Trabajando de la mano de los sindicatos, las empresas transnacionales que operan en España están recortando decenas de miles de puestos de trabajo. La lista de compañías involucradas abarca casi todos los sectores de la economía.

Las empresas están utilizando para este objetivo los llamados expedientes de regulación de empleo, también conocidos por su acrónimo ERE. Esto les posibilita llevar a cabo despidos colectivos basados en las llamadas razones "objetivas", como las crisis económicas, las innovaciones técnicas, los cambios organizativos y el aumento de la productividad. La principal ventaja es que permite a las empresas reducir los salarios por despido, que deben dar a los trabajadores.

Las centrales sindicales desempeñan un papel despreciable en los EREs. Muchas de las empresas que obtuvieron subvenciones por despidos no las habrían conseguido sin la intervención de los sindicatos implicadas en la negociación de los mismos. Parte de ese dinero va directamente a las arcas sindicales como comisiones por trabajador despedido, en la mayoría de los casos sin el conocimiento del mismo.

Los sindicatos pueden ganar hasta un 10 por ciento por cada despido. Además, los trabajadores adscritos a un ERE pagan una cantidad fija por los servicios de asesoramiento jurídico del sindicato, que oscila entre 100 y 400 euros. Esto ayuda a explicar la popularidad de los ERE.

En los últimos seis años, más de 250.000 trabajadores han perdido su empleo en virtud de estos planes. Ahora, sumando los anuncios del ERE en las últimas semanas, se espera que más de 21.000 trabajadores sean despedidos en los próximos meses, mientras que todo tipo de centros de trabajo van a ser cerrados, incluyendo fábricas, oficinas, tiendas y grandes superficies comerciales.

La banca es uno de los principales sectores. Desde la crisis mundial de 2008, los sucesivos gobiernos de PSOE, Partido Popular (PP) y PSOE-Podemos han promovido la concentración de este sector. En poco más de una década, cinco grandes bancos aumentaron su cuota de mercado del 42,4 por ciento en 2008 al 67,4 por ciento el año pasado. Esto fue acompañado por un enorme asalto a los trabajadores: 100.000 puestos de trabajo fueron destruidos y 22.060 sucursales fueron cerradas. Este asalto continúa.

Con la luz verde de PSOE y Podemos, Bankia y CaixaBank se fusionarán, creando el mayor banco de España. La nueva fusión pretende hacer entre 7.000 y 10.000 despidos. Unicaja y Liberbank planean despidos que afectan a 2.500 trabajadores. BBVA también ha filtrado planes para un recorte de 3.000 puestos de trabajo.

Los bancos pueden contar con el apoyo inestimable de los sindicatos. El banco Santander echó recientemente a 3.572 trabajadores y cerró 1.033 oficinas. El acuerdo de despido fue descrito como una victoria por los cinco sindicatos firmantes, mientras que las indemnizaciones a los empleados fueron descritas como "suficientes y dignas". El banco Sabadell también despidió recientemente a 1.800 trabajadores, lo que el sindicato Comisiones Obreras (CCOO) calificó de "acuerdo satisfactorio".

En el comercio minorista, la destrucción de empleo también se está acelerando. Los sindicatos acordaron el despido de 3.292 trabajadores en El Corte Inglés, uno de los mayores centros comerciales de Europa. El secretario general del sindicato FETICO, Antonio Pérez, argumentó que el plan de despidos era válido porque estaba "respaldado por un informe técnico elaborado por la consultora Deloitte" y "El Corte Inglés claramente tiene personal excedente". FETICO pide ahora a sus miembros que se inscriban voluntariamente en el plan.

La cadena alemana de perfumerías Douglas ha acordado 492 despidos y el cierre de 82 tiendas. Un burócrata sindical de CCOO lo calificó de "mala noticia", pero se apresuró a señalar que el plan "ha conseguido rebajar el número de personas afectadas y mejorar sustancialmente las condiciones de quienes se terminen desvinculando de la empresa". "Desvincular" significa ser despedido.

Por su parte, la multinacional sueca de moda H&M planea despedir a 1.100 trabajadores y cerrar 30 tiendas, como parte de un plan de reestructuración global. CCOO, el principal sindicato de la empresa, calificó la medida de "injustificada y desproporcionada", su comentario habitual antes de entrar en negociaciones y luego reclamar la pérdida de puestos de trabajo como victorias. Los sindicatos han dejado claro que no tienen intención de movilizar a los trabajadores contra estos planes.

En el sector de alimentos y bebidas, Coca Cola pretende eliminar 360 empleos. La empresa de productos alimenticios Danone negociará próximamente el despido de 160 trabajadores entre España y Portugal, en una campaña global de recortes de empleo dirigida a otros 1.850 trabajadores. La empresa láctea Leche Pascual acordó 137 despidos a principios de este año. La empresa agradeció su colaboración a los sindicatos, acogiendo con satisfacción " el rigor y la responsabilidad que han presidido el proceso negociador desde el principio, en todo momento buscando el menor impacto social posible”.

En la industria manufacturera, que ya ha sido devastada desde la década de 1980 debido al impacto de la globalización y los requisitos para entrar en la Unión Europea, que incluía privatizaciones masivas implementadas por el PSOE, se espera que se pierdan más puestos de trabajo.

En la región de Galicia, además del cierre de la planta de aluminio de Alcoa, cerrarán la central térmica de As Pontes, propiedad de Endesa, y un fabricante de palas eólicas propiedad de Siemens. La multinacional Eaton, fabricante de equipos eléctricos, ha anunciado el cierre de su planta en el País Vasco. Petronor despedirá a 129 trabajadores en su refinería de Muskiz en otro ERE, y Tubacex, un grupo especializado en la fabricación de tubos de acero, está apuntando a echar otros 129 trabajadores.

En Valencia, el fabricante de automóviles Ford está negociando un ERE con los sindicatos para 630 trabajadores, dentro de los 10.000 recortes de empleo que prevé en toda Europa, después de haber despedido ya a 350 trabajadores en su planta de Valencia hace menos de un año. La compañía eléctrica Naturgy acaba de proponer otros 1.000 despidos a los sindicatos, dentro de un plan de reestructuración internacional que le llevó a echar ya a 6.500 empleados en todo el mundo. La lista de despidos continúa con la empresa automotriz U-Shin (76), la subcontrata de Nissan ISS (110) y la textil Italco (245).

Estos recortes de empleo no son inevitables. Son el producto de la crisis capitalista provocada por la pandemia COVID-19 y la reacción de las grandes empresas para cargar los costos en las espaldas de la clase trabajadora. Con el fin de mejorar su posición competitiva en el mercado mundial, buscan trabajar con los sindicatos para imponer recortes salariales, despidos y empeorar las condiciones laborales.

En este proceso, las burocracias sindicales dependen de la pseudoizquierda, que como ellos mismos articulan los intereses de las capas privilegiadas de la clase media alta. Un ejemplo es el de la morenista Corriente Revolucionaria de trabajadores (CRT) y su portavoz, La Izquierda Diario.

En un artículo sobre los ataques masivos a los puestos de trabajo, piden fraudulentamente a los trabajadores que pongan su fe en los mismos sindicatos que se están beneficiando de los despidos. Dicen: "La única manera de evitar el aumento de paro y la cada vez mayor precariedad laboral es a través de un plan de lucha impuesto a los sindicatos por las y los trabajadores autoorganizados. Hay que exigir que los sindicatos rompan todos sus pactos con el gobierno y las patronales y que convoquen medidas de lucha unitarias".

En otro artículo sobre el ERE en H&M dicen, “Necesitamos urgentemente organizarnos y recuperar los sindicatos en manos de las burocracias sindicales. Hay que impulsar un plan de lucha alternativo para defender todos los puestos de trabajo”.

Estas declaraciones tienen como objetivo ocultar un hecho experimentado por millones de trabajadores en todo el mundo. Los sindicatos ya no están vinculados a la defensa de la clase trabajadora, como lo fueron a mediados del siglo pasado. Ligados de forma estrecha al Estado capitalista y a las corporaciones, imponen recortes de empleos y retroceso social a la clase obrera en interés de burocracias privilegiadas. No pueden ser reformados ni presionados para beneficiar los intereses de los trabajadores, más de lo que lo puede ser la propia clase capitalista.

Defender el empleo requiere una lucha política contra el gobierno PSOE-Podemos, los sindicatos y sus aliados de pseudoizquierda. Se deben construir nuevas organizaciones, comités de base, para oponerse a la embestida capitalista. Estos deben vincular a los trabajadores de todos los sectores y unirlos internacionalmente con sus hermanos de clase que se enfrentan a la misma embestida en los puestos de trabajo.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 20 de abril de 2021)