Durante tres días—13, 14 y 15 de noviembre—miles de trabajadores del transporte público, docentes del sindicato SUTEP, miembros de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), pequeños empresarios y estudiantes lanzaron un paro nacional y protestas masivas contra el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) que se celebró en Lima durante la semana.

Fue la cuarta huelga consecutiva de los trabajadores del transporte que se llevó a cabo en menos de dos meses en respuesta a una creciente ola de extorsiones y asesinatos de conductores de transporte público, trabajadores de la construcción, maestros de escuela y otros a manos de mafias de extorsionadores y sicarios que controlan amplios sectores de los distritos obreros peruanos. Cada cuatro horas y media un ciudadano peruano es asesinado y cada día hay un promedio de 90 denuncias de extorsión.

El régimen de la presidenta Dina Boluarte, que llegó al poder tras un golpe parlamentario respaldado por Estados Unidos y la ultraderecha hace dos años, desplegó 14.000 efectivos militares y policiales de forma estratégica por toda la ciudad. Además, el presidente Joe Biden llevó a la cumbre unos 600 soldados estadounidenses, francotiradores y dos helicópteros Black Hawk equipados con armas de alto calibre, una fuerza de ataque militar que superó con creces los requerimientos de seguridad del jefe de Estado norteamericano.

Autos policiales, motos y ambulancias cubrían las entradas de los hoteles donde se alojaron 3.000 delegados de 21 países para el Foro APEC, que tuvo lugar en la sede del Ministerio Público en la avenida Javier Prado Este, una de las principales de la ciudad.

Además, decenas de soldados armados vigilaban todas las estaciones del metropolitano y paradas del tren que da servicio uniendo los extremos norte y sur de Lima, el principal medio de transporte utilizado por la clase trabajadora limeña.

El primer día de huelga, sin embargo, algunos autobuses de empresas privadas seguían circulando. Además, los comerciantes del centro comercial Gamarra abrieron sus puertas para atender al público, desplegando grandes carteles en postes eléctricos dirigidos a la APEC, afirmando que Gamarra es un motor clave de la economía peruana, aunque también son víctimas de extorsionadores.

Los organizadores de la protesta, incluida la burocracia sindical de la CGTP, influenciada por el Partido Comunista estalinista, mantienen una orientación hacia la negociación con el gobierno autoritario de Boluarte, al tiempo que separan la lucha contra la extorsión de las mafias y sus sicarios de la lucha basada en la movilización independiente de la clase trabajadora contra la desigualdad social, el desempleo y el aumento de la pobreza.

Julio Campos, vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportes, articuló esta postura conciliadora. Señaló que ni el presidente peruano ni el Congreso han mostrado voluntad de dialogar sobre medidas contra la delincuencia antes del Foro APEC.

Además, enfatizó que la lucha contra la delincuencia debe centrarse en exigir acciones prácticas y la derogación de la Ley 32108, que dificulta la persecución de las mafias de extorsionadores vinculadas a las élites empresariales y políticas.

Al mismo tiempo, el dirigente sindical acusó a Boluarte de engañar a los inversores extranjeros en la APEC al afirmar que su gobierno “empodera a los ciudadanos” y que la situación es “pacífica”.

Boluarte es acusada de crímenes de lesa humanidad tras la violenta represión de las protestas por parte de su gobierno contra el derrocamiento del presidente electo Pedro Castillo, que resultó en la muerte de al menos 49 ciudadanos.

A pesar de la postura conciliadora de los dirigentes sindicales, las protestas socialmente heterogéneas se han ampliado aún más, junto con sus demandas. Los manifestantes participaron en poderosas manifestaciones, mostrando su determinación de luchar por sus derechos sociales y democráticos.

Durante el segundo día del paro nacional, las protestas se intensificaron en varias ciudades. En Arequipa, los ciudadanos bloquearon el tránsito, mientras que en Junín, Ancash y La Libertad, los vehículos fueron detenidos debido a bloqueos en las principales carreteras.

En Iquitos, ubicada a orillas del río Amazonas, los manifestantes gritaron: “No podemos permitir más asesinatos; exigimos justicia y seguridad para nuestras familias”.

En el departamento norteño de La Libertad, unos 500 ronderos de Otuzco (patrullas rurales autónomas) se unieron al paro y bloquearon las carreteras, declarando: “Somos trabajadores; queremos seguridad”

En Cusco, la antigua capital inca y principal centro turístico, los manifestantes obstruyeron el acceso en Sicuani. Además, se interrumpió el tráfico en la carretera que une Huancayo con Huancavelica, dos importantes ciudades comerciales de los Andes centrales.

Puno, el departamento fronterizo con Bolivia, fue el que tuvo más bloqueos. El puente Llave de Juliaca, vital para el transporte de mercancías desde Cusco y Bolivia hasta el puerto marítimo de Matarani, también estuvo cerrado.

Lima fue el epicentro de los disturbios. Los manifestantes que viajaban a Lima denunciaron haber sido detenidos violentamente y rodeados por la Policía Nacional durante más de una hora. “Prácticamente nos secuestraron. Fuimos reprimidos violentamente cuando solo vinimos a protestar pacíficamente”, dijo un dirigente.

La Asamblea Popular de Lima Sur, la Organización Nacional de Familiares de Víctimas de las Masacres de 2022-2023 y comerciantes locales encabezaron una marcha multitudinaria hacia San Borja, donde se celebró el Foro APEC.

Portando pancartas con lemas como “Fuera Dina Boluarte” y “Basta de extorsiones y asesinatos”, los manifestantes llegaron a las inmediaciones del foro gritando “Que el mundo escuche, nos están matando”, mientras se reunían los delegados de la APEC.

Las protestas provocaron importantes demoras para los delegados, incluido el presidente de Indonesia, quien tuvo que esperar más de 10 minutos para ingresar al Palacio de Gobierno.

Miembros de una de las delegaciones chinas se vieron atrapados en medio de las protestas que habían comenzado la mañana del 14 de noviembre cerca de la sede de la APEC Perú 2024.

El segundo día, la policía comenzó a enfrentar violentamente a los manifestantes que se congregaban en la intersección de las avenidas Aviación y Canadá, utilizando gases lacrimógenos y perdigones.

La pancarta del Comité Sindical de Transporte planteaba varias demandas políticas: “Derogar la Ley 32108, rechazar el Paquete Legal Pro-Crimen, reparar a los deudores y oponerse a la privatización del agua”.

La madre de un joven puneño asesinado durante las protestas contra Boluarte sostenía un cartel que dice: “Ni [v]alas ni metralletas al pueblo callarán. Congreso, Dina genocida”.

Otra pancarta con la imagen del presidente tenía la leyenda “Dina asesina”, con el texto: “Ya hay más de 70 muertos y nadie dice nada”.

Los manifestantes mantuvieron el ánimo alto, coreando: “Dina y Congreso, el pueblo te repudia”.

Una mujer que prefirió permanecer anónima compartió sus pensamientos con el WSWS:

“Esta APEC no nos representa. Regala nuestro territorio, nuestras casas, nuestro petróleo y nuestros recursos mineros. Extraen minerales sin la debida supervisión.

Hay desempleo y vivimos en un estado de inseguridad. No hay suficiente dinero para cubrir nuestras necesidades.

No podemos permitirnos enviar a nuestros hijos a la escuela ni ayudarlos a encontrar trabajo. La educación universitaria cuesta alrededor de 500 soles [US$133, que es el 49 por ciento del salario mínimo vital].

Trabajo en limpieza de casas y gano 1.000 soles al mes por trabajar ocho horas al día. Ese no es un salario decente, mientras que los miembros del Congreso reciben un aguinaldo. Los políticos se benefician de nuestros impuestos, lo que les permite ganar dinero fácil porque no hacen nada”.

Instó a los trabajadores que luchan en otros países:

“Si aprecian a nuestra gente luchando contra esta asesina [Dina Boluarte], únanse a nosotros. Esta asesina no nos representa, y tampoco lo hace el Congreso”.

El congresista promedio recibirá alrededor de 46.700 soles (US$12.450) en su pago de fin de año, incluyendo remuneración, bonos, asignaciones y honorarios de representación. En contraste, un obrero de la construcción gana aproximadamente 30.000 soles al año, incluyendo un mes de vacaciones y dos meses de aguinaldo por Fiestas Patrias y Navidad. Esto significa que un solo pago de fin de año para un congresista promedio es comparable a un año y medio de trabajo para un obrero de la construcción.

En otro lugar, estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos enfrentaron la violencia policial, con varios detenidos mientras protestaban contra la administración de Boluarte. Denunciaron que la policía les había confiscado sus materiales de protesta e intentado incautarles sus cédulas de identidad (DNI).

Los manifestantes exigieron al gobierno que derogue la llamada “Ley contra el Crimen Organizado”, que en última instancia sirve para proteger a los miembros del Congreso con vínculos con organizaciones criminales.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 22 de noviembre de 2024)