El presidente ultraderechista de Argentina, Javier Milei, firmó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) el miércoles encogiendo el Gobierno, eliminando regulaciones y arrebatando prestaciones sociales, salariales, previsionales y asistenciales de la clase trabajadora. Esa noche, en un discurso por cadena nacional, Milei introdujo el DNU y describió 30 de sus 366 medidas.

Los Decretos de Necesidad y Urgencia, un método constitucional para esquivar el Congreso, son solo permisibles en condiciones en que no es posible o no hay tiempo para que actúe el poder legislativo.

En este caso, se trata de una maniobra antidemocrática y dictatorial del nuevo Gobierno de derecha en su segunda semana en el poder. El Congreso y los tribunales pueden invalidar el DNU. Aunque técnicamente las disposiciones del DNU solo entran en vigor nueve días después de su firma, Milei insistió el jueves en que ya están vigentes.

El DNU cuenta con el respaldo de Wall Street, el Fondo Monetario Internacional y las élites adineradas de Argentina.

El 19 y 20 de diciembre se cumplieron 22 años de las manifestaciones masivas que sacudieron el país en 2001, durante un periodo de depresión económica y desempleo masivo, que dejaron 40 muertos a manos de la policía.

Para conmemorar el aniversario, miles de trabajadores y jóvenes marcharon en Buenos Aires y en ciudades de toda Argentina, protestando contra las medidas de Milei y la crisis actual, que combina inflación y subempleo masivo, condiciones que han sumido en la pobreza a casi la mitad de la población.

Antes de que comenzaran las concentraciones, a primera hora de la mañana del miércoles, el Ministerio de Seguridad activó una fuerza gigantesca de la Policía Federal y Gendarmería, junto con la Prefectura Naval y la Policía Aeroportuaria. Su misión era bloquear 20 puntos de acceso al centro de Buenos Aires, y también en partes de la propia ciudad, supuestamente para garantizar la libertad de circulación de coches, camiones y autobuses en los alrededores de la Casa Rosada y el Congreso de Argentina. “Si se bajan de la acera, empezará [la represión]”, declaró Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad derechista nombrada por Milei. Los manifestantes también fueron amenazados con perder sus beneficios y derechos si eran sorprendidos infringiendo estas normas antidemocráticas, que también incluían la prohibición de llevar máscaras, niños y palos.

Irónicamente, fue la policía la que impidió la circulación, bloqueando puentes y carreteras e interrumpiendo el transporte público entre los barrios obreros y el centro de la ciudad, especialmente en el área metropolitana de Buenos Aires, la capital y la mayor zona urbana del país. Las protestas también fueron vigiladas desde el aire por drones. El acceso desde Avellaneda y otros suburbios obreros fue restringido por “grupos de combate” y “escuadrones de detención”.

El Puente Pueyrredón, donde en 2002 dos jóvenes militantes, Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, fueron brutalmente asesinados por la policía durante una manifestación, fue ocupado por las fuerzas policiales militarizadas. Las terminales de tránsito y las estaciones de ferrocarril fueron patrulladas por policías con perros. La policía también subió a los autobuses urbanos y fotografió a sus ocupantes. Desde ayer, 8.000 usuarios de autobuses que se benefician de ayudas sociales han sido identificados y pueden perder sus prestaciones.

Toda la operación adquirió el carácter de un ejercicio militar, una preparación para futuros actos de terror organizado y represión contra la clase trabajadora.

En su discurso de 15 minutos, Milei achacó la crisis actual a la “enorme cantidad de regulaciones” que supuestamente bloquean el progreso económico. Las medidas anunciadas por Milei pretenden subordinar totalmente el Estado y la sociedad argentina al “mercado”, las plutocracias agrícola y energética, y los fondos buitre que se benefician de la crisis de la deuda argentina. Se privatizarán las empresas públicas. Se desmantelarán los controles de precios y alquileres, junto con medidas que permitan al Gobierno “interferir en las decisiones de las empresas argentinas”, como regulaciones contra la escasez de bienes esenciales y garantías de que los supermercados tendrán un porcentaje mínimo de productos fabricados por pequeñas empresas.

El DNU también incluye el desmantelamiento de la normativa laboral sobre salarios y horarios y el fin de los controles a las exportaciones. En la actualidad, a los trabajadores no contingentes que son despedidos se les debe un mes de salario por cada año en el trabajo; esto se elimina en el DNU de Milei, haciendo posible que los empresarios despidan fácilmente a los trabajadores a su conveniencia. El derecho a la huelga se restringe severamente para los “trabajadores esenciales”, al igual que el derecho a reunirse y a organizar ocupaciones de fábricas y paros. También se eliminarán los controles sobre los alquileres, dando a los propietarios poder sobre la duración de los alquileres, los índices de precios, la denominación de la moneda (dólares estadounidenses, euros, etc.), los depósitos y los gastos de mantenimiento.

En conjunto, se trata de un ataque directo a la clase trabajadora. Hace una semana, un análisis de las nuevas propuestas realizado por el Centro de Economía Política de Argentina (CEPA) sugería que la clase trabajadora pagaría el 43 por ciento del coste de las políticas de austeridad de Milei. Un ataque así no puede llevarse a cabo pacíficamente, y ya se está comparando con las políticas dictatoriales del dictador argentino, el general Jorge Videla, y de la británica Margaret Thatcher.

Haciéndose eco de un lenguaje similar al de Donald Trump, que promete “volver a hacer grande a Estados Unidos”, Milei ha prometido devolver a Argentina a su próspero pasado de finales del siglo XIX, cuando la renta per cápita del país era equiparable a la de Estados Unidos. La nostalgia de Milei no tiene nada que ver con la historia real de desigualdad y opresión flagrante de los trabajadores rurales e inmigrantes argentinos, mineros, portuarios, carpinteros y ferroviarios, que lucharon contra las condiciones impuestas por el imperialismo británico y las oligarquías rurales nativas.

Tras el discurso, centenares de manifestantes se concentraron frente a un edificio del Congreso fuertemente bloqueado por barricadas policiales, intentando presionar al Congreso con cánticos opuestos a las medidas del DNU y exigiendo la salida de Milei.

Milei reaccionó cínicamente a las manifestaciones del miércoles por la noche, sugiriendo que quienes se oponían a su plan sufrían el Síndrome de Estocolmo (rehenes que se identifican con sus captores), o eran “gente que ama y tiene nostalgia del comunismo”.

Las socialmente corruptas burocracias sindicales argentinas, que traicionaron las luchas obreras de masas en 2001-2002, han anunciado que apelarán el DNU de Milei en los tribunales. El Frente de Izquierda y Trabajadores (FIT) y otros partidos y alianzas pseudoizquierdistas y nacionalistas de izquierda están llamando a estos mismos sindicatos a lanzar una huelga general nacional, otra receta para una traición.

Muchas pancartas y banderas las marchas y concentraciones que tuvieron lugar en toda Argentina el 20 de diciembre manifestaban la solidaridad con los trabajadores palestinos y el repudio al genocidio en Gaza, reflejando el carácter internacional de las luchas en este período.

La clase obrera argentina no tiene otra opción que tomar el camino de la lucha revolucionaria. Los trabajadores deben ir más allá de los llamamientos vacíos a la burocracia sindical y las huelgas de protesta. La situación exige la formación de comités obreros de base independientes para unir las luchas de los trabajadores argentinos y sus homólogos internacionales y preparar la lucha por el poder y el establecimiento de una sociedad socialista.

Esto exige una ruptura completa y total con el peronismo, sus satélites pseudoizquierdistas y su política nacionalista pequeñoburguesa. La tarea crítica a la que se enfrentan los trabajadores en Argentina e internacionalmente es el desarrollo de una dirección revolucionaria. Esto significa la construcción de Partidos Socialistas por la Igualdad como secciones del Comité Internacional de la Cuarta Internacional para forjar la independencia política de la clase obrera y armar sus luchas con un programa socialista e internacionalista para acabar con el capitalismo, la fuente de opresión, fascismo y guerra.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 22 de diciembre de 2023)