Ante el deterioro de las condiciones sociales y económicas, junto con una serie de desastres ambientales y de infraestructura, el Gobierno peruano de la presidenta Dina Boluarte se ha desplazado cada vez más agresivamente hacia la derecha.

Hablando ante el Congreso peruano el martes, el ministro de Economía, José Salardi, propuso un “shock desregulatorio” para consolidar la confianza empresarial. Esta nueva política, que incluye una legislación laboral favorable a la inversión privada junto con recortes de impuestos corporativos, se combinará con medidas de “austeridad” que degradarán aún más los niveles de vida de las amplias masas de la población.

Tomando como modelos el llamado Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) encabezado por el oligarca fascista Elon Musk en los Estados Unidos, así como la “motosierra” de Javier Milei contra el empleo y el gasto social en Argentina, la burguesía peruana está preparando una ofensiva masiva contra la clase trabajadora. El “shock” propuesto por Salardi solo puede ser impuesto por medio de mayores medidas dictatoriales contra la clase trabajadora.

Este giro hacia una represión intensificada ha visto al régimen de Boluarte imponer un estado de emergencia en tres provincias de la región de La Libertad: Virú, Trujillo y Pataz. Esta medida dictatorial, que se extendió por 60 días más el 10 de marzo, permite el despliegue de las fuerzas armadas junto a la policía en nombre de la defensa del “orden público” contra el aumento de las tasas de criminalidad.

La trayectoria hacia la derecha del Gobierno peruano se concretó a fines de enero, cuando Boluarte participó en el Foro Económico Mundial de Davos. Allí ofreció a las grandes corporaciones mineras y al capital financiero global una explotación sin trabas de los recursos naturales del país y la sumisión sin reservas de su corrupto y represivo régimen a la nueva Administración encabezada por Donald Trump en Washington.

Boluarte es la presidenta más impopular en el mundo y no hay día que pasa sin un escándalo político o de corrupción y sus efectos de largo alcance sobre la sociedad.

Pese a las afirmaciones oficiales de una recuperación económica, han salido en diversos medios peruanos, proyecciones económicas en las que el Gobierno sobreestima un débil crecimiento económico. Los salarios reales no han subido en el sector privado y solo unos cuantos soles en el sector público, que sin embargo no recuperan su nivel en relación al periodo prepandemia, como tampoco ha mejorado la situación para los 3 millones de pobres que se agregaron en este periodo..

El 2024 la inversión creció apenas 2 por ciento. Los gastos corrientes del Estado son menores en relación con 2022 y no se ven impulso de inversión pública.

El empeoramiento de las condiciones que enfrentan los trabajadores peruanos se ha visto agravado por una serie de eventos catastróficos que se deben al colapso de la infraestructura del país. Un reporte del instituto de Defensa Civil (Indeci) hasta mediados de febrero daba cuenta que 1.605 viviendas fueron destruidas y cerca de 10.000 fueron declaradas inhabitables. Todo esto como producto de las intensas lluvias en el norte, centro y sur del país. De acuerdo con informes oficiales las lluvias intensas dejaron 62 fallecidos, 9 desaparecidos y 23.743 damnificados en febrero de 2025.

El 12 de febrero, hubo un nuevo derrame de petróleo en el Oleoducto Norperuano afecta a comunidades indígenas en Amazonas. Es el segundo en menos de una semana.

Aunque se exige soluciones urgentes desde las comunidades afectadas, pedido que cae en saco roto, pues la OEFA (Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental), aunque dice que investiga, como en otras ocasiones no pasa nada. De acuerdo con ley tanto la OEFA como Petroperú deben responder, lamentablemente bajo el actual régimen político en bancarrota, la ineficiencia, el relajamiento de controles y la impunidad continuarán.

El 21 de febrero se derrumbó el techo de la Real Plaza de Trujillo, que pertenece a una cadena de centros comerciales a nivel nacional, dejando ocho muertos y 84 heridos.

Esta tragedia es el resultado de una serie de deficiencias en la construcción de un centro comercial cuyo dueño es uno de los más ricos del país, Carlos Rodríguez-Pastor. La falta de supervisión del Estado y la presión política ejercida desde el Congreso para suspender sanciones impuestas a la empresa, a pesar de los riesgos evidentes en su infraestructura se hicieron evidentes y escandalosas.

La vivienda es otro tema que revela el abandono y la falta de planificación de décadas del Estado peruano. En las últimas dos décadas, las ciudades peruanas crecieron un 50 por ciento, un ritmo mayor al promedio latinoamericano (30 por ciento). Sin embargo, más del 90 por ciento de esta expansión urbana ha sido informal, a través de ocupaciones ilegales y lotizaciones informales.

En medio de interminables desastres, escándalos de corrupción y oleadas de protestas masivas, Boluarte se ha convertido en una figura repudiada con un índice de aprobación de menos del 5 por ciento, un mínimo histórico. ¿Cómo puede un régimen así aferrarse al poder y perseguir su agenda?

El descontento social crece y es latente pero no encuentra canales para expresar el enojo y la insatisfacción de los trabajadores peruano. Todas las corrientes políticas pseudoizquierdistas y sindicales son propatronales, es decir, no defienden consecuentemente los intereses de los trabajadores peruanos y se limitan a presentar propuestas que buscan apuntalar las instituciones debilitadas y el callejón sin salida de la política capitalista.

Las protestas que sacudieron a Perú en los últimos meses de 2024, centradas en el crimen organizado y la creciente violencia, revelan problemas más profundos. El 6 de febrero, Perú vivió su quinto paro nacional en menos de 12 meses pero tuvo menor participación que los anteriores. Desde el principio, estas huelgas han estado dominadas por las organizaciones empresariales que representan tanto a los pequeños operadores como a las grandes empresas de transporte. Hay 117 sindicatos que representan a los choferes del transporte público en Lima, pero no jugaron un papel significativo en los recientes paros.

El Gobierno y los dirigentes de estas manifestaciones han tratado de hacer pasar su fortalecimiento del Estado policial como una respuesta a la demanda planteada por las protestas de que se ponga fin a la inseguridad causada por el crimen organizado y sus operaciones de extorsión. Sin embargo, la existencia de pandillas está ligada a una desigualdad social desenfrenada. Tienen conexiones políticas, generan ganancias para una élite adinerada y pueden reclutar a una masa de jóvenes empobrecidos que no encuentran un lugar para trabajar o estudiar.

El 25 de febrero, el principal sindicato, la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), controlada férreamente por el estalinista Partido Comunista Peruano, anunció la convocatoria a una “movilización nacional”. Como en anteriores oportunidades esta “movilización nacional” solo se realizó en Lima. A pesar de los esfuerzos del sindicato para contener el alcance del movimiento, los trabajadores de diferentes ramas de la industria se movilizaron.

El llamado de la CGTP buscaba dar salida a la creciente oposición social de la clase obrera contra los despidos colectivos y canalizarla detrás de reclamos inútiles contra la designación de la directora de Prevención del Ministerio de Trabajo.

La inseguridad ciudadana, los desastres naturales caudados por las lluvias, las tragedias por colapso de infraestructuras públicas y privadas hay un caldo de cultivo para el enojo y el repudio generalizado de los trabajadores y la población empobrecida. Las protestas, las huelgas y los levantamientos sociales inevitablemente crecerán. Para eso se está preparando el gobierno que incrementó millones para reforzar las Fuerzas Armadas y la policía.

Las elecciones se están organizando como un mecanismo para desviar el descontento masivo con todo el sistema político. Ya existen más de 40 candidatos que se postulan para las elecciones presidenciales de 2026. Los partidos tradicionales de la burguesía peruana, han colapsado y sólo existen como aparatos y cascarones vacíos, sin militancia. La izquierda nominal, incluidos Juntos por Perú (JPP), el Partido de los Trabajadores y Emprendedores (PTE-Perú) liderado por los maoístas, Perú Libre, Voces del Perú, Nuevo Perú, entre otros, también se está preparando para participar electoralmente. Ninguna de estas fuerzas proporciona un medio para oponerse al impulso al autoritarismo, permaneciendo en silencio, por ejemplo, sobre las leyes electorales impopulares aprobadas por el Congreso controlado por la derecha para elegir una legislatura bicameral y permitir la reelección de los miembros existentes.

La única solución para las masas de trabajadores y jóvenes del Perú que enfrentan esta catástrofe social es movilizarse de forma independiente. Necesita sacudirse el yugo de las burocracias conciliadoras. La cuestión decisiva es la del liderazgo revolucionario. Las protestas de este año estuvieron dominadas por orientaciones oportunistas de la pequeño burguesía debido a la ausencia de una dirección genuinamente socialista en la clase trabajadora. Las traiciones llevadas a cabo por el aparato sindical dirigido por los estalinistas, la desviación de las luchas sociales hacia la política burguesa por parte de la izquierda nominal y las amargas experiencias con los movimientos guerrilleros han contribuido a una desorientación política que los trabajadores peruanos necesitan superar.

Hay que aprender lecciones cruciales. Ninguna facción de la clase dominante peruana, desde los Fujimoristas de derecha hasta los demagogos populistas como el derrocado presidente Pedro Castillo, es capaz de resolver ninguno de los problemas económicos y sociales básicos que enfrentan la clase trabajadora y los pobres rurales en Perú o, para el caso, en toda América del Sur. Todas las burguesías nacionales de países semicoloniales como Perú están entrelazadas y subordinadas al capital financiero extranjero, y la soberanía nacional existe solo de nombre.

La clase obrera debe construir organizaciones de lucha independientes, armadas con una perspectiva socialista y enfrentadas en una oposición irreconciliable a todos los partidos de la burguesía nacional, las burocracias sindicales y sus apologistas pseudoizquierdistas.

La cuestión decisiva que enfrenta la clase obrera peruana es la de construir una nueva dirección revolucionaria basada en un programa socialista e internacionalista que una sus luchas con las de los trabajadores de toda América y más allá. Esto significa construir una sección peruana del Comité Internacional de la Cuarta Internacional.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 14 de marzo de 2024)