El perdón del presidente Joe Biden a su hijo, Hunter, ha provocado una oleada de ira y repugnancia generalizadas. Más allá de la hipocresía y la deshonestidad de la medida, que se dio días antes de la condena programada de Hunter Biden por violaciones a las leyes de armas y evasión fiscal y después de innumerables promesas de la Casa Blanca de no interferir en el proceso legal, el hecho es un regalo político para la entrante administración fascista de Donald Trump.

Más fundamentalmente, pone en evidencia el grotesco abismo que separa la “justicia” para la clase trabajadora en la América capitalista de la aplicación de la ley, o la falta de ella, para la élite política y corporativa.

Frases como “un gobierno de leyes, no de hombres” y “igualdad ante la ley” se exponen como ficciones cínicas diseñadas para ocultar la brutal realidad del llamado sistema de justicia.

No hay dudas de que Joe Biden utilizó sus cargos políticos para impulsar la fortuna de su hijo, incluyendo ayudar a asegurarle un lucrativo puesto a Hunter en la junta de la firma de energía ucraniana Burisma en 2014, cuando, como vicepresidente, Joe Biden estaba a cargo de la política estadounidense hacia Ucrania.

Tampoco hay duda de que los enemigos republicanos de Biden, liderados por Trump, utilizaron los tribunales para llevar a cabo una persecución política contra Hunter Biden con el fin de socavar la posición de su padre.

Trump lideró este esfuerzo y desde entonces ha designado funcionarios de alto nivel para su próximo gobierno que han prometido perseguir a políticos e incluso periodistas que lo han opuesto y a su agenda dictatorial. Estos funcionarios incluyen a Tom Homan como su “zar de la frontera,” quien ha amenazado con encarcelar a alcaldes que interfieran con los planes de Trump para deportar a millones de inmigrantes. También incluyen a Pam Bondi para fiscal general, quien se hizo famosa por liderar cantos de “¡enciérrenla!” contra Hillary Clinton durante la campaña electoral de 2016.

Y está Kash Patel, el elegido de Trump para dirigir el FBI, quien ha pedido reiteradamente la judicatura y encarcelamiento de numerosos legisladores, funcionarios de gobierno y periodistas que opusieron su intento de golpe en 2021 y no apoyan sus actuales planes de dictadura.

Y sin embargo, Biden ha prometido la “transición más suave” en la toma de control de la Casa Blanca por parte de Trump y el control republicano de ambas cámaras del Congreso y del Tribunal Supremo. El indulto a su hijo va de la mano con la postración y complicidad de Biden y los demócratas con el gobierno de millonarios, fascistas y charlatanes que Trump está armando.

No hay indultos para los trabajadores inmigrantes y estudiantes que están a punto de ser capturados, colocados en campos de concentración y deportados, ni para los opositores del régimen policial, la guerra y el genocidio que Trump ha señalado como el “enemigo interno”.

Previsiblemente, Trump aprovechó el perdón a Hunter Biden para justificar sus planes de indultar a los cientos de insurreccionistas fascistas encarcelados que asaltaron el Capitolio el 6 de enero de 2021. Escribió en su plataforma Truth Social el domingo por la noche: “¿Incluye el perdón otorgado por Joe a Hunter a los Rehenes del J-6, que han estado encarcelados durante años? ¡Qué abuso y error de la Justicia!”

El senador fascista Tom Cotton (R-Arkansas) escribió en X: “Los demócratas pueden ahorrarnos las conferencias sobre el estado de derecho cuando, digamos, el presidente Trump nomine a Pam Bondi y Kash Patel para limpiar esta corrupción”.

El gulag carcelario estadounidense

Hay una “justicia” para la clase dominante y algo completamente diferente para los trabajadores y pobres. El abismo que separa a los dos ha crecido a la par con el obsceno aumento de la desigualdad social. En un país donde 800 millonarios controlan más de 6,2 billones de dólares en riqueza, y el uno por ciento superior posee el 35 por ciento de toda la riqueza personal mientras que el 50 por ciento inferior posee solo el uno por ciento, el llamado sistema de justicia refleja y refuerza esta cruda realidad de clase.

• Existe un vasto gulag carcelario en los Estados Unidos poblado abrumadoramente por personas de la clase trabajadora y pobres.

Según la Iniciativa de Política Penitenciaria, en 2024 había alrededor de 1,9 millones de personas encarceladas en los EE.UU., con una tasa de encarcelamiento de 583 por cada 100.000 residentes. Esto incluye a 448.000 personas que no habían sido condenadas, pero estaban encerradas en cárceles locales. El World Population Review informó en octubre de 2021 que los EE.UU. tenían más personas encarceladas que cualquier otro país del mundo y representaban aproximadamente el 25 por ciento de la población carcelaria total mundial. Señaló que la población carcelaria de EE. UU. había explotado desde 1972, cuando totalizaba 200.000.

La brutalidad sistémica a la que están sometidos los presos es indicada por la situación en la prisión de Red Onion State en el condado de Wise, Virginia. El 26 de noviembre, el Caucus Legislativo Negro de Virginia emitió una declaración manifestando que desde el 15 de septiembre, al menos 12 hombres negros encarcelados en la instalación de supermax se habían prendido fuego “en respuesta a las condiciones degradantes e inhumanas” en la prisión. La declaración continuó diciendo que las personas que han estado encerradas en Red Onion describieron “ser sometidas regularmente a abusos raciales y físicos por parte de los oficiales correccionales, negligencia médica, incluida la retención de medicinas, estancias excesivas en confinamiento solitario con un informe de 600 días consecutivos, alimentos incomibles cubiertos de gusanos y escupitajos de los oficiales, y ataques violentos de perros”.

• El castigo capital sigue cobrando su precio en Estados Unidos, uno de solo el 30 por ciento de países en el mundo que continúa con esta práctica bárbara.

La pena de muerte está prohibida por todos los estados miembros de la Unión Europea. Según cifras publicadas por el Centro de Información sobre la Pena de Muerte, 75 prisioneros estadounidenses han sido ejecutados bajo la administración de Biden. Esto incluye a 22 que han sido ejecutados este año, hasta el 21 de noviembre.

• La realidad de la represión estatal bajo el mandato de la oligarquía corporativa estadounidense y sus dos partidos reaccionarios se refleja en el horrendo y constante número de asesinatos policiales.

Hasta el 22 de octubre de 2024, el número de personas asesinadas por la policía en EE.UU. durante la administración Biden totalizaba 4.264, según cifras publicadas por Statista, incluyendo 956 hasta ahora este año.

La semana pasada, en la noche de Acción de Gracias, la policía de Akron, Ohio, disparó y mató a Jazmir Tucker, un joven de 15 años que estaba caminando. La policía afirma que escuchó disparos en el área donde vieron al estudiante de noveno grado, quien, según ellos, estaba armado. Las imágenes de las cámaras corporales se publicarán para el público el jueves.

No hay duda de que esta carnicería aumentará bajo la segunda administración Trump, ya que los recortes sociales salvajes y la represión masiva alimentarán luchas de clase convulsivas. La ex presidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi ha declarado su deseo de éxito para el nuevo gobierno, y Bernie Sanders ha ofrecido “trabajar con” la nueva administración.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 04 de diciembre de 2024)