El jueves, el presidente de EE.UU., Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que ordena a la secretaria de Educación, Linda McMahon, “tomar todas las medidas necesarias para facilitar el cierre del Departamento de Educación (ED) y devolver la autoridad sobre la educación a los estados y las comunidades locales”.

Titulada, al más puro estilo orwelliano, “Mejorar los resultados educativos empoderando a los padres, los estados y las comunidades”, la orden ejecutiva afirma que el cierre del departamento, con 45 años de antigüedad, permitiría a “los niños y las familias escapar de un sistema que les está fallando”.

Con filas de niños pequeños sentados en pupitres escolares, colocados como utilería a su lado, Trump enfatizó: “Mi administración tomará todas las medidas legales para cerrar el departamento. Vamos a cerrarlo y lo cerraremos lo más rápido posible. No nos está haciendo ningún bien”. Añadió que sería 'genial', señalando a las escuelas de Texas y Florida y sugiriendo que los costos 'probablemente se reducirían a la mitad'. Declaró su 'aprecio' por los educadores y pidió la expansión del pago por mérito, un plan que socava los salarios de los docentes y los castiga por el impacto de décadas de desfinanciamiento de las escuelas públicas.

Refiriéndose a los 1.6 billones de dólares en préstamos estudiantiles que actualmente supervisa el Departamento de Educación (ED), Trump lo instó a abandonar todas sus 'funciones bancarias'. Eliminar los subsidios federales para préstamos estudiantiles privaría a innumerables jóvenes de la posibilidad de asistir a la universidad.

El gobierno afirmó que las funciones principales del ED se mantendrían, citando las Becas Pell, la ayuda del Título I para escuelas de bajos ingresos y la educación especial. Sin embargo, Trump ya había pedido eliminar la condición de derecho a prestaciones del Título I y la Ley de Educación para Personas con Discapacidades (IDEA, todas as siglas en inglés) y transformarlas en subvenciones en bloque, cuya financiación es fácil de recortar. Además, omitió mencionar su plan de vales universales para llevar a cabo la privatización masiva de las escuelas.

Trump busca revertir los logros históricos de la lucha por una educación pública universal y de alta calidad, fruto de 250 años de lucha en Estados Unidos. Esto supone un ataque no solo contra los estudiantes actuales y sus familias, sino también contra el conocimiento colectivo, la cultura y los logros científicos de toda la sociedad.

La oligarquía estadounidense, ávida de dinero, está utilizando una bola de demolición para desmantelar la educación pública. Si no se detiene, el resultado será una enorme expansión de la división de clases, donde la clase trabajadora recibe solo una educación mínima y orientada al trabajo, mientras que la élite financiera compra la mejor educación disponible.

Los trabajadores y los jóvenes no se quedarán de brazos cruzados. Las encuestas muestran que dos tercios de los estadounidenses se oponen al cierre del departamento. Los educadores han organizado protestas durante las últimas cinco semanas en todo Estados Unidos para oponerse al cierre y muchas más contra los continuos recortes a los distritos escolares de todo el país.

Ningún presidente moderno ha intentado cerrar unilateralmente un departamento, y ningún departamento a nivel de gabinete ha sido abolido desde que Richard Nixon reemplazó el Departamento de Correos por el Servicio Postal de los Estados Unidos en 1971, preparando a esta agencia para los actuales esfuerzos de privatización de Trump.

Trump afirma, con mentiras, que habla en nombre de millones de padres que supuestamente claman por que la educación sea 'gestionada por los estados'. La realidad es que representa a una oligarquía inmensamente rica que quiere privatizar la educación y transferir miles de millones de dólares de las arcas públicas a las empresas educativas y a Wall Street.

Un elemento importante de este ataque proviene del temor, bien fundado, que la oligarquía infunde a las masas trabajadoras. Su objetivo es utilizar los ataques a la educación pública para sofocar el pensamiento crítico de la clase trabajadora e intentar intimidar a la juventud con patriotismo de derecha, racismo, xenofobia, religión y disparates anticientíficos.

El Partido Demócrata, un partido de Wall Street junto con los Republicanos, minimizó la naturaleza existencial del ataque. El principal demócrata del Comité de Educación y Fuerza Laboral de la Cámara de Representantes, el representante Bobby Scott de Virginia, emitió un comunicado en el que describió la orden como 'peligrosa e ilegal' y citó las 'disparidades que afectan a los estudiantes de bajos recursos, los estudiantes de color y las personas con discapacidades'. Expresando la política del Partido Demócrata de total sumisión a estos ataques, expresó su 'decepción' con McMahon e instó a sus 'colegas republicanos' a 'exigir responsabilidades al presidente y a Elon Musk'.

La presidenta de la Federación Americana de Maestros (AFT), Randi Weingarten, mostró una complacencia similar. 'Nos vemos en la corte', dijo, y reiteró que solo el Congreso puede legalmente cerrar el Departamento. A pesar de la promesa de Linda McMahon de ayudar a Trump a cerrar el Departamento de Educación desde el principio, Weingarten y la presidenta de la Asociación Nacional de Educación, Becky Pringle, le aseguraron su intención de 'encontrar un punto de acuerdo'.

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Cuando Trump firmó la orden ejecutiva, Weingarten se encontraba en Chicago colaborando con el alcalde Brandon Johnson, ex cabildero del sindicato de maestros, para bloquear una huelga de 25,000 educadores en el tercer distrito escolar más grande del país. En una conferencia de prensa a las afueras de la Junta de Educación de Chicago, Weingarten admitió que unos 100 mil millones de dólares en fondos federales serían 'efectivamente abolidos de las escuelas' y que el desvío de este dinero a los estados iría a parar a quienes, como el gobernador de Florida, Ron DeSantis, y el gobernador de Texas, Greg Abbott, 'privatizarían sus escuelas con bonos'.

Durante la conferencia de prensa, una reportera del WSWS le preguntó a Weingarten, dada la amenaza existencial a la educación pública y el hecho de que cualquier contrato firmado en Chicago no protegería a educadores y estudiantes de recortes presupuestarios masivos, '¿Por qué su sindicato y la NEA (Asociación Nacional de Educación) no convocan una huelga de educadores de Chicago y de todo el país para detener esta amenaza? ¿Y acaso impedir una huelga no es simplemente envalentonar a Trump para llevar a cabo este ataque?'.

La presidenta de la AFT, miembro del Comité Nacional Demócrata, respondió: 'Lo que estamos haciendo es luchar en los tribunales. El tribunal de la opinión pública. Estamos luchando en el Congreso'. Añadió: 'Podría llegar el momento en que haya una huelga nacional en Estados Unidos', antes de afirmar que lo más importante ahora mismo era conseguir la firma de un contrato en Chicago. En otras palabras, la burocracia de la AFT estaba trabajando para evitar una huelga que podría convertirse en el catalizador de un movimiento nacional en defensa de la educación pública.

Mientras los demócratas y los sindicatos afines al Partido Demócrata predican remedios legales y bloquean protestas masivas, Trump desafía abiertamente la ley. Esto quedó de manifiesto con su negativa a obedecer una orden judicial federal sobre las deportaciones ilegales esta semana. Jamal Green, profesor de derecho de la Universidad de Columbia, describió esto como 'poder dictatorial', añadiendo que las palabras 'crisis constitucional' no captan la gravedad de la situación.

Además, el desmantelamiento del Departamento de Educación ya está en plena marcha, con o sin una disolución formal por parte del Congreso. Dos mil de los 4200 empleados ya han sido despedidos, y múltiples funciones del Departamento de Educación han sido eliminadas o ineficaces. Por ejemplo, esta semana, el Departamento de Educación dejó de aceptar pagos de préstamos estudiantiles basados en los ingresos y eliminó la solicitud de su sitio web (lo que provocó una demanda de la AFT).

Mientras la agencia se encuentra en terapia intensiva, los partidarios de Trump en el Congreso se movilizan para asestar el golpe de gracia legal al departamento de nivel ministerial lo antes posible. El mes pasado, el representante Thomas Massie de Kentucky volvió a presentar su proyecto de ley para abolir el Departamento de Educación (ED) para diciembre de 2026.

Los recortes de fondos están en marcha. La recientemente promulgada Resolución Continua (RC), redactada por los republicanos y que financia al gobierno hasta el 30 de septiembre, y que solo se aprobó gracias al apoyo demócrata en el Senado, recortó la educación en 290 millones de dólares. Esto podría ser solo el comienzo, ya que Trump ya ha retenido los fondos asignados por el Congreso. Los educadores temen que los programas no financiados explícitamente por la RC desaparezcan, incluyendo las subvenciones del Título II para mejoras y desarrollo profesional, por 2.200 millones de dólares; las subvenciones para la educación de migrantes, por 376 millones de dólares; las subvenciones para escuelas magnet, por 139 millones de dólares; y las subvenciones de la Ley McKinney-Vento para Personas sin Hogar, por 129 millones de dólares.

Durante el último mes, el Departamento de Educación ya ha sido desmantelado.

• La Oficina de Derechos Civiles (OCR) ha perdido más del 40 por ciento de su plantilla. Seis oficinas regionales —Boston, Chicago, Cleveland, Nueva York, Filadelfia y San Francisco— han cerrado. En el año fiscal 2024, padres y estudiantes solicitaron ayuda a la OCR con 22.687 quejas, aproximadamente la mitad de las cuales luchaban por los servicios de discapacidad legalmente exigidos. Michael Pillera, abogado sénior de derechos civiles de la OCR, declaró: “Muchos padres y estudiantes se quedarán sin acceso a la educación, sin ninguna respuesta de la OCR”. El personal restante de la OCR está siendo redirigido a la caza de brujas ideológica de Trump contra el “antisemitismo» y la «discriminación contra los estudiantes blancos”.
• El Instituto de Ciencias de la Educación (IES), la división de investigación del departamento, ha perdido al menos el 62 por ciento de su personal. El IES ha desempeñado un papel crucial en la promoción de métodos de enseñanza basados en la evidencia, incluyendo gran parte de la investigación que respalda el movimiento de la «ciencia de la lectura». Estas reducciones también han debilitado al Centro Nacional de Estadísticas Educativas (NCES) y al Centro Nacional de Investigación Educativa. Se están comprometiendo datos cruciales para la formulación de políticas e investigaciones educativas, lo que podría eliminar cualquier medición objetiva del rendimiento estudiantil a nivel nacional. Además, esto pone en peligro la precisión de la recopilación de datos sobre pobreza, escasez de docentes y ausentismo estudiantil. Es probable que la disminución de los datos del NCES conduzca a una disminución de la financiación federal para las escuelas rurales, especialmente para los servicios de nutrición infantil y salud mental. Las escuelas rurales representan alrededor del 20 por ciento de las escuelas primarias y secundarias (K-12) y dependen en gran medida de la asistencia federal.
• La Oficina de Educación Especial y Servicios de Rehabilitación, responsable de distribuir subvenciones para servicios de educación especial y supervisar el cumplimiento estatal de la Ley de Educación para Individuos con Discapacidades (IDEA), ha sufrido recortes. Treinta estados y el Distrito de Columbia ya incumplían la ley federal sobre discapacidad en junio de 2024.
• La Oficina de Adquisición del Idioma Inglés (OELA) está prácticamente eliminada. Esta oficina exigió el cumplimiento de la decisión de la Corte Suprema de 1974 en el caso Lau v. Nichols, que garantiza a los estudiantes de inglés el derecho a la enseñanza del idioma y administra las subvenciones del Título III para servicios complementarios para los 5,3 millones de estudiantes de inglés del país.
• También se eliminó la Oficina de Tecnología Educativa, que asistía a los estados y distritos en la implementación de tecnología, incluyendo inteligencia artificial.

Es la clase trabajadora la que debe intervenir para detener estos ataques. El 15 de marzo, el Comité de Base de Educadores celebró una importante reunión con casi 200 participantes, incluyendo docentes de todo Estados Unidos, Brasil, Sri Lanka, Canadá y el Reino Unido. Oponiéndose a las 'medidas ineficaces de peticiones y campañas en redes sociales' del aparato sindical, hizo un llamado a la 'acción masiva... a través de comités de base independientes en escuelas, lugares de trabajo y comunidades para prepararse para huelgas y resistencia colectiva'.

La oposición a estos ataques, así como a la ofensiva de la administración Trump contra diversas agencias, congelando subvenciones, eliminando bases de datos, imponiendo censura y despidos masivos, está creciendo. Instamos a todos los que apoyan la lucha por la educación pública a participar hoy mismo en el Comité de Base de Educadores.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 21 de marzo de 2024)