El Gobierno del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Podemos está implementando la política bárbara de separar a las madres inmigrantes de sus hijos.

A principios de esta semana, la radio Cadena Ser y Eldiario.es informaron de que una docena de niños en las Islas Canarias habían sido separados de sus madres o familiares durante meses mientras se les hacían tests de ADN para comprobar que fueran parientes. La decisión la tomó el fiscal de Las Palmas.

Yaiza Martín, una trabajadora de Misión Cristiana Moderna, una iglesia evangélica de Fuerteventura que viene haciendo de centro improvisado de recepción para inmigrantes en las Islas Canarias, explicó a la agencia de noticias EFE que lleva más de dos meses oyendo gritos y súplicas de las madres. Las madres fueron separadas de sus hijos, algunos de solo dos o tres años de edad.

Martín explicó: "Cuando llegan a puerto, a los niños los envían a centros de menores y a los adultos a una nave en el muelle (donde les hacen la PCR y filiación); luego a otra nave a pasar la cuarentena de la covid y después al albergue, pero a los niños no se los devuelven hasta que no salga la prueba de ADN, que suele tardar entre tres y cuatro meses". Añadió que las madres "viven esto de forma muy dramática, porque no saben dónde acudir".

La Fiscalía General del Estado, nombrada por el Gobierno del PSOE y Podemos, ha defendido las instrucciones de la Fiscalía de Las Palmas de separar a los menores, afirmando que ello tiene por objetivo parar el tráfico de personas. Según una declaración del fiscal general, desde 2019 han encontrado un "alarmante número de casos" de menores que desaparecen junto a aquellas que dicen ser sus madres.

Estas desapariciones ocurrieron antes de recibir los resultados de los tests de ADN. En un argumento estrambótico e inhumano, el fiscal general del Estado afirma que esto es prueba, no de la brutalidad de los centros de detención donde encierran a los inmigrantes, sino de que no hay vínculos biológicos entre ellos. La declaración afirma que el criterio es de "naturaleza temporal", aunque reconoce que la notificación de los resultados de los tests sufre "largas demoras".

Esta política, sin embargo, no tiene nada que ver con parar el tráfico de personas. Los tests, que recuerdan a las medidas médicas que aplicaron los regímenes fascistas contra judíos y otros "indeseables", tienen por objetivo aterrorizar a los inmigrantes para impedirles emprender al peligroso viaje en patera a España. Según el Ministerio del Interior, más de 8.000 inmigrantes han llegado a las Islas Canarias desde África por mar en lo que va de año, en comparación con los solo 1.000 en el mismo período en 2019.

Los datos muestran que hay muy pocos casos en los que los tests revelen que los adultos no tienen los vínculos que dicen tener con el menor. Según datos provisorios de 2019, brindados por la Comisaría General de Extranjería y Fronteras al Defensor del Pueblo, fueron localizados 416 menores que, acompañados por adultos, intentaron llegar irregularmente a España en patera. Ese año se hicieron 651 tests de ADN para probar el parentesco, de los cuales 39 dieron negativo y 38 estaban pendientes.

Pero incluso los resultados negativos tienen que ser interpretados con cuidado. Como señalaron muchas ONGs, los vínculos entre los adultos inmigrantes y los niños no siempre son biológicos.

Las pruebas de ADN a menores empezaron en 2013 después de una recomendación del defensor del pueblo en la que advertía de los riesgos tales como el tráfico, las adopciones ilegales o incluso el tráfico de órganos. Cabe señalar que si tales riesgos existen, ello se debe a la brutalidad de la política antiinmigrantes de la Unión Europea. Basada en la represión policial, pone a los refugiados en una vasta red de campos de concentración que se extiende por Turquía, las islas griegas, el norte de África y los enclaves españoles en África de Ceuta y Melilla, y en las Islas Canarias.

Sin embargo, tampoco la recomendación del defensor del pueblo incluyó separar a los niños de sus padres. En cambio, pedía que las autoridades monitorizaran estrechamente el vínculo entre el adulto y el menor mientras esperaban juntos en estos centros de detención.

Fue el Gobierno del PSOE y Podemos el que adoptó esta política brutal, implementada como se sabe por el presidente estadounidense de tipo fascista, Donald Trump.

En 2018, el Gobierno de EEUU empezó a separar a los padres de los menores, y actualmente mantiene a miles de niños tras las rejas. El ataque a los inmigrantes en los Estados Unidos goza del apoyo bipartidista. De hecho, durante el debate presidencial del jueves pasado, Trump le preguntó al candidato demócrata a la presidencia, Joe Biden, "¿quién enjaula a los niños, Joe?". Esa era una referencia a la deportación récord de 2,7 millones de inmigrantes y los cientos de miles de padres separados de sus hijos bajo la administración de Obama.

Mientras que en los EEUU ha sido el Partido Demócrata el que ha sentado las bases para la política antiinmigrantes de Trump, en España ha sido tradicionalmente el socialdemócrata PSOE, apoyado por los estalinistas y los populistas de izquierdas, el que ha dirigido la implementación de políticas brutales antiinmigrantes.

En los 90, después de la disolución de la Unión Soviética por parte de los estalinistas, el PSOE lanzó ataques drásticos contra los inmigrantes. Estas medidas incluían fronteras fortificadas, más represión policial, fronteras militarizadas y vallas con alambres de espinos. España fue el primer intento de externalizar el control de fronteras —en el caso de España, con Marruecos. Esto luego se extendió a Turquía y Libia.

Esta política sigue hasta el día de hoy. El Gobierno de PSOE-Podemos ha presionado a la UE para que siga financiando a Marruecos en el orden de los miles de millones de euros a cambio de aterrorizar a los inmigrantes en el país antes de que intenten entrar en Europa mediante los enclaves españoles en el norte de África de Ceuta y Melilla y por patera en el Mediterráneo. Esto ha llevado a la muerte de miles en alta mar, mientras a los inmigrantes en España los están atacando y hasta matando debido a la brutalidad policial.

El Gobierno del PSOE y Podemos también siguió con las notorias expulsiones sumarias, o "devoluciones en caliente", deportando directamente a individuos que no logran cruzar, sin realizar ningún juicio creíble, pisoteando el derecho de asilo. A principios de este año, el gobierno también envió a 111 policías a apoyar al gobierno conservador griego de Nueva Democracia en su salvaje represión a los inmigrantes.

La policía española tiene mucha experiencia en estas prácticas. En 2014, guardias civiles intentaron rechazar a inmigrantes que intentaban cruzar la frontera en Ceuta rodeando a nado el dique marino de Tarajal, disparándoles balas de goma y gas lacrimógeno a los inmigrantes mientras estaban nadando. Murieron quince. El fiscal del Estado nombrado por el Gobierno de PSOE-Podemos defendió a los guardias civiles, diciendo que estaban ante una "violenta avalancha".

La crueldad con la que los socialdemócratas y los populistas de izquierda están violando derechos fundamentales básicos y la vida de refugiados e inmigrantes tiene que ser tomada como advertencia. Están demostrando la misma crueldad hacia la vida humana en la pandemia de coronavirus, donde aceptan deliberadamente la muerte de cientos de miles de personas al reabrir las escuelas y obligando a los trabajadores a volver a actividades no esenciales.

Ante la crisis más profunda del capitalismo desde los años '30, la clase gobernante en todas partes está volviendo a medidas violentas de Estado policial. Las políticas migratorias de los "populistas de izquierdas" —ya sea el griego Syriza y sus campos de concentración para inmigrantes en las islas griegas, o la separación de los niños de sus padres que respalda Podemos— bien podrían haber sido ideadas por partidos de tipo fascistizante como Vox.

La clase trabajadora tiene que defender incondicionalmente a todos los refugiados e inmigrantes y su derecho fundamental al asilo, y a que vivan y trabajen donde quieran, como un elemento esencial de la defensa de los derechos sociales y democráticos de toda la clase trabajadora.

(Publicado originalmente en inglés el 23 de octubre de 2020)