La sétima caravana migrante en semanas recientes partió del sur de México la noche del domingo, en medio de trabajadores migrantes que intentan llegar a Estados Unidos antes de la inauguración presidencial de Donald Trump el 20 de enero.
Entre 800 y 1.200 personas han estado cruzando el río Suchiate entre Guatemala y México diariamente desde la victoria electoral de Trump, en comparación con alrededor de 300 migrantes en meses anteriores.
Como forma de protección contra las fuerzas estatales y las bandas criminales, que a menudo trabajan juntas, muchos migrantes han estado saliendo en grupos de cientos de personas de la ciudad de Tapachula, cerca de la frontera con Guatemala.
Algunos de los que se unen a estas caravanas han esperado durante meses en México para una cita para solicitar asilo en los Estados Unidos a través de la aplicación móvil CBP One, la única opción legal por medio de la cual pueden solicitar una vista humanitaria. Este nuevo sistema de lotería implementado por la Administración de Biden ha terminado efectivamente con el derecho de asilo consagrado en el derecho estadounidense e internacional.
Para muchos no es su primer intento para desplazarse hacia el norte. Uno de los casi 1.500 migrantes en la última caravana dijo a La Jornada: “Cada vez que intentamos avanzar nos devuelven, cada vez que intentamos subir nos devuelven, nos llevan que para migración supuestamente para darnos un permiso, pero es engaño, nos dejan presos y no nos dejan continuar, nosotros no queremos estar aquí”.
El Gobierno supuestamente de izquierda de la presidenta Claudia Sheinbaum está procediendo a dispersar las caravanas.
Sheinbaum garantizó a Trump durante una llamada el miércoles pasado que las caravanas simplemente “no van a llegar a la frontera norte”, en sus palabras. La llamada siguió a las amenazas del presidente electo fascista de Estados Unidos de aranceles comerciales devastadores a menos que México y Canadá detengan el flujo de migrantes y drogas.
Trump luego se jactó en las redes sociales de que Sheinbaum había “acordado detener la migración a través de México y hacia los Estados Unidos, cerrando efectivamente nuestra frontera sur”. La mandataria mexicana lo negó de inmediato, afirmando en una conferencia de prensa: “nunca y jamás seríamos capaces de plantear que íbamos a cerrar la frontera en el norte”.
Pero, en palabras de El País, que es amigable hacia Sheinbaum, “Aunque el panorama que se vislumbra bajo la nueva administración de Trump es de un cierre total de la frontera, como él mismo ha anunciado, la realidad es que en este momento, prácticamente, ya lo está”.
La propia Sheinbaum sugirió que las amenazas de Trump se debieron a que no ha apreciado plenamente este hecho, diciendo “A lo mejor no conoce todo lo que se ha hecho en el último año y que nosotros ya estamos fortaleciendo, entonces es importante que se conozca los esfuerzos que está haciendo México y muchos otros”.
Su Gobierno informó a Trump que, aunque la migración irregular a México ha aumentado un 193 por ciento desde diciembre de 2023, a niveles récord este año, el número de migrantes que llegan a la frontera entre Estados Unidos y México ha disminuido un 76 por ciento.
Esto se ha logrado a través del despliegue de decenas de miles de soldados, quienes han sido entrenados para combate y reciben capacitación de los Estados Unidos, así como a miles de agentes de inmigración para detener a los migrantes o hacer de su viaje una pesadilla que a menudo termina en extorsión, tortura, muerte o desapariciones.
En cuanto a las caravanas, las autoridades mexicanas han dejado que se agoten, enfermen y padezcan hambre antes de exigirles que suban a autobuses para ser enviadas de regreso al sur o al este, en algunos casos después de prometerles un viaje hacia el norte.
La Suprema Corte de México ordenó la semana pasada al Gobierno que comenzara a llevar un registro de los migrantes detenidos después de un caso iniciado por el Servicio Jesuita de Ayuda al Migrante, que documentó que, de los 1.280 casos investigados de migrantes que han desaparecido, el 75 por ciento se encontraba en centros de detención de migrantes.
En marzo de 2023, 40 migrantes murieron en un incendio en un centro de detención en Ciudad Juárez que funcionaba como un “centro de extorsión”, donde se detenía y amenazaba con deportación a los migrantes simplemente para obtener sobornos.
El 1 de octubre de 2024, el día de la inauguración de Sheinbaum, la Guardia Nacional abrió fuego contra una camioneta que transportaba a más de 30 migrantes, matando a seis e hiriendo a doce en el sur de Chiapas.
Un mes después, el 2 de noviembre, a unos 10 km de la frontera entre Estados Unidos y México, cerca de Rumorosa, Baja California, soldados de la Guardia Nacional abrieron fuego contra dos camionetas que transportaban a siete migrantes, matando a dos colombianos (Yuli Vanessa Herrera Marulanda, de 37 años, y Ronaldo Andrés Quintero Peñuelas, de 20) e hiriendo al resto, incluida un niño de ocho años. En cada caso, la Secretaría de Defensa de Sheinbaum ha afirmado que las tropas habían recibido disparos inicialmente, solo para que el testimonio de los sobrevivientes y las inconsistencias desmintieran la versión oficial.
En total, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) de la ONU documentó que 61.620 migrantes han sido asesinados o desaparecidos cruzando el continente americano entre 2014 y 2023, alrededor del 80 por ciento de ellos entre México y Estados Unidos. Sin duda es un registro muy incompleto.
Sheinbaum también ha garantizado a Trump que su Gobierno planea recibir a los mexicanos sometidos a sus deportaciones masivas. Al igual que su predecesor y mentor, Andrés Manuel López Obrador, es probable que Sheinbaum reciba a deportados de otras nacionalidades.
En este contexto, la promesa de “fortalecer” tales medidas represivas solo puede significar una mayor brutalización y expansión de la red de centros de detención y de la vigilancia militar contra los trabajadores migrantes, convirtiendo a México en un vasto campo de concentración.
Al mismo tiempo, Sheinbaum ha prometido un trato humanitario para los migrantes y abordar las “causas de raíz”. Del mismo modo, López Obrador declaró poco después de asumir el cargo que “el derecho de asilo es sagrado para todos los mexicanos… Siempre atenderemos a migrantes y les daremos protección”.
Hay un profundo orgullo entre los trabajadores mexicanos por la larga historia del país de aceptar asilados políticos, como al revolucionario ruso León Trotsky y multitudes de españoles y otros europeos que escapaban de los regímenes fascistas. Un gran porcentaje de mexicanos ha migrado personalmente en algún momento y/o depende de las remesas de los 40 millones de personas de origen mexicano que viven en los Estados Unidos.
Mientras tanto, Sheinbaum, López Obrador y su partido Morena han demostrado ser una camarilla reaccionaria dispuesta a hacer cualquier concesión y abandonar cualquier preocupación soberana y democrática para asegurar las ganancias de la clase dominante mexicana y sus principales socios en Wall Street a través de la explotación de la clase trabajadora.
Desde el punto de vista de la burguesía mexicana, no existe una barrera entre el uso de los militares contra los trabajadores migrantes y su uso contra los trabajadores mexicanos con tal de satisfacer las demandas de la oligarquía estadounidense, o si vamos al caso, su uso contra los trabajadores de otros países como parte de las guerras imperialistas de Estados Unidos y la OTAN.
En el último período, ha sido el Gobierno demócrata del presidente Joe Biden el que ha exigido las políticas antiinmigrantes a México para cerrar efectivamente la frontera, y ha sentado las bases para el ataque fascista planeado por Trump.
Prácticamente todos los que llegan a la frontera entre Estados Unidos y México sin cita previa a través de la aplicación CBP One son devueltos, y la mayoría de los casos atendidos por los jueces están siendo rechazados.
Desde junio, el porcentaje de “expulsiones aceleradas” de los Estados Unidos se ha triplicado, y el número de liberados dentro de los Estados Unidos que esperan citas cayó un 80 por ciento. Los jueces de inmigración de EE.UU. otorgaron asilo a solo el 35,8 por ciento de los solicitantes en octubre, en comparación con un máximo del 52,6 por ciento en septiembre de 2023. En el año fiscal 2024, las deportaciones desde Estados Unidos alcanzaron las 700.000, la cifra más alta desde 2010.
Una carta pública emitida el 15 de noviembre por organizaciones de derechos de los migrantes, dirigida por Detention Watch Network, le pidió a Biden que cerrara los más de 200 centros de detención de migrantes antes de la adhesión de Trump, señalando que el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, sigla en inglés) “expandió masivamente” su red de centros de detención en el último año a pesar de las “historias documentadas de condiciones inhumanas y abusivas”.
En cambio, el secretario de Seguridad Nacional de Biden, Alejandro Mayorkas, se reunió con ICE después de la elección de Trump para prepararse para un aumento de la migración ampliando la capacidad de detención y deportación.
(Artículo publicado originalmente en inglés el 4 de diciembre de 2024)