En este 50º aniversario del golpe de Estado apoyado por la CIA contra el presidente Salvador Allende y la instalación de la dictadura militar fascista del general Augusto Pinochet, la revista Jacobin está llamando a la “izquierda” a seguir el ejemplo de Allende. Esto condenaría a los trabajadores y jóvenes tanto en Chile como en EE.UU. e internacionalmente a un resultado aún peor hoy.

Como publicación alineada con los Socialistas Democráticos de Estados Unidos (DSA, por sus siglas en inglés), una facción del Partido Demócrata, Jacobin se refiere al desastroso legado de Allende como un modelo político a seguir ante el fortalecimiento de los herederos políticos de Pinochet y la crisis política cada vez más grave del Gobierno pseudoizquierdista del presidente chileno Gabriel Boric, apoyado efusivamente por Jacobin.

El mes pasado, el Partido Republicano fascista, cuyo líder José Antonio Kast es un virulento defensor de los violadores de derechos humanos bajo Pinochet, y la Unión Demócrata Independiente (UDI), heredera política de la dictadura de 17 años, obtuvieron una victoria arrolladora en una elección nacional. Controlarán entre ambos dos tercios de un “Consejo Constitucional” que redactará una propuesta parar remplazar la Constitución impuesta por Pinochet en 1980.

Tal debacle electoral para el Gobierno de Boric se produce en medio de una oposición masiva entre los trabajadores, jóvenes y gran parte de la clase media al legado económico y político de Pinochet. En octubre de 2019, estallaron protestas masivas y varias huelgas generales contra la desigualdad social, que a su vez fueron la culminación de una ola anterior de huelgas y protestas de masas contra las pensiones privatizadas y el alto coste de vida, y por una educación superior y servicios sanitarios gratuitos, derechos territoriales indígenas y otras demandas sociales y democráticas.

Toda la élite política, incluyendo el estalinista Partido Comunista y el pseudoizquierdista Frente Amplio que lideran el Gobierno de Boric, canalizaron estas protestas detrás de un “Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución” con el presidente Sebastián Piñera, un milmillonario derechista. (Tanto Kast como Piñera tienen hermanos que fueron ministros bajo Pinochet.)

En 2020, casi el 80 por ciento de los votantes se mostraron a favor de sustituir la odiada Constitución de Pinochet en un plebiscito en el que la mitad de los chilenos se abstuvo, lo que demostró la gran desconfianza en una mera reforma del Estado capitalista. Solo un 23 por ciento de los escaños de la Convención Constitucional inicial correspondieron a la extrema derecha, mientras que la mayoría de los escaños fueron para activistas y líderes locales vinculados a la pseudoizquierda.

Boric fue elegido a fines de 2021 tras dos rondas en las que cerca de la mitad de los chilenos volvió a abstenerse, aunque la participación superó el promedio. La primera vuelta fue ganada por el fascista Kast, quien se presentó en gran medida como opositor al proceso constituyente. Boric prometió desde su discurso de aceptación “construir puentes” a los fascistas. Es la única promesa electoral que ha mantenido fielmente.

Al igual que su predecesor, Boric ha mantenido un enfoque limitado a las vacunas frente a la continua pandemia de COVID-19, anteponiendo el lucro empresarial a las vidas. Aumentó el presupuesto de seguridad y respaldó las sanciones y la guerra de EE.UU. y la OTAN contra Rusia. Desplegó tropas en el sur contra los mapuches y en el norte contra los migrantes, al tiempo que ha respondido a las protestas contra la crisis del coste de la vida, los cierres de fábricas y los despidos desplegando a la policía antidisturbios para atacar y detener a los trabajadores.

Mientras tanto, la Convención Constituyente controlada por la pseudoizquierda elaboró una propuesta que hacía la vista gorda a todas las problemáticas principales que animaron el estallido social en 2019. Conservaba las fuerzas represivas del Estado y sus poderes autoritarios, al tiempo que utilizaba protecciones ambientales desdentadas, una nueva burocracia indígena vinculada al Estado y la paridad de género como hojas de parra para ocultar su carácter reaccionario. La propuesta fue rechazada en septiembre de 2022 por un masivo 63 por ciento de los votantes en un plebiscito que contó con un 85 por ciento de participación.

El índice de aprobación de Boric ha caído por debajo del 30 por ciento, y la pseudoizquierda sufrió la debacle frente a los fascistas en las elecciones del mes pasado.

La victoria de la extrema derecha en las elecciones del “Consejo Constituyente” de Chile, al igual que las recientes derrotas electorales de Syriza en Grecia y Podemos en España, demuestra que la “izquierda” nominal, incluida la burocracia sindical y sus lacayos pseudoizquierdistas, ha quedado profundamente desacreditada por su compromiso con la austeridad social, la guerra y los ataques a los niveles de vida y los derechos democráticos.

Un tercio de los votantes chilenos se abstuvo o votó en blanco o nulo, mientras que los votos a favor de los republicanos fascistas reflejaron en gran medida la falta de una alternativa para registrar la oposición, no una señal de apoyo activo. En el plano internacional, estos resultados anuncian convulsiones sociales de alcance revolucionario e internacional en el próximo periodo.

Jacobin aboga por seguirse adaptando a la extrema derecha

Jacobin no ha sacado ninguna lección de la debacle electoral, eximiendo a Boric de toda responsabilidad, mientras aboga por seguirse adaptando a la extrema derecha, lo que incluye promover ilusiones en una nueva constitución redactada por los fascistas.

La publicación alineada con el DSA apoyó fervientemente la campaña de Boric y celebró su elección como “la mejor manera de garantizar los objetivos de la rebelión social de octubre de 2019”. En ese momento, la revista hizo un llamamiento a todos los “grupos enfocados en un solo tema y a todos los movimientos sociales y las corrientes políticas que lo deseen a crear un Frente Popular por una Constitución Antineoliberal”.

Este curso de acción, que significaba subordinar la oposición social a la coalición gobernante bajo Boric y los estalinistas, fue el mismo que siguió la coalición de la Unidad Popular de Allende, que buscaba sobre todo impedir el desarrollo de una auténtica alternativa revolucionaria y socialista.

Si bien hace 50 años, el Partido Comunista y el Partido Socialista fueron capaces de promover ilusiones en el Gobierno de Allende dentro de la clase obrera chilena, estos partidos y los pseudoizquierdistas bajo Boric no disfrutan ni remotamente de la misma influencia hoy en día.

El mes pasado, Jacobin publicó un artículo titulado “El termidor chileno”. Su autor, Marcelo Casals, aboga por una política de pasividad y retirada.

Refiriéndose a las leyes promulgadas por Boric que otorgan a la policía y a los militares el derecho a disparar primero y hacer preguntas luego y a sus ataques a los inmigrantes, Casals escribe que la “izquierda” solo puede quedarse de brazos cruzados y ver “cuán efectivo será su intento de adaptación” política. La seguridad y la migración “se han convertido ahora en cuestiones prioritarias” y supuestamente a Boric no le queda más remedio que adaptarse a la extrema derecha.

El 1 de junio, Jacobin publicó una entrevista con uno de sus colaboradores, Aldo Maradiaga, quien concluye que “todos sabemos que vivimos en un sistema capitalista”, pero “hay demasiada disposición a ver un proceso particular como la única causa definitoria que lo cambiará todo”. En otras palabras, no se debe cuestionar el capitalismo, cuya dictadura sobre la vida económica y política quedará garantizada por cualquier constitución capitalista.

Por su parte, Casals denuncia cualquier crítica al hecho de que la primera Convención Constitucional estuvo dominada por la política identitaria como “no estar a la altura de los cambios que ha experimentado la izquierda chilena en las últimas décadas”.

El WSWS ha designado a estas tendencias políticas como “pseudoizquierda”, explicando que representan a capas de la clase media-alta que emplean la política identitaria y la demagogia populista y nacionalista para enfrentar a los trabajadores entre sí, aislando y traicionando sus luchas. A cambio de sus servicios a la élite gobernante, exigen una distribución más favorable de la riqueza para sí mismos y puestos políticos.

Casals confirma esta definición al describir un entorno de “izquierda” en el que se ignoran “las aspiraciones populares y de la clase trabajadora”, y donde “las críticas simplistas y a veces infundadas al igualitarismo republicano” han alcanzado un “papel exagerado”.

Casals concluye llamando a estas mismas capas a imitar a Allende. Recuerden la “paciencia y la visión de largo plazo” de Allende, suplica, señalando los “avances y retrocesos que se sucedieron a lo largo de varias décadas”, “la lenta acumulación de fuerzas y la construcción de una hegemonía duradera”.

Asombrosamente, Casals, un historiador chileno, no hace ningún análisis del verdadero destino de Allende y su coalición de Unidad Popular, que fue liderada por los Partidos Socialista y Comunista que ahora pertenecen al Gobierno de Boric.

El Gobierno de la Unidad Popular de Allende allanó el camino al golpe de 1973

La mitificación de Allende por parte de Jacobin tiene como objetivo justificar su propio apoyo tanto al Gobierno de Boric como al de Biden. Encubre deliberadamente el papel de la Unidad Popular en la facilitación del golpe de 1973.

Bajo la consigna de “La vía chilena y pacífica al socialismo”, Allende se dedicó a desarmar, tanto política como físicamente, a la empobrecida clase obrera chilena y a las masas campesinas. Con el Partido Comunista estalinista desempeñando el papel principal, la Unidad Popular buscó atajar un movimiento prerrevolucionario, que supuso expropiaciones a gran escala de fábricas, minas y tierras, inicialmente administradas y defendidas por organizaciones democráticas de base de obreros y campesinos.

Para salvaguardar la “hegemonía” del Estado capitalista, Allende y los dirigentes de la Unidad Popular insistieron en disolver los grupos armados de obreros y campesinos, que se enfrentaron a represalias brutales por parte de bandas fascistas. Hasta el golpe, los dirigentes de la Unidad Popular proclamaron incesantemente que el ejército y la policía defenderían la democracia y la voluntad del pueblo. Mientras tanto, Allende pedía a los trabajadores que hicieran “sacrificios”, incluyendo trabajar horas no remuneradas, a fin de apaciguar a la extrema derecha y defender su “vía chilena”.

En medio de una creciente ofensiva orquestada por la Administración de Nixon para desestabilizar el Gobierno de Allende, que incluía un embargo de bienes y créditos, purgas al interior de las fuerzas armadas, paros patronales y otras formas de sabotaje y provocaciones fascistas, los trabajadores respondieron una y otra vez ampliando y consolidando sus propias organizaciones y su control sobre la economía.

A pesar de llevar a cabo nacionalizaciones en la minería, la banca y otros sectores, así como aumentos salariales que igualaban o incluso superaban la inflación, Allende hizo una ola de concesiones tras otra a la extrema derecha en respuesta a la presión del imperialismo, la patronal, los militares y la Iglesia.

En uno de los puntos de inflexión clave, un intento de golpe de estado el 29 de junio de 1973 por parte de un regimiento de tanques fue derrotado principalmente por las redes de organizaciones obreras de base llamadas Cordones Industriales, que inmediatamente comenzaron a tomar miles de plantas y lugares de trabajo. Cientos de miles marcharon al palacio presidencial de La Moneda exigiendo “los trabajadores al poder”.

Allende respondió aquel fatídico día rogando a los trabajadores que mantuvieran su confianza en los militares y Carabineros. “Compañeros trabajadores: tenemos que organizarnos. Crear y crear poder popular, pero no antagónico ni independiente del Gobierno”, dijo en un discurso tras la intentona golpista.

Allende y sus aliados desmovilizaron deliberadamente tales contraofensivas revolucionarias de la clase obrera, mientras perseguía negociaciones de trastienda con la Administración de Nixon, los militares y los partidos de derecha.

El 11 de septiembre de 1973, los jefes de todas las ramas militares, bajo la dirección del general Pinochet, a quien el propio Allende había nombrado comandante en jefe, lanzaron un golpe meticulosamente preparado por la CIA y la inteligencia militar estadounidense. Pinochet abolió las libertades democráticas, prohibió todos los partidos y organizaciones obreras y campesinas, y encarceló y torturó a sus dirigentes y a decenas de miles de militantes de base, matando a más de 3.000 personas. Cientos de miles de chilenos se vieron obligados a huir al exilio.

La principal responsable de la ausencia de una dirección auténticamente revolucionaria en la clase obrera chilena es la dirección pablista del Secretariado Unificado.

Durante décadas, tras su fundación como sección chilena de la Cuarta Internacional en 1938, el Partido Obrero Revolucionario (POR) estableció una importante presencia entre sectores clave de la clase obrera del país. En 1963, sin embargo, el POR siguió al Partido Socialista de los Trabajadores (SWP) estadounidense en una reunificación con los pablistas, que habían abandonado el trotskismo y su lucha por la movilización revolucionaria independiente de la clase obrera en favor de la adaptación a las direcciones estalinistas, castristas y otras de carácter nacionalista pequeñoburgues, que supuestamente ofrecían una nueva vía al socialismo. Poco después, el POR se liquidó en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), una amalgama de tendencias maoístas y castroguevaristas que glorificaban la guerra de guerrillas. El MIR aportó un soporte de izquierda crucial para la Unidad Popular, disfrazado de “apoyo crítico”.

Allende y el Partido Demócrata

Al glorificar a Allende, Jacobin y el DSA buscan proporcionar una cobertura para las políticas derechistas de Boric y para su propio servilismo al Gobierno de Biden en EE.UU., mientras preparan el mismo tipo de traiciones criminales que la Unidad Popular.

Jacobin y el DSA han dado apologías sistemáticamente a los acuerdos de Biden con el Partido Republicano para desmantelar los programas sociales, ilegalizar las huelgas, deportar a inmigrantes y aprobar presupuestos militares récord como parte de sus temerarias campañas de guerra contra Rusia y China.

El Partido Republicano estadounidense, al igual que su homólogo chileno, está dirigido por fascistas. El 6 de enero de 2021, el expresidente Donald Trump, la cúpula republicana y sectores del aparato militar y de inteligencia intentaron utilizar la invasión del Congreso por una turba fascista para anular la victoria electoral de Biden, tumbar la Constitución e instaurar una dictadura.

El editor jefe de Jacobin, Bhaskar Sunkara, respondió diciendo a quienes calificaban esto de golpe que “se calmaran” e insistió en la “estabilidad de las instituciones republicanas estadounidenses”.

Desde que los seguidores fascistas brasileños del expresidente Jair Bolsonaro llevaron a cabo un intento de golpe fascista similar el 8 de enero de 2023, ayudados por sectores de la cúpula militar, el presidente Lula, respaldado por Jacobin, ha colmado de financiamiento a los militares y ha hecho todo lo posible para protegerlos de las investigaciones. Jacobin ha escrito varios artículos minimizando el peligro y afirmando absurdamente que el intento de golpe “puso a Lula en una posición más fuerte para defender la democracia de Brasil”.

Mientras tanto, los fascistas continúan sus complots. Bajo Allende, hay que recordarlo, hubo varios intentos de golpe fallidos antes del 11 de septiembre de 1973. En otros lugares de América Latina, tan recientemente como 2019 en Bolivia y 2022 en Perú, los fascistas y militares respaldados por Estados Unidos derrocaron con éxito a los presidentes Evo Morales y Pedro Castillo, respectivamente. Cada golpe fue seguido de protestas masivas que fueron brutalmente reprimidas.

Al invocar la “paciencia” y la “visión” de Allende, el DSA rinde cínicamente sus servicios a la clase dominante. Su política pretende adormecer a la clase obrera para permitir que el fascismo y el Estado capitalista preparen sus ataques.

Cincuenta años después del derrocamiento de Allende, las lecciones de la sangrienta derrota en Chile son más vitales que nunca para la clase obrera latinoamericana e internacional. Los trabajadores no pueden depositar la más mínima confianza en Gobiernos burgueses de “izquierda” dirigidos por gente como Boric en Chile, Lula en Brasil o Petro en Colombia, sino solo en sus propias luchas revolucionarias e independientes.

La tarea decisiva hoy sigue siendo la misma que en Chile hace cinco décadas: resolver la crisis de dirección revolucionaria en la clase trabajadora. Esto significa construir secciones del Comité Internacional de la Cuarta Internacional en toda América Latina e internacionalmente.

(Publicado originalmente en inglés el 9 de junio de 2023)