Generales, miembros de la realeza y ministros españoles se han vacunado en secreto contra el COVID-19, saltándose la lista de espera de la vacuna mientras de repente y sin explicación enfermeros y enfermeras en la primera línea se quedan sin vacunas. Este robo de vacunas destinadas a personas de la tercera edad y personal sanitario críticamente vulnerable expone el criminal odio de clase que subyace a la política de la "inmunidad colectiva" de la Unión Europea (UE).

Los parásitos multimillonarios, generales ultraderechistas, y un sinfín de funcionarios corruptos de la clase gobernante española mandan todos los días sin necesidad a millones de trabajadores y jóvenes a arriesgarse a contagiarse y a morir, yendo a trabajar y a estudiar en trenes y tranvías abarrotados. Se niegan a implementar órdenes médicamente necesarias de confinamiento para seguir haciendo fluir las ganancias corporativas a los bancos a costa de la vida. Las vidas que sacrifican, sin embargo, no son las suyas. Al tiempo que sermonean a los trabajadores sobre el "sacrificio" y la necesidad de "salvar la economía", de manera egoísta han robado vacunas para salvarse a sí mismos.

Ayer, la ministra de defensa Margarita Robles (Partido Socialista Obrero Español, PSOE) se vio obligada a prometer que le preguntaría al Jefe del Estado Mayor, Miguel Ángel Villarroya, por qué él y numerosos altos mandos españoles se saltaron las listas de espera para la vacunación. El Confidencial, un sitio de noticias con numerosas fuentes en ámbitos militares, confirmó que otros altos mandos, incluyendo al general Francisco Braco y al teniente general Fernando García González-Valerio, también habían sido vacunados.

España también ha vacunado a los soldados que participan en sus intervenciones militares imperialistas en el extranjero. El ministerio de defensa tiene su propia agenda de vacunación, oculta al público. Tiene dosis suficientes para los casi 1.000 soldados de los buques de guerra desplegados en las costas de Somalia. Miles más se están preparando para despliegues en el Líbano, Irak o Letonia. Por el momento las vacunas están almacenadas en un nuevo frigorífico de €5 millones, en la base militar de Colmenar Viejo.

Hay pocas dudas de que amplios sectores de la aristocracia financiera han conseguido de hecho de manera secreta acceso a las vacunas, en el mercado negro o por otros medios. Ese fue el caso de Iñaki Urdangarín, el cuñado del rey español Felipe VI, que ahora cumple una condena de cinco años de cárcel por su papel en un escándalo de malversación de fondos y corrupción financiera.

Urdangarín fue vacunado porque trabaja tres días a la semana como voluntario en un centro para personas con discapacidad. De manera significativa, consiguió este trabajo apenas hace tres semanas, coincidiendo con el comienzo de la campaña de vacunación. El mismo día, se le permitió un régimen carcelario del tercer grado, la categoría más baja dentro del sistema carcelario, que le otorga libertad durante el día. Plantea la cuestión de si su cuñado y comandante de las fuerzas armadas, el rey Felipe VI, también fue vacunado.

Altos mandos de varias partes de España consiguieron la vacuna de manera irregular. En Murcia, una de las regiones con mayor tasa de incidencia —1.189 casos por 100.000— 450 altos mandos y sus familias que trabajan en la consejería de sanidad de la región consiguieron la vacuna para el COVID-19. Les tomó 72 horas y se hizo en un secreto total. No eran trabajadores sanitarios en primera línea. Al mismo tiempo, el consejero de sanidad de la región se negó a vacunar a 9.300 personas de la tercera edad de más de 90 años, que no fueron consideradas prioritarias.

El consejero de salud de Murcia, Manuel Villegas, que fue vacunado junto con su esposa, se negó a dimitir durante dos días. Cedió solo ante la presión creciente —no antes de que el presidente de la autonomía, Fernando López Miras, lo defendiera como "ejemplar" y a su actuación como "impecable".

Las vacunaciones irregulares de funcionarios del Estado ocurrieron en el enclave español en África de Ceuta y en las provincias de Valencia y Alicante. En Alicante, el alcalde de La Nucía y un consejero local se vacunaron. El alcalde argumentó cínicamente que él tiene el título de médico.

Al mismo tiempo, están apareciendo de repente escaseces inexplicables en las reservas oficiales de vacunas para el COVID-19 en España. La falta de dosis para los trabajadores sanitarios es particularmente criminal porque más de 50.000 trabajadores sanitarios se han enfermado, y 63 han muerto hasta el momento.

El gobierno regional de Madrid ha anunciado que dejará de vacunar a trabajadores sanitarios de primera línea que luchan contra el COVID-19 porque se ha quedado sin vacunas. Trabajadores de la salud de Madrid le dijeron a elDiario.es que mucha gente ha sido vacunada en los hospitales a lo largo de las últimas semanas. Sonia le dijo al diario que tenía cita en el centro de salud donde trabaja de enfermera; sin embargo, "Hoy el coordinador nos envió un mensaje para decirnos que se había cancelado por la escasez".

La comunidad de Madrid todavía tiene que explicar cómo pasó de tener uno de los despliegues de vacunación más lentos por comunidad autónoma —administrando 14.000 dosis o el 14 por ciento de las recibidas para el 9 de enero— a haber utilizado ahora el 73 por ciento de sus vacunas. Esto pasaba mientras la región era llevada a un parón por una tormenta que la cubrió de nieve. La pregunta obvia es si estas vacunas fueron robadas para ser administradas ilegalmente a personas adineradas y con enchufe.

El robo de vacunas de la élite gobernante española ocurre cuando, en toda Europa, el tiempo frío y el surgimiento de variantes nuevas y más mortales del coronavirus están conduciendo a una alarmante pérdida de vidas. Cerca de 100.000 personas mueren por COVID-19 cada tres semanas en Europa. Hay actualmente 27.000 casos hospitalizados en España, incluyendo a 3.734 en cuidados intensivos, bajo condiciones en las que obligar a una vuelta al trabajo y a las escuelas se va a cobrar un número todavía mayor de vidas.

La respuesta oficial de la UE al COVID-19 está infectada sin esperanzas por una clase gobernante totalmente corrupta y enloquecida por el dinero. Mientras implementan una política de "inmunidad de grupo", un sentimiento fascista y planes para un golpe de Estado se producen en los mandos militares contra las huelgas obreras que piden cerrar la industria no esencial. En los chats de WhatsApp ahora filtrados, destacados mandos militares decían que eran "buenos fascistas" y llamaban a "empezar a fusilar a 26 millones de hijos de p*ta" para "extirpar el cáncer" del sentimiento izquierdista.

Villarroya restó importancia a estos chats, insistiendo en que el ejército "cumple de manera exquisita la misión que le encomienda la constitución" y aclamó los "muchos sacrificios" hechos por el personal del ejército.

En última instancia, esta corrupción hunde sus raíces en la grotesca desigualdad social creada por el capitalismo. Una sociedad en la que la persona más rica (el dueño de Zara, Amancio Ortega, con una fortuna neta de €57 mil millones) "vale" más que 3 millones de personas en el 50 por ciento de abajo es incapaz de gestionar una política sanitaria racional y científicamente guiada. Según crecen las revelaciones de un acceso irregular generalizado de los ricos a la vacuna, es difícil creer que Ortega y otros multimillonarios de toda Europa no hayan sido también vacunados.

El partido de clase media y "populista de izquierdas" Podemos, que está en el gobierno junto al PSOE, ha hecho unos pocos llamamientos asustados a que dimitan los altos mandos implicados en el escándalo. El viceportavoz de Unidas Podemos y secretario general del Partido Comunista de España (PCE) Enrique Santiago tuiteó: "Si es cierto que el JEMAD [jefe del Estado Mayor de la Defensa, Villarroya] ha sido vacunado, debería dimitir o ser destituido por el presidente del gobierno. ... Si el ministerio de defensa ha designado un protocolo que permitió que mandos militares se vacunaran antes que la población u otros soldados de alto riesgo, Robles debería dar explicaciones".

La ministra de trabajo de Podemos Yolanda Díaz, que ha liderado la política del regreso al trabajo junto con la burocracia sindical, dijo que "todos los dirigentes políticos" que se saltaron los protocolos para ser vacunados "deben dimitir inmediatamente".

De hecho, después de casi un año durante el cual Podemos ha estado implementando la política homicida de la "inmunidad colectiva" de la UE, la pregunta que se plantea es qué sabía Podemos sobre las vacunaciones ilegales de la élite y, de hecho, si el vicepresidente del gobierno Pablo Iglesias u otros dirigentes de Podemos fueron vacunados ilegalmente.

La lección política central de este escándalo es que no se puede luchar contra la pandemia mediante el establishment político europeo. Requiere la movilización de los trabajadores y los jóvenes, organizados independientemente de los sindicatos en los lugares de trabajo y las escuelas, en un movimiento político que luche por la igualdad y el socialismo. La única perspectiva viable para tal movimiento es transferir el poder de la aristocracia financiera a la clase trabajadora.

En noviembre, el gobierno del PSOE y Podemos anunció pomposamente su Estrategia de Vacunación contra el COVID-19. Este plan dividió a la población española en 15 grupos para suministrar las vacunas durante 2021 en tres fases. En la primera fase, de enero a marzo, 2,5 millones de personas serían vacunadas, incluyendo a internos y personal de residencias de ancianos, trabajadores sanitarios y personas con serias discapacidades.

(Publicado originalmente en inglés el 22 de enero de 2021)