El arresto del expresidente de la Generalitat catalana, Carles Puigdemont, en Alemania es un importante paso en el desarrollo de un Estado policial en Europa. Las estructuras policiales-estatales que aparecieron bajo los pretextos de combatir el terrorismo y reprimir a los refugiados están siendo desplegadas en contra de opositores políticos.

El arresto de Puigdemont concernía una orden de arresto europea. Dichas órdenes fueron introducidas en el 2004 para simplificar el proceso de extradición entre Estados miembros de la Unión Europea (UE) tras la eliminación de los controles fronterizos internos. Su ostensible propósito era luchar contra el terrorismo, las pandillas, la trata humana, el tráfico de drogas y otras ofensas criminales serias.

Desde entonces, la policía los servicios de inteligencia y el poder judicial de los Estados miembros han intensificado su cooperación. El arresto de Puigdemont fue planeado por la inteligencia española, la cual lo siguió a través de Europa con entre 10 y 12 agentes. Esto se llevó a cabo en estrecha comunicación con la Oficina Federal Criminal de la Policía alemana, la cual recibió anticipadamente información de la inteligencia española sobre el auto y la ruta de Puigdemont para organizar el arresto.

Los cargos contra Puigdemont son tan hipócritas como fraudulentos. Su “crimen” no consiste en más que avanzar una demanda con una larga historia política: la separación catalana de España. Nunca llamó ni amenazó a la violencia para lograr este objetivo. Los independentistas catalanes han recurrido a medios pacíficos y democráticos: elecciones, mociones parlamentarias y manifestaciones.

El Estado alemán aceptó el argumento del régimen derechista en Madrid que abogar a favor del independentismo es un crimen. Sin embargo, en los años noventa, Alemania persiguió despiadadamente el resquebrajamiento de Yugoslavia, cuyas consecuencias fueron catastróficas. Como siempre, las políticas de la burguesía alemana son determinadas por intereses geopolíticos y económicos.

Puigdemont y otros 24 políticos catalanes enfrentan cargos por “rebelión”, con sentencias máximas de 30 años en prisión. El párrafo análogo en el Código Penal de Alemania, el cual podría servir como la base legal para extraditar a Puigdemont, castiga una “alta traición contra la federación” con una sentencia de 10 años a vida.

Ambas ofensas criminales presuponen el uso de la violencia, y el juez español, Pablo Llarena, recurrió a argumentos engañosos para acusar al líder catalán de actividades violentas, absurdamente de aceptar el riesgo de violencia en las protestas contra los allanamientos de los ministerios catalanes por parte de las fuerzas de seguridad españolas.

El Gobierno alemán, el cual nunca se cansa de denunciar a Rusia, Turquía y a otros países por realizar enjuiciamientos arbitrarios, está respaldando la farsa legal de la extradición de Puigdemont. El portavoz del Berlín, Stefan Seibart, indicó que el arresto fue llevado a cabo con base en la ley alemana y las normas que respectan la orden de arresto europea. España es un Estado democrático y constitucional, señaló.

Un profesor de derecho alemán, Martin Heger, defendió seguidamente a Seibert. El director del departamento de derecho penal europeo en la Universidad Humboldt de Berlín le comentó a Spiegel Online, “En principio, la situación legal es directa: Cuando una orden de arresto europea es presentada, será llevada a cabo con tal de que los prerrequisitos hayan sido cumplidos… Entonces, queda claro: Alemania tiene que extraditar a Puigdemont”.

Puigdemont es un político procapitalista burgués, cuyo Partit Demòcrata Europeu Català es miembro del grupo parlamentario liberal en el Parlamento Europeo. Tal persecución en la UE de un político procapitalista y elegido democráticamente deja prever cómo serán tratados los líderes de protestas de masas o de una huelga general que ponga en duda el gobierno capitalista.

Esta es la razón más fundamental detrás del establecimiento de un Estado policial europeo y de la estrecha colaboración entre Berlín y Madrid. El objetivo es intimidar y estrangular todas las formas de oposición, resistencia y protesta.

Europea se encuentra al borde de enconadas batallas de clases. Las relaciones sociales están en un punto de inflexión. Prácticamente ningún país europeo mantiene un gobierno estable. El presidente español, Mariano Rajoy, encabeza un Gobierno minoritario en cara a protestas sociales de masas. Cientos de miles de retirados tomaron las calles el sábado. El mismo día, extensas protestas estremecieron a Francia contra las reformas laborales del presidente Emmanuel Macron. En Alemania, la nueva instalación de una gran coalición, la cual llegó al poder después de seis meses de crisis, ya no cuenta con una mayoría en las encuestas.

En Reino Unido, decenas de miles de profesores universitarios están en medio de una amarga disputa contractual. Y Estados Unidos experimenta una ola de huelgas docentes por todo el país, mientras que millones de estudiantes se manifestaron la semana pasada contra la violencia que domina la sociedad estadounidense.

Los gobernantes europeos están respondiendo a este crecimiento de oposición social y política trasladándose cada vez más abiertamente hacia formas autoritarias y dictatoriales de gobierno.

La represión contra la oposición política toma posiblemente su forma más directa en la campaña de censura del Internet, impulsada por medio de un conjunto de leyes en toda Europa, y con los Estados miembros de la UE haciendo a las empresas tecnológicas legalmente responsables de los contenidos “violentos” y “extremistas” que se publiquen en sus servicios.

Mientras que la UE se quiebra cada vez más, los Gobiernos que forman parte de ella cooperan más de cerca en la creación de un Estado policial.

El viernes pasado, el ministro del Interior alemán, Horst Seehofer prometió fortalecer las medidas de Estado-policial en su primer discurso frente al Parlamento desde tomar el cargo. “A nivel europeo, tenemos que hacer todo lo posible para integrar las distintas bases de datos para que nuestras agencias de inteligencia puedan actuar para lograr sus objetivos más rápidamente”, declaró. El arresto de Puigdemont dos días después pone de manifiesto lo que quiso decir Seehofer.

La cooperación entre Berlín y Madrid en el caso Puigdemont rememora un periodo oscuro en la historia europea. Las autoridades alemanas ya habían arrestado a un presidente catalán en 1940. La policía secreta de Hitler, la Gestapo, detuvo a Lluis Companys, quien se escapó en exilio a Francia en 1936, después de que el general Franco, con apoyo alemán, aplastara la revolución española y estableciera una dictadura sangrienta. Tras su extradición a Madrid, Companys fue torturado, sentenciado a muerte y ejecutado.

El Comité Internacional de la Cuarta Internacional y el World Socialist Web Site condenan el arresto de Puigdemont y exigen su liberación inmediata. Su detención a manos de las autoridades alemanas es una advertencia. La única manera de prevenir el establecimiento de un Estado policial y una recaída en el militarismo y la guerra es a través del desarrollo de un movimiento socialista para unir a la clase obrera europea e internacional en la lucha contra la desigualdad social, la dictadura y la guerra.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 27 de marzo de 2018)