El lunes se cumplió un año del intento de golpe de Estado fascista en Brasilia, liderado por el expresidente Jair Bolsonaro con el apoyo de los militares.

En la tarde del 8 de enero de 2023, una semana después de la toma de posesión del presidente Luiz Inácio Lula da Silva del Partido de los Trabajadores (PT), una turba de simpatizantes fascistas del expresidente invadió los principales edificios gubernamentales, repitiendo las acusaciones de fraude electoral de Bolsonaro y exigiendo la toma del poder por parte de las fuerzas armadas.

El primer aniversario de este asalto sobre la capital brasileña, que marcó la ruina del régimen civil instaurado en 1985-1988 tras dos décadas de dictadura militar, fue conmemorado por el gobierno del PT con un evento denominado 'Democracia inquebrantable.” La celebración, llevada a cabo bajo fuerte custodia policial, fue concebida como un medio para transmitir a la población brasileña la idea de que la conspiración dictatorial que se desarrolló hace un año había sido superada de manera efectiva.

En el discurso principal del evento, el presidente Lula elogió a aquellos 'que se colocaron por encima de las diferencias para dar un elocuente 'no' al fascismo'. Se refirió en particular al Tribunal Supremo Federal (STF) y al Congreso Nacional, que se unieron como patrocinadores del evento, a los 'militares legalistas' y a los 'trabajadores de las fuerzas de seguridad', es decir, la policía. 'Salvamos la democracia', declaró Lula.

El mandatario exigió un castigo ejemplar para 'todos los que financiaron, planificaron y ejecutaron el intento de golpe de Estado', afirmando que 'no hay perdón para quienes atentan contra la democracia, su país y su propio pueblo'.

Sin embargo, Lula se vio obligado a reconocer que la democracia en Brasil, uno de los países más desiguales del mundo, es 'imperfecta'.

'La democracia para unos pocos no es realmente una democracia', dijo. A pesar de ello, concluyó, 'si fuimos capaces de dejar de lado nuestras diferencias para defender el régimen democrático, seremos capaces de unirnos en la construcción de un país más justo y menos desigual'.

Estas declaraciones suenan como una repetición del discurso de toma de posesión de Lula, en el que afirmó que su 'frente democrático', formado por los partidos del podrido establishment burgués brasileño, 'bloqueó el retorno del autoritarismo al país' y 'superó el terrible desafío a la democracia'. Apenas una semana después, la realidad trastocó brutalmente esta retórica color de rosa.

Un año después del ataque fascista a Brasilia, el PT y sus partidarios pseudoizquierdistas, inseparablemente ligados a un capitalismo asolado por la crisis, no han aprendido ni pueden aprender nada. Continúan en sus intentos de ocultar las amenazas dictatoriales a la clase obrera.

Las condiciones en las que se llevó a cabo el evento del lunes demuelen por completo la farsa de la 'democracia inquebrantable' de Brasil.

Los medios de comunicación informaron ampliamente que la participación de los comandantes de las Fuerzas Armadas, que el PT consideraba central para transmitir el mensaje de un 'compromiso democrático' de los militares, se logró solo gracias a la insistencia del ministro de Defensa, José Múcio.

Mientras Lula elogiaba a los valientes gobernadores y diputados que se enfrentaron al fascismo, varios gobernadores, incluidos los de los dos estados más grandes de Brasil, así como el presidente de la Cámara de Diputados, boicotearon ostentosamente la ceremonia, rechazando la invitación de Lula a participar.

La importancia política de este boicot fue puesta de relieve por una declaración del juez de la Corte Suprema y presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE), Alexandre de Moraes, la semana pasada. Moraes reveló que había ordenado el encarcelamiento inmediato del gobernador del Distrito Federal, el secretario de Seguridad y el comandante de la policía de Brasilia el 8 de enero del año pasado con el objetivo de evitar el claro alineamiento del gobierno local con el movimiento golpista que desencadenara un 'efecto dominó' en todo el país.

La penetración y el alcance de las conspiraciones dictatoriales dentro del Estado brasileño quedaron expuestos, a pesar de los mejores esfuerzos del PT y de toda la clase política, en sucesivas revelaciones durante el último año. Frente a ellos, las exigencias de Lula de un 'castigo ejemplar' para todos los implicados en el golpe siguen siendo convenientemente vagas.

Lula nunca ha respaldado las conclusiones de la Comisión Parlamentaria Mixta de Investigación (CPMI) del 8 de enero, cuya formación él y su gobierno lucharon por impedir, y, posteriormente, cuyas acciones intentaron restringir. El CPMI concluyó su trabajo en octubre, declarando a Bolsonaro el autor 'intelectual y moral' del intento de golpe de Estado y acusando a 30 militares, incluidos los excomandantes de la Marina y el Ejército, por delitos que incluyen el intento de 'abolición violenta del Estado democrático de derecho' por medio de un golpe de Estado.

Distintas fuentes confirmaron tanto al PCMI como a los medios de comunicación que los mandos militares discutieron y sopesaron seriamente dar su apoyo al intento golpista. El entonces comandante de la Armada, el almirante Almir Garnier, insistió hasta el último momento en apoyarlo. Luego, el comandante del Ejército, el general Freire Gomes, bloqueó el arresto de los militantes fascistas el 8 de enero, amenazando con un enfrentamiento violento para desafiar las órdenes del gobierno electo.

Estos hechos son negados criminalmente por figuras del propio gobierno de Lula. Su ministro de Defensa declaró la semana pasada que “todavía tenemos que encontrar a los responsables [del 8 de enero] para disipar la nube de sospecha sobre las Fuerzas Armadas', y declaró que fueron los militares los que realmente salvaron a Brasil de un golpe de Estado.

El evento del lunes sirvió para reafirmar el apoyo del gobierno del PT a una escalada de la censura en internet. El mandatario alegó que 'nuestra democracia estará constantemente amenazada mientras no seamos firmes en la regulación de las redes sociales'. Este punto fue reiterado enérgicamente por Moraes, quien, mientras mantiene en secreto los resultados de su investigación sobre el golpe, está dirigiendo una ofensiva autoritaria contra la libertad de expresión en Brasil.

Los militares y el expresidente fascista utilizaron no solo las redes sociales, sino sobre todo los medios oficiales del Estado para desacreditar el proceso electoral e incitar a la movilización para un golpe de Estado el 8 de enero. Pero mientras el gobierno del PT promueve la censura de internet, está fortaleciendo sistemáticamente el poder de los militares, transfiriendo cada vez más recursos a las Fuerzas Armadas y permitiendo su consolidación como actores políticos independientes.

En diciembre, Lula aprobó una nueva ley que regula las actividades de la Policía Militar, redactada en el parlamento por una alianza entre el PT y diputados alineados con Bolsonaro, que se llevó adelante a espaldas de la población. En un artículo publicado por el diario Folha de São Paulo, los investigadores Adilson Paes de Souza, de la Universidad de São Paulo, y Gabriel Feltran, de Sciences Po de París, denunciaron que la nueva legislación se basaba explícitamente en un decreto de 1969 que estableció la policía política de la dictadura militar, y en algunos puntos era aún más agresiva.

Los investigadores plantearon una pregunta crucial:'¿Cómo puede una ley aprobada en tiempos de democracia ser aún más autoritaria que un decreto emitido durante el apogeo de la represión en una dictadura?'

Responder a esta pregunta exige una consideración del contexto histórico e internacional que está impulsando a la clase dominante brasileña en su conjunto a restablecer formas dictatoriales de gobierno.

El desmoronamiento de las democracias burguesas y el fortalecimiento de figuras y partidos de extrema derecha es un fenómeno universal, que avanza explosivamente en América Latina. Su silencio sobre estos acontecimientos críticos expone el vacío político de la defensa formal de la democracia por parte de Lula.

Entre estos acontecimientos se encuentra el golpe parlamentario que derrocó al presidente pseudoizquierdista de Perú, Pedro Castillo, promovido por la extrema derecha y los militares con el apoyo del imperialismo estadounidense, exactamente un mes antes del asalto fascista a Brasilia. Buscando ganarse el favor de Washington, Lula apoyó criminalmente el derrocamiento de Castillo y el régimen ilegítimo de Dina Boluarte, que desató una ola de represión asesina contra la oposición popular en las calles.

Y, menos de un año después del intento de golpe de Estado de Bolsonaro, un fascista fue elegido presidente de Argentina, el principal estado vecino de Brasil. Al igual que Bolsonaro, el argentino Javier Milei se inspira abiertamente en la brutal dictadura militar que gobernó su país entre 1976 y 1983. Mientras que a Lula se le impidió participar en la ceremonia de toma de posesión en Buenos Aires, Bolsonaro fue recibido por Milei como el líder político efectivo de Brasil.

Además de todo esto, el asalto fascista del 8 de enero en Brasil fue otra manifestación de las mismas tendencias observadas en el intento de golpe del 6 de enero de 2021 liderado por Donald Trump en Washington. Más allá de servir abiertamente como modelo político para Bolsonaro y sus aliados en Brasil, el intento de golpe fascista en el corazón del imperialismo mundial representó un evento nodal en la desintegración de los regímenes democráticos burgueses a nivel mundial.

A pesar del silencio sobre este evento en Brasilia, Lula intentó responder a los vínculos entre los ataques autoritarios en Estados Unidos y Brasil con un artículo de opinión publicado por el Washington Post el lunes. Después de repetir sus ataques reaccionarios sobre las redes sociales por 'fortalecer el discurso extremista', concluyó:

Otro 6 u 8 de enero solo puede evitarse transformando la realidad de la desigualdad y el trabajo precario. Esta preocupación motivó la alianza para promover el trabajo decente que inicié con el presidente Biden en septiembre.

La exaltación de Biden como un agente promotor de la igualdad social y la democracia mundial es un completo fraude, que termina desenmascarando el papel político criminal que está jugando el propio Lula.

Lejos de representar la 'democracia' contra el candidato a dictador, Donald Trump, el presidente demócrata sigue una política de guerra imperialista en constante expansión, que requiere el cultivo de fuerzas fascistas en todo el mundo, desde los neonazis ucranianos hasta los sionistas fascistas que dirigen el gobierno de Benjamin Netanyahu en Israel.

Como parte de este mismo movimiento, el gobierno de Biden está promoviendo camarillas militares de derecha en toda América Latina, habiendo establecido en Brasil relaciones independientes y canales de comunicación con los altos mandos militares por detrás de la diplomacia oficial con Lula.

Junto con el resurgimiento mundial de las amenazas fascistas y dictatoriales, el impulso hacia una nueva guerra imperialista mundial tiene sus orígenes en el estallido de una crisis histórica del capitalismo global.

Como afirmó el World Socialist Web Site (WSWS) en su declaración de Año Nuevo:

Toda la retórica sobre defender la democracia y luchar contra el fascismo mientras se ignora la cuestión fundamental del poder de clase y económico —y, por ende, la necesidad de movilizar a la clase trabajadora a escala global para derrocar al capitalismo— consiste en una demagogia cínica y políticamente impotente

Estas mismas contradicciones históricas están impulsando la 'normalización del socialismo en la perspectiva política de la clase trabajadora'. En Brasil y a nivel internacional, están madurando las condiciones objetivas para la construcción de una dirección revolucionaria consciente, los partidos afiliados al Comité Internacional de la Cuarta Internacional (CICI), que están llamados a liderar el derrocamiento definitivo del capitalismo y la toma del poder por la clase obrera en todo el mundo.

(Publicado originalmente en inglés el 10 de enero de 2024)