Tan solo tres semanas después de su victoria estrecha y decisiva en las elecciones presidenciales de 2024, el presidente electo Donald Trump ha nombrado a casi todos los altos cargos de su Gobierno entrante, incluyendo a sus secretarios de gabinete, a todos los altos funcionarios de la Casa Blanca y muchas posiciones importantes por debajo del gabinete.
Las elecciones de Trump confirman el carácter esencial del Gobierno entrante como uno de, por y para la oligarquía financiera. Esta no es solo una frase, sino una descripción literal de un Gobierno cuyos líderes consisten en ayudantes y acólitos del milmillonario Trump, empleados del magnate milmillonario mediático Rupert Murdoch, propietario de Fox News, y media docena de otros milmillonarios aliados con Trump y Murdoch, incluido el hombre más rico del mundo, Elon Musk.
Tal vez la característica más importante de la nueva Administración es su personalismo extremo. La lealtad personal a Trump, el principio del führer en todo menos en el nombre, ha sido uno de los principales criterios de selección, especialmente a puestos en la Casa Blanca y el Departamento de Justicia, que Trump pretende utilizar como arma contra sus oponentes políticos.
Los nominados para los cuatro puestos principales en el Departamento de Justicia son todos representantes legales anteriores o actuales de Trump. La ex fiscala general de Florida, Pam Bondi, quien fue abogada de Trump durante su primer juicio político en 2020, fue elegida para el cargo de fiscala general de los Estados Unidos, en reemplazo de Matt Gaetz, la elección inicial de Trump.
Los dos fiscales adjuntos de Bondi serían Todd Blanche y Emil Bove, quienes representaron a Trump en el caso federal que surgió del intento de golpe de Estado del 6 de enero de 2021. El procurador general sería John Bauer, quien argumentó a favor de Trump en la Corte Suprema el verano pasado, lo que resultó en el famoso fallo del caso Trump vs. Estados Unidos de que un presidente estadounidense tiene inmunidad legal absoluta por cualquier acción oficial, sin importar cuán violenta, ilegal o inconstitucional sea. Trump estará cubierto por esa inmunidad general tan pronto como preste juramento el próximo 20 de enero.
El personal de la Casa Blanca está encabezado por Susie Wiles, gerente de la campaña presidencial de Trump, con el fascista antiinmigrante Stephen Miller como subjefe de gabinete. Will Scharf, otro abogado de Trump, será el secretario de la Casa Blanca, manejando el flujo de papel, mientras que Sergio Gor, socio de Donald Trump Jr. en la publicación de libros que glorifican a Trump, será el jefe de personal de la Casa Blanca, a cargo de examinar las nominaciones para puestos de menor nivel.
Otros dos fascistas tendrán posiciones influyentes en la política de la Casa Blanca: Tom Homan, autor de la política de separación familiar para inmigrantes arrestados en el primer término de Trump, será el “zar de la frontera”. Sebastian Gorka, receptor de la orden fascista húngara de los Vitez que fue expulsado de la primera Casa Blanca de Trump en 2017 porque se le consideraba demasiado extremista. Ahora será “asesor de terrorismo” en la segunda Casa Blanca de Trump.
Otros cuatro candidatos al gabinete eran miembros de la Cámara de Representantes que formaron parte del equipo de defensa de Trump contra el juicio político en el juicio del Senado de 2020. Elise Stefanik de Nueva York será embajadora ante la ONU, John Ratcliffe de Texas será director de la CIA, Lee Zeldin de Nueva York será administrador de la Agencia de Protección Ambiental (EPA, sigla en inglés) y Doug Collins de Georgia dirigirá el Departamento de Asuntos de Veteranos.
Todo un grupo de funcionarios y subfuncionarios del gabinete están siendo importados del America First Policy Institute, el cual fue copresidido por Linda McMahon, la empresaria de lucha libre profesional que fue elegida secretaria de Educación, y dirigido por Brooke Rollins, la exasesora de política interna de la Casa Blanca de Trump que fue elegida secretaria de Agricultura.
Los empleados y expertos de Fox News son igualmente numerosos, mientras que también coinciden con leales a Trump. Estos incluyen a los “anfitriones” de programas de entrevistas de larga data como Pete Hegseth, nominado para dirigir el Pentágono; Tulsi Gabbard, excongresista demócrata convertida en defensora de Trump, nominada como directora de Inteligencia Nacional; el exgobernador de Arkansas Mike Huckabee, elegido como embajador en Israel; el exasesor de la Casa Blanca de Trump, Scott Turner, elegido para el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano; el excongresista y “estrella” de telerrealidad Sean Duffy para dirigir el Departamento de Transporte; y la Dra. Janette Nesheiwat como cirujana general.
Trump eligió al exdemócrata y promotor de teorías conspirativas antivacunas Robert F. Kennedy Jr. para dirigir el Departamento de Salud y Servicios Humanos, recompensándolo por abandonar su campaña presidencial independiente y respaldar al republicano. Las otras posiciones principales en Sanidad se están repartiendo entre enemigos igualmente extremos de la salud pública: el famoso médico de televisión y el derrotado candidato republicano al Senado Mehmet Oz para dirigir los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid; el Dr. Martin Makary, un oponente de los cierres y el uso de mascarilla contra el COVID para dirigir la Administración de Alimentos y Medicamentos; el médico antiaborto y excongresista republicano Dave Weldon para dirigir los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.
Múltiples fuentes de los medios de comunicación informaron el domingo que el Dr. Jay Bhattacharya, un destacado defensor de la política de dejar que el COVID-19 corra libre y coautor de la Declaración de Gran Barrington contra la salud pública, sería elegido para dirigir los Institutos Nacionales de Salud.
Si bien estas figuras están ideológicamente comprometidas con la destrucción de la salud pública, existen profundas razones sociales para esta operación de demolición, enraizada en los intereses de lucro de los superricos. Para la centésima parte superior del uno por ciento que gobierna la sociedad estadounidense, todos los gastos federales en el seguro social, Medicare, Medicaid, educación, cupones de alimentos y otros servicios para los trabajadores, sus hijos y padres jubilados representan una deducción de la riqueza que podría canalizarse a sus propios bolsillos.
Esta capa social está directamente representada en el gabinete de Trump en la media docena de milmillonarios liderados por el individuo más rico del mundo, Elon Musk, con una fortuna estimada actual que supera los $300 mil millones (muchos miles de millones de los cuales dependen de contratos o subsidios gubernamentales). Musk y el milmillonario de la tecnología, Vivek Ramaswamy, se han ofrecido como voluntarios para formar el “Departamento de Eficiencia Gubernamental” de Trump, cuyo objetivo declarado es recortar $2 billones en gastos federales, más de una cuarta parte del presupuesto, y eliminar cientos de miles de empleos federales.
Un milmillonario ocupará el puesto clave de secretario del Tesoro: el jefe de fondos de cobertura y exdemócrata Scott Bessent, elegido después de riñas con Musk e intereses aún más poderosos de Wall Street. Se opusieron, como lo señala la página editorial del Wall Street Journal, “a cualquier alteración sin otra finalidad más que perturbar la política económica... Se necesitan manos firmes y bien informadas en política económica si Trump quiere tener éxito”.
En particular, al Journal le preocupaba que el Gobierno entrante de Trump garantizara la extensión de sus recortes de impuestos de 2017 para los ricos, que expirarán a principios de 2025. También existía la preocupación de que el multimillonario rival Howard Lutnick, el jefe del Tesoro propuesto por Musk, estuviera demasiado comprometido con promover las criptomonedas a través de su firma de corretaje Cantor Fitzgerald. Lutnick recibió el Departamento de Comercio como premio de consolación.
Otros multimillonarios en el gabinete incluyen al magnate de la hidrofracturación Chris Wright para para el Departamento de Energía (“No hay crisis climática”, declaró el año pasado); el gobernador de Dakota del Norte, Doug Burgum, un multimillonario del sector tecnológico, para el Departamento del Interior; así como Linda McMahon para el Departamento de Educación.
No hay precedente en la historia de Estados Unidos, ni probablemente en la historia moderna de ningún país del mundo, de un Gobierno tan completamente en las garras de fortunas tan grandes y parasitarias. Como explicó el World Socialist Web Site en su análisis inicial de la victoria electoral de Trump, “la llegada al poder de un segundo Gobierno de Trump representa el realineamiento violento de la superestructura política estadounidense para que se corresponda con las relaciones sociales reales que existen en Estados Unidos”.
El hecho de que esta es una cuestión de clase, y no simplemente el producto de Trump, se demuestra en la respuesta del Partido Demócrata, la oposición nominal dentro del marco del sistema bipartidista capitalista. Mientras que el presidente Joe Biden combina la senilidad y el servilismo al prometer la transición “más suave” al segundo Gobierno de Trump, los demócratas del Congreso están difundiendo la complacencia.
El congresista demócrata de Nueva York Tom Suozzi, hablando con CNN el sábado, dijo que los estadounidenses deberían “calmarse” sobre la Administración entrante. “Si todo el mundo va a explotar y asustarse por cada cosa, entonces nunca vas a poder concentrarte en las cosas que realmente importan”, dijo. “Tenemos que elegir nuestras batallas”.
El secretario de Transporte saliente, Pete Buttigieg, dijo en una reunión del Partido Demócrata el jueves: “No podemos quedar hipnotizados por las peores cosas que vemos que suceden”. Añadió: “Nos sentiremos inclinados a sorprendernos por algunas cosas que se hacen precisamente con la intención de sorprendernos. Tenemos que superar el sobresalto muy rápido”.
Este consejo significa que los líderes del Partido Demócrata tienen la intención de ignorar a los millones de inmigrantes que serán objeto de redadas masivas, encarcelamiento y deportación. Tienen la intención de mantenerse al margen y “escoger nuestras batallas” mientras Trump procede a erigir un régimen dictatorial en Estados Unidos. O como dijo la senadora Amy Klobuchar, en el programa “This Week” de ABC el domingo: “Tienen los votos... Al final, serán los republicanos en el Senado de los EE.UU., su decisión sobre si quieren poner a estas personas en su lugar”.
La única preocupación del Partido Demócrata es preservar su política de guerra, en particular, la guerra entre Estados Unidos y la OTAN contra Rusia en Ucrania. En sus últimas semanas, el Gobierno de Biden se ha concentrado en una importante intensificación del conflicto, que amenaza con una guerra nuclear, autorizando ucraniano de misiles de largo alcance proporcionados por Estados Unidos para atacar ciudades rusas.
En cuanto a los medios corporativos, ya están asumiendo su lugar como la voz propagandística y apologista de la nueva Administración. La palabra “fascista” ha desaparecido del vocabulario del ala alineada con el Partido Demócrata, a pesar de su prominencia durante las etapas finales de la campaña electoral. Esto es aún más notable dado que Trump está nombrando a un fascista tras otro para ocupar los primeros puestos en el nuevo régimen.
La oposición a las políticas y acciones del Gobierno de Trump no vendrá desde la estructura de la política patronal sino desde abajo, desde la clase trabajadora. Están en la agenda explosivas batallas de clases porque decenas de millones de trabajadores no aceptarán la destrucción de sus empleos, niveles de vida, servicios sociales y derechos democráticos que la clase dominante estadounidense está empeñada en imponer.
(Artículo publicado originalmente en inglés el 25 de noviembre de 2024)