“Dame tu pobre, tu agotado, tus innumerables masas que aspiran a vivir libres…” (Poema de Emma Lazarus en el pedestal de la Estatua de la Libertad)

“No vengan, no vengan… si vienen a nuestra frontera, van a ser rechazados” (vicepresidenta Kamala Harris a migrantes que escapan de la miseria y violencia generalizadas en Centroamérica)

Esta semana, Kamala Harris realizó su primer viaje al extranjero desde que asumió el cargo de vicepresidenta estadounidense. En una visita relámpago de tres días a Guatemala y México buscó afianzar el uso de sus fuerzas de seguridad para suprimir violentamente el flujo de migrantes centroamericanos que buscan escapar de tanto la pobreza desesperada como los asesinatos policiales y de pandillas, así como para reunirse con familiares en EE.UU.

La prensa estadounidense e internacional extrajo todo el zumo posible del hecho de que Harris es la primera mujer y estadounidense de origen africano/asiático en representar Washington en una visita estatal de tan alto calibre. Harris, hija de inmigrantes, fue encargada con la tarea inmunda y, de hecho, asesina de coordinar una represión multinacional contra los inmigrantes.

No es posible encontrar una muestra más descarada del papel que tiene la política de identidades en defender el orden capitalista en casa y los intereses imperialistas de EE.UU. en el exterior.

El viaje de Harris incluyó escaparates en este sentido, incluyendo una promesa de $40 millones para “empoderar” a mujeres jóvenes. Esto representa una gota en el balde para un país donde la mitad de la población es categorizada como pobre y que tiene la sexta mayor tasa de malnutrición del planeta. En cuanto a la malnutrición crónica infantil, se encuentra en el 70 por ciento, la más alta del mundo, con niños que mueren todos los días por falta de comida.

Harris dedicó su día en Guatemala en reuniones con el presidente Alejandro Giammattei, un político de extrema derecha que llegó al poder con el respaldo de la oligarquía y el ejército del país. Casi fue derrocado el año pasado en protestas masivas, que incluso le prendieron fuego al Congreso y que estallaron contra las medidas de austeridad del Gobierno y su manejo criminalmente inadecuado de la pandemia de COVID-19.

La carrera política de Giammattei incluyó un periodo como director del sistema penitenciario, durante el cual las fuerzas de seguridad llevaron a cabo una masacre de reclusos en 2006. Lo encarcelaron brevemente bajo cargos relacionados a los asesinatos y las condiciones horrendas en las cárceles. Esto pudo servir como un vínculo con Harris, quien ejerció como fiscala general de California y llevó a cabo una agresiva campaña para anular decisiones judiciales de que las condiciones en las cárceles estatales constituían un “castigo cruel e inusual” en violación a la Constitución de EE.UU.

“Compartimos un vínculo que es histórico”, dijo Harris en sus declaraciones públicas con Giammattei. “Y es importante que, al emprender una nueva era, reconozcamos el significado y la importancia de esta relación como vecinos”.

Harris no ofreció detalles sobre los vínculos “históricos” entre Guatemala y Washington por razones entendibles. Remontándose a fines del siglo diecinueve e inicios del siglo veinte, estos “vínculos” se forjaron a través de la explotación brutal y la opresión sangrienta de la población de trabajadores, campesinos y poblaciones indígenas de Guatemala. La economía del país fue efectivamente subyugada por la United Fruit Company y otras corporaciones y bancos estadounidenses, cuyos intereses fueron defendidos por una serie de dictaduras militares que masacraban y ejecutaban regularmente a los trabajadores que se atrevieran a hacer huelga o protestar.

En 1954, la CIA organizó directamente un golpe de Estado que derrocó al presidente elegido democráticamente, Jacobo Árbenz, cuyo pecado fue iniciar una reforma agraria limitada que incluía la expropiación con compensación de tierras ociosas de la United Fruit Company.

El golpe de Estado dio paso a tres décadas de brutales dictaduras militares y una guerra contrainsurgente respaldada por EE.UU. que se cobró la vida de aproximadamente 200.000 personas, en su mayoría campesinos indígenas aniquilados en una campaña genocida del ejército entrenado y armado hasta los dientes por el Pentágono. El dinero ofrecido por Harris para supuestamente “empoderar” a las mujeres representa una diminuta fracción del dinero entregado por Washington para empoderar a los asesinos masivos de las fuerzas de seguridad guatemaltecas.

En un memorándum confidencial escrito tras el golpe contra Árbens, el Consejo de Seguridad Nacional de EE.UU. declaró que los objetivos de Washington en la región consistían en obligar a los países latinoamericanos a “basar sus economías en un sistema de iniciativa privada y, como algo esencial para esto, crear un ambiente político y económico favorable para las inversiones privadas del capital nacional y extranjero”.

Más de seis décadas después, esta sigue siendo la política fundamental de Washington en la región y Harris dejó esto en claro durante su visita a Guatemala. La principal “ayuda” que ofreció para supuestamente mejorar las vidas y así frenar la migración fue un paquete para apoyar a “emprendedores” y una promesa de las corporaciones estadounidenses de que, si se cumplen sus condiciones, invertirán en la región “para promover oportunidades económicas y capacitación laboral”. En otras palabras, cualquier restricción al flujo de capital estadounidense en busca de mano de obra barata debe ser eliminada, incluso cuando se erigen murallas metálicas para aprisionar a los trabajadores dentro de las fronteras nacionales.

Esto tiene una gran importancia para las transnacionales que dependen de fábricas de propiedad estadounidense en México y Centroamérica como parte de las cadenas de suministro de autos, electrónicos, productos de defensa y otras industrias de EE.UU. Washington presionó para que estas plantas permanecieran abiertas durante la pandemia y los Gobiernos aceptaron ansiosamente, intensificando drásticamente las tasas de contagios y muertes.

El mismo tema se destacó en las conversaciones de Harris el martes con el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO), que produjeron una declaración en la que se destaca “el fortalecimiento y la atracción de la inversión extranjera a México”. Una vez más, fronteras abiertas para los bancos y corporaciones, y fronteras militarizadas para el pueblo trabajador.

Tanto el Gobierno supuestamente de “izquierda” de AMLO en México como los regímenes centroamericanos de derecha están sirviendo como serviles subcontratistas en la guerra de la Administración de Biden contra los inmigrantes. En abril, la Casa Blanca anunció el despliegue de 10.000 soldados por parte de México, 7.000 soldados por parte de Guatemala y 1.500 agentes de seguridad por parte de Honduras en su frontera norte. Estas fuerzas están equipadas con drones y otros equipos de vigilancia y respaldadas por “asesores” estadounidenses.

El mes pasado, México agilizó las deportaciones al optar de autobuses a un “puente aéreo” desde los estados de Tamaulipas y Chihuahua, fronterizos con Texas, hasta la ciudad hondureña de San Pedro Sula y las ciudades del sur de México de Villahermosa y Tapachula, que albergan los mayores centros de detención de migrantes, descritos por legisladores del propio partido de AMLO como campos de concentración.

En la propia frontera con Estados Unidos se emplean métodos denigrantes para devolver a los migrantes. Según las últimas cifras disponibles, en abril, 111.714 de los 178.622 migrantes detenidos por la Patrulla Fronteriza de EE.UU. fueron deportados sumariamente a México, utilizando como pretexto el Título 42, una orden de salud pública de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades aparentemente destinada a controlar la pandemia. Los expertos en salud pública han declarado que la orden no tiene ningún fundamento científico.

Los detenidos son, en muchos casos, transportados a una parte distante de la frontera y obligados a volver a México con nada más que la ropa que llevan puesta. Miles de personas están ahora atrapadas en míseros campamentos de carpas, sin acceso a agua, alimentos ni atención médica, y con amenazas diarias de violencia y secuestro.

Esta flagrante violación de la legislación internacional y estadounidense sobre el derecho de asilo es una política consensuada dentro de la clase dirigente de Estados Unidos, en la que el Gobierno de Biden continúa las políticas esenciales del expresidente fascistizante Donald Trump.

Las condiciones dentro de las cárceles de inmigración siguen siendo inhumanas, con los inmigrantes, incluidos los niños, sometidos al hacinamiento, frío extremo y comida incomible. Los contagios de COVID-19 son rampantes, con el Departamento de Seguridad Nacional informando a finales del mes pasado que estaba monitoreando 2.007 casos entre los inmigrantes detenidos, mientras que apenas el 7 por ciento de ellos han sido vacunados.

Tales son las lágrimas de cocodrilo derramadas por Kamala Harris sobre el “peligroso viaje a la frontera entre Estados Unidos y México”. Los mayores peligros son los creados deliberadamente por el Gobierno estadounidense para reprimir la migración. Esto es tan cierto bajo Biden como bajo Trump.

Los trabajadores de Estados Unidos deben acudir en defensa de los trabajadores de México, América Central y del Sur que están arriesgando sus vidas en un intento de entrar en Estados Unidos. Están huyendo de las condiciones bárbaras creadas por más de un siglo de opresión imperialista estadounidense y son, en muchos casos, niños, madres y padres que intentan desesperadamente reunirse con sus familias.

La clase obrera en Estados Unidos y a nivel internacional está siendo impulsada a luchar contra las mismas empresas transnacionales que han lucrado de la muerte y la enfermedad a escala masiva durante la pandemia del COVID-19. El éxito de estas luchas depende de que los trabajadores se unan más allá de las fronteras nacionales. Esto requiere el rechazo incondicional de la xenofobia y el nacionalismo que fomentan los partidos capitalistas y los sindicatos corporativistas y la defensa de los derechos democráticos de los trabajadores inmigrantes a vivir y trabajar en el país que elijan.

(Publicado originalmente en inglés el 8 de junio de 2021)