Los Jóvenes y Estudiantes Internacionales por la Igualdad Social (en inglés, International Youth and Students for Social Equality) condenan la rendición de la Universidad Columbia ante las demandas del Gobierno de Trump de imponer un régimen de censura en el campus.
La administración universitaria anunció el viernes una serie de medidas de gran alcance como prohibir el uso de mascarillas en el recinto; la contratación de 36 “oficiales especiales” con el poder para sacar y arrestar a individuos; y la supervisión de los Departamentos de Estudios de Oriente Próximo, el Sur de Asia y África, así como el Centro de Estudios Palestinos, bajo un vicerrector nombrado por la universidad.
Además, la universidad anunció la adopción de una nueva definición de antisemitismo que incluye críticas a Israel y “ciertos dobles estándares aplicados a Israel”, una formulación que busca mezclar el antisionismo con el antisemitismo y reprimir la oposición a los crímenes del Estado israelí.
Las acciones tomadas por Columbia tienen vastas implicaciones para la libertad de expresión y los derechos democráticos, no solo en su propio campus sino en todo el sistema de educación superior en los Estados Unidos. Como escribió el presidente del Consejo Editorial Internacional del WSWS, David North, en una declaración en X:
Una versión trumpiana estadounidense de lo que los nazis llamaron Gleichschaltung, la subordinación oficial de la vida intelectual y cultural a la ideología nazi, está siendo implementada por las principales universidades “liberales” estadounidenses.
Estas medidas no fueron impuestas a la fuerza a la universidad a través de coerción política ni una orden judicial. Fueron adoptados por la propia universidad, voluntariamente, con el fin de ganar el apoyo de Trump para la restauración de $400 millones en fondos federales que retuvo para forzar estos cambios. Columbia está actuando como un cómplice voluntario, trabajando mano a mano con el Estado para atacar a los estudiantes que protestan contra el genocidio respaldado por Estados Unidos en Gaza.
El 10 de marzo, el Gobierno de Trump envió una carta a más de 60 instituciones académicas, incluida Columbia, declarándolas bajo investigación por “acoso y discriminación antisemita” y amenazando con nuevas medidas policiales y recortes de fondos. Apenas tres días después, Columbia anunció que había suspendido, expulsado o revocado los títulos de 22 estudiantes involucrados en la ocupación pacífica de Hamilton Hall.
Columbia también facilitó la captura de Mahmoud Khalil, quien fue secuestrado de su residencia cerca de la universidad el 8 de marzo y ha pasado las últimas dos semanas en un centro de detención en Louisiana, amenazado con la deportación. En su carta desde la cárcel publicada la semana pasada, Khalil escribió:
Las presidentas de Columbia, [Minouche] Shafik, [Katrina] Armstrong y Dean Yarhi-Milo sentaron las bases para que el Gobierno de los Estados Unidos me atacara disciplinando arbitrariamente a los estudiantes propalestinos y permitiendo que las campañas virales de doxing, basadas en el racismo y la desinformación, se mantuvieran fuera de control.
Antes de su arresto, Khalil había escrito a Columbia pidiendo ayuda contra las provocaciones derechistas de un profesor universitario. Fue ignorado.
Las universidades de todo el país están asumiendo el papel de ejecutoras de la represión estatal, arrestando a estudiantes, vigilando las protestas y castigando las expresiones de oposición al genocidio respaldado por Estados Unidos en Gaza. Esto comenzó bajo la Administración de Biden, que respondió a la erupción de las protestas universitarias el otoño pasado alentando la represión policial.
En la Universidad de Cornell, la Administración intentó suspender al estudiante de posgrado y ciudadano británico-gambiano Momodou Taal por su participación en una protesta pacífica el otoño pasado, lo que habría llevado a su deportación. Esta acción creó las condiciones para el intento de Trump, en los últimos días, de capturar y deportar a Taal como represalia por su presentación de una demanda federal que desafiaba las órdenes ejecutivas de Trump como ilegales e inconstitucionales.
La dirección de la Universidad de Michigan pidió a la fiscala general demócrata Dana Nessel que presentara cargos penales contra 11 manifestantes estudiantiles propalestinos, como parte de un esfuerzo más amplio, liderado por los demócratas en Michigan, para criminalizar la oposición a la guerra y el genocidio. Más recientemente, la Universidad de Tulane ha presentado cargos disciplinarios contra siete estudiantes por participar en protestas fuera del campus exigiendo la libertad de Khalil.
La capitulación de Columbia y otras universidades ante la Administración Trump no puede explicarse simplemente por la cobardía de sus administradores, aunque ciertamente son cobardes. En las últimas cuatro décadas, la financiarización de la economía estadounidense y el dominio de la vida social por parte del mercado de valores han dado lugar a una nueva clase media-alta extremadamente rica. Esta capa, intelectualmente corrupta y separada de cualquier tradición democrática seria, ahora domina la cúpula de las universidades de élite.
Los fondos de Columbia llegaron a la asombrosa cifra de 14.800 millones de dólares al 30 de junio de 2024, con casi el 80 por ciento de sus inversiones vinculadas a fondos de cobertura, capital privado y acciones globales. La universidad está profundamente arraigada en el mundo de las altas finanzas.
Además, la presidenta interina Katrina Armstrong, que recibe más de $1 millón al año en salario, y la Junta Directiva están estrechamente vinculados al Partido Demócrata. De los $4.1 millones en contribuciones políticas hechas por los fideicomisarios de Columbia durante los ciclos electorales de 2020 y 2024, el 88 por ciento fue a los demócratas. Solo el miembro de la junta, Adam Pritzker de la multimillonaria familia Pritzker donó casi $1 millón a la campaña de 2024 de Kamala Harris.
El exsecretario de Seguridad Nacional de Obama, Jeh Johnson, ahora socio del bufete de abogados Paul Weiss, forma parte de la Junta Directiva de Columbia junto con importantes financieros, directores ejecutivos y agentes políticos.
Significativamente, el bufete de abogados de Johnson, Paul Weiss, recientemente hizo su propia capitulación abyecta ante la Administración de Trump, anunciando un acuerdo con la Casa Blanca para proporcionar servicios legales pro bono por valor de $40 millones para causas seleccionadas por la Administración de Trump a cambio de la exención de una de las órdenes ejecutivas de Trump dirigidas a bufetes de abogados y abogados. Un bufete de abogados que se adapta a las demandas del Estado deja de funcionar como defensor y se convierte en un instrumento de represión política.
Lo que se está exponiendo a través de estos desarrollos es que no existe una base de apoyo seria para la defensa de la democracia dentro del Estado, el Partido Demócrata ni cualquiera de las instituciones de la llamada “sociedad civil”. Trump no está actuando solo. Su asalto a los derechos democráticos se está llevando a cabo con la colaboración activa de ambos partidos, los tribunales, los medios de comunicación, las universidades y la élite corporativa.
Hace apenas una semana, el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, aseguró la aprobación de un proyecto de ley presupuestario para financiar al mismo Gobierno que está implementando un plan sistemático para imponer una dictadura. El Partido Demócrata, independientemente de sus desacuerdos tácticos con la Administración de Trump centrados en la política exterior, es un partido de Wall Street y sectores privilegiados de la clase media-alta.
Lo que está ocurriendo ahora va mucho más allá del mccarthismo de la década de 1950. Es un asalto coordinado a los derechos democráticos más fundamentales de toda la población.
Los Jóvenes y Estudiantes Internacionales por la Igualdad Social (JEIIS) llaman a la más amplia oposición a este asalto a los derechos democráticos. Pero esta batalla no se puede librar solo en las universidades. La única base para la defensa de los derechos democráticos es la movilización política de la clase trabajadora, la gran mayoría de la población, independiente de ambos partidos capitalistas y basada en un programa socialista.
La clase obrera es una fuerza inmensamente poderosa, que puede derrocar al capitalismo y reestructurar la sociedad sobre la base del socialismo. El giro de la oligarquía capitalista a la dictadura está inextricablemente conectado con la guerra que se libra contra la clase trabajadora, en forma de asalto masivo a los programas sociales, el despido masivo de trabajadores federales y la eliminación de todas las regulaciones sobre las ganancias corporativas.
La abolición de la libertad de expresión en los campus universitarios será seguida por pasos para ilegalizar las huelgas y otras formas de protesta contra la explotación empresarial. Al mismo tiempo, está relacionado con una enorme escalada de la guerra imperialista, que ahora toma la forma de la expansión del genocidio y una guerra más amplia en todo Oriente Próximo, junto con los preparativos para la guerra contra China.
El JEIIS, el movimiento estudiantil y juvenil del Partido Socialista por la Igualdad, está luchando por construir un movimiento de jóvenes que esté orientado a una lucha por construir un movimiento en la clase trabajadora, en oposición a todo el establishment político, incluido el Partido Demócrata y todos sus apologistas y defensores.
Instamos a los estudiantes: ¡Asuman esta lucha! ¡Únanse al JEIIS!
(Artículo publicado originalmente en inglés el 23 de marzo de 2024)