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El Gobierno español de PSOE-Podemos regala miles de millones en contratos a los traficantes de armas

Mientras el COVID-19 ha infectado a más de 112 millones de personas en todo el mundo y ha matado a 2,5 millones, la amenaza de una nueva guerra mundial que podría acabar con miles de millones, lejos de disminuir por la pandemia, no ha hecho más que aumentar. En este contexto, el Gobierno español del Partido Socialista (PSOE) y Podemos se está asegurando de que sus fabricantes de armas hagan caja en el polvorín mundial, mientras todas las potencias imperialistas se rearmen y preparen nuevos conflictos de grandes potencias.

Según el informe "Exportaciones de Material de Defensa y Doble Uso de la Secretaría de Estado de Comercio" presentado en el parlamento español, entre enero y julio de 2020, el Gobierno PSOE-Podemos autorizó ventas de armas por un valor récord de €22.500 millones. Esta cifra es superior a la suma de las ventas de 2018 y 2019, que ascendieron a €21.400 millones en conjunto.

España es el séptimo exportador mundial de armas y sus exportaciones de armamento han sido las terceras que más han crecido en los últimos cuatro años. Su negocio militar-industrial es un pilar clave de la economía, representando el 1% de su Producto Interior Bruto.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez (PSOE), segundo a la izquierda, camina junto al líder de Podemos, Pablo Iglesias, segundo a la derecha, y la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, a la izquierda, en el Palacio de la Moncloa en Madrid, España, el martes 14 de enero de 2020. (Crédito de la imagen: AP Photo/Manu Fernandez)

El Gobierno PSOE-Podemos no se ha limitado a continuar con la tradicional política de apoyo a su industria armamentística nacional, sino que ha trabajado para aumentar sus ventas y diversificar sus destinos de exportación. Detrás de estos esfuerzos está Podemos, que articula los intereses de los sectores acomodados, proimperialistas, de la clase media-alta. Como partido estatal que ataca el nivel de vida de los trabajadores, apoya las guerras y los golpes de estado, ataca los derechos democráticos y emplea la represión del estado policial, su apoyo a la industria armamentística es parte de su política imperialista más amplia.

El pasado mes de octubre, el portavoz de Defensa de Podemos, Roberto Uriarte, intervino durante el Foro Informativo de Defensa en el parlamento para pedir diversificación y más investigación y desarrollo en el sector armamentístico.

El sector no debe "poner todos los huevos en la misma cesta", dijo Uriarte. En su lugar, dijo, "la industria de defensa debe basar su crecimiento en la diversificación de sus soluciones y en la búsqueda de nuevos mercados en el exterior, para que el Ministerio de Defensa no sea el único cliente de la industria armamentística".

La principal preocupación de Uriarte es que las exportaciones de la industria dependen demasiado de los países del Golfo. "No debemos vender [armas] sólo en monocultivo a las monarquías del Golfo Pérsico", dijo. España debe "aplicar políticas públicas y facilitar la internacionalización" de la venta de armas. Pidió que se invierta en investigación y desarrollo, lo que requiere "políticas a largo plazo, poca demagogia y mucho sacrificio y dedicación". Concluyó, como cualquier lobby armamentístico: "La investigación aplicada [en armas] es la base de la prosperidad de los países".

Los contratos de venta de armas autorizados de este último año demuestran que la política defendida por Uriarte ha guiado al Gobierno PSOE-Podemos.

El récord de €19.400 millones en contratos de venta de armas autorizados se debe a una serie de pedidos de aviones de transporte Airbus ensamblados en España y exportados a Alemania, Francia, Reino Unido, Bélgica, Luxemburgo y Holanda.

Durante las últimas décadas, estos países europeos han dependido de Estados Unidos para sus guerras neocoloniales en África y Oriente Medio. Estas órdenes pretenden aumentar su independencia de Washington, en nombre de la "autonomía estratégica europea", para llevar a cabo su propia política exterior agresiva y de gran potencia. También forma parte de un refuerzo militar dirigido a la Rusia con armas nucleares.

La mayor parte del material de defensa español, el 71,5%, se destinó a países de la OTAN o de la UE. Alemania es el mayor cliente en términos absolutos. A principios de diciembre, el Parlamento alemán aprobó su presupuesto para 2021, que incluye un aumento masivo del gasto militar de al menos €45.000 millones.

El segundo mayor cliente es Singapur, que compró un avión de reabastecimiento. En los últimos años, Singapur ha impulsado su participación militar en la escalada militar liderada por Estados Unidos en Asia-Pacífico contra China. Lejos de oponerse a la militarización de Asia-Pacífico, Madrid está apoyando a Australia y a Washington en el fomento de la carrera armamentística y el aumento de la capacidad militar en la región, lo que aumenta el peligro de conflicto.

El quinto mayor comprador de España y el segundo fuera de la OTAN y la UE fue Arabia Saudí, con €32,4 millones. Está destinado a recibir granadas de mortero de diferentes calibres, equipos avanzados de observación con telémetros láser y sistemas de puntería. Esto no incluye las cinco corbetas por valor de €1.800 millones que el astillero público Navantia está construyendo para la Marina saudí. Además, más de la mitad de los €60 millones en armas de categoría 3 (municiones y artefactos explosivos) en el primer semestre de 2020 se destinaron a Arabia Saudí (€21,9 millones) y Emiratos Árabes Unidos (€8,2 millones).

El informe muestra que el cese parcial de las entregas de munición durante 2018 y 2019 a los Estados del Golfo implicados en la guerra genocida contra Yemen —una medida simbólica que el gobierno adoptó al tomar el poder, en respuesta a la ira popular por la guerra— ha terminado. La guerra se ha cobrado 233.000 vidas en los últimos seis años, provocando la peor crisis humanitaria del mundo. Millones de personas corren el riesgo de morir de hambre.

Esto ridiculiza la respuesta del gobierno español a una pregunta sobre la exportación de armas a Arabia Saudí presentada hace dos semanas. En ella se afirmaba: "Los países de la Liga Árabe que forman parte de la coalición contra los rebeldes en Yemen no están sometidos a ningún embargo" por parte de la ONU o la UE, y añadía con cinismo que "si se tuviera conocimiento o hubiera riesgo de uso indebido del material exportado", se podría suspender o revocar la autorización.

El otro país que recibe armas de categoría 3 es Marruecos (€3,9 millones. Rabat, estrecho aliado de Estados Unidos y de Francia, está inmerso en su propio refuerzo militar con el objetivo de convertirse en un actor regional importante en África Occidental. Estas armas no harán más que avivar las tensiones con su vecino, el régimen militar de Argelia, y con el Frente Polisario, liderado por los saharauis, en el Sáhara Occidental. El alto el fuego de tres décadas se rompió el pasado noviembre cuando Rabat envió tropas para aplastar las protestas pacíficas saharauis.

España también se está convirtiendo rápidamente en uno de los principales exportadores de material policial y antidisturbios, ya que la aristocracia financiera mundial se enfrenta a una oposición social masiva a sus políticas de austeridad, militarismo y negligencia maligna frente a la pandemia del COVID-19. Las exportaciones de este material ascendieron a €719.026, lo que supone un aumento del 931% respecto al mismo periodo del año anterior.

El primer cliente fue Togo, con un contrato de €575.685, es decir, el 80% del total. Togo, el décimo país más pobre del mundo, está gobernado por el presidente Faure Gnassingbe desde hace 15 años, después de que su padre tomara el poder en un golpe de Estado en 1967. Su objetivo es utilizar los nuevos equipos para hacer frente a las crecientes huelgas y protestas contra su gobierno.

El segundo cliente de estos equipos fue Túnez. Su clase dirigente se enfrenta actualmente a las crecientes protestas en el décimo aniversario del derrocamiento del odiado dictador corrupto Zine El Abedine Ben Ali, que desencadenó la Primavera Árabe hace una década. Haykal Rachdi, de 21 años, murió el mes pasado cuando la policía tunecina le disparó un bote de gas lacrimógeno a corta distancia. Otro joven, Aymen Mahmoudi, sufrió graves heridas por otro bote de gas lacrimógeno. Con toda probabilidad, esta munición se vendió con la autorización del gobierno español PSOE-Podemos.

Otros clientes de este material son el vecino Portugal y Estados Unidos.

Los trabajadores y los jóvenes deberían estar advertidos de que todas estas armas que se producen y exportan, en el falso nombre de "crear puestos de trabajo", serán utilizadas por el Gobierno PSOE-Podemos para reprimir a la oposición interna en medio de la creciente oposición a su política criminal de "inmunidad colectiva" y austeridad.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 22 de febrero de 2021)

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