El precio del oro alcanzó un nuevo récord la semana pasada, superando la marca de los 3.000 dólares, en una señal de la creciente incertidumbre en torno a la estabilidad del dólar, resultado tanto de tendencias a largo plazo como de las consecuencias de las políticas económicas de la administración Trump.

En lo que va del año, el precio del oro ha aumentado un 14 por ciento, con todas las indicaciones de que su ascenso continuará, ya que tanto inversionistas institucionales como privados buscan un refugio seguro en medio de la intensificación de la turbulencia económica y financiera global.

Desde el año 2000, el oro ha aumentado su valor diez veces en medio de una serie de crisis centradas en el sistema financiero estadounidense, lo que ha puesto en duda la viabilidad a largo plazo del sistema financiero internacional basado en una moneda fiduciaria, el dólar, que no está respaldado por ningún valor real, sino que depende del menguante poder económico del Estado estadounidense.

El oro superó la barrera de los 1.000 dólares en marzo de 2008, cuando el sistema financiero estadounidense mostraba señales de turbulencia, comenzando en el mercado de hipotecas subprime, lo que condujo a la crisis financiera global de 2008, cuando importantes instituciones financieras y corporaciones estadounidenses tuvieron que ser rescatadas por el gobierno de EE.UU. y la Reserva Federal.

El precio del oro pasó los 2.000 dólares en agosto de 2020, tras la crisis financiera al inicio de la pandemia, cuando el mercado del Tesoro de EE.UU., fundamento del sistema financiero global, colapsó y la Reserva Federal tuvo que intervenir con billones de dólares.

Uno de los factores detrás de la reciente escalada del precio del oro ha sido el aumento en la compra por parte de bancos centrales en los llamados mercados emergentes y China, que han adquirido más de 1.000 toneladas de oro en cada uno de los últimos tres años.

Esto se ha combinado con los esfuerzos del grupo BRICS —Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, ahora con la inclusión de otros países— para desarrollar sistemas de pago alternativos fuera del dólar estadounidense.

La decisión de las principales potencias, encabezadas por EE.UU., de congelar los activos del banco central ruso al inicio de la guerra en Ucrania en febrero y la exclusión de Rusia del sistema internacional de pagos SWIFT han sido un importante impulso para estas iniciativas, debido al temor de que lo sucedido con Rusia pueda ocurrir con cualquier país que desafíe a Washington.

Otro gran impulso ha sido el rápido crecimiento de la deuda pública de EE.UU. como resultado del aumento del gasto militar, el apoyo gubernamental a las corporaciones durante la crisis del COVID y la subida de las tasas de interés desde 2022.

La deuda estadounidense ha aumentado ahora a 36 billones de dólares, con el pago de intereses alcanzando la cifra insostenible de 1 billón de dólares anuales, algo que incluso la Reserva Federal reconoce como insostenible.

John Ciampaglia, director ejecutivo de Sprott Asset Management, una firma especializada en metales preciosos y minerales estratégicos, dijo al Financial Times que uno de los principales impulsores del precio del oro desde 2000 ha sido el crecimiento de la deuda gubernamental.

“Los niveles globales de deuda han explotado en los últimos 25 años, están empezando a pesar realmente sobre las economías y los presupuestos”, afirmó.

EE.UU. está en el centro de esta creciente crisis. Solo ha podido sostener su deuda debido a que el dólar es la moneda de reserva global, pero a largo plazo, un sistema financiero internacional basado en la moneda del país más endeudado del mundo es inviable.

Todas estas tendencias a largo plazo se están viendo exacerbadas por la guerra económica desatada por la administración Trump, que por ahora se traduce principalmente en aranceles pero que se extenderá a otros ámbitos de confrontación con el resto del mundo.

Existen dos posturas contradictorias dentro de la administración. Por un lado, se sostiene que el déficit comercial de EE.UU. con la mayoría del mundo se debe al alto valor del dólar, lo que encarece las exportaciones estadounidenses.

Al mismo tiempo, la administración está decidida a mantener el estatus del dólar como moneda de reserva global. Trump ha dicho que perder ese estado equivaldría a perder una guerra y ha amenazado con una guerra arancelaria contra el grupo BRICS o cualquier otro que intente reemplazarlo.

Uno de los motivos detrás del alto valor del dólar es que los países con superávit invierten en activos financieros de EE.UU., en particular en deuda pública, cuya tercera parte es propiedad de inversores extranjeros.

Diferentes propuestas están en debate dentro del círculo económico de la administración y están comenzando a captar la atención de la prensa financiera.

Un artículo de la columnista del Financial Times Gillian Tett la semana pasada destacó algunos de los asuntos en juego. Señaló que, con la intensificación de la guerra arancelaria de Trump, “los índices de incertidumbre económica se han disparado por encima incluso de la crisis pandémica de 2020 o la crisis financiera mundial de 2008”.

“Pero la incertidumbre podría empeorar. Más allá del impacto de los aranceles, hay otra pregunta en el aire: ¿podría el ataque de Trump contra el libre comercio extenderse también a los flujos de capital? ¿Podrían los aranceles sobre bienes ser el preludio de aranceles sobre el dinero?”

Hasta hace poco, esta idea podría haber parecido “descabellada” porque EE.UU. depende de la entrada de capitales extranjeros para financiar su deuda, pero ahora se está considerando cada vez más. En febrero, el grupo de expertos de derecha American Compass, vinculado al vicepresidente J. D. Vance, propuso que los impuestos sobre las entradas de capital podrían generar 2 billones de dólares en la próxima década.

También se han planteado planes aún más radicales, como los propuestos por el economista Stephen Miran en noviembre, quien ahora ha sido nombrado jefe del Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca. Según el Wall Street Journal, “algunos en Wall Street” están comenzando a tomar sus ideas en serio.

Además de los impuestos a los flujos de capital, Miran propuso una versión revisada del Acuerdo Plaza de 1985, en el que EE.UU., Japón, Alemania, Reino Unido y Francia acordaron devaluar el dólar para reducir los desequilibrios comerciales.

Miran sostiene que es necesario repetirlo para corregir la “sobrevaloración persistente del dólar que impide el equilibrio del comercio internacional”, lo que algunos han denominado un “Acuerdo Mar-a-Lago”.

Pero en las condiciones actuales, en las que EE.UU. está librando una guerra económica contra sus aliados y rivales, no hay forma de que las principales potencias acepten un acuerdo de este tipo.

Como señaló Michael Strain del American Enterprise Institute al Financial Times: “Europa no va a reconfigurar su balance de ahorros e inversiones ni tomar otras medidas importantes para revaluar su moneda solo porque la administración Trump lo quiera”.

Además, en los 40 años desde el Acuerdo Plaza, la economía mundial se ha transformado con el ascenso de China, Brasil y otras economías emergentes.

Aún más drástica es la propuesta de Miran de reestructurar la deuda de EE.UU. convirtiendo los bonos del Tesoro en bonos perpetuos. Es decir, seguirían pagando intereses pero nunca se reembolsaría el capital. Esto equivaldría a un cambio de deuda por acciones, una táctica empleada por empresas que no pueden pagar sus préstamos.

A cambio de aceptar estas condiciones, se les garantizaría a los gobiernos extranjeros continuar bajo el “paraguas de defensa” de EE.UU. y evitar aranceles punitivos.

El comentarista económico Martin Wolf escribió hoy en el Financial Times: “En un sentido preciso, esto podría considerarse un ‘régimen de protección’”.

A estas alturas, tales propuestas se consideran en general inverosímiles, entre otras cosas porque las agencias de calificación las considerarían casi con toda seguridad un impago de la deuda por parte de Estados Unidos, lo que pondría en entredicho la posición del dólar como moneda de reserva. En palabras del FT, sería un acontecimiento “tan dramático que su impacto sería casi imposible de predecir”.

El hecho de que estas ideas estén siendo discutidas demuestra la profunda crisis que enfrenta el imperialismo estadounidense y su sistema financiero.

Resumiendo las crecientes contradicciones, Steven Englander, del Standard and Chartered Bank, escribió en una nota el mes pasado: “El problema para la nueva administración es que quiere simultáneamente un dólar más débil, un déficit comercial reducido, entradas de capital y que [el dólar] siga siendo la moneda clave en las reservas y pagos internacionales”.

Independientemente de las medidas económicas y financieras que se adopten, las contradicciones del sistema capitalista siempre se libran en forma de conflicto entre las principales potencias imperialistas —guerra económica y, en última instancia, conflicto militar— y la lucha de clases en casa.

En medio del aparente caos de la administración Trump hay una lógica clara en funcionamiento: el aumento de la belicosidad contra amigos y enemigos por igual y la profundización de los ataques contra la clase obrera.

En última instancia, la escalada de la crisis de la deuda y del dólar no se resolverá mediante simples ajustes financieros. El endeudamiento de EE.UU., impulsado por sus guerras interminables y rescates corporativos, requiere una masiva transferencia de riqueza desde la clase trabajadora.

Por eso la administración Trump, empezando por la motosierra del DOGE, ha puesto en primer plano los ataques al gasto publicó de los gobiernos que de alguna manera benefician a la clase trabajadora, a los que designa como “despilfarro”.

Pero sabe que tales medidas producirán y ya están produciendo un estallido en la clase obrera y no pueden imponerse pacíficamente. Por eso su programa económico va acompañado de un ataque en toda regla a los derechos democráticos y de la construcción en curso de un Estado fascista.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 18 de marzo de 2025)