El impacto catastrófico y el número de muertos por las inundaciones en Valencia sirven como una acusación a los principales partidos pseudoizquierdistas de España, Podemos y su escindido, Sumar, que actualmente está en el poder a nivel nacional junto al Partido Socialista (PSOE). A pesar de los años en el poder tanto a nivel nacional como autonómico, estos partidos no han hecho nada para proteger a la población de las inundaciones inducidas por el cambio climático.

Las inundaciones de Valencia son un crimen social sin precedentes. El número de muertos en toda España ha llegado a 224, incluidos 217 en la Comunidad Valenciana, con 16 personas aún desaparecidas. Más de 75 municipios han sufrido daños significativos, afectando a más de 60.000 personas. Paiporta, considerada la 'zona cero' de la tragedia, registró 70 muertos entre los atrapados en sótanos y garajes.

Un informe de la Cámara de Comercio de Valencia indica que más de 54.000 empresas y más de 400.000 trabajadores se han visto afectados, con al menos 4.500 locales dañados, 1.800 de los cuales están completamente destruidos.

La responsabilidad del gobierno valenciano y de su presidente autonómico, Carlos Mazón, perteneciente al derechista Partido Popular, es evidente. A pesar de las repetidas advertencias de la agencia meteorológica española, AEMET, no se tomaron medidas el día de la tormenta hasta que muchas personas ya se habían ahogado. En los días siguientes, el Gobierno autonómico no logró movilizar los recursos necesarios para apoyar a las víctimas e incluso fue incapaz de coordinar a los miles de voluntarios que viajaron a València por iniciativa propia.

Por su parte, el gobierno nacional PSOE-Sumar se negó a declarar el máximo estado de alarma, tanto el día de la tormenta como en los días siguientes. Esto le habría permitido tomar el control de los servicios de emergencia en lugar del gobierno autonómico. Y ello a pesar de ver que desde el principio el gobierno de Mazón era incapaz de hacer frente a las inundaciones y sus consecuencias.

Para evitar intervenir, PSOE y Sumar ofrecieron la patética excusa de que no querían infringir los poderes autonómicos del gobierno valenciano. Optaron por sacrificar la vida de cientos de personas antes que tomar medidas que hubieran dejado al descubierto las políticas reaccionarias del PP en Valencia.

El aspecto más sucio de esta respuesta fue el de la ministra de Trabajo y líder de Sumar, Yolanda Díaz. Plenamente consciente de la gravedad de la tormenta que se avecinaba, ella y su gobierno podrían haber suspendido todas las actividades no esenciales para evitar que los trabajadores arriesgaran sus vidas. Pero se negaron a hacerlo, poniendo en peligro la vida de miles de trabajadores que se vieron obligados a ir a trabajar y luego pasar la noche atrapados en almacenes y centros comerciales. Muchos perdieron la vida, atrapados en automóviles y camiones que fueron arrastrados por las inundaciones.

Al día siguiente, Díaz se burló de los trabajadores apelando a la 'responsabilidad' de las empresas para garantizar que 'nadie trabaje corriendo riesgos'.

De hecho, los principales empresarios de la región han mostrado un desprecio absoluto por la vida de sus empleados, obligando a la mayoría de ellos a seguir trabajando. En este sentido, los sindicatos CCOO, vinculado a Sumar y Podemos, y UGT, vinculado al PSOE, jugaron un papel reaccionario, negándose al cierre de los centros de trabajo. Esta situación fue descrita por un trabajador de un centro comercial así: 'Los que nos han tenido aquí trabajando, sin cerrar, han sido nuestros supervisores. No nos han dejado irnos. No puede ser. Han jugado con nuestras vidas'.

La solución de Díaz para los trabajadores fue decirles que decidieran por sí mismos si ir a trabajar. Dijo: 'No tengan ningún tipo de miedo' porque la ley prohíbe que 'nadie trabaje corriendo riesgos'.

Pero los trabajadores saben que negarse a ir a trabajar puede llevar a ser despedidos o enfrentar represalias de sus empleadores. Este miedo está justificado, sobre todo cuando ven que Díaz no tomó ninguna medida para ayudarles, ni los burócratas sindicales movilizaron a los comités de empresa para obligar a las empresas a cerrar. Y en cuanto a la afirmación de Díaz de que la ley protege a cualquier persona de trabajar en condiciones de riesgo, eso es simplemente un insulto a los trabajadores, después de que muchos de ellos murieron en el trabajo durante la inundación.

El 2 de noviembre, en Paiporta, epicentro de las inundaciones, cientos de personas enfurecidas atacaron a la comitiva del presidente español Pedro Sánchez, el presidente regional Mazón y el rey Felipe VI arrojándoles lodo. Tras esto, Díaz se erigió como la principal defensora de estas autoridades y del Estado capitalista español.

En un encuentro posterior con el Rey, Díaz pontificó que los hechos eran de la máxima gravedad en una democracia, 'porque hubo violencia directa contra las más altas autoridades, el jefe del Estado, el presidente del Gobierno y el de la Generalitat [el gobierno autonómico].” También calificó las declaraciones de Mazón criticando la demora en la respuesta del Ejército durante las inundaciones como un acto de ' deslealtad con el Ejército y el propio Gobierno '.

Las declaraciones de Díaz defendiendo al ejército español habrían sido, hace años, típicas de fuerzas de derecha o de extrema derecha. Hoy en día, están hechas por una líder que proviene del estalinista Partido Comunista, fue líder de Podemos y ahora lidera Sumar. No se trata de observaciones casuales; revelan hasta qué punto Podemos y Sumar son pilares del capitalismo español y profundamente hostiles a la clase trabajadora.

Que esta catástrofe podía ocurrir se sabía desde hacía muchos años. Félix Francés, director del Instituto Universitario de Investigación en Ingeniería y Medio Ambiente, calificó las inundaciones como un 'catástrofe anunciada' y afirmó: “Era algo perfectamente conocido, y no solo por los expertos, sino también por la Administración, tanto nacional ... como autonómica ...y con bastante seguridad por el primer escalón político.”

En ese primer escalón político política está presente Podemos desde hace una década, mientras que Sumar se formó en 2020 a partir de grupos que se separaron de Podemos. A lo largo de estos años, ambos partidos han reaccionado ante el riesgo de inundación de la misma manera que el resto de partidos del establishment español, es decir, sin hacer nada.

En la Comunidad Valenciana no se han acometido obras hidráulicas en más de 15 años. En 2022, Cruz Roja emitió un estudio detallado sobre los riesgos de inundación en la Comunidad Valenciana, basado en las inundaciones de 2019, y pidió a las autoridades españolas que implementaran planes de respuesta a desastres. Ni el PSOE, ni Podemos, ni Sumar hicieron caso a esa advertencia.

Un caso emblemático es el de los barrancos de Poyo y Pozalet, cuyo desbordamiento el 28 de octubre causó muchas de las víctimas mortales. Las obras hidráulicas necesarias para evitar una catástrofe como esta fueron aprobadas en 2007 y aún no se han ejecutado. Su coste actual rondaría los 378 millones de euros, pero nunca hubo presupuesto para ejecutarlas. Proyectos similares en otras áreas sufrieron un destino similar.

El dinero que PSOE, Podemos y Sumar podrían haber utilizado para salvar vidas se gastó en cambio en rescatar a bancos y grandes corporaciones, o en aumentar drásticamente el gasto militar a 27.000 millones de euros anuales para armar a España para las guerras imperialistas en Europa y Oriente Medio.

El PSOE y Podemos también gobernaron la Comunidad Valenciana entre 2015 y 2023 junto al partido nacionalista Compromís. Durante esos ocho años, su única contribución a la mejora de los servicios de urgencias en València fue la creación de la Unidad Valenciana de Urgencias (UVE), una entidad que nunca llegó a estar operativa y que ni siquiera contaba con presupuesto.

La falta de seriedad de esta iniciativa se hizo evidente cuando la Plataforma de Bomberas y Bomberos de la Comunidad Valenciana, que representa a todos los bomberos de la región, advirtió de que la UVE no solo duplicaría funciones, sino que también podría desorganizar los esfuerzos de respuesta a las emergencias. Los bomberos dijeron que su creación 'solo obedecía al capricho del Gobierno Autonómico de montar otro cuerpo de bomberos ... donde poder hacer y deshacer a su antojo '. Por lo tanto, su fundación no tenía nada que ver con la mejora de los servicios de emergencia.

Podemos y Sumar están plenamente implicados en el crimen social ocurrido en Valencia. Durante años, han trabajado para suprimir la lucha de clases y colaborar con varios gobiernos para implementar recortes contra los trabajadores. Ellos son los responsables de que los fondos necesarios para evitar esta tragedia se hayan destinado a enriquecer aún más a los bancos, a las grandes empresas y al ejército. Las muertes masivas en Valencia son el resultado directo de estas políticas.

(Publicado originalmente en inglés el 22 de noviembre de 2024)