Los temores de que el malestar social, el estancamiento económico, la corrupción política y los niveles sin precedentes de odio popular hacia el gobierno estén creando una crisis de dominio burgués dominaron la reciente conferencia anual de los ejecutivos de las grandes empresas peruanas.

La 62ª Conferencia Anual de Ejecutivos (CADE 2024), organizada por el Instituto Peruano de Administración de Empresas (IPAE), se llevó a cabo los días 26, 27 y 28 de noviembre. Según el sitio web de CADE, la conferencia tiene como objetivo 'generar un espacio de reflexión, inspiración y acción'. Durante estas conferencias, las 500 principales empresas nacionales muestran sus proyecciones de crecimiento, presentando una perspectiva positiva para atraer inversores y asegurar una posición competitiva en el mercado.

En cambio, el CADE de este año, que se celebró inmediatamente después de una cumbre de la APEC, que el gobierno esperaba que elevase su prestigio internacional, estuvo dominado por huelgas masivas y protestas callejeras.

Una característica central del CADE 2024 fue la presentación de los resultados recopilados por la empresa de encuestas Ipsos.

La encuesta preguntó a los empresarios si el país había retrocedido o avanzado. Los resultados mostraron que el 63 por ciento creía que había retrocedido, lo que marca un aumento del 10 por ciento con respecto al año anterior, mientras que solo el 9 por ciento pensaba que había progresado, una disminución del 8 por ciento desde 2022.

Los principales problemas identificados fueron la corrupción, que fue citada por el 86 por ciento de los encuestados, mientras que la delincuencia y la falta de seguridad fueron citados por el 85 por ciento. Los índices de desaprobación del Congreso alcanzaron el 96 por ciento, seguido de cerca por el Ejecutivo y el Judicial con el 92 por ciento. Esta cifra es apenas ligeramente mejor que el asombroso 3 por ciento de aprobación que recibió la presidenta Dina Boluarte en una reciente encuesta de opinión nacional.

El 6 por ciento de aprobación que recibió la presidenta Boluarte en la última encuesta de Ipsos se compara con el 37 por ciento del año pasado. Boluarte ha sido acusada de crímenes contra la humanidad por dirigir la sangrienta represión de las protestas contra el derrocamiento de su predecesor electo, Pedro Castillo, que se cobró unas 50 vidas y dejó a otras 1.400 personas heridas.

En la encuesta de Ipsos, el 61 por ciento de los grandes empresarios encuestados identificaron el riesgo político relacionado con el crimen y la inseguridad como un factor importante. El 28 por ciento expresó pesimismo o pesimismo intenso sobre hacer negocios en Perú, mientras que el 53 por ciento se sintió neutral sobre el clima empresarial y solo el 22 por ciento se mostró optimista o muy optimista.

Otra preocupación en la conferencia CADE fue el estancamiento económico. El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) indica un crecimiento económico decepcionante de entre el 2 y el 3 por ciento para este año, con cifras similares previstas para 2025. Norman Loayza, director del Grupo de Indicadores del Banco Mundial, dijo que Perú necesita alcanzar una tasa de crecimiento del 5 por ciento para recuperar la estabilidad económica y mantener su calificación de grado de inversión de las agencias de calificación de riesgo de Estados Unidos.

De manera similar, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) emitió un informe a principios de este mes sobre Perú advirtiendo que la “incertidumbre política” amenazaba con ahogar los flujos de inversión extranjera y limitar el crecimiento económico. El informe predijo un crecimiento del 3,1 por ciento este año, que caería al 2,8 por ciento y al 2,6 por ciento en los próximos dos años. Se considera que al menos un crecimiento del 4 por ciento es necesario para hacer mella en la creciente tasa de pobreza del país.

En la CADE 2024, el presidente del BCRP, Julio Velarde, se aventuró más allá de su papel habitual, al comentar la situación política, lo que es inusual para un presidente de banco central que se espera que mantenga la autonomía. Su énfasis estuvo en la reducción de costos, la mejora de la educación y la eliminación de los recortes de impuestos paliativos a las micro y pequeñas empresas –conocidas por el acrónimo de MYPES– como salones de belleza, pequeñas tiendas, bodegas y restaurantes, dejando intactos a los grandes conglomerados para cumplir con el deseado crecimiento del PIB del 5 por ciento.

Cabe destacar que los medios de comunicación sobre la CADE 2024 destacaron como modelo a seguir el drástico programa económico del presidente Javier Milei en Argentina, que ha dejado a la mitad de la población en la pobreza.

Siguiendo la línea de Velarde, el economista Elmer Cuba, miembro del directorio del BCRP, destacó los preocupantes resultados en materia de educación. “El 40 por ciento de los estudiantes de primaria no entiende lo que lee” y solo “el 20 por ciento puede resolver problemas matemáticos básicos”, dijo.

El rechazo del BCRP a las medidas de reducción de impuestos para las MYPES sumado a las sugerencias de reducción de costos, significan que el peso de la recuperación económica recaerá principalmente sobre la clase trabajadora y los pequeños empresarios. En contraste, las grandes empresas y sus socios extranjeros no se verían afectados.

La opinión del presidente del BCRP es muy influyente; según Ipsos, el 99 por ciento de los encuestados aprueba la gestión de Julio Velarde. Dada la perspectiva pesimista sobre el futuro de hacer negocios en Perú y la alta dependencia del criterio del presidente del BCRP, la economía peruana pende de un hilo muy frágil.

Hay señales de que Perú está al borde de una recesión. Se proyecta que la vital región minera de Arequipa cerrará 2024 con un crecimiento del PIB de -2,6 por ciento.

Arequipa también se ha convertido en el epicentro de un movimiento masivo de mineros artesanales. Mientras se desarrollaba la CADE 2024, más de 3.000 mineros artesanales bloquearon las principales carreteras que se utilizan para transportar minerales desde los Andes del Sur hasta el puerto marítimo de Matarani, cuyos envíos van a China, y protestaron frente al Congreso exigiendo una extensión del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), que se estableció en 2017 con un vencimiento al 31 de diciembre de 2024, para el registro como mineros formales.

Desde 2017, ha habido 90.265 registros, pero solo 2.108 han sido aprobados, lo que representa el 2,34 por ciento. Esto pone de relieve la incapacidad del Estado para satisfacer las necesidades de sus ciudadanos. Los engorrosos y burocráticos procesos gubernamentales han hecho que sea casi imposible para los mineros artesanales cumplir con los requisitos de registro. Como resultado de sus movilizaciones, el Congreso extendió el plazo a 6 a 12 meses adicionales.

La mayoría de los mineros artesanales provienen de familias campesinas que abandonan sus campos y ganado para dedicarse a lo que la prensa burguesa a menudo llama “minería ilegal”. La prensa afirma que los campesinos, atraídos por el atractivo del dinero rápido de la minería precaria, están contaminando el medio ambiente y se involucran en la explotación sexual, el trabajo infantil y el abuso del alcohol.

Sin embargo, la prensa burguesa rara vez aborda la cuestión de por qué los campesinos deciden abandonar su forma de vida tradicional para dedicarse al peligroso trabajo de la minería informal. Esto tiene que ver con la pobreza extrema que enfrenta la mayor parte de la población rural del Perú, así como con la incapacidad de los campesinos para acceder al empleo en el sector formal.

CADE 2024 se centró en cómo afecta el crimen a los dueños de negocios, no en cómo afecta a la clase trabajadora y a los pobres urbanos. Felipe James, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SIN), afirmó que “el 51 por ciento de las industrias han sido víctimas de actos delictivos y el 45 por ciento eleva los costos” para invertir en personal y equipo de seguridad.

Los líderes empresariales propusieron un programa que combina el servicio militar con la educación técnica para los jóvenes. Esta idea, presentada inicialmente por el expresidente pseudoizquierdista Pedro Castillo para ganar el apoyo de las fuerzas armadas, pretende abordar el problema de los ninis, un acrónimo que se refiere a los jóvenes de 14 a 29 años que no trabajan ni estudian.

Sin duda, los costos de un programa de este tipo serán asumidos por la clase trabajadora, mientras que las fuerzas armadas absorberán a los indeseables ninis como soldados y los criminales mafiosos con sus conexiones con el Congreso y la policía no serán tocados.

Es probable que las encuestadoras como Ipsos, alineadas con el establishment capitalista, ignoren las estadísticas sobre la victimización del delito en las diferentes clases socioeconómicas. Mientras tanto, la delincuencia callejera en las zonas de clase trabajadora sigue aumentando. La República reportó 1.494 asesinatos en 2023 y aproximadamente 2.000 en 2024, un aumento del 34 por ciento.

Con el fracaso del capitalismo peruano y del gobierno que lo defiende para brindar empleos dignos, educación de calidad y nutrición adecuada, las organizaciones criminales pueden parecer para los jóvenes una salida a la pobreza.

Las mafias de extorsión y sicariato surgieron a fines de la década de 1990 durante el régimen dictatorial de Alberto Fujimori. Sus orígenes se remontan a la informalidad económica y la falta de oportunidades para los jóvenes, derivadas de la atomización de la clase trabajadora bajo la Constitución de Fujimori de 1993.

Inicialmente, bandas de jóvenes de la ciudad norteña de Trujillo robaban autos para venderlos como repuestos, pero pronto descubrieron que contactar a los propietarios y venderles sus vehículos era más rentable. A medida que se volvieron más sofisticadas, formaron alianzas con criminales más prominentes y comenzaron a usar amenazas de secuestro para hacer cumplir las normas, lo que marcó su evolución hacia mafias de extorsión. Al principio, se utilizaban sicarios en guerras territoriales entre mafias.

En la década de 2000, estas bandas se expandieron a otras ciudades, apuntando a sectores de la clase trabajadora y las MYPES y, finalmente, se convirtieron en una amenaza para las corporaciones. Con frecuencia, haciéndose pasar por sindicatos, las mafias comenzaron a pedir a las empresas constructoras entre el 1 y el 2 por ciento del presupuesto de construcción. Sus operaciones se volvieron altamente organizadas y protegidas de las repercusiones legales por parte de legisladores, jueces y policías.

Debido a la ingobernabilidad prevaleciente en las ciudades peruanas, muchos dueños de tiendas, salones de belleza y conductores de microbuses han buscado protección del crimen organizado, al encontrar que es más barato pedir ayuda que enfrentar la violencia.

El paso de bandas juveniles que roban autos a mafias extorsionadoras en toda regla está vinculado a una tasa de 75 por ciento de empleo informal y a políticas que empujan a los trabajadores desempleados hacia el futuro inestable de convertirse en pequeños empresarios.

El impacto del aumento de la delincuencia, y en particular las acciones de las mafias extorsionadoras contra la clase trabajadora, han provocado una serie de protestas masivas y huelgas lideradas por trabajadores del transporte y propietarios de pequeñas empresas de transporte. La confusión política prevaleciente, arraigada en el carácter multiclasista de estas acciones, les ha impedido plantear un programa dirigido a la causa fundamental de la delincuencia: el enorme abismo que separa a la clase trabajadora y otras capas oprimidas de la clase dominante peruana y la privilegiada clase media alta.

Para los representantes de las grandes empresas reunidos en la conferencia CADE-2024, la preocupación es que estas protestas sean el presagio de una revuelta masiva contra los niveles intolerables de desigualdad social y explotación endémicos del capitalismo peruano.

No hay una solución nacional para estos problemas. El empeoramiento del clima económico y las crecientes privaciones de la clase obrera tienen sus raíces en una crisis global del capitalismo que está arrastrando a la humanidad al borde de una tercera guerra mundial. Mientras las burocracias sindicales en bancarrota y los pseudoizquierdistas exigen una mayor acción de la policía, los tribunales y el ejército, los trabajadores deben luchar por el desmantelamiento del estado capitalista corrupto y por poner las principales corporaciones, minas y recursos bajo el control de la clase obrera como parte de una reorganización socialista a nivel internacional.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 12 de diciembres de 2024)