Alemania fue testigo este miércoles de escenas que típicamente solo se ven en dictaduras militares y regímenes fascistas. Varias unidades fuertemente armadas de la policía arremetieron a nivel nacional contra el grupo de activistas contra el cambio climático “Última Generación”, allanando los hogares de sus dirigentes. Además, la página web del grupo fue bloqueada y las cuentas de sus miembros fueron congeladas.

Estas acciones deben ser consideradas como una advertencia para los trabajadores de todos los países. En la medida en que las burguesías aceleran sus planes de guerra, procuran deshacerse sistemáticamente de los derechos democráticos fundamentales y sentar las bases para un Estado policial.

Según las autoridades, llevaron a cabo redadas en 15 edificios de siete estados federales. Las acciones recuerdan el periodo más oscuro de la historia alemana. Carla Hinrichs, vocera y cofundadora de la Alianza Climática, describió la invasión de su apartamento en un tuit:

Fue como una escena de una película. De repente, te despiertas porque tu puerta está retumbando. Te despiertas porque “la policía” está gritando y de repente un oficial con un chaleco antibalas está parado al frente de tu capa encañonándote. Luego realizan una búsqueda de todo y se llevan todo lo que pertenece a tu vida cotidiana. Asusta.

El World Socialist Web Site y el Partido Socialista por la Igualdad de Alemania condenan enérgicamente el terrorismo policial contra los activistas climáticos. No solo está dirigido contra Última Generación, sino que pretende sofocar toda oposición social y política. Las protestas pacíficas, la desobediencia civil, las huelgas y cualquier forma de oposición van a ser intimidadas y criminalizadas.

Las redadas del miércoles se produjeron en virtud del párrafo 129 del Código Penal alemán, que prohíbe la “formación de asociaciones criminales”.

Esto tiene consecuencias de extremo alcance. Los activistas de Última Generación protestan pacíficamente y rechazan explícitamente la violencia. Usualmente manifiestan sus preocupaciones por medio de bloqueos de calle.

El párrafo 129 tiene su origen en el Código Penal del Reich bajo el Imperio Alemán, remontándose hasta 1871. Históricamente se aplicó por lo general contra izquierdistas y comunistas, imponiendo enormes castigos a los miembros de presuntas “asociaciones criminales”.

“Una persona que establezca una asociación o participe en una asociación, como miembro cuyo propósito o actividad tenga como fin la comisión de ofensas criminales será castigado mediante penas de cárcel de hasta cinco años o mediante una multa”, declara. “Cualquiera que apoye tal asociación o reclute a miembros o simpatizantes para ella” también es sujeto de “penas de cárcel de hasta tres años o una multa”.

En las últimas semanas ya se han impuesto penas de prisión a activistas climáticos. El 6 de marzo, dos miembros de Última Generación fueron condenados por el Tribunal de Distrito de Heilbronn a penas de prisión de dos a tres meses sin libertad condicional por participar en un bloqueo de calles. A finales de abril, un activista contra el climático fue condenado por el Tribunal de Distrito de Berlín a cuatro meses de prisión sin libertad condicional. Esta represión se está ampliando ahora de forma masiva.

Aunque aún no se ha dictado una sentencia judicial, la Fiscalía General de Múnich, que puso en marcha las redadas, calificó a “Última Generación” como una “asociación criminal”. Cualquiera que visitara la página web del grupo de protesta contra el cambio climático el miércoles recibía el siguiente mensaje:

La página web de “Última Generación” fue confiscada por la Oficina Estatal de Policía Criminal de Baviera en nombre de la Fiscalía General de Múnich-Oficina Central de Baviera para la Lucha contra el Extremismo y el Terrorismo (ZET). Última Generación representa una asociación delictiva según el § 129 StGB (Código Penal). Atención: las donaciones a la Última Generación son, por lo tanto, ¡apoyo punible a una asociación criminal!

Esta postura militarista no es simplemente la política del Gobierno de derechas de la Unión Socialcristiana (CSU) bávara, sino que cuenta con el apoyo de todas las autoridades estatales, así como del Gobierno federal.

La ministra federal del Interior, Nancy Faeser (Partido Socialdemócrata), declaró a los periódicos del grupo mediático Funke, con sede en Essen, que las medidas adoptadas contra Última Generación demostraban que no se podía jugar con el “Estado de derecho”.

“La policía y la justicia no toleran los delitos, sino que actúan como es su deber”, afirmó. La protesta legítima, continuó, termina cuando se cometen delitos y se violan los derechos de los demás, y añadió: “Si se cruza esta línea roja, la policía debe actuar”.

La nueva secretaria de Justicia de Berlín, Felor Badenberg, quien también calificó a Última Generación de asociación criminal, llegó a vincular a los activistas climáticos con el terrorismo. “Si Última Generación tiene que pasar a la clandestinidad u otra cosa es una decisión que Última Generación debe tomar por sí misma”, dijo en una entrevista con el programa “Tagesthemen” de la cadena pública ARD.

La aparición de Badenberg subraya la agenda de extrema derecha que persigue la clase gobernante y los objetivos reaccionarios a los que sirve. Badenberg fue recientemente vicepresidenta de la Oficina Federal para la Protección de la Constitución (Verfassungsschutz), la agencia de inteligencia nacional alemana.

Entre 2013 y 2018, trabajó estrechamente con Hans-Georg Maassen, el presidente de extrema derecha de la Verfassungsschutz, y fue, según Wikipedia, “responsable de los contactos de la oficina con el Bundestag alemán (Parlamento) y el Gobierno federal, así como de los discursos y conferencias del presidente”.

Maassen no solo fortaleció y defendió a las fuerzas derechistas y fascistas durante su mandato, sino que también puso bajo vigilancia de los servicios de inteligencia al Sozialistische Gleichheitspartei (Partido Socialista por la Igualdad; SGP), la sección alemana del Comité Internacional de la Cuarta Internacional. Lo justificó únicamente con el argumento de que el SGP defiende un programa socialista, critica el capitalismo, el militarismo y el nacionalismo y rechaza los partidos y sindicatos establecidos. El World Socialist Web Site advirtió en aquel momento:

El ataque de los servicios secretos al Sozialistische Gleichheitspartei es un ataque fundamental a los derechos democráticos. Es un componente de la política gubernamental que se basa cada vez más en formas autoritarias de gobierno y en el recurso a fuerzas de extrema derecha para imponer políticas militaristas, el fortalecimiento del aparato represivo del Estado y ataques al gasto social, y para suprimir toda oposición que surja. Recuerda la República de Weimar, cuando los servicios de inteligencia, la judicatura y la policía perseguían sin piedad a socialistas y pacifistas, al tiempo que fortalecían a los nazis.

La acción contra los activistas climáticos pone en marcha esta agenda de extrema derecha. Significativamente, fue celebrada a bombo y platillo por los fascistas.

“La redada nacional” es “un primer buen paso en la dirección correcta”, celebró el portavoz adjunto del partido ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD, por sus siglas en alemán), Stefan Brandner. “El estado de derecho debe por fin defenderse ante las maquinaciones criminales de los terroristas”, continuó. Añadió que la prohibición de la asociación era “al final el paso correcto”. Señaló que su partido “ya había solicitado esta medida hace unas semanas en el Bundestag alemán” y esperaba que “el Gobierno federal actúe ahora rápidamente en consecuencia”.

El contexto político e histórico más amplio del impulso a la dictadura es obvio. Al igual que en la década de 1930, el rearme militar masivo y los preparativos para la guerra mundial requieren un régimen autoritario y, en última instancia, fascista. En Francia, el Gobierno de Macron ha respondido a las protestas en todo el país contra los recortes de pensiones diseñados para trasladar el coste del gasto militar a la clase trabajadora con arrestos masivos y una violencia policial desenfrenada.

Este peligroso acontecimiento subraya la importancia del recurso de inconstitucionalidad presentado por el SGP contra el Ministerio del Interior de Faeser y su servicio secreto. En la denuncia se afirma:

Frente a la guerra por delegación del Gobierno alemán contra Rusia, el rearme más extenso desde Hitler, y los feroces ataques a los trabajadores a través de una inflación galopante, el robo de salarios y los despidos masivos, el objetivo es silenciar a cualquiera que se pronuncie en contra de esta agresiva política de clase o incluso que la llame por su nombre.

Si el Tribunal Supremo accede al dictamen del Gobierno y al fallo del tribunal inferior, será un paso hacia la dictadura. Toda huelga de trabajadores, toda protesta contra el rearme y toda manifestación contra la extrema derecha podrían ser prohibidas por ser anticonstitucionales.

La represión masiva a los activistas climáticos es una seria advertencia. Demuestra la rapidez y agresividad con que la clase dominante aplica su programa en condiciones de guerra y de intensificación de la lucha de clases internacional. El SGP intensificará su lucha por construir un movimiento de masas independiente contra el capitalismo, la guerra y la dictadura. Llamamos a los trabajadores y a la juventud a defender a los activistas del climáticos contra la represión estatal.

Apoyen nuestro recurso de inconstitucionalidad firmando esta petición en Change.org.

(Publicado originalmente en inglés el 26 de mayo de 2023)