El periodista guatemalteco José Rubén Zamora Marroquín, reconocido internacionalmente por exponer casos de corrupción y violaciones de derechos humanos, fue sentenciado el miércoles pasado a seis años de cárcel y a una multa de US$38.000 presuntamente por lavado de dinero.

La condena representa la culminación de una campaña motivada políticamente por el Gobierno de extrema derecha del presidente Alejandro Giammattei contra Zamora y el diario que fundó y conducía, elPeriódico, que se vio obligado a cerrar permanentemente el mes pasado.

Esta caza de brujas y el silencio cómplice de Washington son una fuerte advertencia. Cuatro décadas tras la brutal junta respaldada por EE.UU. que mató a más de 200.000, la élite gobernante guatemalteca está desechando sus trapos “democráticos” y recurriendo nuevamente a los métodos de dictadura y fascismo.

Zamora fue detenido en julio de 2022, solo cinco días después de que elPeriódico publicara sus más recientes denuncias de corrupción contra Giammattei. La policía allanó la sede del que era el periódico investigativo más importante del país, detuvo temporalmente a varios empleados más y congeló las cuentas bancarias del diario.

La defensa de Zamora insistió en que los $40.000 presuntamente lavados fueron utilizados para pagar salarios y fueron donados por un empresario que no quería ser vinculado con elPeriódico por temor a represalias.

El periodista fue sometido a un juicio fraudulento. No se presentó ninguna evidencia concreta en su contra y le negaron a Zamora presentar su propia evidencia y testigos. También tuvo que cambiar de abogado ocho veces. Cuatro de ellos se vieron inculpados por su participación en el caso y los demás enfrentaron distintas dificultades. El último abogado apenas tuvo 12 horas antes de que comenzó el proceso.

Sus abogados también fueron amenazados por la Fundación contra el Terrorismo, una organización fascista creada en 2013 para defender a los oficiales militares acusados de infringir derechos humanos. Irónicamente, una de las primeras acciones del grupo fue publicar anuncios en elPeriódico protestando la sentencia contra el dictador militar José Efraín Ríos Montt (1982-83) por llevar a cabo un genocidio contra los mayas. Ahora la FCT ha presentado docenas de demandas contra aquellos que han investigado casos de corrupción.

El miércoles, Zamora declaró: “Tenemos una dictadura. Una dictadura velada, multipartidista, tiránica”. También explicó a reporteros: “Tengo un hijo en el exilio con orden de captura, y por fortuna, mi esposa salió anoche [del país] porque temo que la capturen”.

Su hijo describió a la BBC el largo historial de represalias por el trabajo de Zamora, incluido un intento de asesinato con granadas en 1996, una redada de mafiosos armados que mantuvieron a la familia como rehenes durante horas mientras simularon la ejecución de Zamora en 2003, un secuestro en 2008, una paliza en 2013 y numerosas amenazas de muerte.

Para subrayar el carácter vengativo del caso, los fiscales pedían una condena de 40 años por los cargos de chantaje y tráfico de influencias, que fueron rechazados por el tribunal.

Bajo el régimen de Giammattei, varios periodistas destacados se han enfrentado a cargos fraudulentos similares de lavado de dinero y “asociación criminal”, así como a redadas y hostigamiento por parte de la policía y el ejército, y al menos media docena se han visto obligados a abandonar el país.

Estos ataques contra la prensa forman parte de una represión más amplia contra periodistas, jueces y fiscales que estuvieron a cargo de investigar vastas redes de corrupción de políticos y grandes empresarios. Estos casos se iniciaron bajo los auspicios, al menos inicialmente, de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

Al menos dos docenas de jueces y fiscales se han visto obligados a abandonar el país, entre los que destaca Miguel Ángel Gálvez, quien llevó a juicio a Ríos Montt por genocidio, condenó al expresidente Otto Pérez Molina por corrupción y avanzaba un caso contra militares por torturar y masacrar a 175 profesionales y estudiantes de izquierda. Gálvez ha subrayado que las amenazas en su contra proceden de la cúpula militar, y que los militares están volviendo a tomar el control de cada departamento gubernamental como en los años ochenta.

La CICIG, varias publicaciones periodísticas y funcionarios estaban siendo patrocinados por el Gobierno de Estados Unidos, que estaba utilizando casos escogidos de corrupción como una de sus armas para mantener a la burguesía local y al Estado alineados con los intereses estadounidenses. El caso contra Otto Pérez Molina desencadenó protestas masivas, que en última instancia se canalizaron en apoyo a la CICIG.

Sin embargo, desde que el actor-presidente Jimmy Morales disolvió la CICIG en 2019 para frenar las investigaciones en su contra, se volvieron las tornas y los acusadores se convirtieron en los acusados. La medida fue respaldada por la Administración de Trump, después de que el Congreso de EE.UU. prácticamente paralizara la financiación de la campaña “contra la corrupción”.

Ahora, como lo ha hecho el imperialismo estadounidense en innumerables ocasiones, el Gobierno de Biden ha respaldado de hecho la represión de las fuerzas que estaba patrocinando. La Casa Blanca ha limitado su respuesta a la represión bajo Giammattei a colocar a la fiscal general María Consuelo Porras, al líder de la Fundación contra el Terrorismo, Ricardo Méndez Ruiz y a varios otros funcionarios en una lista de “Actores Corruptos y Antidemocráticos”.

El Gobierno estadounidense ha seguido entregando millones en ayuda militar a Guatemala y colaborando estrechamente con las fuerzas de seguridad guatemaltecas.

En una reciente entrevista con El Faro, el ahora exiliado juez Gálvez explicó que sus reuniones con funcionarios estadounidenses en Washington lo llevaron a concluir que “Estados Unidos no se atreverá a tomar acciones más duras”. Añadió: “Estados Unidos ya son pocos los aliados que tiene en Centroamérica y no quiere perder a Guatemala… Está el tema de China, el de Rusia. El panorama es complejo y temen que, si toman una decisión más firme, Guatemala se incline por otro”.

Las burguesías regionales han intentado utilizar sus relaciones actuales o potenciales con China, así como las demandas de Washington sobre detener a los migrantes que viajan al norte, para negociar una tajada más grande de las ganancias provenientes de la explotación de los trabajadores y recursos naturales en cada país. Pero cualquier jaloneo con el imperialismo depende de la capacidad de las débiles burguesías nacionales para sofocar la lucha de clases en medio de una desigualdad y pobreza pasmosas.

Desde 2018, ha habido repetidas olas de protestas masivas y huelgas generales en toda América Latina e internacionalmente que representan la mayor amenaza tanto para el imperialismo estadounidense como para sus élites clientelares locales. En noviembre de 2020, Giammattei respondió con represión de Estado policial a las grandes protestas contra la austeridad social, desencadenadas por la falta de protecciones anti-COVID y la respuesta indiferente a quienes perdieron sus medios de vida a causa de la pandemia, las sequías y las tormentas tropicales y huracanes, cuya intensidad y frecuencia han aumentado como consecuencia del cambio climático.

Giammattei accedió entonces a las exigencias de los Gobiernos Trump y Biden de desplegar miles de tropas a lo largo de sus fronteras para detener y devolver a los migrantes. A cambio, el Gobierno de Biden ha dado repetidas muestras de apoyo a la gestión de Giammattei.

Ahora, las elecciones presidenciales, que tendrán lugar el próximo domingo, han visto inhabilitados a cuatro candidatos, entre ellos el tiktoker derechista Carlos Pineda, quien encabezaba las encuestas. Todos los candidatos principales han basado sus campañas en promesas de una mano dura contra las pandillas, incluyendo una expansión de las fuerzas de seguridad y la construcción de megacárceles, imitando en gran medida al autoritario presidente de El Salvador, Nayib Bukele.

Lo más sorprendente es que la principal candidata de la derecha tradicional será Zury Ríos, hija del dictador militar fascista Efraín Ríos Montt. Ella ha argumentado que, “El ejército tenía todas las de ley para ejecutar las acciones necesarias” bajo su padre y “fue el que se ocupó de mantener el Estado”. También ha expresado su admiración por Bukele, quien ha encarcelado a más del 1 por ciento de la población y ha establecido un Estado policial en todo El Salvador.

Especialmente desde la disolución de la URSS, el imperialismo estadounidense ha dependido de su poderío militar, incluyendo guerras interminables y fomentando sus lazos históricos con los estamentos militares locales, para contrarrestar la acelerada erosión de su posición económica frente a China.

Si Washington ha decidido dar luz verde a los ataques de la élite gobernante guatemalteca contra periodistas, jueces y fiscales, es porque apoya un giro hacia la dictadura y la instalación de militares entrenados y armados por Estados Unidos en control del Gobierno, como ha hecho repetidamente en Guatemala y en toda América Latina a lo largo del último siglo, en busca de la hegemonía regional.

(Publicado originalmente en inglés el 18 de junio de 2023)