En medio de una crisis social histórica y cada vez más profunda en Guatemala, exacerbada por la pandemia de COVID-19 y los huracanes Eta e Iota este mes, miles de personas se unieron a las manifestaciones en todo el país para oponerse a la austeridad.

Las manifestaciones del sábado y el domingo fueron desencadenadas por la aprobación legislativa de un Presupuesto 2021 con recortes a los programas contra el hambre, de la educación pública, la atención a los pacientes de coronavirus y la protección de los derechos humanos.

El restablecimiento de los fondos para los programas contra el hambre en el último minuto no logró apaciguar a los manifestantes, quienes exigieron importantes aumentos en el gasto social.

Cientos de personas entraron el sábado en el edificio del Congreso en la ciudad de Guatemala y prendieron fuego a un pasillo, inicialmente sin la intervención de los policías presentes.

La principal manifestación de unas 7.000 personas, en la que participaron familias con niños, marchó a la Plaza de la Constitución, a unas cuatro cuadras del Congreso.

“La renuncia de los diputados, y el presidente, el veto al Presupuesto 2021 y la molestia por la falta de apoyo a las comunidades afectadas por las tormentas eran las principales consignas”, según El Periódico, que también informó de manifestaciones en las ciudades de Alta Verapaz, Petén, Chiquimula, San Marcos y Quetzaltenango.

Un manifestante dijo a la AFP: “Guatemala llora con sangre; el pueblo ya está harto. Hemos estado viviendo pisoteados por más de 200 años”. Otros denunciaron la falta de ayuda económica durante la pandemia.

Inmediatamente después del incendio en el Congreso, las Fuerzas Especiales de la Policía emprendieron contra los manifestantes y transeúntes en la Plaza y las calles vecinas, utilizando equipos antidisturbios, latas de gases lacrimógenos y un cañón de agua. Catorce manifestantes fueron atendidos en un hospital cercano debido a los golpes y efectos del gas lacrimógeno —uno perdió un ojo y otro permanece en estado grave— y 40 fueron arrestados.

El presidente de derecha Alejandro Giammattei también aprovechó el incidente en el Congreso para amenazar a los manifestantes. “Tampoco podemos permitir que se vandalice con la propiedad pública o privada. Al que se le compruebe su participación en estos hechos delictivos le caerá todo el peso de la ley”, escribió en Twitter.

El principal grupo empresarial CACIF también pidió el castigo de los responsables de “vandalismo” y “acciones violentas”.

Sin embargo, un día antes de la protesta, el vicepresidente Guillermo Castillo pidió a Giammattei que ambos renunciaran, expresando temor a un estallido social. “Con mucha claridad le he manifestado al presidente que las cosas no están bien”, dijo en un video publicado en redes sociales. Luego declaró que tal maniobra era necesaria para finalmente aplicar un presupuesto basado en la “austeridad para no tener más endeudamiento”.

En 2015, una serie de protestas masivas obligaron al Congreso a retirarle la inmunidad al entonces presidente Otto Pérez Molina, implicado en un vasto plan de corrupción, haciéndolo dimitir. En ese momento, los disturbios fueron finalmente suprimidos por las ONG y partidos vinculados a Washington, que buscaron canalizar las protestas en apoyo a la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG) patrocinada por los Estados Unidos, que había investigado a Pérez Molina.

Esto dio lugar a su sustitución por los Gobiernos comprometidos con la austeridad de Jimmy Morales y Giammattei, quienes llevaron a cabo campañas de “anticorrupción” destinadas a encubrir los intereses de clase que representan y su subordinación al imperialismo estadounidense.

En Guatemala, la pandemia se propaga libremente tras una reapertura económica completa y el fin de la ayuda económica a aquellos sin ingresos, las muertes por coronavirus están aumentando a niveles no vistos desde julio. Se reportaron más de 100 muertes solo el miércoles y el jueves, superando las 4.000 víctimas totales.

Los fenómenos meteorológicos extremos, intensificados por el calentamiento global, también han impactado el sustento de millones de personas. Tras cinco años de sequías devastadoras, Guatemala, El Salvador y Honduras han sido azotados este año por las tormentas tropicales Amanda y Cristóbal en junio, y Eta e Iota en noviembre, que causaron una devastación amplia.

El Gobierno de Guatemala estima que se destruyeron 120.000 hectáreas de plantaciones de 30 cultivos diferentes. Además, ha informado de 59 muertos y 100 desaparecidos a causa de ambas tormentas. Eta causó un deslizamiento de tierra que enterró toda la aldea indígena de Queja, donde las familias temen que el número de desaparecidos sea mucho mayor

Los residentes de varias zonas afectadas ya han realizado manifestaciones para pedir ayuda, incluida una protesta cuando Giammattei visitó la localidad de Cobán para tomarse fotografías con los equipos de emergencia.

En junio, la ONG Acción contra el Hambre ya había estimado que la población sin alimentos se duplicaría hasta alcanzar los 1,2 millones de personas en Guatemala debido a la pandemia. Citaron la pérdida de medio millón de empleos y una disminución de las remesas como las causas.

La Comisión Económica para América Latina (CEPAL) de Naciones Unidas ha estimado un aumento similar en las personas que viven en la pobreza oficial, alcanzando el 51,6 por ciento.

Aprovechando la pandemia, el Gobierno emitió 3.800 millones de dólares en deuda, pero solo el 15 por ciento de esta cantidad se gastó realmente en atender a la población por la pandemia, es decir, unos $570 millones. En comparación, el 15 por ciento del presupuesto público de 2021, o $1.9 mil millones, se destinará al pago de intereses.

Si bien es indudable que existe una gran corrupción gubernamental, los continuos ataques contra las condiciones sociales de los trabajadores, los jóvenes y los campesinos, así como la indolencia de la élite gobernante ante el sufrimiento masivo son el resultado de procesos históricos e internacionales más amplios.

Cualesquiera que sean las presiones desde abajo, el Gobierno y todos los partidos políticos capitalistas están en última instancia comprometidos con la pequeña oligarquía financiera y corporativa de Guatemala y sus patrones imperialistas. Desde su independencia de España en 1821, la oligarquía terrateniente tradicional y la burguesía comercial ascendente nunca llevó a cabo las tareas completadas en las revoluciones democrático-burguesas de los Estados Unidos y Europa, principalmente la abolición del latifundismo y su independencia de las potencias coloniales.

Este proceso fue encarnado por el clan Aycinena, que controlaba vastos intereses comerciales y tierras en Centroamérica antes y después de la independencia de 1821 de España, y cuyo linaje continúa hasta el expresidente guatemalteco Álvaro Arzú Irigoyen (1996-2000) y la red de grupos empresariales asociados a su familia.

Los investigadores también han rastreado la fortuna de la familia Díaz-Durán en Guatemala, cuyos ministros y empresarios apoyaron las medidas privatizadoras en las últimas décadas, hasta los terratenientes que se asentaron después de la conquista española de lo que sería El Salvador.

Guatemala cuenta también con un milmillonario en dólares que “hizo su propia fortuna”, Mario López Estrada, quien llegó a controlar la principal empresa de telefonía móvil del país, Tigo (antes Comcel), después de haber sido ministro de Comunicaciones cuando se le entregó a la empresa el monopolio del sector, recibiendo posteriormente numerosas exenciones fiscales y recortes en los cobros de servicios públicos.

Durante todo este período, los intereses de esta élite gobernante, desde el acceso a créditos e inversiones extranjeras hasta los mercados de producción y exportación, permanecieron totalmente subordinados a los de Wall Street y las empresas estadounidenses y europeas.

Hoy día, para pagar la montaña de deuda acumulada por los rescates de sus bancos y empresas, el imperialismo estadounidense y europeo están intensificando despiadadamente su explotación de los trabajadores a nivel mundial, su saqueo neocolonial y su impulso por hegemonía contra sus rivales geopolíticos, principalmente China. Esto es lo que subyace a la incapacidad del capitalismo guatemalteco para satisfacer las necesidades sociales más básicas y su giro hacia una represión de Estado policial.

Para oponerse a la austeridad, la clase obrera guatemalteca debe organizarse independientemente de todas las fuerzas capitalistas “anticorrupción” y de los sindicatos procapitalistas y construir una nueva dirección política bajo un programa revolucionario socialista e internacionalista.

(Publicado originalmente en inglés el 23 de noviembre de 2020)