El gobierno español del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Podemos se está preparando para recortar las jubilaciones en cerca del 5,5 por ciento y elevar la edad para la jubilación a 67 años a lo largo de los próximos seis años. El ataque a las jubilaciones es uno de una serie de recortes a programas sociales básicos que el gobierno está implementando a instancias de la Unión Europea (UE) a cambio de miles de millones de euros en fondos de rescate por la pandemia de COVID-19.

España va a recibir €140 mil millones de los €750 mil millones del paquete de estímulo de la UE por el coronavirus, que incluye €72 mil millones en préstamos. Un proyecto de ley hecho público a finales de noviembre dejó claro que esta financiación será canalizada directamente a los bancos y las grandes empresas. Este proceso será supervisado por el partido "populista de izquierdas" Podemos.

Según un borrador del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, del PSOE, el número de años trabajados a ser tenidos en cuenta para calcular las prestaciones por jubilación se elevará a 35. Esto recortaría el importe medio de las pensiones que cobran los jubilados.

Los trabajadores tienen por lo general mejores contratos y sueldos en los últimos años de su vida laboral, y así contribuyen más al sistema de pensiones hacia el final de su carrera profesional. Calcular las jubilaciones basándose en un salario medio de casi toda la vida laboral asegura que la mayoría de los trabajadores terminen con un bote mucho más pequeño que el que tendrían con un cálculo basado solo en los últimos años.

Las jubilaciones llevan décadas en la línea de fuego de los gobiernos tanto del PSOE como del derechista Partido Popular (PP). Aumentar el número de años empleados para calcular la jubilación de un trabajador ha sido un componente clave de los recortes del PSOE y del PP. En 1985, solo los dos últimos años de la vida laboral se usaban para computar la jubilación, que se subió a 11 y luego 15 años. En 2011, un proyecto de ley de jubilaciones acordado por los sindicatos y el gobierno del PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero estableció planes para incrementar esto de 15 a 25 años entre 2013 y 2022.

El plan actual para subir de golpe esta cifra a 35 en medio de la crisis social causada por la pandemia representa una escalada drástica de la austeridad. La ley de 2011 hubiera elevado el número de años usados para los cálculos de las jubilaciones a 25 para 2022. La propuesta de Escrivà no estaba incluida en las recomendaciones publicadas en octubre por la comisión del Pacto de Toledo —un organismo no legislativo, permanente, multipartidista, establecido en 1995 para proponer ataques a las pensiones.

Las recomendaciones del Pacto de Toledo incluyen eliminar el déficit de la seguridad social para 2023; animar a los trabajadores a seguir trabajando más allá de la edad oficial de jubilación; intensificar inspecciones y sanciones a los supuestos fraudes; y presionar a los trabajadores para que inviertan en planes privados de pensiones.

Aunque la ministra de economía del PSOE Nadia Calviño afirmó que "los trabajadores serán capaces de excluir los peores años de sus contribuciones" de los cálculos, no está claro cómo se hará eso. Cualquier metodología de cálculo que al final acuerden el PSOE y Podemos, brindará poco consuelo a los millones de trabajadores que se prevé que pierdan mucho de su jubilación.

La edad de jubilación también subirá a 66 en 2021, que ahora está en los 65. Ello es coherente con las propuestas establecidas por el gobierno del PSOE de Zapatero en 2011 y ratificadas en 2013, que introdujeron leyes para subir la edad de jubilación de 65 a 67 años de edad para 2027.

Si un trabajador escoge jubilarse anticipadamente a los 65 años de edad, solo podrá cobrar una pensión estatal si trabajó e hizo contribuciones a la jubilación por al menos 37 años y tres meses. Para 2027, esto subirá a 38 años y seis meses.

Según el borrador de documento enviado por Escrivá a otros ministros del gobierno, el nuevo plan de pensiones contemplará un recorte promedio al fondo de jubilaciones de cada trabajador del 5,5 por ciento. La cantidad perdida por los trabajadores variará del 3 al 7 por ciento basada en factores como la edad, el salario y el número de años trabajados.

Esto empeorará significativamente la difícil situación a la que se enfrentan los jubilados en España, muchos de los cuales están ante la perspectiva de la pobreza y la inseguridad en la tercera edad después de décadas de trabajo.

En 2019, cerca de 1,6 millones de jubilados en España vivían en la pobreza, lo que quiere decir que cobraban menos de €9.000 al año en ingresos por la pensión, según cifras del gobierno español. Esto es el 12,7 por ciento de los aproximadamente 6,09 millones de jubilados españoles. Cerca de 555.000 (el 9 por ciento) estaban en la pobreza extrema, cobrando menos de €6.000 al año.

Estas cifras suben a cerca del 31,1 por ciento en la pobreza y el 14,2 por ciento en pobreza extrema si se tienen en cuenta todos los tipos de jubilación —incluyendo para aquellos con discapacidades permanentes, viudas y viudos, y para los huérfanos.

Este proyecto de ley expone los intereses de clase reaccionarios que sirve Podemos, un partido "populista de izquierdas" de la clase media pudiente. Es una herramienta de los bancos. De hecho, el dirigente de Podemos y vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias, aclamó el rescate de la UE para la pandemia, declarando: "Por primera vez en la historia de la UE, se propone un paquete de subvenciones financiadas con deuda conjunta. Eurobonos, que parecían irrealizables hace unos pocos años, ahora son una realidad y servirán para lidiar con esta crisis de una manera diferente, sin recortes sociales". Esto queda expuesto como un paquete de mentiras.

Como su aliado griego Syriza (la "Coalición de la izquierda radical"), Podemos apoya los recortes a los salarios y los niveles de vida. Por eso Podemos también votó para aceptar las recomendaciones del Pacto de Toledo en noviembre, que intensifica los ataques propuestos por Zapatero en 2011.

Podemos se las está dando cínicamente de opositor a los recortes a las jubilaciones, y su portavoz Sierra declara que la reforma de las pensiones está "yendo para atrás". Esto es un patético paripé: son miembros del mismísimo gobierno que está imponiendo estos ataques.

El gobierno del PSOE y Podemos también planea congelar el salario mínimo español, que ahora asciende a unos miserables €950 mensuales —aunque la pobreza en el trabajo subió un 16 por ciento de 2010 a 2019, aún antes del impacto devastador de la pandemia. En España, el 12,7 por ciento de los trabajadores estaban en la pobreza en 2019, según un estudio de la Confederación Europea de Sindicatos. Esto hace de España el sexto país peor afectado en términos del aumento en el número de trabajadores pobres de los 27 Estados miembros de la UE.

Exponiendo los intereses de clase implicados en los ataques a las pensiones, la propuesta de jubilaciones de Escrivá se produce mientras se informa de que €113 mil millones de mala deuda mantenida en bancos españoles han sido respaldados por garantías estatales del Instituto Oficial de Crédito del gobierno. Esto es muchísimo más de los casi €14 mil millones que Madrid espera haber gastado en los programas de apoyo a los ingresos, ERTE, para los trabajadores afectados por la pandemia para finales de 2020.

Los ataques abarcadores al salario y las pensiones dejan claro que la élite gobernante intenta recuperar cada céntimo de su rescate de los grandes negocios haciendo pagar a la clase trabajadora. Mientras azota la pandemia de COVID-19, miles de millones de euros fueron entregados a los bancos y grandes empresas por parte de los gobiernos europeos y del mundo, mientras millones de trabajadores perdieron el empleo ante el virus potencialmente mortal.

Mientras tanto, a los ancianos y vulnerables, a quienes la clase gobernante ve como un drenaje para los recursos si ya no pueden trabajar, los dejaron morir en cantidad en residencias de ancianos y hospitales.

La pandemia de coronavirus está planteando de manera tajante la necesidad básica de expropiar la riqueza de la oligarquía financiera para satisfacer las necesidades sociales de los trabajadores, incluso el derecho fundamental a una jubilación digna y confortable.

(Publicado originalmente en inglés el 30 de diciembre de 2020)