A 24 horas del anuncio de que se presentaron cargos contra 13 fascistas de Michigan que conspiraron para secuestrar y matar a la gobernadora Gretchen Whitmer, los medios corporativos han borrado la historia de las primeras páginas. Las implicaciones de largo alcance de este complot, y sus conexiones con la estrategia de Trump para transformar las elecciones en un golpe de Estado, están siendo encubiertas.

Para el viernes por la mañana, la cobertura de la conspiración en Michigan había casi desaparecido de las ediciones en línea del Washington Post y el New York Times. Ni el Times ni el Post, los principales periódicos alineados políticamente con el Partido Demócrata, han publicado un editorial sobre la trama. Fue tratado en los noticieros televisados como algo menor del ciclo de noticias.

Los candidatos demócratas Joe Biden y Kamala Harris no han publicado ninguna declaración importante sobre el complot y ni siquiera se refirieron a él en un mitin de campaña el jueves por la noche en Phoenix, Arizona.

El Partido Demócrata y la prensa corporativa no han cuestionado el papel potencial de los asesores fascistas de Trump ni de dónde obtuvieron los conspiradores el dinero para planear sus operaciones y comprar equipo. A diferencia de Watergate, no habrá ninguna investigación ni audiencias del Congreso sobre las conexiones entre los conspiradores y los principales actores de la Administración de Trump. Ningún demócrata ha pedido que se cite a Roger Stone, Stephen Miller, Steven Bannon, Erik Prince, o cualquier otro ayudante con vínculos a grupos fascistas. La posición del Partido Demócrata es: “no hay nada que ver aquí”.

La rapidez del encubrimiento por parte de la élite política está inversamente relacionada con la cantidad de información que deja en claro que los eventos de Michigan fueron solo una parte de una conspiración nacional en curso. Existe un claro y presente peligro de una dictadura en EE.UU. Los trabajadores deben exigir respuestas a las preguntas sobre los lazos de los conspiradores con la Casa Blanca, el Partido Republicano y sus poderosas fuentes oscuras de dinero dentro de la élite gobernante.

Las únicas declaraciones significativas sobre el marco más amplio de la conspiración han venido de los funcionarios de Michigan. La fiscala general del estado, Dana Nessel, le dijo ayer a Katy Tur de MSNBC: “Les diré esto: esto puede muy bien ser la punta del iceberg. No creo que nuestro trabajo o el de las autoridades federales esté completo. Y creo que todavía hay individuos peligrosos que están ahí fuera”.

Ayer en el programa “Good Morning America” de la ABC, Whitmer advirtió: “No soy la única gobernadora que está pasando por esto... No solo me está ocurriendo a mí”.

Ninguno de los funcionarios de Michigan dio detalles de lo que saben. Sin embargo, está claro que las amenazas de asesinatos contra los gobernadores y de lanzar insurrecciones se centran en los estados disputados con legislaturas republicanas y gobernadores demócratas: Michigan, Carolina del Norte, Pennsylvania y Wisconsin. Estos estados son el eje de la estrategia de Trump para llevar a cabo un golpe de Estado.

• En mayo, Salon informó que la policía estaba investigando a milicias armadas con rifles de asalto que estaban amenazando al gobernador de Carolina del Norte, Roy Cooper, con medidas de cierre. Los manifestantes contra los cierres fueron trasladados en autobús al capitolio estatal con “el apoyo entusiasta de los operadores republicanos y los megadonantes, uno de los cuales se ofreció a pagar los autobuses para que los manifestantes entraran en la ciudad”.
• En Pensilvania, un joven de 28 años fue acusado el 11 de mayo de organizar un grupo armado para matar al gobernador demócrata Tom Wolf. Al día siguiente, el 12 de mayo, Trump tuiteó: “La gran gente de Pensilvania quiere su libertad ahora y son plenamente conscientes de lo que eso conlleva”.
• En Wisconsin, el pistolero fascista Kyle Rittenhouse disparó y mató a dos manifestantes el 23 de agosto durante las protestas en Kenosha contra el asesinato policial de Jacob Blake. Rittenhouse era parte de una red de milicias fascistas que llegaron a la ciudad. Trump elogió a Rittenhouse y defendió sus acciones, escribiendo en agosto que “estaba en un gran lío. Probablemente habría sido asesinado”.

Se han hecho amenazas similares contra los gobernadores demócratas en otros estados.

• Ayer, una emisora de radio de Luisiana (que no se considera un estado disputado) informó que “más de 30 grupos designados como 'grupos de odio' o milicias antigubernamentales como el grupo arrestado la semana pasada en Michigan” ponen en peligro la vida del gobernador demócrata John Bel Edwards.
• En enero, cuando más de 10.000 milicianos se manifestaron en la capital del estado de Virginia, Richmond, el gobernador demócrata Ralph Northam dijo que contaba con “inteligencia creíble” de que los manifestantes “pueden estar armados y puede que su propósito no sea una reunión pacífica, sino la violencia, los disturbios y la insurrección”. Un legislador estatal, el miembro de los Socialistas Demócratas de EE.UU. Lee Carter, se vio obligado a huir del capitolio a una casa segura debido a las amenazas contra su vida.

El 17 de septiembre, el director del FBI Christopher Wray dijo a la Cámara de Representantes que la agencia estaba llevando a cabo “bastante más de 1.000 [investigaciones de violencia de extrema derecha] este año”. Esto era “más” de lo normal, dijo, explicando que la amenaza de las milicias de derecha era “proporcional al Estado Islámico”.

El día siguiente, Trump amenazó con despedir a Wray por estos comentarios, diciendo: “No me gustaron sus respuestas de ayer” y “Antifa es malo, muy malo”.

El testimonio de Wray y las recientes amenazas contra otros gobernadores demócratas en estados disputados plantean serias interrogantes. ¿Qué muestran el resto de las más de 1.000 investigaciones en curso? ¿Cuántos grupos fascistas se están movilizando para llevar a cabo la insurrección en noviembre? ¿Cuáles son los próximos gobernadores? ¿Quiénes son las otras figuras en sus “listas de muerte”?

En relación con todas estas preguntas, los demócratas y sus principales voceros de los medios de comunicación guardan silencio. Por el contrario, medio pro-Trump Wall Street Journal pasó a la ofensiva, publicando un editorial sobre la trama de Michigan que caracterizaba al régimen de Whitmer como un “gobierno estatal que abusa su poder”, que “excedió su autoridad legal en la pandemia, y a menudo de manera arrogante”. Luego denunció a Whitmer por culpar a Trump y se hizo eco de la declaración de Trump de que debió agradecerle al “Departamento de Justicia de Trump”.

El silencio de los demócratas y la prensa sobre lo que es la conspiración más avanzada para derrocar la Constitución en la historia de EE.UU. solo puede entenderse en términos de clase. La principal preocupación del Partido Demócrata, un partido de Wall Street y de facciones del aparato militar y de inteligencia, es que la clase obrera se dé cuenta de los enormes peligros y tome medidas independientes.

El miércoles, después de que Trump dejó el centro médico Walter Reed, el World Socialist Web Site explicó que tuvo que regresar rápidamente a la Casa Blanca porque sus continuas conspiraciones políticas no podían ser orquestadas desde una cama de hospital. Mientras apuntaba a la crisis extrema de la Administración de Trump, el WSWS escribió:

Hay un factor que favorece a Trump: la duplicidad, cobardía y el carácter fundamentalmente reaccionario del Partido Demócrata. Los demócratas no pueden atribuirse ningún crédito por la crisis del Gobierno de Trump. En vez de exponer sus complots, han hecho todo lo posible para sofocar la oposición de masas a las conspiraciones fascistizantes de Trump y encubrir el peligro de dictadura.

La respuesta de los demócratas al intento de golpe de Estado en Michigan expone una vez más su papel político. Quieren asegurarse de que la crisis política sin precedentes permanezca confinada totalmente a los conflictos dentro de la clase dominante y su Estado.

Oponerse al complot de Trump contra EE.UU. significa dejar en la estacada a los aristócratas financieros que conspiran contra los derechos democráticos de la población. Esta tarea recae en la clase trabajadora, que produce toda la riqueza de la sociedad y está siendo obligada a ir al trabajo y a la escuela en condiciones mortales. Es esta poderosa fuerza social la que debe liderar la oposición al intento de Trump de establecer una dictadura.

(Publicado originalmente en inglés el 10 de octubre de 2020)