Después de tres días de huelgas salvajes y protestas la semana pasada en la histórica planta de Mirafiori de Stellantis en Turín, Italia, la transnacional automotriz está insistiendo en su campaña de recorte de empleos. La compañía ha informado a los trabajadores que la producción del lujoso SUV Maserati Levante en la fábrica finalizará el 31 de marzo.

Las huelgas de la semana pasada fueron provocadas por el anuncio del director ejecutivo de Stellantis, Carlos Tavares, de que la planta de Mirafiori, junto con la planta de Pomigliano d’Arco cerca de Nápoles, podría cerrarse. La compañía implementó un “despido temporal” de 2.455 trabajadores de Mirafiori a partir del 12 de febrero y que, supuestamente, finalizará el 31 de marzo, el mismo día en que termina la producción del Levante.

Desde 2016, la planta de Mirafiori ha producido los SUV Levante (cuyo precio inicial es de US$104.000) a razón de 25 por día. Con la cancelación del modelo, solo se producirán ocho Maseratis por día, y estos se limitarán a los modelos Ghibli, Quattroporte, GranTurismo y GranCabrio.

En la planta de Mirafiori, la compañía también está reduciendo la producción del Fiat 500 subcompacto, que es totalmente eléctrico y cuyas ventas se han ralentizado. 

Esto tendrá un impacto devastador en las proveedoras de autopartes y componentes, como la corporación Lear en Turín, que suministra asientos para Maserati y que ya ha estado sujeta a indemnizaciones por despido temporal (Cassa Integrazione) a finales de 2023. Lear corre peligro de cerrarse, con 420 trabajos en riesgo.

Los trabajadores de la industria automotriz italiana, al igual que sus hermanos y hermanas en todo el mundo, están en el punto de mira de una reestructuración global de la industria del automóvil. Los despidos masivos se han acelerado en las últimas semanas, afectando a miles en las plantas de Stellantis, Ford y GM en los EE. UU. En cada caso, las burocracias sindicales han colaborado en llevar a cabo los recortes de empleo, demostrando su conformidad con las necesidades de los intereses corporativos.

Durante años, los trabajadores de las líneas de Maserati en la planta de Mirafiori han sido objeto de despidos temporales. Fiat Chrysler Automobiles (FCA), el predecesor de Stellantis, puso a 1.400 trabajadores en pago por despido temporal en 2020. “Trabajamos 10 días cada dos meses… muchos de mis compañeros de trabajo quisieran trabajar incluso en agosto para compensar el salario disminuido”, dijo el trabajador de Maserati, Giacomo Zulianello, en una entrevista en 2020.

Stellantis está implementando una política de reestructuración brutal y recortes de costos mientras la compañía realiza la transición a los vehículos eléctricos. Al igual que sus homólogos en otras empresas globales de automóviles, pero quizás de manera más abierta, el director ejecutivo de Stellantis, Tavares, ha volado de país en país exigiendo paquetes de incentivos multimillonarios de los Gobiernos nacionales y locales, amenazando con devastar empleos si el dinero no se entrega.

En 2021, en el momento de la fusión FCA-PSA y su nombramiento como director ejecutivo de la recién fundada Stellantis, apuntó a los altos costos de producción en Italia en comparación con otros países europeos como Francia y España.

Ahora, Tavares está intensificando sus esfuerzos para extorsionar incentivos gubernamentales. Para este fin, está utilizando la capacidad de producción excedente de Stellantis como ficha de negociación para exigir subsidios sustanciales de los Gobiernos. En los EE. UU., Tavares obtuvo subsidios estatales y federales para mantener abierta la planta de Jeep en Belvidere, Illinois. En Italia, está exigiendo un subsidio de 1.000 millones de euros para la producción de 1 millón de vehículos eléctricos, según informes de prensa.

La respuesta del Gobierno italiano, presidido por la fascista Georgia Meloni, ha sido de carácter reaccionario y ultranacionalista. Exige una participación en Stellantis igual a la del Gobierno francés, buscando determinar de manera más directa las decisiones de la compañía y participar en sus ganancias, es decir, asegurar una proporción mayor de los despojos producidos a partir de la explotación de trabajadores en Italia.

Stellantis también está expandiendo su capacidad de producción de módulos de tracción eléctrica invirtiendo más de 100 millones de euros en una instalación en Hungría, la tercera de la corporación (las otras dos están en los EE. UU. y Francia). Estas costosas transiciones a los vehículos eléctricos están desencadenando despidos masivos en sectores correlacionados. En Alemania, Bosch está a punto de recortar 1.200 empleos, mientras que ZF predice hasta 12.000 despidos.

La situación ha escalado al nivel de la Unión Europea. La comisaria europea de Competencia, Margrethe Vestager, ha adoptado nominalmente una posición de no disputa, declarando: “No disponemos asignaciones para que los consumidores europeos puedan comprar automóviles de emisiones cero. Cada Estado miembro tiene diferentes esquemas y mientras no sean discriminatorios, no podemos hacer nada”.

En las últimas dos semanas, Tavares también ha señalado su interés en una estrategia de consolidación, con rumores de una posible fusión Stellantis-Renault SA, que los funcionarios de Stellantis han negado hasta ahora. Renault también es parcialmente propiedad y está controlado por el Estado francés. La compañía está sumida en una crisis, especialmente en lo que respecta a su intento de alcanzar una valoración de 8.000 a 10.000 millones de euros para Ampere, su negocio de vehículos eléctricos, que está tratando de establecer como una empresa independiente.

Tavares está intentando aprovechar las fuertes divisiones económicas y políticas entre los Gobiernos europeos para extraer las mayores concesiones de los Estados capitalistas y los sindicatos basados ​​nacionalmente. Los crecientes conflictos amargos entre los Estados europeos son una prueba adicional de que Europa no puede ser “unida” sobre una base capitalista, la razón de ser de la UE.

Los trabajadores no encontrarán una solución en el ultranacionalismo anti-UE a menudo evocado por los fascistas detrás de Meloni y repetido por los sindicatos. Una por una, las confederaciones sindicales CGIL, CISL y UIL están pidiendo proteccionismo nacional, y la colaboración del aparato sindical, Stellantis y el Gobierno italiano. En otras palabras, una política de corporativismo.

Esta perspectiva ruinosa solo divide a los trabajadores italianos de sus hermanos y hermanas de clase en todo el continente y los subordina a las necesidades de su “propia” clase capitalista. Y siempre se traduce en más reducciones de salarios y ganancias, y más recortes de empleo en nombre de hacer al capitalismo italiano “más competitivo”.

Edi Lazzi, secretario de FIOM-CGIL en Turín, dio voz a la preocupación de la burocracia sindical de que las tensiones se escapen de su control: “Cuando los trabajadores hacen huelgas salvajes, eso significa que la situación ha llegado al límite. No hay más tiempo que perder, debemos actuar de inmediato”. Es por eso por lo que confía en el Gobierno fascista de Meloni para suprimir la creciente marea de descontento: “El Gobierno central y las instituciones deben proponer ideas para afrontar este desafío laboral”.

Otros altos dirigentes sindicales seguían una línea similar. El secretario de UILM, Luigi Paone, presentó a la Junta Directiva de Stellantis como un supuesto aliado, declarando recientemente: “El anuncio de hoy lleva a cero la producción de Maseratis en Mirafiori”. Planteó la “urgencia de discutir la misión de la planta con Stellantis e instituciones”.

En comentarios en las redes sociales, Tommaso Pirozzi, un trabajador veterano de 30 años en la planta de Pomigliano d’Arco, que también corre riesgo de cierre, describió la relación entre Tavares, el Gobierno y los sindicatos. “En tiempos de Fiat, con [el director ejecutivo Gianni] Agnelli, primero chantajearon al Gobierno con más de 50.000 reclamaciones de pago por despido temproal, luego [el antiguo director ejecutivo Sergio] Marchionne: ¿quién puede olvidar lo que se hizo en Pomigliano como un ensayo general para una devastadora eliminación de los derechos laborales?”.

Pasando a la situación actual, continuó: “Ahora, Tavares está exigiendo más dinero, siguiendo una tendencia a lo largo de los años de robar dinero a la población”. Con un fuerte tono crítico, dijo: “Esto ha ocurrido con la aprobación de los sindicatos y todas las fuerzas políticas; de lo contrario, ¿cómo explicamos la desindustrialización en curso? Sigue la lógica de las finanzas: maximizar las ganancias y dejar los peligros y las existencias sobrantes sobre las espaldas de los trabajadores”.

Criticando al sindicato FIOM, retratado por la élite política como el sindicato más “radical”, Pirozzi agregó: “Dicen que FIOM es el único sindicato que le dice ‘no’ a Meloni y Tavares. Eso es falso. FIOM solo está dando esa apariencia. En realidad, le está diciendo al Estado que entregue el dinero [a Stellantis]… todas [las corporaciones] vienen a despojar al Estado y al pueblo”.

Se han intensificado las tensiones en el seno de la clase gobernante: Vincenzo De Luca, un exstalinista y actual presidente de la región de Campania donde se encuentra la planta de Pomigliano, está muy preocupado por las consecuencias explosivas de un cierre en Pomigliano. Campania es un área históricamente desfavorecida en materia económica y despreciada.

De Luca ha estado posando como un oponente del Gobierno presidido por la fascista Meloni. Ha convocado a una manifestación masiva en Roma el 16 de febrero, con el propósito de canalizar más dinero hacia el sur del país. Pero este enfoque regionalista enfrenta efectivamente a los trabajadores de Pomigliano contra sus hermanos y hermanas en Mirafiori, por no mencionar aquellos en otros países que están siendo afectados por las mismas políticas corporativistas perseguidas por Tavares.

La lucha hacia adelante no puede quedar en manos de la burocracia sindical. En Detroit, en diciembre pasado, la burocracia del sindicato United Auto Workers (UAW) impulsó los contratos más recientes con las tres grandes empresas automotrices de EE.UU., dando paso a despidos. En Alemania, la semana pasada el sindicato IG Metall acordó con Ford el recorte de 3.500 trabajadores en la planta de Saarlouis. En Italia, los líderes sindicales están apelando a un Gobierno fascista.

El requisito previo para una lucha exitosa es la independencia política de los trabajadores con respecto a las burocracias estatales y sindicales, que están en un matrimonio inseparable de intereses. Con este fin, los trabajadores italianos y estadounidenses deben unirse con todos los demás en Francia, Alemania y en todo el mundo en coordinación con la Alianza Internacional Obrera de Comités de Base (AIO-CB), una red de organizaciones de trabajadores militantes.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 14 de febrero de 2024)