En la provincia Argentina de Salta, en la frontera con Bolivia y Chile, la legislatura local impuso una ley que criminaliza cualquier forma de protesta social que restringe otras libertades, como los piquetes de huelga, los cortes de ruta y las manifestaciones masivas.

La mal llamada “Ley de convivencia y conciliación ciudadana” busca reprimir una ola masiva de luchas de docentes y trabajadores sanitarios en la provincia norteña, que ha involucrado seis semanas de huelgas salvajes, cortes de rutas mineras importantes y grandes concentraciones.

Se están discutiendo leyes similares en la vecina Jujuy, donde los maestros han estado en huelga por más de una semana y están liderando protestas ante una fuerte represión.

Incluso antes de la ley, los educadores en Salta estaban siendo atacados repetida y brutalmente por la policía, mientras que los sospechosos de liderar la huelga fueron señalados, perseguidos y arrestados.

El sábado, una asamblea de trabajadores “autoconvocados”, organizada en desafío a la burocracia sindical que se opone a sus acciones de protesta, votó a favor de continuar la huelga y las movilizaciones y rechazar una oferta del gobernador salteño de derecha, Gustavo Sáenz, que habría aumentado el salario mensual inicial para los docentes a 203.000 pesos e ignoraba todas las otras demandas.

Esta cifra está muy por debajo de los 320.000 pesos (o 662 dólares, según el “dólar blue” más preciso) y los ajustes automáticos al coste de la vida exigidos por los profesores de acuerdo con el coste de la canasta básica. Los huelguistas también han exigido la revocación de lo que han llamado la “ley antipiquetes”, la anulación de los cargos contra los 19 huelguistas que fueron detenidos y posteriormente liberados, e importantes aumentos presupuestarios.

Si bien las autoridades estatales y federales han estado reprimiendo a los docentes de toda Argentina incluso sin tales leyes, la rápida aprobación de la ley antipiquetes por parte de las autoridades de Salta en respuesta a las demandas de los grupos empresariales representa una advertencia para los trabajadores de todo el país y a nivel internacional. El proyecto de ley fue respaldado por legisladores de las dos principales facciones de la élite política, la coalición del presidente peronista Alberto Fernández y los pertenecientes a la coalición abiertamente derechista liderada por el expresidente Mauricio Macri. El gobernador Sáenz ha sido partidario de ambas facciones.

Cuarenta años después de la caída de la feroz junta militar argentina, y en el contexto de las exigencias financieras del Fondo Monetario Internacional y Wall Street, así como de las exigencias políticas del imperialismo estadounidense de alinearse tras su confrontación con Rusia y China, la clase dominante está respondiendo una vez más a las crecientes luchas de la clase trabajadora con un giro hacia la dictadura y la represión policial.

Actualmente, los docentes en huelga se están movilizando en siete de las 23 provincias argentinas (Jujuy, Salta, Misiones y Formosa en el norte; Santa Cruz y Chubut en el sur; y Buenos Aires en el centro). Las protestas se producen independientemente y en oposición a los sindicatos que dicen “representarlos”.

Los docentes plantean reivindicaciones vitales en materia de salarios y condiciones de trabajo en un momento en que la crisis inflacionaria crónica de Argentina se ha acelerado y se prevé que alcance el 150 por ciento este año, lo que repercute gravemente en los índices de pobreza y en el nivel de vida de los docentes, incluso cuando los precios de las acciones se disparan en el índice bursátil Merval.

Lo que también está en juego en estas luchas es la defensa de las escuelas y los hospitales públicos, cuyos servicios e infraestructuras están sufriendo un rápido deterioro para financiar esta transferencia de riqueza a la élite gobernante.

Los docentes de Chubut en huelga han descrito condiciones deplorables en sus escuelas de la Patagonia, por ejemplo, con aulas que carecen de calefacción y la falta de transporte para los alumnos. Los profesores también describen que se les adeudan meses de salarios y que no pueden pagar el alquiler ni las facturas de los servicios públicos.

Un reciente informe de la Universidad Católica Argentina (UCA) de Buenos Aires muestra un número récord de ciudadanos en situación de pobreza: 18 millones, es decir, el 43 por ciento de la población. Más de 3 millones, o el 8 por ciento de la población, se enfrentan a la inseguridad alimentaria. Estas cifras han ido en aumento desde 2010. Las asignaciones sociales del Gobierno no han aumentado acorde a las necesidades.

Los profesores también exigen más dinero para los programas de alimentación en las escuelas, que no han seguido el ritmo del aumento de la pobreza y el hambre que los profesores observan entre muchos de sus alumnos. Otra demanda es la contratación de psicólogos infantiles para atender las necesidades de los alumnos; los profesores informan de que hay más alumnos con problemas psicológicos, incluyendo depresión.

Las olas de protestas y las huelgas de educadores, en esta nación de 46 millones de habitantes, han sido ininterrumpidas desde la reapertura de las escuelas en 2021 (tras su cierre al comienzo de la pandemia de COVID-19). Esto afectó enormemente la salud y la vida de profesores y alumnos. En los distritos más pobres, los profesores se vieron obligados a volver a trabajar en escuelas viejas, a veces casi en ruinas, en condiciones en las que el distanciamiento social es imposible y cuando muchos alumnos y profesores no habían sido vacunados. Estas zonas también carecen de suficientes clínicas y camas hospitalarias.

La reapertura de las escuelas provocó un aumento espectacular de las infecciones por COVID-19, que pasaron de 2,3 millones en marzo de 2021 a 5,5 millones al final del curso escolar (diciembre de 2021) y a 9 millones en marzo de 2022.

Las autoridades federales y provinciales han respondido a las demandas de los trabajadores con la misma excusa –“no hay dinero”- mientras aumentan la represión y se apoyan en las traiciones del aparato sindical corporativista.

Hace un mes, los maestros de Santa Cruz se movilizaron y exigieron una huelga nacional. Desde entonces, los educadores, trabajadores de transporte y portuarios han entrado en lucha, despertando el espectro del Cordobazo de 1969, que desencadenó una de las mayores insurrecciones populares de la historia latinoamericana. Esta crisis revolucionaria fue traicionada por la burocracia sindical, los partidos peronistas y sus satélites estalinistas y morenistas, que canalizaron la oposición detrás de ilusiones en el Gobierno peronista y prepararon el escenario para el golpe de 1976 que instaló una brutal junta militar apoyada por EE.UU.

El 30 y 31 de mayo, tras semanas de huelgas salvajes, decenas de miles de maestros, trabajadores de la salud, empleados públicos y sus defensores llevaron a cabo manifestaciones masivas y cortes de ruta en toda Salta, denominadas el “Salteñazo del siglo XXI” por el diario bonaerense Página 12, en referencia a 1969.

Al igual que hace 54 años, la burocracia sindical peronista se dedica hoy a sofocar el estallido emergente en toda Argentina. Mientras tanto, los mayores partidos pseudoizquierdistas están convocando conferencias de sus propias facciones dentro de los sindicatos docentes para discusiones de emergencia.

En última instancia, cada tendencia busca canalizar las protestas detrás de sus propias maniobras con sectores de la clase dominante. Así lo demostró el llamamiento del Partido Obrero y el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) morenista a “toda la izquierda y a todos los luchadores” a participar en un “pleno nacional” en Buenos Aires antes de las elecciones presidenciales de este año. Mientras ambos partidos hacen campaña por sus propios candidatos dentro de la llamada coalición Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad (FIT-U), el evento discutirá cómo “unir fuerzas con todas las luchas populares” y presentar “una alternativa de poder”.

Esto significa que están intensificando sus esfuerzos para formar una coalición con sectores del oficialismo peronista. Esto ya ha implicado manifestaciones conjuntas bajo un fraudulento “frente único” con las fuerzas en torno al candidato presidencial peronista Juan Grabois, el funcionario de Gobierno, Emilio Pérsico, y los movimientos que dirigen.

En Salta, como en otros lugares, el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), también parte del FIT-U, está pidiendo a la burocracia sindical peronista de la CTA, que apoya al Gobierno de Fernández, que convoque a una huelga general. Mientras tanto, la Tendencia Clasista Docente de Salta del partido pseudoizquierdista Política Obrera, una facción expulsada del Partido Obrero y dirigida por Jorge Altamira ha estado desempeñando un papel importante a la hora de orientar a los trabajadores autoconvocados detrás de las negociaciones con el gobernador derechista Sáenz.

El 31 de mayo, después de las manifestaciones masivas, la Tendencia escribió en una declaración: “Que Sáenz mismo sea quien nos reciba, que reconozca a nuestros delegados, electos y revocables, como representación exclusiva de la docencia y que satisfaga de inmediato nuestro pliego, ya que él tiene todas las facultades para hacerlo”.

Los trabajadores deben oponerse a estas propuestas oportunistas, que solo conducirán a nuevas traiciones. No hay nada que se pueda resolver con llamamientos personales ni al gobernador Sáenz, ni a cualquier otro gobernador, ni al presidente Fernández. Todos han dejado en claro su compromiso de empobrecer aún más a los trabajadores y dejar que la infraestructura social y los servicios se derrumben en contra de la voluntad de la mayoría trabajadora. Todos deben ser derrocados por la clase obrera, organizada independientemente de todas las facciones peronistas y pseudoizquierdistas de la burocracia sindical.

Por encima de todo, los trabajadores deben comprender que su movimiento forma parte de un resurgimiento global de la lucha de clases contra el capitalismo y la guerra, cuyos costes y efectos están siendo impuestos a los trabajadores de todo el mundo. Los docentes y otros sectores de trabajadores en lucha en Argentina solo pueden defender sus derechos sociales y democráticos a través de una lucha internacional con sus hermanos y hermanas de clase de todo el mundo. El Comité Internacional de la Cuarta Internacional (CICI) está luchando por construir la Alianza Internacional Obrera de los Comités de Base como un órgano democrático para coordinar y ejecutar esta necesaria contraofensiva de la clase obrera a nivel mundial.

(Publicado originalmente en inglés el 12 de junio de 2023)