Un estibador de sesenta años se ahogó el 12 de mayo a las 4:30 de la mañana en el Puerto de Rosario, en el río Paraná de Argentina. Sus compañeros de trabajo respondieron declarando una huelga. El trabajador portuario, Juan Oscar Contreras, era un trabajador ocasional del turno de noche.

Se resbaló de encima de un camión que estaba al borde del muelle; se había colocado un puente temporal entre el camión y el barco que estaba siendo descargado. Otros trabajadores lo sacaron inmediatamente del agua, pero no pudieron reanimarlo. El puerto no cuenta con brigadas, equipos de emergencia ni ambulancias.

Los trabajadores denunciaron a las autoridades portuarias por las condiciones inseguras que existen en todas las instalaciones e iniciaron una huelga. Un trabajador señaló que, si bien hay chalecos salvavidas en las instalaciones, ninguno de ellos es distribuido entre los estibadores. Según un testigo, la dirección trató de vestir el cuerpo de Contreras con un chaleco salvavidas.

César Aybar, secretario general del sindicato local, el Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (SUPA), declaró: “Lamentablemente entre las 4 y las 5 de la mañana falleció un compañero. Nosotros veníamos denunciando hace muchísimo tiempo la forma en que se manejan con las operaciones, el Puerto no está en las condiciones de higiene y seguridad como tiene que estar”. Aybar dijo que esta fue la tercera muerte de trabajadores portuarios en Puerto Rosario.

La federación nacional de estibadores, FEPA, indicó que estaba considerando una huelga nacional por la muerte del trabajador, que describió como un 'asesinato', como resultado de la negligencia del puerto. “Nuestra organización brinda total respaldo al paro de actividades convocado por el SUPA Rosario y exige a la Justicia una exhaustiva investigación para esclarecer la muerte del trabajador,” declaró.

Tanto SUPA como FEPA son organizaciones corporativas con una larga historia de corrupción y traición a las luchas obreras. Ambas organizaciones son cómplices de lo que equivalen a décadas de deterioro de la red logística argentina, de la cual los puertos son una parte importante. La Terminal de Rosario es un importante exportador de cereales, semillas de girasol, soja, aceites vegetales y productos agrícolas procesados.

Los puertos argentinos, una vez propiedad del gobierno, fueron privatizados en la década de 1990, bajo el gobierno proempresarial del presidente peronista Raúl Ménem. Conglomerados multinacionales de agronegocios, incluidos Cargill y Bunge, Dreyfus (Francia), COFCO (China), Glencore (Suiza) y Vicentín y AGD (con sede en Argentina) se hicieron cargo de los principales puertos, como Rosario. Vicentín es uno de los propietarios de la Terminal del Puerto de Rosario, donde Contreras cayó y murió.

Estos propietarios ejercen un control oligárquico sobre los puertos y sus trabajadores. Los organismos gubernamentales no mantienen registros independientes de las exportaciones de cereales, aceites y otros productos agrícolas; confían en lo que las empresas se ofrecen voluntariamente a informar.

Los puertos de Argentina fueron privatizados junto con otras partes de la cadena de suministro logístico del país, incluidos los ferrocarriles y las aerolíneas.

El paro laboral tiene lugar en un ambiente de abierta rebelión entre los trabajadores argentinos. En enero, los trabajadores portuarios de Rosario pusieron fin a la huelga por el despido de 25 trabajadores portuarios y los ataques a los salarios, junto con las aceleraciones impuestas por la empresa en los ritmos de trabajo.

Otras secciones de la clase trabajadora que actualmente llevan a cabo huelgas de protesta y huelgas por salarios y mejores condiciones de trabajo incluyen a los trabajadores del metro y a los educadores. Muchos de estos levantamientos adquieren un carácter espontáneo y surgen en oposición a las burocracias sindicales.

El martes, la dirección del Puerto de Rosario se negó a reunirse con un árbitro del gobierno y bloqueó a los trabajadores portuarios. Se ha impedido a doscientos camiones entrar en la terminal, ya que la empresa (Valentín) intenta enfrentar a los trabajadores portuarios contra los conductores de camiones. El jefe de la Terminal del Puerto de Rosario, Leonardo Feltrinelli, afirmó cínicamente que la muerte de Contreras había sido simplemente 'una fatalidad' y dio garantías de que los procedimientos de seguridad habían 'sido verificados' por la compañía.

Según un portavoz del sindicato SUPA, “La empresa se negó a ceder a las sugerencias del árbitro y declaró que el trabajo se llevaría a cabo como lo considerara oportuno”. Describiendo las operaciones en el puerto como 'muy pobres' en términos de infraestructura, higiene y seguridad, el burócrata del SUPA pidió al gobernador provincial que interviniera.

Ni el SUPA ni ninguno de los sindicatos portuarios han pedido una extensión del paro en la Terminal del Puerto de Rosario a todas las demás terminales y puertos, aislando a los trabajadores del Puerto de Rosario. Ahora parece que los trabajadores portuarios volverán al trabajo hacia el final de esta semana, a pesar de que nada parece haberse resuelto.

Argentina se encuentra en medio de una crisis de deuda inflacionaria y depende mucho de sus ingresos por exportación; los aumentos anuales de precios superan el 100 por cien. De sus finanzas se ha hecho cargo el Fondo Monetario Internacional, que exige políticas de austeridad cada vez mayores en nombre de los fondos buitre nacionales e internacionales. Estos incluyen una caída en las importaciones y ataques al nivel de vida de los trabajadores.

Más del 40 por ciento de la población ahora subsiste por debajo del umbral de pobreza. Un informe reciente de la Universidad Católica de Buenos Aires indica que, desde que comenzó la pandemia en 2020, ha habido un aumento dramático del hambre entre los jóvenes (los menores de 17 años), así como un aumento del hambre extrema. Esto, en una nación que sigue siendo uno de los principales proveedores mundiales de alimentos agrícolas. Los aumentos en la ayuda alimentaria del gobierno y otros programas para los pobres son rápidamente eclipsados por los aumentos de precios.

Los monopolios agrícolas juegan un papel muy importante mientras la economía argentina lucha por resolver su implosión financiera.

En un intento por hacer frente a la crisis inflacionaria, la administración actual creó un intercambio peso-dólar basado en la soja. Los exportadores que depositan sus dólares en bancos argentinos tienen garantizado un tipo de cambio que supera el precio oficial del dólar en pesos. Sin embargo, los exportadores son parte de la fuga de dólares fuera del país, depositando rutinariamente sus ganancias en dólares en paraísos fiscales de todo el mundo.

(Publicado originalmente en inglés el 17 de mayo de 2023)