El martes, Newsweek informó que dos funcionarios de la Administración de Trump dijeron que la Casa Blanca apoya la Declaración de Great Barrington, una declaración que aboga por el contagio masiva de la población con COVID-19 por medio de una política de “inmunidad de la manada”.

La declaración surge de una reunión organizada por el American Institute for Economic Research (AIER), un grupo de pensamiento libertario de derecha con sede en Great Barrington, Massachusetts. En ella se pide a los gobiernos que “aumenten la inmunidad al virus mediante la infección natural”, se desalienta el trabajo a distancia y se promueven reuniones masivas en las que el virus pueda propagarse. La aplicación de esta política significaría la muerte a escala masiva.

La política de “inmunidad colectiva” es condenada por todas las autoridades sanitarias de renombre, incluida la Organización Mundial de la Salud. El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, calificó el lunes tal política de “poco ética”. Añadió: “La inmunidad colectiva se logra protegiendo a las personas del virus, no exponiéndolas a él. Nunca en la historia de la salud pública se ha utilizado la inmunidad colectiva como estrategia para responder a un brote, y mucho menos a una pandemia”.

Pero esta es precisamente la política que ha sido implementada por la Administración de Trump y otros Gobiernos en todo el mundo.

El Washington Post citó a un funcionario de la Casa Blanca diciendo: “El plan [la Declaración de Great Barrington] respalda la que ha sido la política del presidente durante meses.”

Si la Casa Blanca creyó “durante meses” que los esfuerzos para contener la pandemia eran contraproducentes, entonces su negativa a tomar medidas básicas para detener la propagación de la pandemia en enero y febrero debe ser vista como homicidio doloso. Basándose en la creencia de que el contagio masivo de la población era algo bueno, la Casa Blanca deliberadamente y a sabiendas llevó a cabo políticas que han llevado a más de 200.000 muertes en los Estados Unidos.

El funcionario anónimo continuó: “Todo el mundo sabe que 200.000 personas murieron. Eso es extremadamente serio y trágico. Pero, por otro lado, no creo que la sociedad tenga que paralizarse, y conocemos los daños de confinar a la gente en sus casas”.

La Administración de Trump también está intensificando su ataque al Dr. Anthony Fauci como parte de un esfuerzo más amplio para socavar cualquier respuesta coordinada a la pandemia. Fauci advirtió recientemente: “Si no hacemos lo necesario en otoño e invierno, podríamos tener entre 300.000 y 400.000 muertes de Covid-19”.

La política homicida de la clase dirigente en respuesta a la pandemia yace en el seno de la crisis política sin precedentes en los Estados Unidos. Para implementar esta política, la élite gobernante está recurriendo a formas de gobierno cada vez más violentas y dictatoriales.

El abierto respaldo de la Casa Blanca a la “inmunidad colectiva” llega solo días después de que las agencias policiales revelaran un avanzado complot de terroristas de extrema derecha para secuestrar y matar a la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer. El complot, que según los informes de ayer también tenía como blanco al gobernador de Virginia, Ralph Northam, se centraba en la oposición a incluso las mínimas restricciones destinadas a contener la pandemia.

El complot surgió a raíz de las manifestaciones de derecha en abril y mayo, encabezadas por milicias fuertemente armadas, en las capitales de los estados de Michigan, Virginia, Wisconsin y otros estados. Estas manifestaciones, alentadas por el llamado de Trump a “liberar” estos estados, se produjeron cuando la clase dirigente exigía el regreso al trabajo tras las medidas limitadas adoptadas en marzo en respuesta a las protestas de los trabajadores de la industria automotriz y otros sectores de la clase obrera a medida que la pandemia se propagaba.

A finales de marzo, el Congreso aprobó, de forma casi unánime, la Ley CARES, que autorizó la transferencia de billones de dólares a Wall Street y a la patronal estadounidense. Habiendo asegurado la defensa de sus intereses, la clase gobernante exigió inmediatamente el fin de cualquier medida que socavara la generación de ganancias para pagar el rescate de los ricos.

Si bien es encabezada por Trump, esta política es bipartidista. Fue anunciada por primera vez por el columnista del New York Times, Thomas Friedman, quien proclamó que “la cura no puede ser peor que la enfermedad”, es decir, que las medidas destinadas a contener la pandemia no valían la pena. Los estados de todo el país, tanto bajo los demócratas como los republicanos, comenzaron a eliminar las restricciones a las empresas y a enviar a los trabajadores de vuelta al trabajo. Los medios de comunicación cumplieron su función presentando las pequeñas manifestaciones de derecha como una expresión legítima del sentimiento popular.

Las consecuencias eran predecibles: un rebrote del virus y un aumento de las muertes. Sin embargo, la clase dirigente se opone a implementar nuevas medidas para contener la propagación. Al mismo tiempo, las repercusiones económicas del virus han producido una catástrofe social masiva para decenas de millones de personas, a quienes se les está retirando el subsidio de desempleo y se enfrentan a la pobreza, desalojos y hambre.

Trump está reaccionando a estos acontecimientos por medio de una escalada de sus conspiraciones. Con las elecciones a solo tres semanas, Trump está atizando la violencia de la extrema derecha y amenazando con permanecer en el poder sin importar el resultado de las elecciones. Cuenta con que se apruebe su nombramiento de Amy Coney Barrett para la Corte Suprema, después de las audiencias de nominación de esta semana, a fin de legitimar este golpe de Estado.

La respuesta de la clase gobernante a la pandemia también explica el papel del Partido Demócrata en intentar encubrir y restarle importancia a la trama golpista en Michigan y las conexiones con la política de la Administración de Trump. Biden y otros líderes demócratas han guardado silencio sobre la importancia de los esfuerzos para derrocar a los Gobiernos estatales.

Los demócratas, miembros de un partido de Wall Street y el ejército, están aterrorizados de cualquier cosa que pueda avivar la oposición popular contra la Administración de Trump. Una movilización de la población contra los complots fascistas centrados en la Casa Blanca requeriría una exposición de los intereses sociales que los impulsan, incluida la aplicación de la política de “inmunidad colectiva” que promueve toda la clase gobernante.

Pase lo que pase en las elecciones, los acontecimientos de este año no pueden deshacerse. La política de la clase dominante es fundamentalmente incompatible con la preservación de las formas democráticas de gobierno. En defensa de sus intereses de lucro, la clase gobernante ha empleado el terrorismo de extrema derecha, cuyo blanco final es la oposición de la clase trabajadora.

La lucha contra la dictadura debe estar conectada con la movilización política de la clase obrera contra la campaña homicida de regreso al trabajo, el desempleo masivo y los niveles sin precedentes históricos de desigualdad social. Es necesariamente una lucha contra la clase gobernante y todo el sistema capitalista.

(Publicado originalmente en inglés el 14 de octubre de 2020)