El jueves, Devis Leonel Rivera Maradiaga, exlíder del cártel hondureño Los Cachiros, declaró ante la corte estadounidense del distrito sur de Nueva York que sobornó a tres presidentes hondureños sucesivos a cambio de protección y contratos gubernamentales para lavar las ganancias del tráfico de drogas.

Según su testimonio, los sobornos incluyeron cientos de miles de dólares al actual presidente Juan Orlando Hernández (2015-hoy) a través de sus hermanos, así como al vicepresidente Ricardo Álvarez cuando era alcalde de Tegucigalpa. Dijo que le pagó medio millón de dólares al presidente Manuel Zelaya (2006-2009) y llevó a cabo varios negocios con el presidente Porfirio Lobo (2010-2014) durante sus mandatos.

Hernández, Álvarez, Zelaya y Lobo todos publicaron tuits negando cualquier acto indebido.

Maradiaga fue citado por fiscales estadounidenses para que rindiera testimonio en el juicio de Geovanny Fuentes, cuya colaboración con Los Cachiros se convirtió en una sangrienta disputa alrededor de 2013.

A lo largo del juicio, los fiscales insistieron en que la alianza con el Gobierno de Hernández le ayudó al negocio de Fuentes a “florecer”.

En su declaración inicial, el fiscal Jacob Gutwilling dijo que Fuentes “era intocable, una parte clave del narcoestado hondureño… que trabajó con la policía, el ejército, políticos, incluyendo el presidente, quienes ganaron millones ayudándole al presidente a traficar cocaína”.

La evidencia incluye información de contacto del actual presidente, así como de Manuel Zelaya y varios funcionarios militares y policiales de alto rango, en los aparatos electrónicos de Fuentes.

La imputación estadounidense contra Fuentes nombra a Hernández como un “coconspirador” que recibió “decenas de miles de dólares” en 2013, cuando Hernández era presidente del Congreso y candidato presidencial, a cambio de promesas de protección militar y otra asistencia.

Hernández presuntamente le dijo a Fuentes que quería empujar cocaína “hasta las narices de los gringos” y poner fin al acuerdo de extradición con EE.UU., afirma la imputación.

El documento también indica que Fuentes utilizó al hermano del presidente, “Tony” Hernández” como intermediario. En 2019, un juzgado neoyorquino declaró a “Tony” Hernández culpable de traficar cocaína “a gran escala” entre 2004 y 2016.

El juicio en curso ha recibido mucha cobertura en la prensa hondureña e internacional, cuyos reportes han mencionado frecuentemente que, durante el juicio de 2019, un testigo declaró que “Tony” Hernández recibió un millón de dólares del líder del Cártel de Sinaloa, Joaquín “Chapo” Guzmán.

Si bien no se han anunciado cargos formales, la admisión pública del Departamento de Justicia de EE.UU. de que Juan Orlando Hernández lidera un “narcoestado” no solo incrimina a todo el Gobierno y las fuerzas de seguridad, sino que constituye una condena para los Gobiernos de Trump y Obama que apuntalaron su régimen con cientos de millones de dólares.

En medio del impacto por la pandemia de COVID-19 y los huracanes Eta e Iota de noviembre, tales acusaciones podrían prender la mecha de la oposición masiva al régimen de Hernández. Al mismo tiempo, ha sido una política cotidiana del imperialismo estadounidense en la región utilizar a ciertos oficiales como chivos expiatorios cuando se enfrentan a una oposición social masiva contra sus políticas derechistas.

El año pasado, el desempleo casi se duplicó a 11 por ciento y la pobreza oficial saltó a 60 por ciento. La pandemia no da tregua y se espera que la racha de sequías continúe este año. Por el otro lado, Wall Street y la oligarquía local exigen austeridad social y un ajuste económico regresivo, inclusive para pagar los $3,35 mil millones en préstamos solicitados el año pasado.

Un reporte de BNAmericas esta semana cita a Ismael Zepeda del centro de pensamiento Fosdeh, quien sugiere al “Gobierno ofrecer un ajuste fiscal, incluidos impuestos, una reforma de tasas, un menor gasto en educación y salud en las negociaciones para un préstamo del FMI en noviembre”. Por su parte, el oligarca Luis Larach reclamó al sitio empresarial, “tenemos los impuestos más altos de Centroamérica. La solución es racionalizar/adelgazar el Gobierno y dejar de robar”.

Las elecciones presidenciales están programadas para el 28 de noviembre y Hernández no buscará la reelección. Ante un polvorín social, Wall Street y el puñado de multimillonarios y milmillonarios hondureños esperan poder seguir saqueando el país al colocar las acusaciones de corrupción y narcotráfico en el centro de la campaña electoral y así tapar las cuestiones sociales. Hernández, quien está hasta el cuello en corrupción, está siendo lanzado a los lobos por este propósito.

Este es también el contexto del plan del Gobierno de Joe Biden para el Triángulo Norte —Honduras, Guatemala y El Salvador— por valor de $4 mil millones y supuestamente para tratar las causas de la migración.

La descripción del plan en el sitio web de la campaña de Biden tiene como primer pilar “atraer mayores inversiones privadas, tanto de fuentes internacionales como para que sus ciudadanos quieran invertir en casa”. El segundo pilar es “fortalecer la seguridad y el estado de derecho”, a lo que le siguen “atender la corrupción endémica” y “priorizar la reducción de la pobreza y el desarrollo económico”.

No obstante, el lugar del Triángulo Norte en el capitalismo mundial es como una fuente de mano de obra y recursos naturales baratos para el imperialismo estadounidense. La pobreza masiva necesaria para mantener los salarios bajos y los incentivos fiscales —y la extrema desigualdad social, los regímenes de Estado policial y la corrupción endémica resultantes— constituyen la base para atraer inversiones. La catástrofe social hoy que cientos de miles buscan escapar desesperadamente es el resultado de más de un siglo de esta opresión imperialista.

En cuanto a las revelaciones de Maradiaga, cabe notar que el general retirado Julián Pacheco Tinoco, el ministro de Seguridad del país desde el 2015 y el oficial con los lazos más estrechos con Washington, no ha sido mencionado. Durante juicios en 2017 y 2019, hubo testimonios de que Los Cachiros sobornaron a Pacheco. Esto solo puede interpretarse como una garantía de impunidad del Gobierno estadounidense para las fuerzas de seguridad hondureñas.

Según The Intercept, Pacheco se graduó de cursos de contrainsurgencia en 1979 y operaciones psicológicas en 1986 de la Escuela de las Américas, actualmente localizada en Fort Benning, Georgia.

Durante los años ochenta, Honduras fue la principal base para que el Pentágono entrenara y armara a los ejércitos de Guatemala y El Salvador para que reprimieran a las guerrillas de izquierda, así como para que la CIA organizara las fuerzas terroristas “Contra” para derrocar el Gobierno sandinista. Como parte de estas actividades, el Gobierno de Reagan protegió y financió consistentemente a oficiales locales y líderes de la Contra que eran narcotraficantes conocidos.

Después de la disolución de la URSS en 1991 y la transformación de las guerrillas y los sandinistas en partidos burgueses subordinados a los intereses de EE.UU., Washington cambió su lema de la “guerra contra el comunismo” a la “guerra contra las drogas” a fin de perpetuar su presencia militar. Honduras ha sido clave en esta campaña, que el imperialismo estadounidense ha intensificado para contrarrestar la influencia rusa y china en el hemisferio.

Cuando el presidente hondureño Manuel Zelaya comenzó a estrechar su relación con Hugo Chávez en Venezuela, un socio cercano de Rusia y China, el ejército hondureño lo derrocó en 2009 con el respaldo del Gobierno de Obama. Según reportó The Intercept, Pacheco Tinoco fue el enviado del ejército hondureño a Washington D.C. para defender el golpe de Estado y reestabilizar la colaboración.

El régimen golpista emprendió una avalancha de privatizaciones y austeridad social que sumió a millones en la pobreza. Se ha aferrado al poder por medio de una represión asesina y elecciones fraudulentas, mientras los Gobiernos de Obama y Trump lo han respaldado con cientos de millones de dólares, al menos $500 millones desde 2016 que han ido en gran medida a los militares.

Este apoyo a un régimen dictatorial que representa a une élite tan corrupta y completamente subordinada a Wall Street expone como absurda cualquier afirmación que el Gobierno del Partido Demócrata tiene la mínima preocupación por la corrupción, los derechos democráticos o el “desarrollo” de Honduras o cualquier otro país.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 13 de marzo de 2021)