los sindicatos, pero el cierre sigue sobre la mesa. La propia empresa afirmó que la compañía no ha hecho ninguna mención al cierre o al no cierre de Puerto Real”.

Esta maniobra fue rápidamente aprovechada por CCOO y UGT para desconvocar las movilizaciones de los trabajadores previstas, incluida una huelga que iba a comenzar el 23 de abril en todas las fábricas de Airbus en España.

Tratando de vender su rendición ante la compañía como un gran éxito el presidente del Comité Interempresas de Airbus en España Francisco San José (CCOO) declaraba que había sido una "pequeña victoria de la movilización sindical y social en contra del cierre de esta planta". Agrego que “se han creado condiciones buenas para comenzar una conversación, pero siempre manteniendo la premisa del mantenimiento del empleo de las plantas de la compañía multinacional en España”.

Por su parte el presidente del comité de empresa de Airbus en Puerto Real, Juan Manuel Trujillo (CCOO) declaraba "se va a seguir dando oportunidad para el diálogo y la negociación bajo el axioma de que no se va a cerrar ninguna planta de Airbus ni tampoco se va a perder empleo en el grupo Airbus en España".

Lo que estos burócratas sindicales no revelaron es que la pérdida de empleo ya se está produciendo. En octubre de 2020, CCOO firmó un plan de despidos con la dirección, acordando eliminar 1.220 puestos de trabajo. El año pasado, ya se destruyeron 553 puestos de trabajo en la división de defensa, y otros 169 serán eliminados este año. En la división comercial, se espera despedir a 900 empleados más este año, al tiempo que 3.226 están sin trabajar en un expediente de regulación de empleo temporal (ERTE) que durará hasta el 31 de mayo.

Por lo tanto, los sindicatos ya están colaborando activamente en la destrucción de puestos de trabajo. El intento de frenar las movilizaciones no se debe a que se haya logrado ninguna victoria, sino al contrario, es parte de una estratagema con la dirección de Airbus para desmovilizar a los trabajadores.

En estas acciones cuentan con la plena colaboración del partido de pseudoizquierda Anticapitalistas, que fue el principal promotor de Podemos en 2014. El año pasado, en medio de una creciente oposición, decidieron abandonar el gobierno PSOE-Podemos para reprimir mejor las luchas de los trabajadores desde fuera.

El alcalde de Cádiz —principal ciudad de la comarca donde se ubica la fábrica que se pretende cerrar— y miembro de Anticapitalistas, José María González, consideró un éxito que “el Consejo de Administración no haya anunciadonielcierrenilaventadelaplanta ". A la vez que consideraba "clave la participación, tanto de las administraciones públicas como de los distintos agentes sociales [sindicatos]". José Ignacio García uno de los diputados que tiene Anticapitalistas, tras romper con PODEMOS, en el gobierno regional andaluz también comentaba que “Hemos conseguido una pequeña victoria, pero solo hemos ganado algo de tiempo”.

Anticapitalistas están interviniendo para promover ilusiones en los sindicatos y en el gobierno PSOE-Podemos. Su verdadera preocupación es evitar que se produzca un estallido social en la comarca de la bahía de Cádiz, que ya ha visto despidos masivos en los últimos años, entre los que se encuentran trabajadores de Tabacalera, Delphi, Visteon, Gadir Sola y una larga lista de otras fábricas y centros de trabajo.

El creciente descontento social se reflejó en la gran manifestación que tuvo lugar el 10 de abril, cuando cientos de trabajadores y miles de personas de Cádiz protestaron contra el posible cierre de la fábrica de Airbus. Este cierre supondría el paro a 500 trabajadores de Airbus y a otros 1.000 que pertenecen a las industrias auxiliares que abastecen a la empresa.

La Confederación General del Trabajo (CGT) está desempeñando su papel habitual planteando críticas con la boca pequeña a los sindicatos CCOO y UGT y haciendo un uso liberal de la fraseología radical y las acciones "militantes". Después de que CCOO y UGT cancelaran las manifestaciones, la CGT llamó a los trabajadores a acampar fuera de la fábrica de Airbus de Puerto Real.

Los trabajadores de este campamento entrevistados por La Voz de Cádiz dijeron: "No hay éxito que celebrar... Si hubieran dicho que Puerto Real no se va a cerrar, por supuesto que lo celebraríamos, pero ese no es el caso. Los que acampamos aquí defendemos y pensamos que tenemos que continuar con la presión. Tenemos que seguir luchando y luchando, siguiendo nuestro calendario de movilizaciones".

No está claro si la persona entrevistada era un delegado de CGT, pero la ira está aumentando. Según el trabajador, "esta opinión no es de CGT, somos muchos los compañeros que estamos de acuerdo en que no hay nada que celebrar".

Conscientes de la creciente ira, los sindicatos volvieron a llamar a ejecutar acciones simbólicas. Convocaron huelgas de una hora los días 27 y 29 de abril y protestas frente a las fábricas de Airbus en toda España los días 26, 28 y 30 de abril. Estas movilizaciones solo pretenden aliviar la presión que sufren por parte de los trabajadores mientras Airbus prepara nuevos ataques.

El gobierno PSOE-Podemos no ha levantado un dedo para apoyar a los trabajadores de Airbus, a pesar de que el Estado español posee el 4 por ciento del capital de la compañía en España. Por el contrario, envió a la policía antidisturbios a reprimir las protestas que han tenido lugar en las últimas semanas.

Tres trabajadores de Airbus en Puerto Real, miembros del sindicato CGT, fueron detenidos el 19 de abril acusados de desórdenes públicos. En ningún momento se les informó sobre los hechos específicos que habían dado lugar a la detención. A otro grupo de 23 trabajadores se les impidió trasladarse a la ciudad madrileña de Getafe, donde pretendían realizar una concentración de protesta durante la inauguración del nuevo Airbus Campus, en el que iba a participar el Rey Felipe VI. El autobús fue interceptado por policías fuertemente armados y obligado a regresar a Puerto Real.

La CGT les mostró la documentación necesaria para el viaje en condiciones de movilidad restringida debido al COVID-19 pero, según la página web de ese sindicato, "de poco sirvieron esos permisos... la policía tenía orden expresa de no dejarlos pasar ignorando cualquier detalle legal. Daba igual que se tuvieran los papeles necesarios para realizar el viaje".

La CGT aceptó este importante ataque a los derechos democráticos sin ninguna protesta significativa. Ni siquiera está claro qué argumento legal utilizó la policía para justificar sus acciones. Si hubieran reclamado restricciones sanitarias Covid-19, la CGT podría haber defendido su derecho legal a manifestarse respetando el distanciamiento social. Si la policía hubiera insistido, habría sido una exposición devastadora de la política criminal de "inmunidad colectiva" del gobierno PSOE-Podemos, priorizando los beneficios sobre la vida humana. Habría demostrado cómo las restricciones a la salud pública se utilizan como pretexto para prohibir de facto las protestas de los trabajadores, incluso cuando el gobierno obliga a millones de trabajadores de industrias no esenciales a trabajar y a los niños a ir a la escuela, lo que hasta ahora ha costado la vida a más de 100.000 personas y 3,4 millones de infecciones.

Los ataques a los trabajadores de Airbus no son sólo un problema para los empleados en Puerto Real. El año pasado, la compañía anunció su intención de llevar a cabo 15.000 despidos en toda Europa. Detener estos planes requiere una estrategia de lucha a nivel internacional. Los trabajadores no pueden tener ninguna confianza en el gobierno PSOE-Podemos ni en los sindicatos y sus aliados de pseudoizquierda. El camino a seguir es crear comités de base, coordinados internacionalmente, para oponerse a la clase dominante y a los sindicatos. El Comité Internacional de la Cuarta Internacional está dando una orientación a esta lucha con el llamamiento de la Alianza Internacional Obrera de Comités de Base (AIO-CB o IWA-RFC por sus siglas en inglés).

Animamos a los trabajadores de Airbus en España y en toda Europa a que asistan a la reunión internacional online del Primero de Mayo para conseguir la base para sacar adelante su lucha.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 30 de abril de 2021)